“El Ingeniero” en Tijuana y Enedina y Eduardo en USA, siguen al frente del CAF.

Ahora van por sicarios

Luego que la labor de investigación e inteligencia de autoridades de los Estados Unidos llevaron a la captura por parte de un Ministerio Público Mexicano de Gustavo Rivera Martínez “El P1”, los líderes de células en el CAF en Tijuana sufrirán las consecuencias de una persecución. Además, la batalla interna por suplantar al detenido y persona de confianza de los hermanos.

Investigaciones ZETA

Inteligencia Mexicana no tuvo nada que ver con la captura de Gustavo Rivera Martínez “El P1” en Los Cabos, Baja California Sur, el miércoles 12 de marzo. Se utilizó, sí, a la Policía Federal y su Ministerio Público para la detención del capo de la droga y lugarteniente del Cártel Arellano Félix (CAF).

Pero la realidad es que la información que llegó a la captura del número tres en el CAF, fue producto de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Más esta dependencia en la Unión Americana que cualquiera de las corporaciones policíacas en México, ha construido investigaciones en torno al paradero de los principales integrantes del cártel Arellano Félix.

Fue así como en agosto de 2006, también en las inmediaciones de Los Cabos pero en aguas internacionales, guiados por las indagaciones de la DEA, fueron aprehendidos Francisco Javier Arellano Félix y Arturo Villarreal Heredia.

En aquel entonces se supo de forma extraoficial, cómo un integrante desleal al CAF entregó a “El Tigrillo” a los estadounidenses a cambio de inmunidad y la millonaria recompensa. Enseguida trascendió que el “traidor” había sido Manuel Diez Castillo “El Buda” y la cacería en Tijuana inició con balaceras y ejecuciones de familiares indirectos del joven ex sicario.

Hoy con la captura del 12 de marzo, como ayer en la del 14 de agosto, las autoridades mexicanas sirvieron para el puro trámite. Para darle forma a la detención y salvar las formas legales para la debida extradición del detenido, en este caso Gustavo Rivera Martínez “El P1”.

Tan las corporaciones mexicanas no actuaron, que la información presentada por el Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, fue tan escueta como sorpresiva por quien la dio a conocer. Es la primera ocasión que un titular de Gobernación se encarga de pregonar estos hechos.

Quizá llevado por el escándalo que rodea a su persona por la presunción de ilícitos entre sus compañías familiares y Pemex, Mouriño quiso ser el pregonero oficial de la detención para justificar su presencia en la titularidad de Gobernación. Craso favor le hizo a la lucha contra el narcotráfico al politizarla.

Mouriño no dio detalles de la detención. No se hizo como en ocasiones anteriores una descripción de cómo, dónde y quiénes detuvieron al “P1” (llamado en relación al apelativo de “Pocho Número Uno” por su nacimiento en los Estados Unidos y su hablar agringado). No se sabe si oficialmente fue en una casa de seguridad, en un hotel donde departía, en un barco donde se relajaba o en un centro nocturno.

Tampoco, como cuando el Ejército Mexicano detuvo a Benjamín Arellano Félix, se presentó un video de su captura que mostrara el contexto en el que fue aprehendido Rivera Martínez. Mucho menos el clásico interrogatorio en el lugar mismo del operativo de captura.

No hubo información de los pormenores de la detención. Tampoco cómo fue que “Inteligencia Mexicana” llegó hasta uno de los lugartenientes más buscados del cártel Arellano Félix.

Signos éstos del trabajo oficioso de las autoridades mexicanas en contraste con la labor de investigación e inteligencia que realizaron los norteamericanos. De hecho, por la mañana del miércoles 12 de marzo, ninguna autoridad en Baja California, municipal, estatal o federal, e incluso militar, tenían conocimiento de la aprehensión, cuando en ZETA se conocía la captura de manera extraoficial.

Fue pasada las diez de la mañana que se empezó a generar la información dada la conferencia del Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. La lucha contra el crimen organizado que aplaudió el Gobierno de los Estados Unidos a México, fue más en agradecimiento por cooperar con ellos, que en relación al trabajo de investigación.

La realidad es que a “El P1” lo detuvieron los estadounidenses con ayuda de los mexicanos.

Lo que no se ha podido confirmar, a pesar de sendas llamadas a la DEA en San Diego, California y la representación de la misma agencia antinarcóticos en la Embajada de los Estados Unidos en México, fue cuál de estas dos oficinas proveyó la información sobre la captura de Gustavo Rivera Martínez “El P1” a las autoridades mexicanas.

A diferencia de lo declarado por Juan Camilo Mouriño, que “El P1” sería expulsado de manera inmediata a los Estados Unidos por ser ciudadano norteamericano, la vocera de la DEA en San Diego, Eileen Zeidler, confirmó a ZETA que las autoridades norteamericanas esperarán los 60 días legales a partir de la audiencia de Rivera Martínez en México para solicitar, a través del Departamento de Estado, la extradición del capo de un país a otro.

Una vez que esto suceda, al igual que en los casos de Francisco Javier Arellano Félix, Everardo “Kitty” Páez y Arturo Villarreal, al acusado le presentarán cargos ante la Quinta Corte Distrital de San Diego, desde la cual se le dictará sentencia.
Los delitos sobre los cuales Rivera Martínez será procesado son:

• Conspiración para poseer sustancias controladas.
• Conspiración para distribuir sustancias controladas.
• Ayudar e incitar al crimen organizado.
•  Homicidio.

La funcionaria dijo no contar con información respecto al papel que la DEA jugó en la captura del llamado “P1”. Los detalles, precisó, le corresponden a la autoridad mexicana, principalmente a la Secretaría de Seguridad Pública.

Siguen los sicarios
Es de esperar que luego de la captura de Gustavo Rivera Martínez con la ayuda de autoridades de los Estados Unidos, el siguiente paso sea la detención de los líderes de las principales células del CAF. Los sicarios están en proceso de ser aprehendidos.

Una investigación de esta magnitud, generalmente ofrece pruebas de la existencia, la labor y la identificación de otros miembros del cártel de menor importancia o jerarquía que el detenido.

Además, “El P1” se mostró muy cooperativo con las autoridades que lo capturaron cuando apareció en un video aceptando “tener permiso para trabajar con los Arellano Félix” en la compra y transporte de mercancía (droga) hacia los Estados Unidos.

Los distintos líderes de células, Teodoro García Simental “El Teo”, Jorge Briseño “El Cholo”, Saúl Montes de Oca “El Ciego”, Armando Villarreal “El Gordo”, Pedro Ignacio Zazueta “El Pit” y el único cerebro financiero que les queda, Manuel Aguirre Galindo “El Caballo”, se encuentran vulnerables ante la información que “El P1” pueda proporcionar.

Aún cuando en México es probable que este tipo de investigación no se realice en los siguientes días, una vez en territorio norteamericano el escenario para Rivera Martínez cambiaría.

Al igual que sucedió con Francisco Javier Arellano Félix o el propio Arturo Villarreal Heredia, “El P1” podría llegar a un arreglo con la fiscalía de San Diego para reducir su pena a cambio de información. “El Tigrillo” logró que se le retirara la petición de pena de muerte a cambio de información, quedando su sentencia en cadena perpetua. Villarreal logró 30 años de prisión.

La vacante
Con el poderío de los hermanos Eduardo y Enedina Arellano Félix en el CAF, y la supervisión de las células que lo integran a cargo de Francisco Sánchez Arellano “El Ingeniero” en Tijuana, queda la vacante en el segundo escalafón de Gustavo Rivera Martínez, que a la par de Manuel Aguirre Galindo era de los integrantes de la vieja guardia dedicados a operaciones millonarias de transportación y cruce de droga.

La ausencia de “El P1” podría ser suplantada con alguno de los lugartenientes que éste tenía bajo su tutela, o alguno de los líderes de célula que actualmente delinquen en Baja California.

El golpe al cártel fue en el área financiera dadas las enormes cantidades de dinero que se supone “El P1” manejaba desde 1996 cuando se integró al CAF y mayormente desde agosto de 2006 cuando fue aprehendido Francisco “El Tigrillo” Arellano Félix.

Es muy probable que se desencadene una lucha por la posición del también apodado “El Gus” entre los titulares de bandas delictivas, pero la última palabra sobre el sucesor la tendrán los hermanos Arellano Félix.

Los delitos del “P1”
Gustavo Rivera Martínez nació el 22 de julio de 1961, mide 5.8 pies, pesa aproximadamente 160 libras, es residente en San Diego, California y egresó de Bonita Vista High School.

Para su actividad criminal ha usado los siguientes alias: Gustavo Martínez Rivera, Hernán Gallegos, George Ramos, Francisco Moniker, Chuck Moniker, Lorenzo Moniker. Y “P1”.

Conforme a la página electrónica del Departamento de Seguridad, Estados Unidos busca a Rivera Martínez desde el 8 de abril de 1996; en aquel momento la acusación fue por violar su libertad condicionada. Así que había estado preso, pero obtuvo el beneficio de la ley y escapó.

Pasó seis años más delinquiendo, hasta que el Procurador General de Estados Unidos levantó nuevos cargos en su contra el 2 de abril del año 2002. Esta vez el delito fue tráfico de drogas peligrosas. Un año después, el 8 de julio de 2003, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo colocó en la lista de los más buscados y ofreció dos millones de dólares por información que llevara a su captura.

La fotografía de Rivera se incluyó en una lista de 12 individuos pertenecientes a la organización criminal de los hermanos Arellano Félix.

Los norteamericanos buscaban al  “P1” como parte del grupo de crimen organizado por: “…ejecutar asuntos de una empresa ilegal mediante un patrón de actividad pandillera, conspiración para importar y distribuir cocaína y marihuana, y lavado de dinero”.

Pero además, presentaron: “Una segunda acusación, formulada por separado, le imputa a uno de los líderes de la banda, Gustavo Rivera Martínez, conspiración para importar y distribuir substancias controladas. Rivera Martínez fue descrito como el gerente a nivel de lugarteniente dentro de la banda de drogas, y confidente y asesor íntimo de Javier Arellano Félix, el líder actual de la operación de tráfico del grupo en el norte de Baja California”.

Su nombre fue retomado por las autoridades norteamericanas después del 3 de junio de 2004 cuando fueron detenidos Efraín Pérez Pazuengo y Jorge Aureliano Félix con siete cómplices. Detenciones que fueron anunciadas como resultado de la cooperación entre autoridades de ambos lados de la frontera.

Como parte de la información oficial que se dio en torno a las capturas en San Diego,  agentes de la DEA emitieron un comunicado señalando que por muchos años Pérez Pazuengo había organizado la recepción de grandes cargamentos de drogas a Baja California, y había supervisado y ejecutado su importación a los Estados Unidos a través de Tijuana.

Además indicaron que Gustavo Rivera Martínez, un ciudadano americano que estaba a la misma altura de Pérez Pazuengo, era con quien trabajaba de manera coordinada para el cruce de enervantes, de tal suerte que podría hacerse cargo de la operación criminal que Pérez dejaba vacante.
La página electrónica de la DEA informa que Gustavo Rivera Martínez es buscado por:

* Un cargo por conspirara para importar marihuana y cocaína.
* Un cargo por conspiración para distribuir marihuana y cocaína.
* Un cargo por funcionar como consejero y asistente directo de los líderes del cártel de los hermanos Arellano Félix.

Conforme a datos policiacos, los crímenes de Rivera están más ligados a la compra y trasiego de droga, también ha estado inmiscuido en el lavado de dinero pero su labor como lugarteniente de célula no ha estado involucrada públicamente en los homicidios y ajustes de cuentas, lo que le permitió mantener un perfil bajo.

Sin embargo, el hecho que los medios de comunicación no hayan mencionado su participación en asesinatos, no significa que no existan acusaciones en su contra. De hecho, Rivera forma parte del grupo del CAF a quien responsabilizan de más de 100 muertes en ambos lados de la frontera.

Muertes que se tomaron en cuenta para condenar en septiembre de 2007 a Javier Arellano Félix “El Tigrillo” a cadena perpetua.

La historia de Gustavo Rivera Martínez en México está marcada por un bajo perfil. De hecho su nombre nunca fue relacionado en la prensa con los crímenes cometidos por los narco-juniors durante los noventas, lo cual le permitió mantenerse en calidad de desconocido hasta el 2002.

Ese año, con la muerte de Ramón Arellano en Mazatlán y la detención de Benjamín Arellano en Puebla, el reacomodo lo favoreció.

Con Eduardo y Enedina Arellano atendiendo la parte financiera del tráfico de droga y lavado de dinero, le correspondió a Javier Arellano encabezar a los matarifes del cártel. Decisión que tomaron sólo porque la costumbre era que los asesinos estuvieran controlados por alguien de la familia, y “El Tigrillo” era conocido por los sicarios porque había crecido con ellos, eran de su edad y habían sido sus compañeros de parranda.

Para evitar que el carácter violento y la adicción a las drogas de “El Tigrillo resultara en homicidios que llamaran la atención de la autoridad y les impidieran continuar con sus crímenes, Enedina decidió  ponerle como “asesor y consejero” a Gustavo Rivera. A partir de entonces le correspondieron mayores facultades criminales y mayores beneficios, pero a cambio debía servirle de “nana”: cuidar los pasos de Javier Arellano.

En aquel momento, cuando la mayor de los Arellano se dedicaba a lavar el dinero conseguido ilegalmente por sus hermanos, el “P1” fue catalogado como amigo personal de Enedina, consejero e incluso jefe de escoltas.

En el 2003, ya con su nombre en el cártel de la DEA, la Procuraduría General de la República  (PGR) informó a ZETA que Rivera Martínez tenía mucho tiempo desarrollando la compraventa de droga en México y Estados Unidos. Que además ejercía control y mando sobre las células del cártel que operaban en Estados Unidos, y como sicarios tenía a su servicio a los gatilleros del Barrio Logan.

Para el 2004 quedaron fuera de la estructura dos de los cuatro lugartenientes de Eduardo y Enedina Arellano: a Efraín Pérez Pazuengo lo detuvieron en junio y a Gilberto Herrera Guerreo en agosto.

Como gente de confianza de los hermanos Arellano sólo quedaron Manuel Aguirre Galindo “El Caballo” y Gustavo Rivera “El P1”. En esas condiciones, algunos jefes de sicarios se iniciaron en el trasiego de droga y venta al menudeo de la marihuana y cocaína en Baja California; se trataba de los tóxicos que no podían cruzar a Estados Unidos. Al “P1” le correspondió controlarlos a través de su influencia en Javier Arellano.

A partir de agosto de 2006, tras la detención de “El Tigrillo”, Eduardo y Enedina colocaron a su sobrino Francisco Sánchez Arellano “El Ingeniero” como jefe criminal de los matones que encabezan células. Por encima de Jorge Briseño “El Cholo” y Teodoro García “El Teo”.

Ahora, la vacante del “P1” será motivo de lucha interna.

Assemat: Lo detuvieron en 2002 el día de la muerte de Ramón Arellano Félix

Lo detienen otra vez con “El P1”

Marcos Assemat Hernández fue detenido acompañando a Gustavo Rivera “El P1” en los Cabos, y según las declaraciones de José Luis Santiago Vasconcelos, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, “tiene referencias de su actuación dentro de la organización de los Arellano”.

Esas referencias, el funcionario las conoce muy bien porque en el año 2002, siendo Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) lo tuvo bajo su jurisdicción.

Assemat Hernández  fue detenido el 10 de febrero de 2002, en Mazatlán, Sinaloa, después de un enfrentamiento a balazos en el que murió Ramón Arellano Félix. En ese momento Assemat se presentó con un alias, Roberto Vilches Baeza, que fue corroborado por las autoridades con las identificaciones que portaba.

Sin embargo, Jesús Blancornelas, el periodista de ZETA, develó su verdadera identidad: Era hijo de una prominente familia de Tijuana, había estudiado en el Instituto México. Incluso en la edición de este semanario de aquel 2002, fue publicada la foto de la detención y la que apareció en un anuario de la escuela marista. Se llamaba Marcos Assemat Hernández, en realidad.

En aquel enfrentamiento donde perdiera la vida Ramón “El Comandante Mon” Arellano Félix, también murió Antonio Arias Torres, Agente de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa.

El cuerpo de Ramón Arellano portaba una credencial apócrifa que lo acreditaba como Agente Federal de Investigación, adscrito a la Dirección General de Planeación y Operación, con su foto y a nombre de  Jorge Pérez López.

La del cómplice que murió junto a él, Bernardo Rochín Romero, era similar pero estaba a nombre de Héctor Solórzano Jiménez.

La procuraduría informó en comunicado de prensa que al seguir la investigación: “Posteriormente, fueron detenidos en el bar "Tonys", Marcos Assemat Hernández y Sergio Reyes Cruz, quien se identificó como Agente activo de la Policía Federal de Caminos en la Cruz de Elota, Sinaloa.

“… se les inició averiguación previa por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su modalidad de Portación de Arma de Fuego de uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional”.

Después, la PGR incluyó el nombre de Assemat en una lista de 30 personas pertenecientes a organizaciones criminales que fueron detenidas en el primer trimestre de 2002 en ocho estados.

Sin embargo, en ninguno de los reportes se registró su nombre entre las personas a las que se les dictaron autos de formal prisión. En el 2003, entre las recomendaciones del Centro de Derechos Humanos se incluyó un reclamo en el que señalaban violaciones al derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, incluso hablaron de desapariciones forzadas. Señalaban a la policía judicial de “fabricar culpables”:

“El 12 de marzo del 2002, en Mazatlán, Sinaloa, Sergio Reyes Cruz y Marcos Assemat Hernández, agente y ex agente de la Policía de Caminos, presuntamente fueron torturados por los policías judiciales que los detuvieron en Mazatlán tras la balacera en la que murió Ramón Arellano Félix, para intentar involucrarlos con estos hechos”.

Los mismos expedientes de la PGR tienen registrado el 2 de febrero de 2007, una solicitud de transparencia para: “Saber si siguen presos y en qué penal y por qué delitos, o si ya salieron libres, en qué fecha y bajo qué modalidad”,  la información solicitada era respecto de Marcos Assemat Hernández, Sergio Reyes Cruz y Manuel López López, los tres detenidos después de la balacera del 10 de marzo de 2002 en Mazatlán.

Emitieron la respuesta el 5 de marzo de 2007, y fue “Negativa por ser reservada y confidencial”, situación irregular dado que al liberarlo, como evidentemente ocurrió, el caso queda cerrado y la autoridad esta obligada a proporcionar esa información.

Así las cosas, Assemat ha sido detenido en dos ocasiones con dos integrantes importantes del CAF. La primera vez luego de acompañar a Ramón Arellano Félix cuando fue muerto y la segunda, acompañando a Gustavo Rivera Martínez “El P1”.

En las dos detenciones, ha estado relacionado el Subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos. Ahora deberán explicar cómo es que quedó libre luego de la primera aprehensión en 2002.

Los cabos, la maldición del CAF

Primero, Javier Arellano “El Tigrillo” acompañado de Arturo Villarreal “El Nalgón” fueron capturados mientras vacacionaban en Baja California Sur. 20 meses después, increíblemente, la misma red atrapó a Gustavo Rivera Martínez “El P1”.

Otra vez, un cabecilla y criminal del CAF fue detenido porque un detractor interno entregó datos a las autoridades americanas que en coordinación con las policías mexicanas pudieron concretar la detención en esta zona del país, en la que es evidente cuentan con una mayor capacidad operativa conjunta.

En aquel lejano y poco habitado punto de la República, la supervisión pública de la actividad criminal y de la autoridad es tan limitada, que en 2006 se habló incluso de la incursión de agentes de Estados Unidos en aguas y hasta territorio mexicano. Pero fue algo que sólo los gobiernos podían saber y se respaldaron uno al otro. 

Los informes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos  (DEA) refieren su interés en Baja California desde el año 1995. 

Ese año, un gran aeroplano fue descubierto en las cercanías de Todos Los Santos, Baja California Sur, el avión había transportado 17 toneladas de cocaína colombiana con apoyo y complicidad de policías estatales.

En mayo de 1998 Óscar Compillo-Valles fue extraditado de Estados Unidos México, como miembro del Cártel de los Hermanos Arellano (CAF) participante en el mencionado trasiego de droga. 

Posteriormente, la prensa ha hecho pública la supuesta participación de los Centros de Inteligencias dependientes de la DEA (EPIC) como directos responsables de hacer labor de investigación y espionaje de las actividades del CAF en Baja California Sur, donde presuntamente, dos agentes encargados de seguir todos los datos de ese estado, pudieron detectar, además de la llegada de droga, el lavado de dinero del narco a través de la actividad hotelera.

En el 2006 la defensa “El Tigrillo” argumentó al inicio del juicio en Estados Unidos que el narcotraficante y sus cómplices fueron capturados a bordo del yate Dock Holiday en aguas mexicanas y no internacionales.

Incluso hubo declaraciones públicas del capitán del barco, Édgar Omar Osorio, diciendo que viajaban a unas ocho o diez millas de los Cabos cuando fueron capturados por la guardia costera norteamericana. Pero después se retractó.

A pesar de saber esto, Gustavo Rivera fue a Los Cabos, dijo, de vacaciones, aunque se sabe el CAF tiene negocios de trasiego y lavado de dinero en la zona. Conforme a los primeros reportes no hubo mayores problemas en su detención, porque impunemente vacacionaba como si fuera un ciudadano honesto sin deudas con la justicia, no traía consigo el comando armado que acostumbra cuidarlo, ni balazos ni se opuso al arresto.