El recuento de los daños y la polémica de su creación a la fecha.

Judicatura controvertida

Desde su inicio en 1995, en el Consejo de la Judicatura el denominador común ha sido la polémica más que su ejemplar labor jurisdiccional en el Estado para la cual fue creada. Hoy, en la mesa de las decisiones legislativas, por lo menos diputados panistas proponen la desaparición del órgano supervisor del Poder Judicial en Baja California.

Enrique Mendoza Hernández

La polémica ha sido constante. Una tras otra siempre el Consejo de la Judicatura ha sido tema de debate entre juristas. Así lo demuestra un breve historial que revela que las controversias actuales no son nuevas. Polémicas en el interior de la Judicatura, problemas constantes entre el Consejo y las distintas barras de abogados del estado, se han suscitado desde 1995 hasta este 2008.

Las crisis, a lo largo de los años, revelan que, contrario a un sistema judicial ejemplar a nivel nacional, las controversias del Consejo de la Judicatura han influido en el alto rezago en los juzgados de primera instancia y otras dolencias jurisdiccionales donde los únicos afectados son los bajacalifornianos.

Debut: Con el pie izquierdo
Aprobada en agosto de 1995 por la Constitución Local por promoción del entonces Gobernador Ernesto Ruffo Appel, el Consejo de la Judicatura (CJ) tendría, entre otras funciones, elegir a los jueces y magistrados para que ocuparan una silla en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Antes de ello, por precepto constitucional, los funcionarios judiciales eran nombrados por el gobernador en turno.

La reforma a la constitución local de 1995 daba el poder al Consejo de la Judicatura para que nombrara a los nuevos juzgadores, lo que hicieron por primera vez en octubre de ese año.

En aquellos días, la Judicatura de Baja California estaba integrada por Donaciano Romero Ortega en su calidad de Presidente del Tribunal Superior y de la Judicatura; y como consejeros Arnoldo Castilla García, Ricardo Rodríguez Jacobo y José Antonio Bretón Mena. El debut para nombrar a los nuevos magistrados fue con el pie izquierdo: En tres días, 20, 21 y 23 de octubre de 1995, se “evaluó” a 132 suspirantes.

Lo que se supone debió ser una evaluación de capacidades y experiencia profesional del derecho para impartir justicia, consistió en preguntas como: ¿Sabe Usted cuál es el significado del escudo de Baja California? ¿Sabe Usted el himno de Baja California? ¿Me podría mencionar alguna de sus estrofas? Así lo reveló a ZETA un aspirante a ocupar una plaza en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en octubre de aquel año. Las sospechas de los aspirantes revelaron el evidente protocolo: “Da la impresión de que ya está todo cocinado”, diría un “evaluado”.

Por esos días, el Doctor Ignacio Burgoa Orihuela reveló a ZETA el secreto a voces: El Consejo de la Judicatura “es un huésped extraño en el Poder Judicial”.

Total que el proceso de designación de 12 de los 13 Magistrados para el periodo 1995-2001 fue calificado por diversos sectores del derecho como “Palomeo de Terán”; “están amarrados”, decían otros por aquello de las cercanías de los agraciados con el Gobernador Héctor Terán Terán. Así se conformó la lista de “designados”: María Esther Rentería Ibarra, José Luis Cabreros Samaniego, Raúl González Arias, Olimpia Ángeles Chacón, Reynaldo Rodríguez Moreno, J. Jesús Espinoza Orozco, Sergio Peñuelas Romo, Víctor M. Vázquez Fernández, Jaime Rico Jiménez, Miguel Ángel Barud Martínez, Félix Herrera Esquivel y Marco Antonio Jiménez Carillo.

“Todos los magistrados son honrados y capaces”, defendió el Licenciado Óscar Valenzuela Ávila en su calidad de Presidente del Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Baja California.

La segunda polémica: Después de seleccionar a los magistrados, el CJ designó a 34 de 38 jueces del Fuero Común del Estado. El Presidente del Colegio de Abogados “Ignacio Burgoa”, Licenciado Rodolfo Gallardo Hernández, vertió su juicio sobre las designaciones:

“En relación con la designación de los nuevos jueces del Fuero Común, excluyendo de esta opinión a quienes fueron ratificados, puede afirmarse que, en términos generales, se trata de abogados honrados; pero con poca experiencia en el ámbito jurisdiccional”. Las polémicas durante octubre y noviembre tuvieron un respiro en las fechas decembrinas. Sin embargo, para el CJ era sólo el inicio de lo que después se convertiría en una fuerte crisis para el sistema judicial de la Baja.

Inicios de una crisis anunciada 1996 no traía consigo buenas noticias para el sistema jurisdiccional bajacaliforniano. Entrevistados por ZETA, miembros del Colegio de Abogados “Ignacio Burgoa Orihuela, A.C.” diagnosticaron acerca de la impartición de justicia en el estado:

A) Inexperiencia en jueces y agentes del ministerio público designados en noviembre de 1995.

B) Rezago en algunos juzgados.

C) Instalaciones inadecuadas para los juzgados.

D) Limitación de recursos.

E) Retroceso en procuración de justicia.

F) Agentes del ministerio público no investigan, sólo son receptores de pruebas.

El presidente de “Ignacio Burgoa Orihuela” advertiría:

“… yo creo que se avecina una crisis en términos generales en materia de justicia, porque el gobierno estatal actual ha tenido un pésimo inicio en esa materia, tanto en lo referente a la procuración de justicia, que es una función realizada por el Ejecutivo, como a la administración de justicia, que es una función a cargo del Poder Judicial”.

“… consideramos que han surgido una serie de factores muy importantes que han demeritado la función jurisdiccional, desde luego está la creación de la Judicatura Local, que no fue consultada con los colegios y que adolece de algunas fallas técnicas a grado tal de que a estas alturas es posible afirmar que el Tribunal Superior de Justicia ha dejado de ser superior ya que depende funcional, jerárquica y económicamente de las decisiones del Consejo de la Judicatura Local”, expuso.

Era febrero 20 de 1996; se avizoraba un nuevo conflicto entre el CJ y funcionarios de tercer y cuarto nivel: En esa fecha el CJ publicó la convocatoria a concurso para ocupar 108 vacantes de secretarios de acuerdos y 106 de actuarios. Las plazas no estaban ocupadas y por ello, los 214 funcionarios se dieron por “corridos”. El problema era que algunos actuarios tenían décadas en el cargo y se sintieron seriamente amenazados en sus intereses económicos.

Ante la amenaza de perder sus plazas, actuarios se instalaron en pie de guerra: En una reunión en el Centro Cultural Tijuana (CECUT) el 29 de febrero, alistaron una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación contra actos del Consejo de la Judicatura Local. La tensión era evidente entre el CJ, secretarios de acuerdos y actuarios. En marzo 6, las partes en conflicto acordaron someter a concurso las plazas de secretarios y acuerdos. El objetivo era “saber qué personas se han desempeñado bien y quiénes no”, diría a ZETA el Licenciado Óscar Valenzuela, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y también de la Judicatura. De acuerdo con profesionales del derecho, la “negociación” anticipó el estallido de un serio conflicto.

Una tras otra

El CJ apenas había salido de una cuando ya estaba en otro lío:
En ese mismo mes, la prensa local publicó que el Consejo de la Judicatura demandó la renuncia del Magistrado de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia, Raúl González Arias, bajo el argumento de actos de corrupción, lo que para la barra “Emilio Rabasa” fueron “intimidaciones y calumnias”. Así lo denunció públicamente el Presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, Licenciado Marco Antonio Macklis Mercado.

El conflicto entre el Presidente del TSJ y del CJ y el Magistrado Raúl González Arias exhibió la crisis en el área de justicia en el estado. Sobre el escándalo, ZETA publicó:

A) Que la causa fue una “intimidación” por parte de Valenzuela González para que resolviera una apelación en forma contraria a su criterio.

B) Que Valenzuela solicitó la renuncia del Magistrado al descubrir que le había proporcionado un temario del examen de oposición para secretarios de acuerdos, a una abogada.

C) Que quien proporcionó el temario fue el Licenciado Ricardo Rodríguez Jacobo, integrante del Consejo de la Judicatura y se quiere inculpar a González Arias.

D) Que fue efectivamente González Arias quien por motivos muy personales quiso beneficiar a la abogada María Guadalupe Pereda Gutiérrez entregándole un temario del examen.

Sobre este caso, informes obtenidos por este Semanario en el Tribunal Superior de Justicia del Estado indicaron que el Presidente del Tribunal y Presidente de la Judicatura no solicitó la renuncia a González Arias por no plegarse éste a sus indicaciones, sino por irregularidades del Magistrado en su conducta personal.

La crisis total
No conforme con los conflictos previos, nuevamente el Presidente del TSJ y del CJ local, Licenciado Óscar Valenzuela Ávila, fue el protagonista de una crisis severa tal como ya lo habían previsto algunos profesionales de las leyes.

En una inserción pagada en medios locales, Valenzuela Ávila dirigió un comunicado a la opinión pública y abogados con fecha 8 de abril de 1996. Las acusaciones contra el Licenciado Adolfo Ruiz Huerta prendieron la mecha. Textualmente, las acusaciones:

“… el Lic. Ruiz Huerta ha obtenido en su contra dos sentencias definitivas en el Proceso Disciplinario; dos recursos de Revisión en el mismo Proceso en su contra y está pendiente de resolver el recurso de Revisión interpuesto contra la última resolución del Proceso Disciplinario. Por si lo anterior no fuera bastante y para demostrar de manera contundente que en la justicia local ni en la federal le asiste el derecho, como ha quedado acreditado plenamente, el Lic. Ruiz Huerta además, ha promovido cinco Amparos ante la Justicia federal, de los cuales cuatro le han sido negados, concediéndole únicamente uno que no resolvió el fondo del asunto que está pendiente de decidir. También está pendiente de resolver el juicio laboral que planteó ante el Tribunal de Arbitraje del Estado, solicitando la reinstalación en su empleo de Juez Segundo Civil de Ensenada, Baja California”.

Tal como lo había anticipado el Colegio de Abogados “Ignacio Burgoa Orihuela”, ahora era el Colegio “Emilio Rabasa A.C.” quien contestó al Licenciado Óscar Valenzuela:

“… la persona que suscribe el citado documento, demuestra ‘públicamente un desconocimiento total del Derecho’ y dado de que emana del Señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura en el Estado de Baja California, nos impide ignorarlo conforme nuestros Estatutos y la Ley de Profesiones de nuestra Entidad Federativa”, rezaba así el “Manifiesto” signado por el Licenciado Marzo A. Macklis Mercado en su calidad de Presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa, A.C.”

Y después de enumerar una serie de puntos que “ignoraban” Óscar Valenzuela, Ricardo Rodríguez Jacobo, Arnaldo Castilla García y José A. Bretón Mena, integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura Estatal, “Emilio Rabasa A.C.” emitió:

“Los abogados integrantes de nuestra Asociación Civil, exigimos enérgica y respetuosamente a Ustedes, una seria investigación respecto de todo lo aquí manifestado, y en su caso, que se proceda conforme a derecho en contra de los Titulares del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, así como en contra de quien o quienes resulten responsables de que la impartición de justicia estatal no sea rápida y expedita y/o de cualquier funcionario judicial que hasta la fecha, no haya resultado ser apto y capaz de ocupar un digno cargo en nuestro H. Poder Judicial”, sentenciaban los rabasistas.

Mientras el Consejo de la Judicatura se veía inmerso en un mar de líos, ZETA denunciaba una crisis a través de un alto rezago en los juzgados de primera instancia y de denuncias de intervención de miembros del Consejo de la Judicatura en los asuntos jurisdiccionales para favorecer a alguna de las partes en litigio.

El escándalo llegó a su punto álgido: Las designaciones hechas por el Consejo de la Judicatura corrieron el riesgo de anularse y con ello también las sentencias tanto de Magistrados como de Jueces. La razón: Un juez federal pudo haber declarado que Magistrados y Jueces del Poder Judicial de Baja California eran ilegítimos porque su designación como tales no estaba fundamentada en la Constitución Local.

Lo cierto fue que demandas por falta de pago, divorcios y penas de prisión estarían en peligro de caerse.

El hilo conductor fue una demanda de amparo interpuesta por el empresario tijuanense Rafael Balderrábano Zayas ante el Juzgado Sexto de Distrito y radicada con el número 373/96-5. Según los abogados del empresario, entre los que se encuentran los licenciados Guillermo Buenrostro Escobedo, José Manuel Figueroa Orduño y Joel Pacheco González, las reformas constitucionales aprobadas en agosto de 1995 por el Congreso del Estado y que crearon el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, no fueron debidamente promulgadas por el Gobernador del Estado. Y por lo tanto, afirmaron, no habían entrado en vigor y las designaciones de Consejeros de la Judicatura, Magistrados y Jueces no eran legales.

En mayo del 95, el caos en el sistema judicial del estado era evidente al grado que la Barra de Abogados de Mexicali solicitó el 14 de ese mes ante la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado una serie de documentos en poder del Poder Judicial, para tramitar un juicio político contra miembros del Consejo de la Judicatura. Los acusadores profesionales del derecho denunciaban al Licenciado Óscar Valenzuela Ávila y el Licenciado Ricardo Rodríguez Jacobo de “nepotismo y coalición de funcionarios”.

Son “cargos mezquinos”, se defendió Valenzuela Ávila ante las serias acusaciones al tiempo que confió, y finalmente así fue, en la “prudencia” y respeto del Ejecutivo y Legislativo para que éstos no consintieran el juicio político.

Las aguas se apaciguaron momentáneamente en noviembre 4 cuando el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado eligió como nuevo Presidente del TSJ y del Consejo de la Judicatura al Magistrado Miguel Ángel Barud Martínez.

Acostumbrado a las polémicas, el Consejo de la Judicatura no perdió la costumbre los siguientes años. Era octubre de 1997, y los miembros del Consejo de la Judicatura, licenciados José Bretón Mena y Arnoldo Castilla García, fueron señalados por el Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” por haber “ignorado e impedido” una solicitud de destitución de la Licenciada Evangelina Armenta, Juez Primero de lo Civil, “por la ineficiencia demostrada en su trabajo”.

Barud Martínez precedió a Marco Antonio Jiménez Carrillo, quien en noviembre de 1997 fue electo Presidente del TSJ y del CJ.

1998: Le restan facultades

De entrada, el nuevo Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marco Antonio Jiménez Carrillo, consideró necesario revisar a fondo las facultades del controvertido Consejo de la Judicatura: Mejorar infraestructura y calidad de justicia, fueron los planes. Sin embargo, las controversias continuaron los siguientes años en detrimento de justicia bajacaliforniana.

Corría marzo de 1998 cuando García Quiñones, ex presidente de la Barra de Abogados de Ensenada, pugnó por la desaparición del Consejo de la Judicatura argumentando que “es un instrumento de terror que atemoriza a los jueces”.

Y para el mes de julio, la Licenciada Evangelina Armanta, Juez Primero Civil de Tijuana, denunció corrupción por parte del Consejo de la Judicatura por mantener en al cargo al miembro de ese Consejo al Licenciado José Antonio Bretón Mena.

Debido a las controversias sobre la facultad del Consejo de la Judicatura de nombrar a Magistrados y Jueces, una reforma a la Constitución Política de Baja California aprobada el 11 de septiembre redujo el poder del controvertido CJ: Se le quitó la facultad de designar a magistrados, jueces y demás funcionarios.

Nuevamente, aparece el fantasma de desaparecer al siempre cuestionado CJ: Como “madruguete” fue calificada la acción por parte del Consejo de la Judicatura en la designación de jueces. El ex presidente de la Asociación Mexicana de Colegios y Barras de Abogados de la República, Licenciado Jaime Palafox Toscano, se pronunció por la desaparición del controvertido Consejo de la Judicatura.

Al debilitado CJ le siguieron meses grises, más por las treguas políticas por aquello del deceso de Héctor Terán Terán, acaecido el 4 de octubre de 1998.

Las controversias más recientes

Transcurría septiembre de 2002. Atorada en una controversia ética y legal se encontraba la propuesta de desviar cuatro millones de pesos del Poder Judicial hecha por el Consejo de la Judicatura, con el fin de formar un fondo de retiro en beneficio de consejeros, magistrados y jueces.

Era 2003 y los tiempos para designar a Magistrados se acercaba. Dos sucesos evidenciaron otra vez al CJ:

En marzo de 2003 la Judicatura en complicidad con el Congreso del Estado y el Gobernador, incurren nuevamente en “procedimiento viciado para nombrar dos magistrados”. El CJ desmiente “mano negra”. Y de plano la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados denunciaron “trampa” del Consejo de la Judicatura en el proceso de nombramiento de magistrados.

Y al siguiente año, en marzo de 2004, el Consejo de la Judicatura decidió anular el controvertido proceso de elección de dos magistrados numerarios del TSJE. Los afectados: Gustavo Adolfo Vallarespe, Jesús Alberto Ayala, Juan Manuel Salazar, Sergio Álvarez, Jaime Galindo, Jorge Armando Vázquez y María Gpe. Haro.

Con la mala fama bien ganada por el CJ, en febrero de 2005 17 grupos de profesionales de derecho pidieron la desaparición del Consejo de la Judicatura debido a que, según argumentaron, ha sido fuente de conflicto dentro del Poder Judicial.

En ese mismo año pero en septiembre, la Unidad Técnica especializada en la Reforma al Poder Judicial alcanzó un primer acuerdo para proponer que el Consejo de la Judicatura no desaparezca, pero se mantenga acotado.

En los días actuales, de nuevo el fantasma de la desaparición del controvertido Consejo de la Judicatura hace de las suyas. Diputados de Acción Nacional analizan la propuesta de extinción del CJ. Nuevamente, como ya lo publicó ZETA en su edición anterior, el pleito por el poder es el fondo del asunto. (Con información obtenida de reportajes, entrevistas y criterio editorial de ZETA publicados por el Licenciado Francisco Ortiz Franco entre 1995 y 2004)