Más de 25 millones de pesos pagan al año por escoltas de seis empleados de Gobierno.

Funcionarios blindados

Mientras los bajacalifornianos están vulnerables, sin seguridad ante el ataque del crimen organizado, las bandas de narcotraficantes, roba carros, asaltantes y defraudadores, los encargados de la seguridad en el estado gozan de un privilegio envidiable: En promedio cuentan con 18 agentes para que los protejan, los vigilen y los trasladen de un lugar a otro. El gasto, que pagan los ciudadanos finalmente, uno de los más altos. Sin embargo, las ejecuciones siguen: En 18 días de febrero, 24 muertos.

Adela Navarro Bello
Rosario Mosso Castro

En Baja California, de acuerdo a citas oficiales, particularmente del Secretario de Seguridad del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, existen siete mil 79 policías.

Considerando una población de dos millones 844 mil 469 bajacalifornianos, la estadística indica que hay un agente del orden por cada 401 habitantes. La desolación en materia de procuración de seguridad es evidente.

Pero no para seis personas.

Los principales funcionarios en materia de seguridad, acaparan a 108 policías, entre municipales, estatales y militares para integrar sus respectivas escoltas. Son los privilegiados del sistema.

Estos seis funcionarios en promedio, tienen cada uno a 18 policías a su exclusivo servicio y para su protección diaria. De su vida, de su casa, su oficina y sus vehículos.

En total, de acuerdo a los datos obtenidos de nóminas oficiales, la seguridad de estas seis personas le cuesta a los bajacalifornianos dos millones 124 mil 435 pesos al mes. 25 millones 493 mil 220 pesos al año.

Los funcionarios blindados, aquellos que gozan el privilegio de traer consigo escoltas armados las 24 horas del día los 365 días del año, son: Daniel de la Rosa Anaya, Secretario de Seguridad del Estado; Rommel Moreno Manjarrez, Procurador de Justicia de Baja California; Alberto Capella Ibarra, Secretario de Seguridad de Tijuana; Justo Buenaventura Jaimes, Director de la Policía Estatal Preventiva; Julián Leyzaola, Director de la Policía Municipal de Tijuana, y Eduardo Montero, Secretario de Seguridad Pública de Rosarito.

Mientras, el resto de los bajacalifornianos padecen en el día robos, asaltos, secuestros, ejecuciones y amenazas.

Entre 8 y 22 escoltas por cabeza

El Secretario de Seguridad Pública de Baja California, Daniel de la Rosa Anaya, tiene 22 escoltas a su servicio. Obviamente, todos pagados por la administración estatal. Lo protegen en sus trayectos, en su casa y en su oficina.

Aparte de los 22 elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que custodian al Secretario, el equipo cuenta con seis unidades. Tres de ellas blindadas.

Un policía promedio de la Estatal Preventiva asignado a la escolta de Daniel de la Rosa, tiene un salario de 19 mil 226 pesos al mes, de acuerdo a la información de la página de transparencia en el portal electrónico del Gobierno del Estado de Baja California. Una operación aritmética de lo más sencilla, permite promediar el costo por pago de sueldos a escoltas del Secretario de Seguridad al mes: 422 mil 972 pesos.

Poco menos de medio millón de pesos mensuales para pagar a las 22 personas que cuidan a Daniel de la Rosa Anaya. A ello debería sumársele el mantenimiento de seis unidades, tres de ellas blindadas, el costo por gasolina, el pago de radiocomunicación entre escoltas, telefonía celular y alimentación. Y sobre todo la diferencia de sueldos. Es un hecho, por ejemplo, que su jefe de escoltas no percibe lo mismo que un escolta común y corriente.

El Licenciado Rommel Moreno Manjarrez, Procurador General de Justicia de Baja California, no se queda atrás: Le tienen asignados 18 agentes de la Policía Estatal Preventiva, entre otros, para que lo cuiden. Le sirven de escoltas, guardias de seguridad y lo acompañan en sus giras por todo el territorio bajacaliforniano.

Considerando el sueldo promedio de un escolta de la PEP, al mes el Estado paga 346 mil 68 pesos nada más para cuidar al procurador. Si a esta suma le agregamos los 31 mil 661 pesos que devenga al mes el Jefe de Escoltas de Moreno, la cantidad se va arriba de los 370 mil pesos mensuales.

Pero nadie como el Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alberto Capella Ibarra, a quien el Ayuntamiento de Tijuana le asignó una escolta de 25 policías municipales divididos en ocasiones en tres turnos.

Revisados por nombre y asignación, los escoltas de los principales funcionarios en el Ayuntamiento de Tijuana tienen el cargo de Subcomandante Comisionado y perciben 25 mil 983.51 pesos mensuales. Lo que significa que la escolta de 25 policías que cuida a Alberto Capella le cuesta a los tijuanenses la friolera de 649 mil 587 pesos con 75 centavos.

Además, Alberto Capella, de acuerdo a una investigación de campo y observación de sus movimientos, cuenta con un promedio de ocho vehículos a su servicio, todos blancos, camionetas, pick ups y hasta una panel, donde se trasladan los escoltas y el Secretario de Seguridad de Tijuana. Para incrementar el misterio que rodea la seguridad de Capella, un escolta comentó: “Nunca sabes en cuál vehículo va el Secretario”.

Al igual que los casos estatales, al pago por servicios de seguridad de Capella Ibarra se le sumaría el gasto por mantenimiento de unidades, telefonía y radiocomunicación de escoltas, armas largas y gasolina.

Esto sin considerar que a raíz del atentado que sufrió Alberto Capella, antes siquiera de ser funcionario del Ayuntamiento de Tijuana, las autoridades locales están a cargo de su renta domiciliaria en hoteles, casa de seguridad o departamento oficial.

Con estos excesivos gastos para cuidar a una sola persona, fácilmente el Secretario de Seguridad de Tijuana es el funcionario no electo más caro de Baja California.

El Mayor Justo Buenaventura Jaimes, Director de la Policía Estatal Preventiva, trae oficialmente una escolta de ocho policías estatales preventivos, que a razón del promedio de pago a un guardia de esa corporación, gastarían los bajacalifornianos en la seguridad del militar, un promedio de 153 mil 808 pesos. Pero el Mayor quiere más. Recientemente inició los arreglos oficiales para contar con cuatro policías en su cuerpo de seguridad personal, con los que aumentaría a doce sus escoltas y la paga mensual ascendería a 230 mil 712 pesos.

Otro militar en el retiro, Julián Leyzaola, Director de la Policía Municipal en Tijuana, cuenta con seis vehículos para su protección y traslados. Además de 20 escoltas entre policías municipales y policías estatales preventivos.

Promediando el sueldo de un escolta estatal de 19 mil 226 pesos y el de un escolta municipal de 25 mil 983 pesos, el pago de los 20 guardias encargados de cuidar a Leyzaola, sería de 452 mil pesos al mes, más lo que se acumule por gastos de gasolina, mantenimiento de las seis unidades, radiocomunicación, telefonía celular y demás viáticos. En promedio cada vehículo, generalmente de seis u ocho cilindros, gasta unos ocho mil pesos mensuales en gasolina.

Al Secretario de Seguridad Pública de Rosarito, Jorge Eduardo Montero Álvarez, lo cuidan entre 13 y 15 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES), militares especializados en estrategias de “reacción”. Los pagos de esta nómina los hace el Ejército.

Un militar explicó que los GAFES están integrados por un capitán, tienen un teniente, un subteniente y el resto es tropa.  De acuerdo a la página de transparencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), sumados sueldos y prestaciones: un capitán primero, gana 14 mil pesos; capitán segundo, 12 mil pesos; sargento primero, siete mil 400 pesos; sargento segundo, siete mil pesos, y un cabo seis mil pesos.

Bajo ese criterio, si la guardia de Montero tiene un capitán, dos sargentos y 10 ó 12 cabos, el costo mensual por nómina es aproximadamente de 100 mil pesos.

Sin embargo, cabe agregar que existe la posibilidad que la información de la página no sea precisa, porque el sistema electrónico señala que un capitán gana entre 12 y 14 mil pesos, y ZETA conoce militares con ese rango con sueldos arriba de los 20 mil pesos mensuales promedio, además las prestaciones, entre ellas los 500 pesos que el Presidente Calderón recién les otorgó de manera retroactiva hasta enero de 2008.

Con estos antecedentes, producto de consulta con escoltas, funcionarios y las páginas de transparencia de los gobiernos, Daniel de la Rosa, Rommel Moreno, Alberto Capella, Justo Buenaventura Jaimes, Julián Leyzaola y Eduardo Montero, son los funcionarios más protegidos de la administración en Baja California.

Son los blindados.

PEP: Cuidadores de funcionarios

Se entrevistó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Licenciando Daniel de la Rosa, respecto al número de policías estatales preventivos y cuántos de ellos están comisionados como personal de protección. Su respuesta:

“En la Policía Estatal Preventiva  (PEP) tenemos aproximadamente 499 elementos; de ésos, hay un número considerable que está destinado a la coordinación de protección a funcionarios. Nosotros en la operatividad (trabajo de campo) traemos el número necesario requerido para las operaciones. Para este año esperamos contar con unos 40 elementos más de la Policía Estatal Preventiva para que reforcemos las áreas, sobre todo aquí en Tijuana y en Rosarito”.

No respondió la pregunta original. Se insistió en la solicitud de números, refiriendo que es del dominio público que los agentes estatales atienden comisiones de escolta con funcionarios y empresarios.

Como el diálogo se realizó mientras abandonaba el IV Congreso Estatal de Seguridad Privada en Tijuana, la conversación fue atestiguada de cerca por dos miembros de la escolta de De la Rosa, y ante la insistencia de cifras, surgió la mirada de desaprobación del guardia que iba al frente y parecía llevar la batuta de los movimientos, quien después volteó hacia su jefe diciendo que no con la cabeza. 

Sin inmutarse por la actitud del personal, De la Rosa agregó: “Sobre todo por la confianza que tiene la ciudadanía en la Policía Estatal Preventiva y que requiere, pues, de los servicios, tanto los ciudadanos como los funcionarios que también traen su protección traemos aproximadamente el 40 por ciento del total de elementos en coordinación de protección a funcionarios y empresarios.

En palabras más claras, si la Policía Estatal Preventiva cuenta con 499 elementos y el 40 por ciento se dedica a cuidar funcionarios, esto significa que 199 estatales preventivos no están protegiendo a los bajacalifornianos, sino a los funcionarios.

Respecto a quién paga la capacitaión especial de estos elementos, el secretario comentó: “A través de la academia estatal de seguridad pública, del instituto, estamos coadyuvando con todos los ayuntamientos con la capacitación de los cuerpos policíacos. Hay convenios donde se prioriza la capacitación  de los elementos de seguridad privada, para que ellos tengan una capacitación promedio y puedan dar un resultado en caso de alguna eventualidad; se trata de que reúnan por lo menos los estándares de calidad en materia de protección.

“Lo único con lo que nosotros coadyuvamos es con las instalaciones; ellos (empresarios) realizan los pagos correspondientes, y con los ayuntamientos hay los mecanismos de FOSEG (Fondo de Seguridad), convenios para servicios de capacitación y adiestramiento”.

A la pregunta de si el estado consideró una partida especial en el presupuesto para atender el servicio de guardaespaldas y su capacitación, agregó: “El presupuesto que traemos dentro de lo que se refiere al incremento de los elementos son estos 40, que pudieran ser algunos para operatividad y otros para custodia”.

Finalmente, señaló que todos los elementos de la PEP que están asignados como escoltas a funcionarios, sean municipales o estatales, son pagados con el presupuesto de esta corporación: “Siendo elementos de la Policías Estatal Preventiva es con costo al erario del estado, es una ayuda del estado, sobre todo ahorita porque estamos inmersos en los procesos de control y confianza que necesitamos que los mandos tengan la gente de confianza a su alrededor”.

Para obtener más datos numéricos, se revisó el presupuesto de egresos del estado. Los recursos asignados a la PEP están dentro del Programa 11 “Investigación e Inteligencia para la Seguridad Pública” y de acuerdo a estos datos, de los 499 elementos de la Policía Estatal, 99 agentes están comisionados al programa 851 “Coordinación de Protección Ejecutiva” y tienen asignado un presupuesto de 29 millones 100 mil 224 pesos. Ese programa es para atender a empresarios.

Conforme a lo declarado por De la Rosa de los 499 agentes, el 40 por ciento son escoltas, un total de 199 policías; de ellos, los datos oficiales del presupuestos indican que 93 están asignados a empresarios, lo que significa que 107 agentes PEP, que en papel están asignados en áreas operativas, están dedicados a proteger funcionarios.

Al final la realidad es que 199 policías, de alto grado de confiabilidad, de los más capacitados y de los mejor pagados, andan de guardaespaldas.

Este número de agentes está muy por encima de la cifra de policías estatales comisionados a labores preventivas y operativas en: Mexicali donde laboran 134; Tijuana a la que están asignados 144 agentes; o los 101 estatales que trabajan en Ensenada. Tecate y Rosarito ni siquiera tienen este tipo de agentes comisionados.

Además habrá que considerar que de los 358 agentes comisionados a los municipios deben salir los 107 policías que cuidan funcionarios, ya que no están considerados en un programa o presupuesto por separado. Al final quedan sólo 251 policías estatales preventivos, divididos en tres turnos, que andan repartidos en las calles de los cinco municipios combatiendo la inseguridad.

Escoltas en la mira

Los escoltas de funcionarios han sido históricamente un sector conflictivo. En junio de 1999 fue acribillado Héctor Meza Buelna, el entonces jefe de escoltas del Procurador Marco Antonio de la Fuente. Meza había sido acusado de corrupción en diversas ocasiones y en forma anónima presuntamente por sus mismos compañeros, pero el procurador se aferró a mantenerlo en el cargo. Lo asesinaron una noche cuando hacía ejercicio en el Parque de Jardines del Valle en Mexicali, en un crimen hasta la fecha no aclarado.

Otros escoltas que participaron en la protección del Gobernador Ernesto Ruffo también se vieron envueltos en conflictos judiciales, como Carlos González Félix quien fue detenido y enviado a Almoloya acusado de ser parte del Cártel Arellano Félix. Luego fue regresado a la cárcel de Ensenada y quedó libre. Fue asesinado en el fraccionamiento Los Pinos, en Mexicali, en octubre del 2003.

O el caso más sonado de José Ramón Velásquez, quien también fue parte de la escolta de Ruffo y quien fue asesinado en Mexicali a fines de abril del año pasado. No sólo fue masacrado a golpes, sino antes torturado y videograbado donde confesó ser jefe en Mexicali de la célula del Cártel de Sinaloa y participante en numerosos asesinatos y secuestros. Su cuerpo fue encontrado en una camioneta que dejaron estacionada frente a la casa del entonces Procurador Antonio Martínez Luna.

Rosarito: Militares protegen a Montero

El funcionario más blindado es el Secretario de Seguridad Pública de Rosarito, Jorge Eduardo Montero Álvarez. Al capitán retirado lo cuidan entre 13 y 15 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES).

La capacidad operativa de este grupo es evidente: Las vialidades se bloquean al paso de este jefe policiaco. Los soldados no permiten movimientos ciudadanos en los horarios y en las inmediaciones de los lugares a los que entra o sale Montero. Y las instalaciones donde permanece son vigiladas a punta de metralla.

La Segunda Zona Militar le asignó la guardia al capitán Montero, primero por ser parte de la milicia y después:

1.-  Por el atentado que sufrió el 18 de diciembre de 2007 en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad en Rosarito.

2.- Porque las primeras investigaciones revelaron la participación de policías municipales y acciones dilatorias por parte de las autoridades estatales. Así que no podían confiar en los locales.

Las medidas se tomaron a pesar que en el video que se tomó dentro de las instalaciones durante el atentado, mostró que los perpetradores no eran asesinos profesionales ya que cuando el capitán y sus colaboradores respondieron la agresión, huyeron del lugar arrastrándose asustados. Sin embargo un segundo ataque podría ser más preparado.

Funcionarios municipales que diariamente atestiguan la llegada de Montero y su guardia relataron. “Llegan en tres vehículos. El que trae al secretario viene en medio normalmente, y trae de tres a cinco soldados: los otros dos carros militares que le sirven de escolta traen dos soldados enfrente y tres en la caja. Cuando el capitán está en el Palacio Municipal, uno de los jeep se queda en medio del estacionamiento principal mirando hacia el norte con un soldado en posición de guardia o ataque, sosteniendo la metralla que trae el carro y viendo hacia la gente que va llegando.

“Los otros autos son estacionados normalmente y el resto de los soldados vigilan los otros puntos cardinales pero de una manera menos evidente y agresiva”.

Consultado como parte de la comisión de seguridad, el regidor Santiago Lepró manifestó que el cabildo tiene el convencimiento que el tema de la seguridad de Montero después del atentado no debe usarse como “grilla” y están conscientes que debe ser protegido.

Sin embargo, también admitió que el trabajo en seguridad continúa sin verse, sin tener resultados y que los rosaritenses le exponen continuamente su incredulidad respecto a la supuesta reducción de los índices delictivos. “La inseguridad no ha bajado, no lo sentimos”.

Con la tropa en contra debido a las constantes acusaciones, sin detenciones hechas por Montero, la inactividad es enfatizada por sus subordinados: “No ha nombrado un comandante, no ha presentado el programa de seguridad pública que por ley debía entregar antes del 18 de febrero, porque se la pasa en eventos organizados en Tijuana o reuniones con los militares. Por andar con el tema de su atentado no hace su trabajo”, reclamaron. Con y sin resultados, la seguridad de Montero la pagan los impuestos a través de la nómina del Ejército.

En Tecate paga el Estado

De la protección del Comandante y Director de Seguridad Pública de Tecate se responsabilizó el Gobierno del Estado y en pura nómina asciende aproximadamente a 192 mil pesos mensuales. Las primeras dos razones para que esto ocurriera fueron explicadas por regidores de la entidad:

1.- Porque el municipio tiene poco personal y sin capacitación adecuada.
2.- El ayuntamiento no tiene recursos suficientes.

La tercera motivación fue expuesta por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, quien se refirió a la necesidad de que los mandos estén rodeados de gente confiable. Los agentes policiacos están siendo sometidos al proceso de evaluación y confianza que aún no concluye.

El uso de empleados y presupuesto de la PEP en ese municipio fue justificado apenas inició la gestión, a partir del 4 de diciembre, cuando ocurrió el asesinato de José Juan Soriano Pereyra, comandante operativo de la Policía Municipal quien había recibido su nombramiento tres días antes del crimen.

Entraron a su casa y lo mataron en la madrugada; sus compañeros policías tardaron muchos minutos en responder al llamado de auxilio de familiares y vecinos a pesar de saber que la agresión había sido contra el recién nombrado jefe.

En aquel momento le fueron asignados seis elementos de guardia al director de seguridad también recién designado, Erick Lara Cabrera, quien llegó al puesto después de haberse desempeñado como policía estatal preventivo en puestos directivos operativos, así que de inicio su custodia estuvo a cargo de sus ex compañeros de la PEP.

Al comandante José Luciano Castro Bojórquez también le dieron guardias estatales, cuatro.

Consultados, agentes estatales informaron que sus sueldos oscilan entre los 12 mil y los 19 mil pesos y explicaron que algunos traen salarios de 11 mil pesos, pero la tropa que anda haciendo los operativos en las colonias reciben por nómina 12 mil 226 pesos al mes.

“Pero los que andan de escoltas tienen muchos privilegios y mejor sueldo, y no estamos seguros cómo les paguen porque su jornada no es de ocho horas como el resto del personal, en la nómina los ponen como comisionados o les dan cargos de comandantes o subcomandantes”.

La nómina revisada por ZETA refleja que los guardias personales de la PEP reciben sueldos que varían desde los 15 mil hasta los 24 mil pesos. Salarios que dependen del personaje que deben resguardar y del puesto que tengan dentro de la escolta.

“Puede haber custodios (que perciban) 12 mil pesos, pero cuando se trata de funcionarios que no son de primer nivel. Cuidar a gobernadores, alcaldes y secretarios, directores o comandantes de seguridad siempre es mejor pagado, entre los 20 y 25 mil pesos mensuales”, explicaron.

Así las cosas, el costo de la seguridad del director y el comandante actualmente es alrededor de los 192 mil 260 pesos mensuales, en puro sueldos. Habría que sumar los cinco autos y la gasolina.

En este municipio, los ciudadanos tampoco ven avances, ni proyecto, ni programas alternativos o cambios para combatir la inseguridad, por lo menos en términos de prevención. Con la excusa de que están en el proceso de depuración no hay nada, puntualizaron ediles de oposición. Lo que sí ven es al director de seguridad acompañando al alcalde en los recorridos por las colonias, como si se tratara de una estrategia de medios.
Total, más de dos millones de pesos en pagos mensuales a los escoltas de los funcionarios encargados de proveer seguridad a los bajacalifornianos. También, más de 100 elementos policíacos dedicados a esa exclusiva labor, mientras en Baja California estos funcionarios y sus respectivas corporaciones siguen sin dar resultados.
Al menos la ciudadanía no se siente tan segura como los funcionarios blindados. (Con información de Sergio Haro Cordero)

 Una hipótesis en ejecución de “El Gallito”: Grabaron video comprometedor

Asuntos de drogas

Los hombres ejecutados en las últimas dos semanas en Tijuana, consumían droga, la distribuían o tenían tratos con repartidores de enervante, esto de acuerdo a las primeras indagatorias de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Gente cercana a Jesús Rey David Alfaro Pulido “El Gallito”, aseguraron que en este caso, el problema se dio por un video que personal del músico grabó, generándole enfrentamientos con matones del tercer nivel del Cártel de los Arellano en una fiesta privada.

Aunque las pesquisas continúan, los investigadores presumen la participación de dos grupos delictivos coordinados.

Además, a menos de una semana de iniciada la averiguación, la autoridad identificó los cuerpos y pudieron verificar que existía relación entre la mayoría de los ejecutados, incluidos los hombres que aparecieron asesinados posteriormente sin letrero de amenaza contra el ejército.

os agentes encargados de los casos han encontrado un alto grado de participación y facilitación de datos en la comunidad, que les ha permitido esbozar las relaciones de los muertos con traficantes.

Las mismas declaraciones han revelado que algunos de los asuntos poco claros de los asesinados, coinciden en Mariscos Godoy como punto de reunión. De este centro de diversión, el 30 de octubre de 2007, agentes federales dejaron escapar a Luis Alfonso Velarde Solís o Raydel López Uriarte sicario del Cártel de los Arellano Félix conocido como “El Muletas” y por ser uno de los cobradores de cuentas del narco en la zona oriente.

En ese mismo operativo, los federales detuvieron entre otros, al cantante del grupo Explosión Norteña, Alberto Cervantes.

La identificación del cuerpo del cantante, Jesús Rey David Alfaro Pulido “El Gallito” fue el hilo conductor del trabajo oficial. Este hombre de 26 años fue localizado a las seis de la mañana del 12 de febrero en el fraccionamiento La Ciénega, quien había desaparecido el fin de semana antes de su muerte.

A él lo asesinaron antes de esa fecha, pero en la subprocuraduría no han precisado el dato. Su cadáver presentaba un surco completo de estrangulamiento, además de un orificio de bala que muestra cómo le dispararon por la espalda del lado izquierdo de la cabeza; su cuerpo fue depositado en un refrigerador y lo sacaron horas después que aparecieron los primeros cuerpos de ejecutados con letreros amenazando al ejército, con los cuales el cantante no tenía relación, o no ha sido establecida por la autoridad.

Cuando la familia de “El Gallito” identificó el cuerpo, informó que la última vez que supieron de él, estaba acompañado de su asistente José Guadalupe Topete y el representante Israel Flores, los cuerpos de ambos aparecieron 19 y 24 horas después respectivamente y fueron abandonados en lugares distintos, el primero en el Fraccionamiento Las Plazas, y el segundo en la vía Rápida Poniente.

Los golpearon y estrangularon como al cantante, pero no les dispararon.

Conforme a la investigación, los primeros datos arrojados de las declaraciones de amigos, familiares y testigos indican que Jesús Rey David Alfaro Pulido cantaba en fiestas privadas de traficantes, además se presentaba en lugares donde promueven los corridos de sicarios  locales como Mariscos Godoy, a partir de ahí se han desprendido dos hipótesis y versiones:

1.- La primera indica que a partir de sus presentaciones en ese ambiente, le ofrecieron droga al cantante y la había empezado a consumir, lo mismo que su representante, quien presumiblemente también empezó a distribuirla: tuvo problemas con el cártel por falta de cumplimiento, y su comportamiento arrastró a sus dos compañeros a la ejecución.

2.- En la segunda hipótesis, también responsabilizan a Israel Flores. La versión indica que acudieron a cantar a una fiesta de narcotraficantes de segundo nivel, y que el representante tomó video con su teléfono, los mafiosos le llamaron la atención y se lo prohibieron pero no hizo caso, el castigo fue la muerte.

Además, las investigaciones están detectando la posible relación de los homicidios del personal de “El Gallito” con otros dos ejecutados: el hombre localizado el 16 de febrero en la calle Guti Cárdenas de la colonia 20 de noviembre; y el hombre que ingresó y falleció en el Hospital General la mañana del 18 de febrero, tenía un orificio provocado  por arma de fuego en párpado izquierdo y  surco completo de estrangulamiento, a él lo ejecutaron el en ejido Mariano Matamoros.

Los investigadores también informaron que en el caso del policía municipal ejecutado, Luis Arturo Sánchez Herrera, los datos oficiales recabados indican que a pesar del bajo perfil, sí tenía relación con narcomenudistas del CAF con quienes había consolidado el contacto en su último mes de vida, y además conocía a dos de lo otros ejecutados en la víspera. (Investigaciones ZETA)

Es la quinta ocasión que evita la captura

Por 30 mil dólares dejaron ir a “El Muletas”

A las autoridades en Baja California tres veces se les ha escapado y dos veces han dejado ir a Raydel Velarde Solís o Luis Alfonso Velarde Solís, o Edgar Uriarte, o Raydel Uriarte, “El Muletas” o “El Titas”. Durante la semana que termina, agentes de dos corporaciones distintas hicieron llegar la información a ZETA:

La tercera semana de febrero, policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI)  dejaron ir a “El Muletas”. El sicario de la célula de Teodoro García Simental “El Teo”, del cártel Arellano Félix, les ofreció 30 mil dólares y los agentes aceptaron. Incluso esperaron para que otro delincuente les llevara el dinero.

Los primeros informes revelaron que un grupo de afis acudió a un domicilio ubicado en la delegación La Mesa con la consigna de capturar a un policía municipal a quien los federales le probaron su presunta relación con los narcotraficantes y secuestradores de la ciudad. No encontraron al agente municipal pero en el área detuvieron sin mayor problema a un grupo de más de 15 maleantes. Velarde Solís estaba entre ellos. Sus protectores ofrecieron dinero por la libertad de “El Muletas”, y los afis aceptaron.
Versiones policíacas indican que los federales sabían que se trataba de un “delincuente pesado”, pero no tenían la identidad precisa, situación difícil de creer considerando todas las veces que se les ha ido o lo han dejado escapar.
Este semanario buscó corroborar la información con directivos policíacos. Entre las cabezas de sector, y siempre con la consabida discreción sobre la identidad de los informantes, los datos fueron más generales: Informaron que sí conocen el caso, que efectivamente los federales realizaron un operativo en La Mesa y que de acuerdo al protocolo policiaco, uno de los agentes informó a sus superiores por radio los resultados, indicando un número determinado de personas detenidas, alrededor de 20.

Sin embargo cuando llegaron a las instalaciones para procesarlos, faltaban por lo menos tres detenidos. Argumentaron que el hecho se está investigando porque lo sucedido generó descontento.

La información no se ha publicitado porque no quieren que la corrupción de unos cuantos afecte el trabajo de coordinación y el delgado hilo de confianza interinstitucional que se ha generado en los últimos meses.

La estadística de huida de Velarde Solís es la siguiente:

* 9 de octubre de 2007.- Al Estadio Calimax a donde había acudido a ver un espectáculo de lucha libre; por un pitazo llegaron policías federales a capturarlo pero fueron demasiado obvios y el prófugo simplemente abandonó el lugar por la zona de peatones.

* 12 de octubre 2007.- Una segunda denuncia provocó que militares fueran a buscarlo en una casa del fraccionamiento Lomas Virreyes y no lo encontraron, en su lugar se llevaron a un ex policía.

* 30 de octubre de 2007.- Los federales llegaron por él a Mariscos Godoy, pero fue alertado y salió por la puerta de enfrente disfrazado de policía municipal, abordó un pick up y escapó.

* 17 de enero de 2008.- Versiones extraoficiales indican que participó en la balaceras de la casa de la cúpula en el fraccionamiento Cortez y que “logró huir” en medio del enfrentamiento a pesar que estaba rodeado por agentes de todas las corporaciones y soldados.

* Febrero de 2008.- Lo detuvieron como parte de un operativo federal y fue liberado a cambio de 30 mil dólares. (Investigaciones ZETA)