El IMSS en Ensenada

Pobre y deficiente

Mientras que cunden las denuncias  de los 213 mil 313 derechohabientes que hay en el puerto, en su mayoría motivadas por la escasez de médicos especialistas y la falta de una adecuada infraestructura, la institución se defiende sin que al momento exista recomendación alguna por parte de Derechos Humanos. Asimismo, para el delegado del IMSS en Baja California, pese a los problemas existentes, el único recurso con que sí cuenta la institución “es la sonrisa y la información”.

Javier Cruz Aguirre

En el sector salud de Baja California existe una escasa preparación técnica, profesional y humana del personal que lo integra, carencia de abasto oportuno de medicamentos y falta de estructura para enfermos terminales.
Las evidencias de mala práctica profesional y escasez de médicos especialistas redunda en denuncias de carácter administrativo y penal en contra de centros médicos tanto del sector público como privado.

En ello coinciden la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana (PDHPC) de Baja California, y la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje en la Prestación de Servicios de Salud (CECAPSS) del estado, que aparte dan la voz de alerta al gobierno para que supervise minuciosamente el trabajo que en dichos organismos se realiza.

Esto porque, en materia de derechos humanos, hospitales, clínicas y centros de salud ocupan el tercer lugar como instituciones que violan derechos civiles de los ciudadanos, en tanto que aumenta, año con año, el número de denuncias penales por mala práctica médica en las instancias procuradoras de justicia.

Ello lo constató el semanario en una investigación de cómo funciona el rubro, resaltando que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el establecimiento que mayores quejas tiene por los servicios que presta a los derechohabientes, que tan sólo en Ensenada suman casi la mitad de la población porteña: 213 mil 313 personas de una ciudad con 433 mil residentes.

“Existe constante violación a derechos médicos de los pacientes, específicamente inadecuada prestación de servicios, así como dilación en citas, operaciones y escasez de medicamentos”, resumió la trabajadora social Anabel García Ornelas, visitadora de Grupos Vulnerables de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana, zona Ensenada.

Al igual, el coordinador de Orientación y Gestión de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje en la Prestación de Servicios de Salud (CECAPSS) del Estado, contador público David Hernández Méndez, informó que la gente se queja de:

1.- Maltrato del personal médico; 2.- falta de medicinas, que provoca el desfasamiento del proceso de atención a pacientes con diabetes, hipertensión arterial, cáncer, males cardíacos y otras enfermedades crónicas; 3.- poca credibilidad ante doctores y autoridades médicas.

En el último apartado el lamento más recurrente es de los pacientes del servicio de traumatología del IMSS. Aparentemente, los especialistas y el personal de rehabilitación maltratan y “tiran de a locos” a los enfermos que se quejan de padecer “daños colaterales”, post operatorios.

“Independientemente de que el Seguro Social parece no tener el cuerpo completo de médicos especialistas, deficiencia que se agudiza los fines de semana, muchos médicos y especialistas no tienen vocación de servicio, calidad humana, para dar un servicio de calidad y calidez a los derechohabientes, que lo único que piden es que se les atienda adecuadamente y se les restablezca la salud”, comentó Hernández.

Tan sólo en Ensenada, la deficiencia de personal ya hizo crisis y parece que continuará por largo tiempo. Derechohabientes consultados por ZETA en la clínica hospital número 8 del IMSS manifestaron que los servicios de especialidades son insuficientes, malos y muy burocratizados.

Dentro de este contexto el Semanario conoció el caso del niño Luis Eduardo de la Rosa Pacheco, presuntamente víctima de negligencia médica al momento de nacer en la clínica 8 del Seguro Social.

Su madre, Luz Almendra Pacheco Salazar, fue atendida por dos practicantes de medicina la noche del parto en virtud de que no había en ese momento un médico especialista a cargo. Al sufrir retraso en el alumbramiento el bebé sufrió hipoxia (falta de oxígeno) cerebral que al paso de los meses provocó epilepsia. Es por ello que los padres denunciaron al IMSS por negligencia médica ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la PDHPC.

Primero, los afectados quisieron demandar penalmente a quienes mal atendieron a su hijo, pero el Ministerio Público del Fuero Común de Ensenada se declaró incompetente para atender el asunto y envió a los padres a la Policía Ministerial para que ahí presentaran su queja. Obviamente tampoco les fue aceptada.

La pareja tampoco recibió orientación para que acudiera al Ministerio Público Federal, que también atiende estos casos, o a la representación estatal de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), la CECAPSS, en busca de ayuda.

De hecho la CECAPSS juega un papel fundamental para que un juez penal, sea federal o estatal, informe sobre el sentido de su sentencia en caso de que los pacientes del sector salud, privado o público, decidan demandar por esa vía a quien pudo haber cometido un delito médico.

David Hernández explicó que de fracasar el papel conciliatorio de la Comisión, se requiere un dictamen médico emitido por el consejo técnico de la CECAPSS para que un asunto prospere en las instancias legales.

Previamente, el paciente debe presentar una denuncia ante el Ministerio Público y en caso de que éste consigne el asunto ante un magistrado penal, corresponde al juez solicitar el dictamen, el cual debe estar listo en un máximo de seis meses. El funcionario, a la par, reconoció que, “a veces”, es difícil determinar un caso de negligencia o cualquier otra falta médica. Por eso, con frecuencia, los dictámenes no son favorables a los denunciados.
De hecho han pasado cuatro años y medio desde que el sistema de justicia estatal castigó un caso que involucró a cinco médicos del Hospital General de Ensenada como presuntos responsables por homicidio culposo y negligencia médica en la muerte de un bebé.
La pena que les asignó —suspensión hasta por dos años en el ejercicio de su profesión y una condena de entre tres y cinco años de cárcel—, tuvo como base un dictamen del Consejo Nacional de Arbitraje Médico que constató las carencias del Hospital General cuando los sentenciados denunciaron que no tenían los aparatos indicados para tratar al paciente.

A continuación Hernández dio cifras de la actuación de la CECAPSS en Ensenada y Rosarito: En enero de este año se presentaron 14 solicitudes de intervención de las cuales cinco se turnaron finalmente a Mexicali porque las partes no llegaron a un acuerdo. El resto se arregló satisfactoriamente vía orientación, gestión o arbitraje. En febrero fueron nueve los casos atendidos. Cinco se integraron en expediente y se turnaron a Mexicali. El resto se resolvió sin mayor conflicto.

Los casos recurrentes de queja involucran problemas en los servicios de traumatología del Seguro Social, instancia que ocupa en Ensenada el primer lugar entre las instituciones de salud, públicas como privadas, que más demandas acumulan en su contra.

A nivel estatal, las cifras del 2005 de la CECAPSS fueron las siguientes: Atendió un total de 179 asuntos, de los cuales sólo tres fueron dictámenes, ocho opiniones técnicas, 35 quejas, 34 asesorías, 37 gestiones inmediatas y 62 orientaciones.

De las 35 quejas, 17 fueron conciliadas, seis desistimientos, ocho en proceso, dos se resolvieron por amigable composición y dos más se turnaron a la CONAMED.

Del total de asuntos atendidos, 105 tuvieron su origen en Mexicali, 48 en Tijuana, cinco en Ensenada, cuatro en Tecate, tres en la zona San Felipe-Valle de Mexicali, seis en Baja California Sur, cuatro en California, Estados Unidos y cuatro en Sonora.

Setenta y siete asuntos se suscitaron en instituciones médicas privadas, 57 en el IMSS, 14 en el ISSTECALI, 12 en seguridad privada-PGR-PROFECO, nueve en ISESALUD, nueve en ISSSTE y uno a través del Seguro Popular.

Los malos manejos médicos motivaron 47 de las atenciones hechas por la comisión; los tratamientos quirúrgicos, 44; “otros motivos”, 24; mal diagnóstico, 12; relación médico-paciente, dos, y auxiliar diagnóstico, uno.
En cuanto a especialidades, los casos atendidos por la CECAPSS, fueron los siguientes: En ginecología-obstetricia, 31; ortopedia, 20; odontología, 16; cirugía general, 13; medicina general, 10; anestesiología, seis; medicina del trabajo, seis.

Con cuatro casos están cirugía plástica, medicina interna, oncología y urgencias. Con tres, oftalmología, otorrinolaringología, ortodoncia, pediatría, medicina familiar y urología. Con dos, endocrinología, implantología y cardiología; y con uno la perinatología.

Una historia similar de quejas es la que reporta la Procuraduría de Derechos Humanos.

Por ejemplo en su Segundo Informe de labores (2007) el procurador Francisco Javier Sánchez Corona denunció que en el periodo se atendió 54 asuntos relacionados con personas que  padecen VIH-Sida, quienes refirieron ser víctimas de trato indigno, falta de atención médica oportuna y negligencia médica grave en instituciones de salud.

Sintetizó señalando que la PDH detectó escasa preparación técnica, profesional y humana de personal del sector salud, así como carencia de abasto oportuno de medicamentos y falta de estructura hospitalaria para enfermos terminales.

Esta visión la confirmó la visitadora de Grupos Vulnerables de la PDH en Ensenada, Anabel García, quien denunció que en el IMSS hay quejas por la falta de equipo médico, desabastecimiento de medicinas, insuficientes doctores especializados, impuntualidad en la entrega de apoyos para viáticos de los pacientes y la práctica de muchas operaciones fuera de la jurisdicción y del estado, dejando en la soledad a los enfermos y sus familiares.

Al respecto reveló que, por la falta de transporte oportuno y adecuado para los aquejados, el año pasado se presentaron dos casos de personas que vieron en riesgo su vida por problemas en el traslado a otros hospitales. Los asuntos fueron turnados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que ésta tramitara los apoyos económicos e hiciera las recomendaciones necesarias a la institución.

Uno de los casos es el de un adulto con cáncer presuntamente inoperable en la porción izquierda del cráneo. El enfermo y sus familiares solicitaron el traslado al IMSS de Guadalajara, Jalisco, en donde pueden hacer la intervención como un recurso que puede salvarle la vida. Los solicitantes viajaron con recursos propios y ahora están pidiendo apoyo a la PDH, para que el Seguro Social cubra los viáticos y gastos de viaje. “Cuando menos que, por humanidad, cumplan con el deseo del paciente y sus familiares de aferrarse a esa esperanza. Dicen que dan atención de calidad y cálida, pero en la práctica eso no es cierto”, comentó la trabajadora social.

El segundo incidente es el de Laura Marina, estudiante de la carrera de Comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), quien goza del seguro social escolar. A ella le diagnosticaron cáncer en el pulmón izquierdo y le dijeron que necesitaba cita con el especialista en Oncología, pero se la programaron a tres meses.

Cuando su padre —un panadero de escasos recursos económicos— supo del hecho, consultó con oncólogos fuera del instituto y uno de ellos, militar, le dijo que en tres meses el cáncer podría crecer a un grado incurable, por lo que la atención debía ser inmediata.

La PDH intervino, se comunicó directamente con los servicios de Oncología del IMSS en la ciudad de México y al día siguiente llamaron a la paciente desde Tijuana para decirle que se presentara ese mismo día por la tarde a una cita en la ciudad fronteriza, en donde la valoraron y se actuó médicamente de inmediato.

Cuando el caso llegó a manos del director de la Clínica Hospital 8, doctor Simitrio Rojas Vergara, él asumió la responsabilidad y dio todo su apoyo a la enferma. Igual hizo la universidad estatal, quien este año renovó la seguridad social de su alumna y le otorgó una beca permanente para ayudarla en sus gastos y estudios.

“La institución (el IMSS) es buena, pero está llena de personas sin perfil para el servicio público. Hay indolencia y una marcada deshumanización del personal en la atención que brinda a los pacientes y sus familiares, aun cuando el doctor Rojas es accesible y trata de resolver los problemas”, manifestó García.
ZETA platicó con el doctor Simitrio Rojas quien, de entrada, rechazó que en el caso del niño Luis Eduardo de la Rosa Pacheco el personal que atendió al pequeño haya actuado con negligencia.
Incluso, afirmó que la queja fue recibida aún cuando no contaba con las firmas de los padres y que se le dio trámite en el Departamento Jurídico, el Consejo Consultivo y la Secretaría de la Función Pública para que se tomaran las decisiones necesarias dado que “se está manchando la imagen de la institución”.
De la falta de medicamentos, dijo que se trata de un asunto superado desde hace varios meses. “Era un problema de proveedores. El instituto se comprometió a tener un buen nivel de abasto a partir de enero, pero yo digo que éste es excelente, con un 97 a 98 por ciento de recetas surtidas adecuadamente en enero, y en un 100 por ciento en febrero, margen que nunca antes se había logrado”.
Con respecto a la falta de instalaciones y equipos, dijo que el IMSS tiene un sistema de atención por niveles. Los servicios médicos básicos se ofrecen en el primer nivel, con medicina preventiva y familiar.
El segundo nivel es especializado limitado, con servicios como medicina interna, cirugía, anestesiología. En el caso del Hospital 8 de Ensenada, a partir del martes 18 de marzo el número de especialidades creció a 14, al incorporarse el servicio de neurocirugía.
Finalmente están los Centros Médicos, que son el tercer nivel de atención.
“El 85 por ciento de la población local del IMSS, se atiende en el primer nivel. El 12 por ciento acude a las clínicas hospitales de segundo nivel, y el tres por ciento restantes en los Centros Médicos”, confirmó el directivo.
Por otra parte, en fechas recientes el Consejo Consultivo del IMSS anunció que hay sitios en donde pretende construir dos nuevas clínicas. El primero está ubicado en la Colonia 89 y el segundo en el ex ejido Chapultepec.

Con estas clínicas se ampliará y mejorará el servicio al permitir crear un “colchón” de atención para el futuro a sabiendas de que la población seguirá creciendo al igual que la demanda de servicios médicos.

“Tenemos saturado el servicio de medicina interna, traumatología y cirugía —reconoció Rojas—, con un promedio del 95 al 100 por ciento, pero ginecología y pediatría son servicios holgados. Esto porque el número de nacimientos ha caído de 25 al día hace todavía siete u ocho años, a ocho en la actualidad. Por eso hay menos estadía en el área de pediatría. El promedio de ocupación del servicio de pediatría y ginecología es del 50 al 60 por ciento, con alzas en ciertas etapas del año”.

Así, el promedio global de ocupación hospitalaria en las áreas de especialización es de 75 por ciento, aun cuando puede subir a un 85 ó 90 por ciento. En total el hospital tiene 101 camas y 45 fuera de registro de contabilización por los servicios que ofrecen en ciertas áreas específicas.
“Tenemos un compromiso con la gente. Lo que buscamos es ofrecer un trato digno, ser resolutivos, gestores para las especialidades y ofrecer un lugar agradable, al menos limpio para los usuarios”, terminó señalando el doctor Rojas.

Es destacable que el pasado 25 de marzo el delegado regional del Seguro Social, Pablo Contreras Rodríguez, anunció en un comunicado de prensa que acaban de ingresar 50 médicos nuevos a los diferentes hospitales y unidades de Medicina Familiar del instituto en Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora.

Doce de esos doctores se dedican a lo familiar y están adscritos a las clínicas  7, 17, 20, 27, 36 de Tijuana; la 39 de Tecate y las 16 y 28 de Mexicali. En el caso de los médicos no familiares, la mayor parte está laborando en el Hospital General Regional número 1 en Tijuana. Tres de ellos son especialistas en cirugías cardiovasculares y de tórax, lo que permitirá seguir llevando a cabo localmente procedimientos médicos del llamado tercer nivel de atención que tradicionalmente se realizaban en Ciudad Obregón, Guadalajara o el Distrito Federal.

El IMSS, sin recomendación
Para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), si bien existen deficiencias de infraestructura y atención a los derechohabientes originadas por dificultades económicas “que ya fueron superadas”, hasta el momento no hay una recomendación de las instancias protectoras de derechos humanos, o arbitraje médico, en contra de la institución.

Pablo Contreras Rodríguez, delegado regional del Seguro Social en Baja California, sin embargo aceptó que el instituto tiene sobrepoblación en las unidades de medicina familiar, diseñadas originalmente para dar atención a dos mil 400 derechohabientes cada una de ellas, y que en Ensenada sufre un gran rezago de infraestructura.

También, que en el mismo municipio el IMSS presenta problemas en el servicio de especialidades, pero aclaró que este inconveniente se origina porque no hay doctores que se quieran contratar con la institución. “Tenemos disponibles cerca de ocho plazas de especialistas, entre ellos ortopedistas y urgensiólogos, pero no hay recursos humanos, no hay los médicos que quieran contratarse con nosotros”.

Destacó que si bien en el año 2007 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió siete quejas por presuntas irregularidades médicas cometidas en instalaciones estatales del Seguro Social —retraso en las citas para la práctica de cirugías o elaboración de diagnósticos—, las denuncias se resolvieron en la ciudad de México sin que existiera una sola recomendación de esa instancia a la institución.

Luego aceptó que por dificultades financieras que ya fueron superadas, el organismo enfrenta conflictos  en cuanto al servicio que brindan las unidades de primer nivel, o de medicina familiar.

El delegado del IMSS explicó que el año pasado las reservas financieras que el Congreso de la Unión destinó al instituto se utilizaron para que el Seguro Social resolviera sus obligaciones con los trabajadores, sobresaturando el servicio que prestan esas unidades médicas.

Hoy, para superar el cuello de botella, el IMSS puso en marcha un programa de consultas sabatinas para atender a los asegurados que trabajan entre semana, abatiendo así el rezago en atención. “También estamos haciendo una red de inversiones para reordenar los servicios. Las unidades fueron creciendo a pedazos, lo que desmerita mucho el proceso natural de la atención médica. Estamos haciendo algunas mejoras pequeñas en infraestructura que permitan elevar el confort tanto para el prestador del servicio como del derechohabiente”.

La otra causa de preocupación del funcionario tiene que ver con ciertas inercias que la institución ha tenido ante la falta de recursos “como, por ejemplo, el abasto, que se han convertido en pretextos para no hacer frente a la adversidad que hay en cada una de las unidades de atención médica para atender con calidez al derechohabiente”.

Apuntó que el recurso que sí tiene el personal del IMSS “es la sonrisa y la información” que pueden dar a los derechohabientes, para lo cual se trabaja en la implementación de un servicio de “calidad total” que desde Tijuana impulsa la doctora Ana Rosa Luévano, coordinadora en Atención de Calidad del Seguro.

En tal sentido, informó que recientemente el IMSS de Baja California recibió el premio en calidad de servicio por tener la certificación más alta de toda la república mexicana en lo referente a la satisfacción de sus derechohabientes.

“No sólo estamos hablando de asuntos relativos a recursos físicos y materiales, sino que también tiene que ver en cómo organizas a las personas, cómo los induces a una filosofía de calidad total en donde se trabaja en equipo”, expuso el titular.

Luego Contreras destacó que en el año 2007 el Seguro Social recibió 265 quejas de las cuales 112, es decir casi el 45 por ciento, tenían que ver con el reintegro de gastos médicos a pacientes que pagaron servicios no proporcionados adecuadamente por la institución.

En ese renglón, dijo, se cubrieron casi tres millones de pesos.

Asimismo, resaltó el liderazgo que ejercen cada uno de los directores de unidades del Seguro Social en el estado, ya que ellos son los directamente responsables del servicio que éstas prestan a sus derechohabientes. “Si bien son doctores, les pagamos no para que consulten o den recetas, sino para que coordinen los esfuerzos del personal. Son directivos, gerentes, y deben enfocar todos sus esfuerzos a atender a sus derechohabientes”.

Finalmente anunció que para Ensenada habrá cambios importantes en la atención a los usuarios de las clínicas y el hospital del instituto. “Es el área médica, tenemos más problemas porque ahí tenemos punto, 46 camas por cada mil derechohabientes. Entonces vamos muy rezagados en infraestructura y estamos haciendo un esfuerzo tanto el gobernador del estado y el alcalde para encontrar dos predios en donde construir una unidad de primer nivel de atención familiar y un hospital. Ya tenemos ubicado uno y andamos sobre el otro. La ubicación nos la tiene que dar la comunidad, los ayuntamientos, porque ellos son los que saben hacia dónde le van a dar el crecimiento a las ciudades”

Además, un convenio de inversión con el programa federal IMSS-Oportunidades, permitirá retener a los pacientes de embarazo en el valle de San Quintín —la clínica 69 del poblado Vicente Guerrero—, mejorando así la atención que se brinda a los derechohabientes de la clínica hospital número 8 de Ensenada.