Flagrancia

La intervención del Ejército Mexicano en el combate al crimen organizado, ha develado tres dolencias del sistema judicial y policial mexicanos:

1.- El fracaso del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2.- La ineficiencia de policías federales y estatales.
3.- La incapacidad de los ministerios públicos para integrar averiguaciones e iniciar investigaciones.

Esta última falla ha resaltado en Baja California y Sinaloa, donde las aprehensiones de miembros de la delincuencia, han sido ejecutadas por las fuerzas militares y se han fundamentado en denuncias de la ciudadanía. En este contexto, la gran mayoría de los presuntos delincuentes han sido capturados en flagrancia, concepto conocido como el primer recurso para una detención.

En efecto, prácticamente fuera de la flagrancia no se han realizado aprehensiones importantes, lo cual indica una pobreza en la investigación judicial y de procuración de justicia.

El trabajo de investigación en la Procuraduría General de la República, o la Estatal, se desconoce totalmente. Los bajacalifornianos no saben de solicitudes de órdenes de aprehensión, detenciones, comparecencias o por lo menos presentaciones de sospechosos producto de una investigación formal.

Para cumplir con esta obligación legal, el aparato de Procuración de Justicia en el orden común debería investigar y armar expedientes sólidos, hechos que raramente se reflejan en aprehensiones o se conocen en la vida pública del estado.

Es una realidad que si no fuese por la denuncia que los ciudadanos bajacalifornianos están haciendo ante miembros del Ejército Mexicano, a propósito de un llamado del Comandante de la II Región Militar, no se verían detenciones, ni decomisos, ni aseguramientos de droga o vehículos robados en Baja California.

Los delincuentes han sido sorprendidos en posesión ilegal de armas, sustancias prohibidas o vehículos robados, pero se trata de violaciones que con dinero y un abogado, significan poco tiempo tras las rejas.

Las otras formas de “Aseguramiento del Inculpado”, las que garantizan sacar de circulación a los criminales, simplemente no se aplican. Las procuradurías y sus ministerios públicos han preferido evadir su responsabilidad de investigar y consignar.

Públicamente están llevando la omisión a los límites de la corrupción. De la desconfianza.

La lucha contra la delincuencia organizada no puede fundamentarse sólo en la flagrancia. Los cateos, sin trabajo previo de investigación, plantean el riesgo latente de violentar derechos civiles.

En este ambiente de inseguridad, es necesario que tanto Procuraduría como ministerios públicos se profesionalicen y agilicen su labor para llegar a los factores de la inseguridad y acabar con ellos.

Baja California requiere de ministerios públicos capaces de reunir pruebas contra traficantes, asesinos, secuestradores, ladrones y demás delincuentes involucrados en el negocio millonario del crimen organizado.

Acciones, detenciones y consignaciones es lo que la ciudadanía espera ante su respuesta de denunciar, aunque sea de manera anónima, los ilícitos de los que es testigo todos los días.

Que la flagrancia no sea el principal fundamento de las detenciones en Baja California. Se requieren funcionarios comprometidos y serios que investiguen para detener, no que integren una averiguación con errores para liberar.
Ya es hora.