A cumplir

Por salud institucional, el Procurador General de Justicia de Baja California, licenciado Rommel Moreno Manjarrez, dijo que solicitaría las renuncias de todos los elementos que fueron señalados en actos de corrupción por el General Sergio Aponte Polito, en una carta pública.

Ahora el Procurador debe cumplir su palabra.

inicio de semana, José Heredia González, ex comandante de la Unidad Especializada Contra Delincuencia Organizada (UECO), antes del grupo Antisecuestros, y el licenciado Jesús Nelson Rodríguez, jefe de la UECO y del Grupo Antisecuestros, solicitaron su separación del cargo.

De ambos ex empleados sólo se sabe que vaciaron sus escritorios y se fueron a Estados Unidos, donde difícilmente les llegará algún citatorio producto de las investigaciones estatales o federales, en caso que éstas se lleven a cabo.

En el caso de los agentes de la Policía Ministerial, señalados públicamente como deshonestos, fue necesario que la Procuraduría emprendiera un proceso de separación del cargo para iniciar una averiguación previa. Es la situación de Armando Serrano, Antonio Rodríguez, Mario Quevedo, Pedro Guerrero y Humberto Salazar del Grupo de Robo de Vehículos, lo mismo que los Ministerios Públicos Alicia Gutiérrez y Ezequiel García.

Oficialmente, en la Procuraduría del Estado informaron que todas las notificaciones de suspensión fueron entregadas y se están cumpliendo. Sin embargo, funcionarios de la propia corporación aseguraron que la mayoría de los acusados siguen activos.

A este escenario intrincado de separaciones del cargo, se sumó el puente festivo del 1 al 5 de mayo, lo que impidió que aquellos en proceso de ser removidos, salgan de la Procuraduría.

De esta manera, a más de una semana de los señalamientos de corrupción del General Aponte y de la declaración del Procurador de solicitar las renuncias, éstas no se han hecho efectivas.

Es el caso también de la asesora del Fiscal Estatal, la licenciada Sonia Patricia Navarro, de quien no se ha notificado su estatus dentro de la Procuraduría General de Justicia de Baja California. Pero en contraparte, la ensenadense presentó una denuncia por difamación.

Estas actitudes, ineficiencias, rezagos y retrasos en los procesos de separación del cargo de funcionarios que han sido acusados públicamente de participar en actos deshonestos, dejan en claro que donde manda burocracia no gobierna Procurador.

Y todo esto sucede ante la presencia, y prácticamente inactividad, del departamento de Asuntos Internos de la Procuraduría, cuya titular es la licenciada Olga Manuela Holguín Alarid, quien, es evidente, no había detectado los casos de corrupción señalados por el General Sergio Aponte Polito.

Al cumplimiento de la palabra del Procurador para retirar del cargo a aquellos malos elementos, o a quienes están siendo investigados por el señalamiento público, se le debe sumar un fuerte operativo de inspección, supervisión, vigilancia e investigación por parte de los funcionarios del departamento de Asuntos Internos.

Es necesario que en la Procuraduría inicien las investigaciones internas para concluir con la limpia que el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, le exigió, también públicamente, al Procurador Rommel Moreno Manjarrez.

Que los dos cumplan a cabalidad es lo que la sociedad espera.