Rosario Mosso Castro

Omisión

En la presentación del Plan de Calidad Emergente para componer la economía de Tijuana y atraer turismo, el líder del Consejo Coordinador Empresarial, Alfonso Álvarez Juan, propuso hablar de inseguridad sólo “paredes adentro” y que la prensa plasmara “esos” temas en páginas interiores. Pidió que la primera plana sea sólo para lo positivo. “Lavar la ropa sucia en casa” transcribieron los diarios locales.

Con ello, prácticamente responsabilizó a la prensa y no a los criminales, de la crisis que aseguró viven las empresas de la ciudad.

La postura del empresario la comparten en el Gobierno. No ha faltado el funcionario que “en lo corto”, “off de record” o como dijo Álvarez Juan “paredes adentro” haya sugerido a este semanario que el problema es que los periodistas tienen adicción a la criminalidad, lo que aseguran “se ha convertido en un suicidio económico para la ciudad”.

En este contexto, resultaría que el problema de la inseguridad no es que sucedan robos con armas largas, secuestros, mutilaciones de víctimas y homicidios individuales o tumultuarios sin que las autoridades cumplan con su obligación de detener a los perpetradores, sino que estos casos sean publicados.

Lo que el líder empresarial está pidiendo a los periodistas es literalmente que cierren los ojos a los actos de inseguridad. Como si el hecho de no publicarlos haga que desaparezcan de la estadística oficial.

No publicar, por ejemplo, que en los primeros seis días de marzo de 2008 se perpetraron 20 ejecuciones, no terminará con los homicidios. Esconder la realidad como lo sugiere Álvarez Juan, sería tanto como no exigirle al Gobierno Federal, al Estatal y al Municipal que cumplan con su obligación de generar seguridad en la entidad.

No ver lo que sucede en Baja California no es la salida ni la solución al problema de fondo. Aun cuando no se llegan a publicar todos los casos de secuestro, inversionistas y empresarios nacionales y extranjeros están al tanto de ello. No lo pueden negar. De hecho, tienen que invertir para solventarlo.

La inseguridad en las primeras planas de los periódicos o como nota de apertura en los programas televisivos o radiofónicos no es una “adicción a la criminalidad”; es una realidad lacerante y el principal hecho que devela la incapacidad de los gobierno en esta área.

Tan es así que quienes se sumaron a la propuesta de Álvarez Juan no pueden ocultar los escoltas que los protegen en sus trayectos y actividades diarias por la ciudad.

Ignorar lo que sucede en la entidad por capricho de un empresario o por línea de un gobierno, no llevará a la ciudadanía a la tranquilidad social.

Hoy la realidad obliga a los medios de comunicación a tocar los temas de inseguridad. Diversa bibliografía define como funciones del periodista la de revelar lo que interesa profundamente, develar aquello que se resiste a ser ocultado. Proporcionar datos que enriquezcan el debate público.  

En este sentido, es un hecho público que las procuradurías no investigan, que los policías no detienen o previenen, que los ministerios públicos no integran adecuadamente las averiguaciones, y que los gobernantes mantienen funcionarios incapaces o deshonestos en el presupuesto oficial más por capricho que por resultados.

Todo es la suma de una realidad que no se puede ni se debe ocultar.

El problema no es lo que se publica, sino lo que sucede. Callar no es una solución. Pecar de omisión, tampoco. Mucho menos que una voz tan fuerte como la del empresariado esté más identificada con falsear la realidad que con la solidaridad hacia la sociedad que les ha permitido el desarrollo económico de sus negocios.