Rosario Mosso Castro

Blindaje

Desde el inicio de su administración el alcalde de Tijuana, Jorge Ramos Hernández, se comprometió a ofrecer condiciones óptimas a los inversionistas extranjeros en materia de seguridad.

La misma promesa hizo al resto de los tijuanenses, que aunque menos adinerados,  también pagan impuestos.

Con la obtención de recursos federales a principios de marzo, el gobierno municipal informó que 31 millones 461 mil pesos servirían para la compra de 29 equipos de reconocimiento de placas de automóviles y un paquete de vigilancia para completar el blindaje de la zona industrial que prometió a los empresarios.

El blindaje inició con un operativo de seguridad permanente en la zona Industrial: 150 policías de los 800 que hay por turno, nada más para cuidar el área del parque industrial de El Florido y proteger los intereses y a los ejecutivos de 18 países que laboran en la zona.

Los ciudadanos comunes pudieron darse cuenta de la importancia que tienen los dueños de la inversión para la autoridad, al enterarse que además les proveerán líneas de teléfono de acceso directo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana. Sus negocios recibirán botones de pánico, les serán asignadas casetas móviles y todavía “más patrullas en los parques industriales mediante el Sistema de Protección Industrial Operativa (SPIO), el cual operará al 100 por ciento en todas las naves industriales antes que finalice este año”.

Aparte se colocarán 100 cámaras para vigilar las rutas de traslado entre oficinas y residencias o salidas de la ciudad. Además, los empresarios industriales que visiten la ciudad tendrán a su disposición una escolta sin costo mientras permanezcan en la zona. A esto, el Secretario de Desarrollo Económico del Municipio, Víctor Manuel Sández Contreras lo bautizó como “rutas blindadas”.

Así las cosas, el Gobierno de Jorge Ramos presume una actitud francamente selectiva al ponderar la seguridad de unos cuantos por encima del grueso de los tijuanenses, que acaso, poseen menores recursos económicos que los empresarios de los parques industriales, que vaya, podrían pagar a nombre propio o de sus empresas, la manutención de un sistema de seguridad.

En este punto del cumplimiento de promesas, la pregunta al alcalde Ramos es: ¿Dónde están las rutas blindadas que permitan a los tijuanenses trabajadores, honestos y modestos, trasladarse sin temor de ser asaltados, robados, ejecutados o secuestrados en el trayecto de su casa a la oficina?
La realidad es que difícilmente el resto de los tijuanenses recibirá un botón de pánico para su casa o les serán asignados escoltas. Pero las cámaras, las casetas móviles y los patrullajes, deben hacer rutas seguras para todos los residentes de la ciudad, respondiendo a los mínimos requerimientos de justicia y equidad.

El ayuntamiento de Jorge Ramos, no puede hacer ciudadanos de primera y de segunda.

Los 42 mil empleados de la maquila, como el resto de los residentes de Tijuana, merecen estar seguros más allá de la zona industrial.

No se trata de quitarles a los inversionistas extranjeros lo ganado, pero tratándose de inversión pública, las acciones no pueden limitarse a proteger o blindar a un solo grupo de la sociedad.
La seguridad, Alcalde, es un derecho de todos.