Doble inauguración
La carrera por la gubernatura del alcalde de Tijuana Jorge Hank, no se olvida de convocar al sector cultural, pero su pobre incursión en ese tema le deja pocas posibilidades. Por ello los encargados del área del Ayuntamiento se han visto en la necesidad de organizarle el mismo acto proselitista dos veces.
El 17 de noviembre de 2006 Jorge Hank organizó una pachanga para reinaugurar el bautizado Palacio de la Cultura (Antiguo Palacio Municipal).
En aquella ocasión Hank intentó agradar al sector cultural ofertando cerveza y vino al por mayor. Pintores, escritores y demás convocados se sintieron apapachados con el festín de gratis.
Pero no fue suficiente, por eso citó a una segunda inauguración. Esta fiesta ocurrió el 2 de febrero. Habrá que esperar si no hay una tercera, cuarta o quinta apertura en la cual sólo podría participar como invitado del próximo alcalde Kurt Honold.
Delegación PGR de adorno
La delegación en Baja California de la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo del Licenciado Guadalupe Alfredo Becerril Almazán, parece estar sólo de adorno, pues además de que no hay información oficial sobre las actividades que realiza la Agencia Federal de Investigación (AFI) en la entidad, tampoco saben si otros grupos de la institución, como es la Siedo, realizan algún tipo de operativos en Tijuana.
Para muestra un botón; apenas el martes por la tarde y a vista de muchos testigos, agentes que se identificaron como federales, llegaron a las puertas del motel Mirador, en el fraccionamiento Soler, en busca del propietario para interrogarlo sobre la ubicación de dos vehículos con reporte de robo que estaban dentro del inmueble.
Como si se tratara de un capo del narcotráfico, el grupo de federales que dijo pertenecer a una “unidad mixta de investigación”, ascendía a por lo menos 50 efectivos debidamente uniformados de color gris, dotados en su mayoría con armas largas.
Luego de amenazar al personal que atiende el negocio al saber que no estaba el propietario, una de las trabajadoras fue encañonada con arma de fuego y trasladada a la zona de archivos, donde le exigieron la entrega de un video grabado por un circuito cerrado de cámaras de seguridad.
Después que desordenaron con lujo de violencia los archivos privados y sustrajeron el video, abandonaron el lugar sin llevarse uno de los vehículos supuestamente robados, no sin antes amenazar a los empleados con volver por el dueño.
Los abogados del empresario fueron a las oficinas de la PGR para saber los motivos que llevaron a los agentes a incursionar de esta manera en el negocio de su cliente, pero allí les informaron que no sabían nada, que no conocían a esos federales y que le hcieran como quisieran. Prácticamente los echaron del edificio.
Ante estos hechos y por el temor de ser detenido por alguna autoridad ordenadora o ejecutora, el empresario de quien se dice goza de buena reputación, tramitó y obtuvo un amparo ante un juez de distrito. No le quedó de otra.
Mientras, las oficinas de la PGR son un adorno más en la ciudad.
Irregular y mentiroso
A Carlos Tamez, el director de Vialidad y Transportes, le preguntaron directamente que si tenía acciones en una de las empresas que la opinión del dictamen técnico de la Dirección que él dirige, estaba favoreciendo con permisos para transporte de personal. Dijo que no. Que a partir de su nombramiento como funcionario se había retirado del negocio.
Sin embargo los regidores del Partido Acción Nacional en Tijuana consultaron los archivos del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Baja California, y el funcionario-transportista continúa siendo socio.
No conforme con esa irregularidad, en lugar de hacer una licitación como ordena la Ley para que todos los interesados puedan participar en el otorgamiento de estas concesiones, el director de transporte decidió sólo invitar a las 22 empresas que ya están ofreciendo este servicio, además de manera irregular, sin tener permisos.
Con estas anomalías, la convocatoria para la sesión de cabildo del 9 de febrero a las 17:30 horas tiene contemplada la aprobación de las 22 concesiones. El pretexto de los regidores priístas que tienen planeado aprobarlas todas con su mayoría de 11 y el voto por carta notariada de Juana Reyes, es la necesidad de regularizarlos para obligarlos a mejorar el equipo y presionarlos para que obtengan sus seguros.
Los conflictos de intereses les tienen sin cuidado.
Otra de transportistas
Con la participación ciudadana por fin el cabildo de Tijuana se puso de acuerdo en un tema: la repartición de los 133 permisos para taxis que se aprobó en una sesión del mes de enero de 2007. Regidores de todos los partidos representados en el Ayuntamiento de Tijuana con el apoyo de representantes de organizaciones no gubernamentales del sector educativo, empresarial y transportista integrados a un Comité de Transparencia, definieron a los beneficiarios.
Primero, determinaron no quedarse sólo con las opciones que les envió la Dirección de Vialidad y Transporte y emitieron una nueva convocatoria que les permitió aceptar un mayor número de solicitudes hasta llegar casi a 600 expedientes. El primer criterio de selección fue personas de la tercera edad que hayan trabajado como choferes por mayor cantidad de años. Aquí beneficiaron a 26 personas y hay cinco pendientes de una segunda revisión. Segundo, mujeres que estén prestando el servicio de choferes mínimo desde el 2002 y que no tengan familiares directos que sean concesionarios de un permiso de transporte público.
Ya seleccionaron a seis y rechazaron a cinco. Y tercero, las 97 restantes saldrán de los choferes que demuestren tener más tiempo prestando el servicio el lapso que solicitaron fue de cinco a 20 años, pero seleccionarán a los de mayor antigüedad que prueben haber trabajado rentando placas.
Fuga
Empiezan las salidas y enroques en el XVIII Ayuntamiento de Tijuana. El cabildo en pleno está citado a las 9 de la mañana de este 9 de febrero a Sesión Plenaria. Pero ligero detalle, se les olvidó informar los temas a tratar en dicha sesión. Pero dicho sea de paso, este tipo de reuniones sólo se convocan con un motivo: El cambio de funcionarios en los que el alcalde entrega ternas que los ediles deben aprobar, específicamente, delegados o los secretarios de Finanzas, Seguridad Pública o de Gobierno Municipal.
Las versiones no oficiales indican que los primeros en salir serán los delegados.
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