Recluidos en el penal del Altiplano, se amparan por todo.

Flaquean narcos

En libertad alardeaban de poderío, pero recluidos en máxima seguridad, narcotraficantes y secuestradores hacen berrinche hasta por la ropa que utilizan. Promueven cientos de amparos que les son negados o sobreseídos por jueces que ya no creen en sus versiones de víctimas de un sistema penal represor. Los plagiarios se inconforman de todo. Benjamín Arellano Félix lucha jurídicamente contra su posible extradición y los miembros de su cártel buscan alianzas con grupos de plagiarios.

Investigaciones ZETA

Nadie les dijo que iban a llegar a una cárcel de lujo o que gozarían de las prebendas que brindan las penitenciarías estatales y municipales; sin embargo, parece que los delincuentes de alta peligrosidad que hoy habitan el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, antes La Palma, esperaban por lo menos respeto a su “jerarquía” o “narcocurrículum”.

Unos reclaman porque no tienen o les quitaron “algo”, mientras otros tienen poco y desean tener más. Por ello, desde hace varios años en los Juzgados de Distrito de la ciudad de Toluca los reos del penal federal de Almoloya de Juárez promueven centenares de amparos. Fue necesario crear un quinto tribunal especializado en amparos.

Antes, los actos reclamados por los quejosos no pasaban de los clásicos: “me tienen segregado e incomunicado”, “no me dejan llamar por teléfono”, “me prohíben visita de abogado y familia”, “me quieren trasladar a otra prisión federal”, “me golpean y dan malos tratos” (ediciones 1621 y 1703 de ZETA). En la actualidad son más de cincuenta las causas por las que se presentan demandas de garantías.

La principal de todas las motivaciones de queja es la falta de atención médica. Los presos no sólo requieren del servicio médico tradicional. Ahora reclaman atención en las especialidades de traumatología, gastroenterología, ortopedia, neumología, otorrinolaringología, odontología, psicología y psiquiatría. Además se lamentan de la carencia de medicamentos.

Sin credibilidad

En la mayoría de las veces, los asuntos causan sobreseimiento, ya sea porque la autoridad penitenciaria informa que no existe el acto reclamado, porque los quejosos formulan demandas iguales en distintos juzgados o porque ellos mismos se desisten de la demanda. En muchos otros casos el juez llega a la conclusión de que por las características de esa prisión, la autoridad actuó apegada a la legalidad y no se violan las garantías individuales de los internos, por lo que no es necesario entrar al fondo del asunto.

Uno que otro recluso, al formular una y otra vez sus escritos, han señalado que son obligados a firmar hojas de una supuesta consulta médica que no se llevó a cabo o, vales por prendas de vestir que no recibieron, documentos con los cuales los directivos de los centros penales federales “prueban” que los reclamos de los quejosos son infundados. A la fecha no se ha comprobado lo dicho por los acusadores sobre supuesto abuso de autoridad.

Con frecuencia los jueces de distrito comisionan a sus actuarios judiciales para que den fe de las condiciones en que se encuentran los quejosos en sus estancias, sus ropas y demás objetos que aducen no se les han proporcionado. Generalmente lo asentado en las actuaciones de los juicios es que todo se encuentra bien y se toma en cuenta para la sentencia del amparo.

Los casos más irónicos son los de un preso que denuncia de las autoridades carcelarias el hecho de que lo mantengan “encerrado en lugares oscuros e insalubres por más de treinta y seis horas”, mientras que otros, por lo menos 34 internos, se quejan de que en sus celdas “la luz permanece encendida durante las veinticuatro horas” y una cámara de seguridad los graba.

Algunos convictos, entre ellos Miguel Ángel “El Mudo” Guzmán Loera, hermano del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, se sienten agredidos porque personal del penal federal les retiró de sus estancias el pequeño televisor al que tienen derecho por reglamento, en cambio, quienes aún gozan del aparato electrónico reclaman que los directivos penitenciarios se niegan a “instalar o conectar la antena aérea” para mejorar la recepción de la señal.
No faltan aquellos delincuentes que, como medida disciplinaria, cuentan con la “prohibición de realizar llamadas telefónicas” y protestan aduciendo violaciones a sus derechos, pero tampoco se extraña a quienes pueden comunicarse al exterior y se quejan porque les redujeron su “llamada semanal de diez minutos a seis y siete minutos”. Situación parecida ocurre con quienes reclaman que en El Altiplano hay carencia de “alimentación adecuada y falta de alimentos”, en tanto que, otros sólo remilgan por la “falta de tiempo para ingerir alimentos”.

Crema y corta uñas

Entre los actos denunciados por los presos de Almoloya de Juárez llaman la atención casos especiales. Por ejemplo, Héctor Cecilio Zepeda de la Rocha “El Marrito”, detenido con un arsenal en julio de 2007 en Sonora, asegura al juez que le inconforma la “negativa de la venta de una crema para la piel” (sic) en el Cefereso número 1.

El colombiano James Sánchez Cristancho, del Cártel del Golfo, se “voló la barda” al calificar como “actos inhumanos y denigrantes” la falta de dotación de tenis y ropa deportiva completa.

El secuestrador Malcom Barrón Evangelista, entre sus descontentos asegura que en esa cárcel hay “prohibición para lavado de ropa íntima”. El también plagiario, Gael Antonio Malagón Uzcanga, tuvo disgustos porque no le permiten el “ingreso de artículos de uso personal como corta uñas”.
Érick Raymundo Campos, apresado por su relación con el chino Zhenli Ye Gon, reclamó junto con otros 23 reclusos en una demanda colectiva de amparo por la negativa del director del Cefereso de proporcionales zapatos y tenis, trusas, camisetas, chamarra, calcetas, pants, sudaderas, calcetines, uniforme completo y colchón “ya que se encuentran en mal estado”.

El juzgador que conoció del caso, pidió informes a la prisión y se remitieron los vales del “paquete básico” que se entrega al ingreso al penal. Los quejosos sí tenían prendas. El promovedor contestó que “las constancias que anexa el centro son ciertas, mas, sin embargo, van más de 7 meses, lo único que se me renovó fueron las 2 playeras, 2 calcetines, y 2 calcetas, y sin que se me haya entregado uniforme deportivo, pues nada más tengo uno y está en mal estado y sin mi talla, los tenis y zapatos se encuentran ya en muy mal estado”. Nada le valió. Causó sobreseimiento el juicio.

Los secuestradores son de los internos que más escritos de demanda presentan ante los juzgadores. Daniel Vanegas Martínez, cuñado del célebre criminal Daniel Arizmendi “El Mocha orejas”, se dijo afectado en reclusión por la falta de alimentos, agua potable y otros factores vitales. Debatió un correctivo disciplinario por el que se le restringió visita familiar y deambular en espacios permitidos, incluso el derecho a recibir correspondencia.

Vanegas ofreció como prueba de su versión los videos grabados de su dormitorio en fechas específicas, pero el Juez le contestó “no hay lugar a acordar de conformidad pues esto forma parte de las medidas de seguridad del Centro Federal de Readaptación Social, mismas que se verían menoscabadas con la solicitud de ese material por parte de este órgano jurisdiccional”.

“Material” de exportación

Benjamín Arellano Félix no se anda con cositas. Una vez lo intentó y se dio cuenta de que es perder el tiempo cuando lo que le urge es no ser extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica. A mediados de diciembre de 2007 una mujer identificada como Paulina Camarena Romero demandó la protección constitucional a nombre del “Mín” por la negativa de las autoridades carcelarias a proporcionarle atención médica y medicamentos para un padecimiento que le aqueja.

Sólo la dama firmó el documento sin que probara que el quejoso estuviese imposibilitado para hacerlo de propia mano, por lo que la promovedora careció de legitimación procesal y la demanda fue desechada. Curiosamente no ha interpuesto un nuevo amparo por ese motivo.

Pero lo que sí ha hecho el único de los Arellano Félix encarcelado en México es luchar jurídicamente contra la extradición. De 2007 a la fecha son tres los juicios de garantías promovidos por sus autorizados Américo Delgado de la Peña y Marco Antonio Valenzuela Barrios. Lamentablemente para su causa, los tres asuntos fueron sobreseídos. Benjamín pretendía que la sanción, promulgación, publicación y expedición de la Ley de Extradición Internacional publicada el 29 de diciembre de 1975 en el Diario Oficial de la Federación, así como la firma y expedición del Tratado de Extradición de México con los Estados Unidos de Norteamérica, fuesen declarados violatorios de sus garantías Constitucionales.

Otro “arellanista” preocupado por su futuro en tierras estadounidenses es Rigoberto Llanes Guerrero, alias “El Primo”, quien no desea ser extraditado como sus tíos Ismael “El Mayel” y Gilberto “El Gilillo” Higuera Guerrero, por lo que también su defensa fue con todo a los tribunales federales de Toluca contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras autoridades.

Osiel Cárdenas Guillén, quien fue entregado a los Estados Unidos de Norteamérica en enero de 2007, no se da por vencido y, a través de sus abogados en México, Ricardo Lozano Garza, David Ocejo García y Cuauhtémoc Valdovinos Ruiz, da pelea en dos juicios de amparo contra órdenes de deportación, destierro y extradición. La autoridad jurisdiccional ha exigido a la Procuraduría General de la República y a la Cancillería Mexicana informes y explicaciones de tal extradición. Es un asunto no concluido y que podría tener un desenlace muy sorpresivo.

“Don Neto”, un caso real

Los años siguen transcurriendo desde que en 1985 cayó preso Ernesto Rafael Fonseca Carrillo “Don Neto” y en 1989 se le acabó el reinado al “padrino” Miguel Ángel Félix Gallardo, narcotraficantes sinaloenses de viejo cuño, que serán noticia hasta el final de sus días.

Desde su ingreso al penal de máxima seguridad, Félix Gallardo nunca ha dejado de tomar parte de las protestas, huelgas de hambre y de promover amparos. El último de sus escritos fue motivado por la presunta orden de segregación e incomunicación de que dice ser objeto, además de falta de atención médica, negativa de ingreso de los defensores particulares al área de locutorios, despojo de objetos de uso personal y de esparcimiento. Jurídicamente no prosperó.

Quien parece no mentir y reclama falta de atención médica e intervención quirúrgica en las instalaciones de un hospital de nivel III es “Don Neto”. Es pública la información de sus múltiples enfermedades desde que fue detenido y de su deterioro físico en los reclusorios Preventivo Varonil Norte y Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. Hoy más que nunca un Juez le hace caso.

Con cáncer de próstata entre sus peores padecimientos y 77 años de edad a cuestas, Fonseca Carrillo, a través de sus abogados, promovió el juicio de amparo el 19 de diciembre de 2007. De ahí a la fecha, el asunto ha dado varios vuelcos. “Don Neto” quiere ser operado fuera del penal, pero la dirección carcelaria se niega a aceptarlo. No cuentan con el equipo que se requiere, sin embargo, en el Cefereso del Altiplano, con apoyo de otras autoridades federales, están dispuestos a permitir que ingrese el instrumental que sea necesario.

Ya están nombrados los peritos médicos oficiales y los de Ernesto Fonseca, a fin de que emitan sus dictámenes en materia de urgencias médico quirúrgicas y oncología. La defensa de “Don Neto” ofreció como prueba un estudio de tomografía axial para probar la necesidad de la operación y su urgencia, pero es el propio quejoso quien se ha negado a dicho examen, a pesar que se le programó en su centro de reclusión.

El doctor Jorge Enrique León Robles, perito médico del narcotraficante desde hace muchos años, ha asegurado en sus valoraciones que la tardanza en que se concrete la intervención quirúrgica pone en peligro la vida e integridad física de su cliente, pero ahora es éste quien se opone a la práctica médica, por lo que el Juez ya está requiriendo a la parte quejosa para que aclare si desea o no ser atendido. Por ello inició el juicio de amparo.

Las quejas: En prisión se unen mafiosos que fueron enemigos

Cártel por cártel

Cártel Arellano Félix
Los miembros del Cártel Arellano Félix, de distintas células criminales y generaciones de matones, se quejan de su situación. Apenas llegó al Cefereso del Altiplano, Víctor Magno Escobar Luna, alias “El Mata Policías”, y ya se dolía de la restricción para que su familia lo visitara.

Con más “antigüedad” en Almoloya, Manuel Martínez González “La Mojarra”, René Gaume Geraldo, Jorge Alberto Acosta Valdez y César Alfredo Niebla Lerma “El Cotorro”, reclamaron en sendos amparos el traslado a áreas de castigo, segregación e incomunicación, falta de atención médica, medicamentos y artículos de uso personal.

“El Cotorro” pidió al juez que las autoridades carcelarias le brinden servicio especializado de gastroenterología, mientras que, Carlos Francisco Cázares Beltrán “El Quemado”, quiere que le vea un traumatólogo, le cambien el colchón y le den las medicinas que necesita.

A José Gustavo Contreras López “El Chapulín” no le gustó el uniforme que le dieron en prisión. Dice en su escrito de demanda que la ropa y el calzado reglamentarios se encuentran en mal estado, por lo que quiere prendas nuevas. Le hace segunda en su reclamo Manuel Sánchez Rosendo, ex diputado y ex presidente municipal de Olinalá, Guerrero, preso por secuestro.

Cuauhtémoc Guerra Ontiveros asegura que los custodios lo atormentan y le amenazan con privarlo de la vida. Antonio Félix Quintero y/o Vicente Aispuro Araujo “El Palillo”, exigía cambio de celda ya que sufre de tortura psicológica y moral, según su dicho. A todos ellos les sobreseyeron sus juicios.

También se presentaron peticiones masivas o colectivas de amparo. Alfredo Nahim Salmán Aguilar “El Bocina”, Eleazar Portillo Cabanillas “El Chuta”, Juan Salvador Cárdenas Terrazas, René Alejandro Moreno Sánchez “El Pet”, Carlos Ariel Charry Guzmán “El Doctor” y Fausto Soto Miller “El Chef”. Junto con “La Mojarra” y los secuestradores Miguel Ángel Pulido García, Rafael Arturo Dicante Rosales y Roberto Martínez Morales, reclamaron incomunicación, segregación y maltrato. No lo probaron.

Los mismos sicarios apodados “El Bocina”, “La Mojarra” y “El Pet”, en otro juicio de garantías adhirieron a su causa a Pedro Humberto Gutiérrez Aguirre, Aldo Ismael Higuera Ávila “El Mayelito”, José Ernesto López González, Jaime Lara Borjas “El Bebo”, Felipe Juárez Torres, Ezequiel Machain Buitrón “El X-9”, Gabriel Cedeño Granados “El X-0”, Christopher Armando Ramírez Cruz, Juan Salvador Cárdenas Terrazas, Enrique López Ruiz, Miguel Ángel Pulido García y Roberto Martínez Morales.

También les respaldaron Gerardo Beltrán Vizcarra, pistolero de la banda de Ismael “Mayo” Zambada, los secuestradores Ignacio Sabel Cortés Bustos “El Nacho” o “El Chabelo” y Rafael Arturo Dicante Rosales; el asaltabancos Jaime Cuéllar Arévalo y José Silverio Martínez Benavides, del grupo de “Los Chachos”, afines a Joaquín “El Chapo” Guzmán. Demandaban: incomunicación, negativa a proporcionar atención médica y medicamentos, golpes, maltratos, negativa a proporcionar tenis, ropa interior (calzoncillos, camisetas, calcetines, calcetones), ropa deportiva, segregación y prohibición de realizar llamadas telefónicas. El juicio fue sobreseído.

Por su parte, “El Mata Policías” y José Iván León Villarreal, primo de Arturo Villarreal Heredia “El Nalgón”, firman un escrito junto con Juan Carlos Calderón Ávila, Gerardo Ríos Zamora “El Pokemón”, Omar Eduardo Moreno Gutiérrez, Juan Pedro Romero Fiol y Jaime Escobar Peralta, para reclamar incomunicación, traslado a una área de castigo donde son obligados a dormir en el suelo, el contar las 24 horas del día con la luz encendida y una cámara de seguridad grabándolos, limitación del horario de visita de su defensor particular.

Otro amparo masivo fue promovido por los arellanistas Gabriel Chon López “El Gaby”, Gilberto Valenzuela Zazueta “El Marmota” o “El Gil”, Julio César Moreno Cosme, Florentino Alcaraz López “El Flaco”, Joaquín Hernández Ramos, Hugo Ricardo Beltrán Favela “El Moño”, Gabriel Cedeño Granados, Jaime Lara Borjas “El Bebo”, Juan Salvador Cárdenas Terrazas, José Martínez Júnior y Marco Arturo Quiñones Sánchez “El Pato”.

Les acompañan en su demanda Ezequiel Machain Buitrón, Roberto Martínez Morales, Fernando Joaquín Poot Pérez y el ex policía tijuanense Alejandro Manuel Gómez Ruvalcaba “El Aguacate”. También firman los miembros de la banda de “El Chapo Guzmán”: Adiel Uziel Rodríguez Herrera, Jesús Martín Rodríguez Herrera y Juan Millán Urbina; los “Zetas”: Nabor Vargas García “El Débora”, Luis Roberto Parra Rangel, Jorge Esteban Pacheco Rivera y Adrián Rodríguez Alarcón “El Colchón” o “El Tierno”.

Del Cártel del Milenio: Jesús Arellano García; los narcotraficantes sonorenses: Salvador Antonio Caraveo Anaya “El Toño” y Juan Ramón Díaz Vega “El Gatillero” o “El Camala”, así como el secuestrador Juan León Maya. Se quejaron de segregación, incomunicación, traslado a un área de castigo donde se obliga dormir en el suelo con la luz encendida las 24 horas y una cámara de seguridad grabándolos las 24 horas del día; limitación del horario de visita de su defensor. No prosperaron sus quejas.

Cártel del Golfo y “Zetas”
Los sicarios y “burreros” que pertenecieron al llamado “Cártel del Golfo” y a su brazo armado los “Zetas” también admiten fragilidad tras las rejas. José Alberto Hernández Soto “El Cerebro”, David Rodríguez Rodríguez y Arturo Silva Soto “El Halconcillo”, se duelen de falta de atención médica. Érick Eduardo Galaviz Paz requiere de medicamentos y artículos de uso personal, mientras que, José Eduardo Garza Galaviz quiere ropa nueva y un colchón en buenas condiciones.

El colombiano James Sánchez Cristancho calificó como “actos inhumanos y denigrantes” la falta de tenis y ropa deportiva completa. También pide calzado y ropa interior el matarife Juan Carlos de la Cruz Reina “El J.C.”, quien señala que en el penal federal existen malos tratos, negativa a proporcionar atención médica, medicamentos, agua potable y artículos de higiene.

El ex policía ministerial de Tamaulipas Ramiro Rangel Soto “El Pelo Parado” y los secuestradores capitalinos Óscar Javier García Peguero y Alejandro del Toro Copto le dicen al juez de amparo que la falta de atención médica pone en riesgo su integridad física y sus vidas.

Se quejan de segregación y quieren calzado deportivo: Sergio Amadeo Benavides Araiza “El Ruso”, Édgar Adrián Castillo Castro “El Gordo”, Rubén Darío Salazar Gómez “El Pollito” y Hugo Baldomero Medina Garza “El Señor de los Tráiler(s)”. José Alfredo Cárdenas Martínez afirma que en tiempo de invierno no se les proporciona vestimenta adecuada para que cubran su cuerpo como ropa interior y pantalón, además de la falta de medicamentos. Mismos reclamos de Pedro Damián Marín “El Chelo” y Joel Acal Sosa.

Carlos Alanís Gómez “El Reta”, es uno de los internos que más amparos ha promovido. En uno de ellos con David Rodríguez Rodríguez, Sergio Eduardo González Escalante y el secuestrador Alberto Barragán González, sus actos reclamados son similares a los referidos por sus compañeros. En otra demanda le segundan Arturo Silva Soto, David Rodríguez Rodríguez, Alberto Barragán González, y “El Cerebro”.

Víctor Manuel Hernández Barrón “El Flander II”, brazo derecho del ex líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, pide que cesen actos de incomunicación, negativa a proporcionar atención médica y medicamentos, golpes, maltratos, negativa a proporcionar tenis, ropa interior (calzoncillos, camisetas, calcetines, calcetones) y ropa deportiva, segregación, prohibición de realizar llamadas telefónicas. Firman con él, Alfredo Colín Ortega “El Gordo” y el secuestrador Víctor Manuel Hinojosa Castro, de la banda de “Los Rambos”.

Quien más sentimiento le puso a su demanda es Joel Acal Sosa, quien refiere que en la penitenciaría de máxima seguridad le niegan la atención médica en la especialidad de neumología, y que su situación de salud es delicada y teme por su vida.

Cártel de Carrillo Fuentes
El narcotraficante Alcides Ramón Magaña “El Metro”, el ex comandante de la Policía Judicial Federal Gilberto Fabián Campos Martínez “El Cachorro” y su hermano Julio César Campos Martínez, señalan que padecen segregación, traslado al área de castigo, golpes, azotes, malos tratos y falta de atención médica. “El Metro” teme ser trasladado a otro penal federal y afirma que no le permiten llamar por teléfono.

Los ex capitanes del Ejército Mexicano José Horacio Montenegro Ortiz y Javier García Hernández, presuntamente vinculados a la protección del extinto capo Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos”, alegan tortura, tratos crueles e inhumanos, orden de traslado, y señalan como violatorio de garantías al Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social. Curiosamente se les unió en su queja Fausto Soto Miller “El Chef”, del Cártel Arellano Félix y quien fue detenido por los dos primeros en 1996. También se adhirió al amparo el homicida poblano Jorge Pellegrini Poucel.

Ricardo García Urquiza alias “El Doctor” o “El Señor Perales”, junto con “El Metro” y los secuestradores Pedro Marín Damián “El Chelo” y Joel Acal Sosa, promovieron otra demanda por falta de atención médica.

Del Cártel Carrillo Fuentes, pero identificados en la organización criminal de Juan José Esparragoza “El Azul”, presentaron escritos para solicitar la protección Constitucional: Jorge Buelna Quintero por la falta de dotación de vestuario y sábanas. Gilberto Zepeda Urbano reclama la negativa del personal del Cefereso a proporcionarle un colchón en buenas condiciones. Otros solicitantes de amparo son Pedro Lupercio Serratos y Merced Monge Cisneros, por la falta de respuesta a escritos presentados al órgano penitenciario.

Cártel de Sinaloa
Segregación, malos tratos, incomunicación, golpes y falta de atención médica, son transgresiones que consideran algunos miembros del Cártel de Sinaloa que se cometen en su contra. Los quejosos, individualmente, son el ex coordinador de Ministerios Públicos de Nuevo Laredo Juan Manuel Muñoz Morales y el sicario José Silverio Martínez González. También Diego Laija Serrano “El Vivo”, cuñado de Héctor “El Güero” Palma y el narcoempresario sonorense Rigoberto Gaxiola Medina coinciden. Bernardo Mercado Jiménez, químico que colaboraba con el chino Zhenli Ye Gon, añadió a los reclamos la falta de dotación de calzado de uso diario y deportivo.

Todo lo anterior, más negativa de ingreso al área de locutorios a su defensor particular, falta de atención médica en medicina general y especialidades de psicología y psiquiatría, tortura física y mental, mantenerlo encerrado en lugares oscuros e insalubres por más de 36 horas, son quejas de Juan Calixto Ramos Vázquez.

Miguel Ángel Guzmán Loera, “El Mudo”, hermano del “Chapo”, lamenta la supuesta orden de quitarle la televisión. Roberto Antondo Navarro, alias “El Viejo”, del mismo clan delictivo asegura que en el área médica el personal “tiene prohibido” brindarle cualquier atención y entrega de medicamentos.
También promovieron amparos colectivos: Luis Felipe Castañeda Machado “El Cholo”, el ex cerebro financiero del Cártel del Golfo Víctor Manuel Mireles Vázquez “El Meme Loco”, el secuestrador Héctor Peralta Vázquez “El Papis” y el homicida defeño Jonathan Mosqueda Piceno “El Chango León”, demandan segregación, incomunicación, traslado a un área de castigo, limitación de los horarios de visita de su defensor particular y familiares.

El sonorense Héctor Cecilio Zepeda de la Rocha “El Marrito”, Juan Carlos Valenzuela Villalva y Fabián Campos “El Cachorro” del Cártel Carrillo Fuentes, piden que se les dote de calzado y ropa. Zepeda, incluso reclama que “no le quieren vender una crema para la piel”.

Ropa interior, ropa de cama y servicio médico adecuado exigen José Luis Valencia Silva, Arnulfo Flores León y Miguel Felipe López Valdez “El Sapo”, miembros de la célula delictiva que encabezaba Víctor Manuel Contreras Espinoza “La Tamalera”. Con ellos lucharon jurídicamente en el mismo juicio Pedro Alfonso Alonso Zúñiga “El Níger”, José Eduardo Garza Galaviz y Julio Eduardo Vázquez León “El Hielito”, del Cártel del Golfo y los “Zetas”, además de Carlos Castro García del Cártel Arellano Félix.

Por su parte, el propio gatillero Contreras Espinoza alias “La Tamalera” promovió un amparo con sus cómplices Juan Gabriel Angulo Picos, Margarito Zúñiga Cuevas y Miguel Felipe López Valdez “El Sapo” por los actos de segregación, incomunicación y traslado a un área de castigo.

El amparo masivo que mayor “revoltura” de organizaciones delictivas presenta es el promovido a inicios del presente año por la negativa de autoridades de readaptación social a proporcionales calzado (zapatos y tenis), trusas, camisetas, chamarra, calcetas, pants, sudaderas, calcetines, uniforme completo y colchón.

Ahí firmaron, por parte del cártel de Sinaloa: Jesús Alberto Zazueta Beltrán, Héctor Cecilio Zepeda de la Rocha, Juan Carlos Valenzuela Villalva, Francisco Román Gutiérrez “El Poncho” y Érick Raymundo Campos. Por el CAF: Francisco Madera Álvarez “El Quemado”, Alfredo Castro Rodríguez, Jaime Lara Borjas “El Bebo”, Héctor Cortés Montaño, Pedro Rodríguez Godínez “El Chucky” y José Gustavo Contreras López “El Chapulín”.

También signaron por parte del cártel de Juárez: Jesús Garay Arreola “El Chuy Texcoco”, Rafael Garay Areola y Fabián Campos “El Cachorro”. Del Cártel del Golfo y “Zetas”: Carlos Ruiz Terrones, Víctor Manuel Orbe Marcial y Miguel Ángel Zatarain Véliz. Así como secuestradores de diversas bandas como: Hugo Ponciano Rea, Miguel Ángel Cruz Mercado “La Güera” e Ismael Puga Ohm. Otros delincuentes: Juan Gutiérrez Villa, Juan de Dios Valenzuela Padilla, Mario García Alvarado y Juan Carlos de León Sosa.

Secuestradores
Integrantes de las más temidas bandas de secuestradores son los que desde hace varios años llevan la voz cantante en cuanto a inconformarse con su situación tras las rejas. Entre ellos no hay recelo por la pertenencia a diversas organizaciones. Es más, han sabido capotear y llevar en sus reclamos el apoyo de connotados narcotraficantes. Son miembros de las bandas de “Los Mocha orejas”, “Los Cobras”, “Los Satánicos”, “Caletri López” y “La Marrana”, entre otras.

Los plagiarios Juan Ramón Omaña Ramírez, Fidencio Francisco Facio Trejo, Juan León Maya, Armando Becerril Obregón y los sicarios del Grupo de los “Zetas” Carlos Agustín Hernández Bravo y José Ángel Tovar Guillén “El Conan”, reclaman actos inhumanos, falta de zapatos, tenis y pants.

Por su parte, en múltiples amparos, Víctor Hugo Anduaga Campos, José Lino Carrillo Cruz y Daniel Vanegas Martínez, cuñado de Daniel Arizmendi “El Mocha orejas”, refutan la prohibición de la visita familiar, la negativa de capacidad circulatoria, orden de traslado a otro penal, negativa de ropa de uso personal y el desapoderamiento de su televisor.

Malcom Barrón Evangelista reclama golpes, maltratos y prohibición de lavado de ropa íntima. Otros que advirtieron a los jueces que se encuentran segregados e incomunicados son Juan Omaña Ramírez, Felipe Rivera Rivera, Marco Antonio Rocha Sánchez y Óscar Alpízar Medina.

Héctor Peralta Vázquez “El Papis” y Joel Hernández Pérez se unieron para quejarse por incomunicación, negativa a proporcionarles trusas, calcetas, tenis, uniforme, zapatos, traslado a otro centro, prohibición de recibir visita familiar, restricción de capacidad circulatoria en áreas y horarios permitidos, despojo de televisión:

Gael Antonio Malagón Uzcanga “El Tuerto” denuncia revisiones corporales inhumanas, falta de atención médica, venta de productos de mala calidad, falta de dotación de vestuario, ropa de cama y de objetos de uso personal como cortaúñas, falta de alimentación adecuada y falta de alimentos.

José Lino Carrillo Cruz, Raciel Parra Loyo, Samuel Martínez Estrada, Daniel Vanegas Martínez y Gildardo Copado Rangel, todos secuestradores y Ricardo García Urquiza “El Doctor” del Cártel de Juárez innovaron al reclamar la negativa de instalar o conectar la antena área para ver mejor su televisión. Sus demás quejas son las mismas: falta de atención y omisión de contestar sus peticiones mensuales, falta de dotación de zapatos, tenis, colchón, sábanas, uniforme, calzones, playeras, calcetas y calcetines, trato cruel e inhumano.

Rafael Arturo Dicante Rosales, Roberto Torres Sequeiros, César Alejandro Guadarrama García “El Salivotas”, Juan León Maya, Daniel Vanegas Martínez, Joel Hernández Pérez, Abraham Camacho Mendoza, Israel Edmundo Carmona Aceves, Juan Omaña Ramírez, Óscar García Peguero y el narcotraficante Carlos Morales Gutiérrez “El Águila”, de la banda de la mujer apodada Ma Baker, piden respeto a sus garantías Constitucionales pues acusan a la autoridad de incomunicación, segregación, cambio de celda o dormitorio, negativa a recibir visita íntima y familiar.

Por falta de atención médica formularon demanda Arturo Dicantes Rosales, Gabriel Mendoza López, Carlos Morales López, Carlos Gabriel García López, Óscar Javier García Peguero, Antonio Rocha Sánchez “El Rocha”, Víctor Hugo Anduaga Campos y Daniel Vanegas Martínez. Firman el escrito los arellanistas José Ernesto López González, Manuel Martínez González “La Mojarra” y Marco Arturo Quiñones Sánchez “El Pato”.

También por falta de atención médica, pero además malos tratos y revisiones corporales inhumanas pidieron amparo Gael Antonio Malagon Uzcanga “El Tuerto”, Rubén Nieto Salazar, Rogelio Pérez Nieto y Miguel Ángel Cedillo González. Los miembros del Cártel de Juárez Simón López Ruiz y Ricardo Parada Palma, así como Víctor Manuel Mireles Vázquez “El Meme Loco”, del Cártel del Golfo, se adhirieron.