Las órdenes de aprehensión podrían darse en el corto plazo.

Cercados policías de Rosarito

Las investigaciones que se realizan en la Procuraduría General de la República y la Procuraduría del Estado han embonado: Pruebas periciales, investigaciones, declaraciones y hechos ligan a varios agentes municipales con el crimen organizado y el atentado al Capitán Montero en diciembre de 2007. La detención del oficial Lugo por parte de los militares, contribuyó al ofrecimiento de pruebas.

Investigaciones ZETA

Las procuradurías, General de la República y la del Estado en Baja California ya encontraron pruebas de la presunta participación de “algunos” policías de Rosarito en ejecuciones, atentados, secuestros y narcomenudeo.

Y particularmente en el atentado que sufrió el 18 de diciembre de 2007 el Secretario de Seguridad Pública de aquel municipio, Capitán Eduardo Montero.

Sin embargo, los elementos recabados dentro de las respectivas averiguaciones previas sólo implican a un número reducido de los trece agentes denunciados por el Comandante de la II Región Militar, General Sergio Aponte Polito. Por eso la investigación continúa sobre todos los integrantes de la nómina de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Rosarito.

Pero es un hecho que los tienen cercados legalmente.

El material decomisado por elementos del Ejército Mexicano durante la detención del policía municipal de Rosarito José Luis Lugo Báez el 1 de febrero permitió a las autoridades investigadoras sumar elementos y corroborar el primero de los 13 señalamientos públicos hechos semanas atrás por Aponte Polito.

Datos extraoficiales proporcionados por los agentes investigadores federales y estatales ubicaron a Lugo como miembro del grupo de policías municipales que participaron en el atentado cometido contra Montero.

De hecho, se conoció que los recursos legales probatorios y suficientes, de la actividad delincuencial de Lugo y algunos de sus cómplices, habían sido acreditados desde la última semana de enero.

Esto como resultado de la indagatoria previa realizada en coordinación por elementos de la  Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). En la cual se empataron resultados de pruebas periciales con declaraciones de testigos y calificaciones de exámenes de confianza previos.

Sin embargo, no habían acordado la solicitud de las órdenes de aprehensión porque la averiguación previa les permitió recabar información valiosa que decidieron ampliar para:

1.- Analizar la posibilidad de aumentar los cargos contra de Lugo y sus compinches.

2.- Iniciar otra indagatoria previa para revisar la posible complicidad de los familiares, compañeros y amigos en las actividades criminales de Lugo y sus secuaces.

3.- Enriquecer las pesquisas sobre otros policías que sin estar implicados directamente en el atentado de Montero, presumen han participado en actividades de secuestro y protección al narcomenudeo bajo las órdenes de lugartenientes del Cártel de los Arellano Félix (CAF).

Sin embargo, estos datos eran desconocidos por el capitán Eduardo Montero y los miembros del Ejército, razón por la que continuaba la molestia ante la aparente falta de investigación de las procuradurías.

En el caso de Luis Lugo, a los ministerios públicos se les adelantó la conciencia ciudadana. El lunes primero de febrero los militares recibieron una llamada telefónica y, como lo hacen con todas las denuncias, la atendieron.

La versión oficial castrense indicó que la acusación fue sobre una casa de seguridad ubicada en la calle Durazno del Fraccionamiento Villafloresta de Rosarito. En la denuncia reportaron que había entrada y salida constante de camionetas de lujo por lo que suponían se usaba para tener cautivos a secuestrados. No mencionaron la posible presencia de policías, así que para ellos la captura fue un plus, porque el inmueble cateado ni siquiera está registrado como el domicilio oficial del agente ante la DSPM.

La detención
La razón por la que el Ejército pudo detener al policía  fue que lo sorprendieron violentando la  Ley Federal de Armas de Fuego y los requisitos del Permiso Colectivo de Portación de Arma de Fuego expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Ambos, limitan el uso y posesión de armas, cartuchos y cargadores, e incluso del uniforme, a los horarios de trabajo, jornada que el policía había dejado de cumplir semanas atrás.

Sin embargo, al ser capturado Lugo Báez aseguró que tenía “resguardo” de todo el equipo que le decomisaron y respecto a la droga declaró que se la “sembraron”.

Al respecto, jefes policíacos del municipio de Playas de Rosarito hicieron algunas precisiones:

“Podrá tener resguardo de uno o dos uniformes de policía municipal, pero no más.

“Respecto a los cartuchos 38 súper, hay muy pocas armas como ésas asignadas a policías municipales, así que habrá que precisar si él tenía una en resguardo, pero es difícil.

“Además la carencia de recursos impide entregar seis cargadores de ésos para que el agente se los lleve a su casa.

“Los radios podrían ser los de cargo, pero él ya no estaba presentándose a laborar y debió entregarlos. A eso habría que sumar el hecho que aunque existieran los resguardos que mencionó, seguramente vencieron el 30 de noviembre cuando finalizó la anterior administración, hace más de dos meses; ya no son válidos, lo mismo que su credencial como policía.

La nueva administración a cargo del capitán Montero no la ha firmado porque está esperando que se concluya el proceso de revisión de las armas”.

Además, aunque pudiera justificar la posesión de los implementos de policía municipal… “como justifica el uniforme verde, los tres cargadores para arma 223, uno con capacidad para 100 cartuchos, o los cartuchos de alto calibre, los códigos tipo estrobo. Quién necesita cinco celulares. Y habrá que esperar para saber qué encontraron los peritos en la cámara digital y la computadora que le decomisaron”.

Consultados, agentes de Rosarito reconocieron a Lugo como un agente “malandro” y advirtieron que su nivel de vida no iba con su sueldo.

Extraoficialmente, personal adscrito a aquella zona, ligó a Lugo también con la desaparición y probable muerte del agente de la policía municipal de Rosarito Daniel Martínez, por ajustes de cuentas del crimen organizado. Aún cuando el oficial Martínez continúa en calidad de desaparecido, el informante de ZETA comentó del posible trágico final a manos del hoy detenido. Un tema más a investigar.

También señalaron que Luis Lugo es un miembro “viejo” de la corporación y mencionaron que está identificado como elemento cercano al ex director Valente Montijo. Informaron que trabajó con el ex síndico Juan Gabriel Esquivel Fierro, quien aseguraron protegió a Lugo de cualquier cambio durante toda la administración del ex alcalde Antonio Macías, porque estos funcionarios eran quienes controlaban las contrataciones, nombramientos y asignación a través de un consejo.

Más sospechosos
Los agentes rosaritenses que pidieron resguardar su anonimato, pidieron a las autoridades que realizaran la investigación hasta a los funcionarios municipales para que verifiquen si tuvieron o no responsabilidad, porque las actividades extracurriculares de Lugo eran un secreto a voces, lo mismo que el hecho que gozaba de protección desde el palacio municipal.

Asimismo, recordaron que este policía había sido denunciado de forma extraoficial por Hugo Torres ante Antonio Macías. “No hay constancia, pero todos nos enteramos que la queja fue porque Lugo trató de extorsionar al dueño del Hotel Rosarito mandándole recado con gente de su personal cercano”.

En el caso de los hermanos Herrera, que también están en la lista de policías investigados, la versión que conocen los miembros de la fuerza es que el dueño de un “antro” de mala reputación pero mucha clientela, se quejó ante Torres cuando era representante de empresarios y con Macías como alcalde.

Aseguró que estos hermanos y otros policías habían sido los perpetradores de su secuestro. Sin embargo este asunto no se presentó ante la PGJE y según los policías, tampoco supieron que se hubieran presentado pruebas.
En cuanto a los otros 10 policías denunciados ante la prensa, quienes pidieron públicamente una investigación seria, se les cumplió el deseo. Las indagatorias ya contienen expedientes de estos elementos con la revisión y corroboración de algunas de sus actividades dentro y fuera de horario, sin embargo aún se están integrando elementos, absolutorios y condenatorios dependiendo del caso.

En las mismas condiciones están los agentes que según declaraciones de Montero, dejaron de presentarse, porque el abandono de la función no los exime del señalamiento.

De hecho, hay una indagatoria alterna porque se tuvo conocimiento que el ministerio público permitió que algunos de los policías mencionados en la lista del General Aponte, como Lugo Báez, tuvieran acceso privilegiado a las primeras declaraciones hechas por los escoltas de Montero que sobrevivieron al atentado, lo cual les permitió tomar medidas, incluso antes que iniciara la averiguación.

A pesar de lo anterior, funcionarios de la AFI y la PGJE se comprometieron a presentar resultados y aseguraron que podrán concretar detenciones en un corto plazo.

Consultados por ZETA, jefes y agentes policíacos de Rosarito señalaron que el General Aponte se quedó corto con la lista de 13 elementos coludidos al crimen organizado.

“Además de los Lugo y los Herrera, hay otros en grupos conocidos como Los Ayala o Los Macías, un ex escolta de apellido Gómez que cobraba protección a los negocios en la anterior administración; los comerciantes se quejaron con el ex síndico y no pasó nada”.

 Aseguraron que se están creando nuevos grupos de poder con gente cercana a Montero y Torres Chabert.

“Ya que están en las pruebas de confianza, que vayan más allá de las máquinas y revisen la forma de vida, que pregunten los antecedentes y actividades recientes de los agentes de apellido Cárdenas, Navarrete, Duarte, Tripp, Bernal o Campos, quien trabajó muy de cerca con Montijo. No se trata de acusar a nadie sino de que todos seamos investigados como debe ser”, concluyó.