Víctimas entregan a plagiarios poderes notariales para la venta de sus propiedades

Pagan secuestros con terrenos

Policías Antisecuestros, autoridades y notarios estarían interactuando en una red criminal que permite que secuestradores se posesionen de predios, terrenos y edificios de sus víctimas como pago por la liberación del secuestrado. Las huellas legales del “lavado” de dinero del crimen organizado no las sigue ninguna autoridad. Familias afectadas se quejan: En menos de tres meses, la propiedad con la que pagaron la liberación de su pariente ha cambiado de dueño en tres ocasiones. El secuestrado continúa cautivo.

Rosario Mosso Castro

La industria del secuestro se ha sofisticado.
Ahora si la familia del afectado no cuenta con medios económicos en efectivo para el pago del rescate, también aceptan terrenos, casas y hasta edificios de oficinas.

En el “lavado” que las propiedades transcurren de ser el pago de un secuestro a propiedad del crimen organizado, y, finalmente, compra de buena fe por un ciudadano común y corriente, es importante la participación de las autoridades notariales de Baja California.

Es un hecho y un síntoma grave de la descomposición de un importante sector profesional de Tijuana: Notarios públicos validan los negocios sucios de secuestradores.

Durante 2006, los delincuentes empezaron a aceptar otra forma de pago del rescate de sus víctimas. Le entraron a los bienes raíces. A partir de entonces, los plagiados alcanzan la libertad entregando a sus captores uno o varios inmuebles. 

Los criminales están tan seguros de tener el control del sistema oficial, que no les importa dejar huellas de sus trámites y reciben poderes notariales de las familias afectadas, que le dan al malhechor la facultad de vender  casas, oficinas, edificios o terrenos y quedarse con el dinero producto de esas ventas.

Las bandas se decidieron por esta opción tras darse cuenta de que secuestrar a las cabezas de familias adineradas de la ciudad no les garantizaba un pronto pago de rescate, debido a que muchos de ellos tenían sus riquezas invertidas en inmuebles, los cuales les costaba trabajo vender de manera rápida, precisamente por su alto valor.

Así que optaron por agilizar esos trámites haciéndolos ellos mismos. El descaro llegó al punto de que la compraventa de un terreno, que a un ciudadano común le puede llevar tres, seis o doce meses, los criminales pueden ejecutarla en 15 días…incluso en 24 horas, con la ayuda expedita de un buen notario.

Esta situación fue confirmada por el sector empresarial.

De la misma manera, notarios consultados por ZETA aceptaron “la posibilidad” de que sucedan este tipo de hechos, incluso apuntaron que se trataría de trámites legales.

Secuestradores escogieron propiedad como rescate

ZETA recibió información de dos casos específicos:
Entre septiembre y noviembre, en hechos diferentes, dos hombres fueron secuestrados y la familia no tenía suficiente efectivo para reunir los 3 ó 5 millones de dólares que se pedía por ellos.

Como los secuestradores tenían información financiera y les advertían que sabían cuál era el importe de la fortuna familiar, las víctimas explicaron que parte importante de ésta fue invertida en propiedades que no era fácil vender. Los delincuentes les ofrecieron, como opción adicional, que les entregaran los inmuebles.

En uno de los casos, los secuestradores habían investigado bien a las víctimas, conocían sus propiedades y se dieron el lujo de seleccionar el inmueble que requerían como rescate.

Por uno de los plagiados, al inicio de la negociación los secuestradores únicamente solicitaron dinero. Sin embargo, cuando la familia lo entregó, no les pareció suficiente y decidieron aprovechar la desesperación de los afectados y cambiar de planes solicitando la posesión de dos terrenos más, antes de cumplir la promesa de regresar al padre de familia.

Los afectados entregaron el poder a los victimarios ante un notario, y en menos de tres meses pudieron darse cuenta de que la propiedad había cambiado de dueño por lo menos en tres ocasiones. Para entonces, los familiares del secuestrado seguían sin tener noticias del plagiado.

Esta víctima se encuentra entre las siete personas secuestradas en 2006 que no han sido regresadas a la comunidad, a pesar de que sus secuestros fueron pagados. El pretexto dado por los secuestradores fue que la presencia militar les ha impedido liberarlos.

Para el segundo caso, la negociación fue más directa; quienes debían pagar el rescate no tenían el efectivo y los criminales lo sabían, así que a cambio les pidieron un edificio ubicado en una de las zonas industriales y de crecimiento de Tijuana, el cual fue entregado.

Días después de realizada la primer venta fraudulenta del inmueble, el protagonista de este caso fue liberado.

Policías y notarios, coludidos

En ambos casos, las familias ni siquiera preguntaron adónde fueron a dar los predios. Incluso, consultados por ZETA consideraron que las personas que compran a los secuestradores, los actuales dueños, no actuaron de mala fe, porque a ellos les vendieron en buen precio y compraron como cualquier inversionista de la ciudad.

Sin embargo, sí piensan en la posibilidad de que los notarios estén coludidos al aceptar credenciales falsas en los documentos que se solicitan para acreditar la personalidad de las personas que reciben el poder notarial.

Esto aunado a la denuncia que hicieron los miembros del Grupo Antisecuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quienes después de la petición de las propiedades, tranquilamente aconsejan: “…hagan lo que les dicen, obedezcan”. Y no se molestan en dar seguimiento a este trámite que ellos saben, son parte de un delito, el cual conocen desde su origen.

El pretexto para no seguir estás líneas de investigación ha sido que las familias no denuncian, como si estuvieran en posibilidad de hacerlo, a sabiendas de que los criminales conocen sus movimientos, tienen información privilegiada de sus finanzas y su vida familiar. 

“El cinismo llega al punto que los policías de Antisecuestros, nos comentan cosas que no deberían saber porque sólo las hemos hablado con los delincuentes, además que no se esfuerzan en fingir, durante las negociaciones todo el tiempo parece que son los representantes de los secuestradores y nos aconsejan cómo hacer las cosas de manera que sea legal y más rápido para entregar el dinero”, reveló un familiar afectado.

Robo legalizado

Contrario a lo que podría pensarse, pasar el filtro de un notario público no es nada difícil para los delincuentes.

De entrada, el poder que solicitan a la familia para hacerse dueños de los inmuebles producto del rescate, es uno de los trámites más comunes en una notaría. Representa del 20 al 30 por ciento de los movimientos que se registran en estos negocios.

El notario público es el funcionario público del Estado que tiene la facultad de dar fe pública de los actos y contratos permitidos, legales en una sociedad. Entre ellos poderes y ventas de terreno.

Sin embargo, por ley, tampoco están obligados a cumplir requisitos estrictos. Por ejemplo, en el caso de los Poderes Notariales para Actos de Dominio, éstos pueden ser entregados a cualquier persona, sólo es necesario que haya alguien que lo otorgue, otro que reciba y ambos deben pronunciarse verbalmente de acuerdo frente al notario y acreditar su personalidad, con uno de los siguientes documentos: Credencial de elector, pasaporte mexicano, licencia de conducir, cédula profesional, cartilla militar o tarjeta del Instituto Nacional de la Senectud.

Con la peculiaridad de que Baja California es un estado que recibe mucha gente de otras entidades federativas y que en ocasiones no trae consigo documentación, caso en el que los notarios también les admiten las cartas de residencia como identificación oficial.

Este documento se tramita con suma facilidad en los ayuntamientos; sólo hay que pagar una tarifa módica ante un empleado municipal de tercer nivel que en el mejor de los casos, solicita recibos que acrediten tres años de residencia en la ciudad, de renta o pago de servicios, incluidos teléfonos celulares, los cuales son extremadamente fáciles de adquirir. A veces son suficientes dos testigos.

Finalmente, sólo es necesario declarar al notario la intención de tramitar el poder y presentar uno de estos documentos. Al funcionario le corresponde verificar que los nombres, edades y rostros de las personas que están ante ellos y las credenciales que presentan, coincidan, y poner en un papel que así es.
Pero a pesar de saber que el delito de falsificación de documentos es común, los notarios no están obligados a verificar la autenticidad de las credenciales que presentan. “No tenemos aparatos que nos permitan saber si tal o cual credencial o recibo es falso, nosotros vemos, verificamos que nombres, caras y direcciones de documentos oficiales expedidos por dependencias de Gobierno coincidan y otorgamos la fe”, afirmó el notario bajacaliforniano Gerardo Sosa Olachea.
Por ello, los textos notariales inician con la leyenda “Bajo protesta de decir verdad”, (….) persona se presenta ante mí y acredita su personalidad con este documento, de folio (…),  expedido por la dependencia (…). Con esto trasladan la responsabilidad, primero a la persona que está haciendo el trámite y asegura estar dando datos fidedignos, y por otro lado al organismo que expidió el papel y debió corroborar los datos expuestos en la credencial.
En cuanto al hecho de que notarios estén permitiendo que delincuentes reciban poderes notariales de familias honestas, Sosa Olachea comentó:
“A la fecha, ninguna de las procuradurías de Justicia o secretarías de Seguridad de ninguno de los órdenes de Gobierno, nos ha remitido una lista con fotos en la que nos diga que esas personas en específico no pueden realizar trámites.
“Por ley nosotros estamos obligados a otorgar los servicios y no conocemos a todas las personas que trabajan con el crimen organizado, si tienen o no prestanombres; con esto lo que quiero decir es que resulta difícil creer (que) un notario actúe con conocimiento de causa, tampoco es que la familia afectada llegue y diga al notario que va usar ese trámite para pagar un secuestro.
“Los poderes y la venta de terrenos con trámites extremadamente comunes y si vienen con todos los requisitos reunidos, se pueden hacer en horas, pero tampoco es tan fácil, es necesario que los propietarios que entregan el predio reúnan varios requisitos. Es más, si el terreno está a nombre de la esposa y están casados bajo el régimen de bienes mancomunados, sería necesaria la firma del hombre antes de entregar el poder notarial”.
Además de contener información de quién lo otorga y quién los recibe, los Poderes Notariales para Actos de Dominio señalan para qué acción específica se entregan, en estos casos, la venta de inmuebles.

Para poder incluir la venta del predio en el texto, el notario solicita certificados de libertad de gravámenes de Catastro Municipal, del Registro Público de la Propiedad, de la Junta de Urbanización; además del avalúo de un perito y un plano del predio en cuestión que debe ser firmado por el o los dueños, pero en caso de existir un poder notarial como los que se mencionan en esta nota, es suficiente la firma del delincuente que recibe el terreno en pago del secuestro.

“Todas estas dependencias también tienen que ser investigadas, no sabemos hasta dónde están metidos, pero resulta sospechoso que trámites que de manera normal nos pueden llevar meses, para esta gente los tengan en horas o días”, comentó un empresario.

Por su parte, Sosa Olachea expuso que es común que la obtención de este tipo de papeleo se realice a través de tramitadoras de bienes raíces que trabajan en coordinación con las notarías y, reuniendo los requisitos de principio a fin, obtener estos documentos puede llevar normalmente entre 15 ó 20 días.

Al preguntarle cuál sería el tiempo mínimo para tramitar un Poder Notarial para Actos de Dominio y una compraventa de inmuebles llevando toda la documentación necesaria, respondió que de una hora a 24, dependiendo de la carga de trabajo de la notaría.

“Si nosotros no tenemos elementos para negar el servicio, no lo podemos hacer; si la familia no nos dice de qué se trata, la autoridad no nos informa que hay un delito o que tales personas son delincuentes. Si no tenemos computadoras que nos permitan verificar si las credenciales son falsas, es difícil hablar de participación”, reiteró.

Sin embargo, el familiar de una de las víctimas mencionadas en esta nota también insistió:

“No es posible que los notarios no sospechen cuando certifican que un inmueble que pasa por tres o cinco ventas y poderes notariados en pocos meses, Hacienda, Catastro, todos los abogados saben que no hay tanto movimientos en los bienes inmuebles. Y qué pasa con las tramitadoras.

“Es necesario que las autoridades federales y no el grupo Antisecuestros estatal, investiguen de verdad si están recibiendo dinero; si no lo hacen, que lo dudo, por lo menos se están haciendo los que no ven. Esto es delincuencia organizada”.

Como parte de las investigaciones, ZETA fue informada por empresarios que en junio del año pasado, tras un secuestro fallido en la delegación de Otay, los notarios de Tijuana recibieron amenazas, advirtiéndoles que podrían convertirse en víctimas de ese delito. Y hubo alguno que comentó que sí se habían dado cuenta de algunos trámites sospechosos, pero que en términos legales reunían todos los requisitos y les daban marcha.

Como un cheque

“Si estuviera sucediendo, sería un acto demasiado temerario”, aseguró el Notario Sosa Olachea al referirse al pago de secuestros con terrenos.

“Sería  como si un ladrón aceptara un cheque, o como si el secuestrador aceptara que le pagaran con un cheque y lo fuera a cobrar. En los bancos te debes identificar con credenciales igual que con el notario, y este tipo de movimientos se pueden seguir fácilmente, investigar a todos los involucrados e imputarles responsabilidad”.

Hay nombres direcciones, caras, huellas dactilares. “Es como ir dejando una huella tras otra”, dijo.

Pero las víctimas no lo ven como un acto imprudente del criminal, sino como un síntoma máximo de corrupción, cinismo y la muestra más clara del grado de impunidad y colusión de autoridades.

Porque a los secuestradores no les importa dejar huella, saben que la familia teme por la vida y libertad de todos sus miembros y no va a denunciarlos, porque creen que están arreglados con los funcionarios de distintos órdenes de Gobierno para hacerles trabajos rápidos y para que no los denuncien; arreglos que probablemente tengan un precio. De lo contrario no se explican por qué policías estatales no hacen nada al respecto.

El hecho es que de una u otra forma, funcionarios y notarios están ayudando. Si cobran un recurso adicional a los 15 ó 20 mil pesos que pueda costar este tipo de trámites, es un dato que las víctimas desconocen.

Si quienes participan como depositarios de los Poderes Notariales o compradores de inmuebles, son prestanombres o utilizan credenciales falsas para estos intercambios ilícitos, tampoco se sabe. Simplemente porque de acuerdo a las víctimas, nadie ha investigado.

Los criminales reciben su paga mediante una tramitación simple, lavan su dinero de manera inmediata con apoyo de notario y se van.

Sin que la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) verifique las conexiones criminales que existen entre todos los protagonistas de estas historias. Sin que se ocupen de verificar qué organizaciones criminales usan estos despachos. Sin que la autoridad se ocupe de analizar y desarticular la trama de sociedades oficiales, mercantiles, fiscales y financieros que forman parte de la red que solapa el delito de secuestro y lavado de dinero producto de ese ilícito.