La trata de pobres

Diego Valadés

La emigración forzada involucra a casi medio millón de mexicanos por año. Para quienes tienen el deber de procurarles empleo en nuestro país, esa salida de personas es un alivio, porque significa menor presión en el mercado de trabajo; para quienes conducen la economía, las remesas de los emigrantes ayudan a atenuar el desequilibrio comercial; pero para quienes ven partir a sus hijos, a sus padres o a sus cónyuges, es un drama, y para la nación que despide a una parte de su población, es una vergüenza.

Cuando el gobierno anuncia un incremento en el empleo, habría que pedirle mayor precisión en sus afirmaciones. Si en un año el número de ocupados aumenta en 200 mil personas, al mismo tiempo que se van 500 mil porque no obtienen trabajo, quiere decir que hay un déficit neto, no un crecimiento del empleo.

Las remesas de nuestros exiliados económicos se reciben con alegría. Sin esos recursos, es probable que la paridad cambiaria y el consumo de productos de origen externo, tendrían otro perfil. Los pobres que exportamos contribuyen a hacer posible el éxito del TLC. Veamos algunas cifras del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados: entre 2000 y 2006, el saldo de la cuenta corriente arrojó un déficit acumulado de 72,385 millones de dólares; en ese mismo periodo las remesas de nuestros emigrantes sumaron 98,376 millones de dólares. En otras palabras, sin el producto de esos exiliados económicos, el déficit habría sido superior a 170 mil millones de dólares. Esta cifra equivale al total de nuestras exportaciones en 2004.

No tengo duda alguna de que es indispensable seguir realizando esfuerzos políticos y diplomáticos para mejorar el trato a los mexicanos en Estados Unidos; pero tampoco la tengo en cuanto a que hay muchas cosas que deberíamos hacer por nuestros compatriotas, que hemos omitido. Decir, o dejar creer, que el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos en Estados Unidos depende sólo de que allá lo quieran, es renunciar a nuestra iniciativa y eludir nuestros deberes. Nos han faltado determinación política e imaginación jurídica. Está en nuestras manos procurar algo más que apelaciones a la misericordia ajena para remediar el dolor propio.

Es posible adicionar un párrafo del artículo 1º constitucional, para que establezca los derechos de los emigrantes a la repatriación, a la cultura nacional y a la protección de sus derechos fundamentales conforme a la legislación mexicana y a los tratados internacionales.

Además, con objeto de subrayar el compromiso del Estado mexicano con los derechos fundamentales, de lo que se debe dar ejemplo con relación a los inmigrantes centroamericanos, convendría incluir en la Constitución una referencia expresa a los siguientes instrumentos internacionales: Declaración Universal de Derechos Humanos; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; Convención sobre los Derechos del Niño; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. La vulneración de los derechos fundamentales de los mexicanos en Estados Unidos no es un problema interno de ese país, ni siquiera una cuestión binacional; es un asunto humanitario y así hay que abordarlo.

Como complemento de esas medidas, se podría crear el Instituto para la Defensa Jurídica de los Mexicanos en el Extranjero, para promover su acceso a los órganos de justicia en Estados Unidos y patrocinar sus acciones en materia civil, familiar, laboral y administrativa, como  complemento de la protección consular, que se orienta a asuntos migratorios y penales.

Para poner fin a la trata de pobres, nuestros gobernantes y nuestros legisladores no necesitan autorización de la Casa Blanca ni del Capitolio.

Diego Valadés es Investigador del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM
Correo: diegovalades@yahoo.com.mx