Desuso

La Policía Estatal Preventiva, creada en 2001 por el entonces Gobernador del Estado, Eugenio Elorduy Walter, llegó en un momento en que el resto de las corporaciones policíacas en Baja California adolecían de falta de confianza y credibilidad.

Fue el reflejo de la Policía Federal Preventiva que el Presidente Vicente Fox Quesada instauró en un intento por limpiar la corrupción que carcomía, y de hecho persiste, en las filas policiales de la Procuraduría General de la República.

En un principio la llamada PEP por sus siglas, ocupó un vacío. Se enfocó a combatir con inteligencia y estrategia aquellos asuntos relacionados con el crimen organizado en Baja California. Los resultados con personajes como Julián Leyzaola y Carlos Alberto Flores al frente de la institución fueron muchos y de impacto.

La permanencia del hoy director de la Policía Municipal de Tijuana en la Estatal Preventiva, fue de hecho un acierto del sexenio anterior.

Como también fue responsable de la salida del Teniente Coronel. No fue un secreto cómo entre el entonces Secretario de Seguridad y el Procurador del Estado, limitaron las acciones de la PEP. A ratos por contubernio, en ocasiones por temor y mayormente por incapacidad pero incluso llegaron a no aceptarle detenido a Leyzaola por no entrar en conflicto con las bandas del crimen organizado.

Con Carlos Alberto Flores la Policía Estatal Preventiva sumó éxitos en sus acciones. Se coronó como la corporación con equipo de inteligencia, manejo de estadísticas, estrategias de combate y detención de delincuentes de altos vuelos.

De esta manera la Policía Estatal Preventiva se convirtió en la corporación más honrosa de Baja California. A diferencia de la Ministerial en el estado o las cinco municipales, la Estatal Preventiva no tenía altos niveles de corrupción interna, ni intereses de grupo.

Pero todo eso quedó en el pasado. Con la incursión de otro militar a cargo de la PEP, la corporación está cayendo en el desuso.

No sólo se ha hecho público (en la última edición de ZETA) cómo el Mayor Justo Buenaventura Jaimes ha utilizado el erario para asuntos muy personales, sino que ha incumplido la responsabilidad administrativa que le fue conferida al tomar el cargo, donde se señala como una de sus obligaciones “Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su función exclusivamente para los fines a que están afectos”.

El Mayor incumplió el apartado II del Capítulo I de las Obligaciones y Atribuciones del Servidor Público al utilizar para cuestiones personales el helicóptero de la Policía Estatal Preventiva. A la fecha el titular no ha negado tal aseveración. A la que se suman otras tanto más delicadas como la utilización de efectivos de la corporación para tareas domésticas.

El problema es que la personalidad del Mayor está impregnando las tareas cotidianas de la corporación. Ya no se ve a los Policías Estatales Preventivos encabezando trabajos de inteligencia para la detención de delincuentes de alto impacto. Tampoco coordinando labores con otras policías en una estrategia de combate a la inseguridad.

De hecho, se ha tenido conocimiento de cómo el director de la PEP se ha deslindado de estrategias en común para capturar a integrantes de células del narcotráfico en Baja California.

La labor de la Policía Estatal Preventiva, ante la evidente y férrea participación del Ejército Mexicano en las tareas de aprehensión y combate al crimen, ha pasado a un tercer plano, incluso superado por la Policía Federal y en algunos casos por la Municipal de Tijuana a cargo de Leyzaola.
A tres meses de iniciado el Gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, es tiempo de evaluar, analizar y reacomodar a su gabinete de seguridad. Sobre todo, darle a la Estatal Preventiva el poder, la agilidad y la participación que tuvo en el pasado para combatir el crimen.