Adela Navarro Bello

Pertinente

Es lógico. Es conducente y pertinente que después de develada una irregularidad, venga la renuncia al cargo que se ostenta. La experiencia en términos políticos y administrativos da cuenta de cinco pasos en este amargo proceso:

1.- El funcionario es descubierto en su ilícito. Lo exhiben con contratos, fotos, documentos y pruebas contundentes.

2.- El “cachado” se defiende. Explica una y otra vez que es un malentendido. Que las cosas no son lo que parecen. Se esconde.

3.- Finalmente, acepta la realidad: Sí, sí lo hizo. Firmó, pago, aceptó, negoció, transó y la evidencia presentada por sus detractores es irrefutable.

4.- Ofrece una conferencia de prensa para pedir una disculpa a la ciudadanía, se pone en manos de la Ley. Abre sus expedientes para que el proceso legal determine qué es lo que sucedió, cuáles delitos se cometieron y cuál es la penalidad.

5.- Casi de manera inmediata, renuncia al cargo que ostentaba. Se va con dignidad (o algo parecido) a encarar su juicio y reflexionar sobre su conducta. Pensar en los beneficios que obtuvo y el costo político que pago.

Por todo este entramado pasan aquellos funcionarios que cometieron, durante el tiempo en que se suponía debían servir al pueblo, una irregularidad. Abusaron de la autoridad que se les confirió, se aprovecharon del cargo, obtuvieron ventaja de la información, se engolosinaron con el dinero. Es así de fácil.

Ahí está el caso de Elliot Spitzer, el Gobernador de Nueva York en los Estados Unidos que luego de los primeros cuatro pasos, procedió al quinto y renunció. Acompañado de su esposa en conferencia de prensa y lo más la frente en alto que pudo, dimitió y aceptó haber utilizado miles de dólares para la contratación de prostitutas e incluso haber transportado a una de ellas de un estado a otro. Ambos, delitos en la Unión Americana.
Spitzer hizo lo pertinente. Lo conducente. Lo que marcan los cánones políticos. Lo correcto, lo que debe ser. Separarse del cargo ante una irregularidad para dar paso a una investigación libre y sin prejuicios sobre su actuación.

Exactamente eso debería hacer Juan Camilo Mouriño Terrazo, Secretario de Gobernación en México: Renunciar al cargo con la poca dignidad que le queda, para dar paso a una investigación judicial y legislativa sobre su proceder.

Pero no, en México no son así. Acá los políticos como Mouriño, que cuentan con el aval incondicional del Presidente de la República, se pueden perpetuar en el cargo allende ilícitos por más documentados que estén.

Ni el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, ha tenido la sapiencia para encarar a su Secretario de Gobernación y pedirle la renuncia en bien de su gobierno, de la administración pública y de la política en el país. No, Calderón se ha quedado callado. Una lástima si consideramos que se vendió como el presidente de “las manos limpias”. Una contradicción a este dicho es la permanencia de Mouriño en Gobernación.

Y realmente es una pena porque ése es el nivel de Presidente y de funcionarios que tenemos en México: Los que se esconden en la ilegalidad, los que se aferran al cargo, los que tienen miedo a renunciar. Los que no quieren ser investigados. Los que aceptan el ilícito pero les vale y siguen adelante.

Juan Camilo ya aceptó que firmó los contratos millonarios entre la empresa familiar que él representaba, Ivancar, y Pemex Exploración. Ya dijo que sí, que sí fue él. Está en la fase tres del manual para renunciar con dignidad cuando fue torcido en la transa. Le falta la cuatro: Pedir disculpas a la población mexicana por su abuso, por sacar provecho de su cargo, por ser juez y parte.

Y finalmente le falta el último paso: Renunciar con dignidad por el bien del gobierno de su amigo, de la política, la administración y de la credibilidad en el sistema mexicano.

Olvídense de moral, ética y valores. Renunciar, es lo políticamente pertinente para Juan Camilo Mouriño.

A ver de qué están hechos él y Calderón.