Adela Navarro Bello

Juez y Parte

Abogados de Tijuana y Mexicali, ya no aguantan. Se quejan, dicen, señalan. Acusan.
Explican que la dama todo lo quiere controlar. Quiere ser Juez y parte. Ser ella y nadie más quien esté al frente de los órganos dentro de su fuero. Hablan de María Esther Rentería, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Baja California.

No le perdonan. No están de acuerdo que con el voto de tres de sus compañeros entre Magistrados y Jueces, Rentería haya destituido de la presidencia de Comisiones a los tres representantes de los ciudadanos en el Consejo de la Judicatura.

Ahora las presidencias de estos órganos de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial están en manos de magistrados y jueces. Los Consejeros ciudadanos quedaron en calidad de vocales. Y porque no había menor rango.

Con esta acción se rompió con la tradición que desde 1995 destacó al Consejo de la Judicatura en Baja California: Tener a cargo de las importantes comisiones a los consejeros ciudadanos por encima de los jueces y magistrados que también integran la Judicatura.

El origen de esa decisión era tan sencillo como importante: Los consejeros ciudadanos gozan legalmente de independencia e imparcialidad en sus actos y decisiones. No representan, pues, a ninguna de las partes en un conflicto.

Por ejemplo, corresponde al Consejo de la Judicatura atender la queja de un abogado en relación a la actuación de un Juez en un determinado caso. Anteriormente el conflicto era visto por el Consejero Ciudadano en primera instancia, hoy, será menester de un Juez o un Magistrado, lo cual obviamente lo convierte de facto en juez y parte.

Los consejeros ciudadanos, tres que son electos por los diputados, tienen ese objetivo: No ser Juez y parte en un conflicto, sino supervisores, contralores. Se les paga por cumplir con esta labor y no tener otra en el poder judicial. Con ello aseguran su imparcialidad al momento de deliberar.

La decisión de los cuatro juristas que votaron para dejar fuera de las comisiones a los ciudadanos es legal pero cuestionable. Dado que ahora tanto la Magistrada como sus compañeros Jueces y otros Magistrados que encabezan las comisiones en la Judicatura, tendrán un doble trabajo. Por un lado se desempeñarán en el cargo para el cual fueron elegidos (en el caso de los Magistrados por el Congreso del Estado, y en el de los Jueces, por los propios Magistrados) y por otro serán Supervisores en el Consejo de la Judicatura, precisamente de jueces y magistrados.

No es trabalenguas, es conflicto de intereses.

Vea: Quienes eligen a los Jueces luego de un concurso, son los Consejeros de la Judicatura, que a su vez ahora está integrado en sus comisiones por Jueces y Magistrados. Otro ejemplo. Quienes supervisan el correcto desempeño de Magistrados y Jueces, son los Consejeros de la Judicatura, que ahora es presidido en sus comisiones precisamente por Magistrados y Jueces. ¿Comprende?

No hay de otra. No se necesita de un sesudo análisis, con puro sentido común se determina que la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, será Juez y Parte en el Consejo de la Judicatura.
Esta dualidad de ser Magistrados, Jueces, y al mismo tiempo Consejeros Presidentes de Comisiones en la Judicatura no puede arrojar elementos positivos. Definitivamente una de las dos tareas se descuidará para atender la otra.

Abogados aún se preguntan por qué la Presidenta del Tribunal no ha explicado en qué estuvo basada esta decisión, por qué prescindir de los consejeros ciudadanos y por qué tener una doble carga de trabajo cuando el aparato judicial en el estado requiere de la atención y concentración de sus titulares a tiempo completo.

La única explicación que encuentran es que a la abogada que ascendió a la Presidencia del Tribunal luego de la muerte del anterior presidente, ya le gustó el poder.

De otra manera no se entiende cómo es que a sus funciones como presidente del Máximo Órgano Judicial de Baja California, ahora suma el análisis, la discusión y la solución de los problemas y necesidades en 55 Juzgados y 5 salas en el estado. Aparte la regulación laboral de más de mil empleados y por supuesto el manejo financiero del poder judicial.

Será el sereno, pero el Consejo de la Judicatura como órgano supervisor que es, no puede ni debe estar exclusivamente en manos del Poder Judicial. Eso de ser Juez y Parte no beneficia a nadie. A nadie.