Rosario Mosso Castro

Distraídos

La Constitución Política de Baja California plasma en el título tercero, capítulo II, artículo 27,  las prerrogativas y facultades de los diputados. Son 37 fracciones pero todas relacionadas con su principal obligación: Legislar.

“I.- Legislar sobre todos los ramos que sean de la competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que expidieren, así como participar en las reformas a esta Constitución, observando para el caso los requisitos establecidos”.

Por cumplir con su mandato de hacer leyes y vigilar que los funcionarios estatales y municipales inviertan los recursos públicos de manera legal, cada uno de los 25 diputados recibe 122 mil pesos mensuales.

Evaluados los primeros 100 días de su periodo legislativo, no habían aprobado una sola reforma de Ley; dos meses después el panorama no ha variado. La parálisis legislativa en Baja California es tan evidente como grave.

Además, los legisladores no han sido dados a presentar propuestas… ni siquiera revisan las que en disentería legislativa y para “cumplir” sus 100 Acciones, les envió el Gobierno de Osuna Millán.

Ante la pasividad de estos representantes de la sociedad, no hay manera de dar marcha a la creación de la Dirección de Asuntos Fronterizos, ni a la Secretaría de Pesca y Acuacultura. Menos se puede avanzar la propuesta de condenar a cadena perpetua a los secuestradores.

Tampoco han revisado la reforma al Código de Procedimientos Penales presentada con la intención de dar más facultades a la Policía Ministerial que dicen será más científica e investigadora, y a la cual ya hasta le nombraron director.

Ni hablar de la reforma Judicial, la reforma Electoral, o la Ley de Transparencia.

Los señores representantes, porque es evidente que no se les puede llamar legisladores, están muy ocupados armando viajes con gastos de representación. Y han demostrado gran habilidad para encontrar pláticas, reuniones o actos relacionados con las comisiones que presiden, los cuales curiosamente coinciden en fechas con la Serie del Caribe o con reuniones nacionales panistas; también los hay que viajan al extranjero supuestamente a recibir premios, todo con gastos pagados por el Congreso.

Esta situación se está tornando insostenible. Los 25 funcionarios del Poder Legislativo local están frenando el desarrollo del estado.

Es inaudito que continúen cobrando su exorbitante sueldo sólo por leer puntos de acuerdo y hacer exhortos que no resuelven las necesidades de los bajacalifornianos ni cumplen las promesas que hicieron a sus electores
La Constitución dice que el Poder Legislativo se deposita en una asamblea de “representantes del pueblo”, jamás habla de representantes de los intereses propios ni de sus partidos.

En la misma legislación se inscribe que los diputados “no podrán ser reconvenidos” pero el fuero no les da derecho a cobrar sin trabajar, y el que no se les pueda acusar no significa que no estén obteniendo un beneficio económico inmerecido afectando el erario público.

Ya va siendo hora que se dejen de aperturas de módulo, sea en individual o en equipo.

Ya estuvo bueno de paseos por el interior de la República o en el extranjero, acompañados de secretarias o con amigos. Fatuas distracciones cargadas al erario.

El trabajo habla y en el caso del XIX Congreso del Estado está afónico y va en camino a quedarse mudo.

Desde que fueron nombrados han cobrado más de medio millón de pesos, cantidad nada equiparable con la ausencia de resultados en materia legislativa. La sociedad bajacaliforniana necesita resultados… urgentes.