Adela Navarro Bello

Comunicación

El General Sergio Aponte Polito es un hombre bastante echado pa’lante.
Quienes le siguieron la pista desde que encabezó la guarnición militar en Sinaloa, estaban enterados de su dureza. Es un hombre, ni quien lo dude, de una sola pieza. Guerrerense, es de sangre caliente. Se le nota. No soporta un no por respuesta y le matan los obstáculos que encuentra en el gobierno civil para combatir la delincuencia organizada.

Definitivamente nadie duda de sus buenos propósitos. De su compromiso público de disminuir la estadística de la delincuencia organizada y capturar a aquellos que a través del terror han secuestrado la tranquilidad de los bajacalifornianos. Pero muchos se sorprendieron de su franqueza esta semana, cuando en una carta evidenció los que considera signos de la corrupción en las corporaciones policíacas y de procuración de justicia en Baja California.

Evidentemente el General considera que exhibir la corrupción es una forma de combatirla… No está del todo mal. El Procurador General de Justicia del Estado, Rommel Moreno Manjarrez reaccionó al militar: Solicitó la renuncia, separación del cargo o investigación de todos los hombres y las mujeres que fueron señalados de corrupción en el escrito del Militar. El Fiscal del Estado actuó en consecuencia de lo que semanas atrás solicitó al General: Pruebas de la corrupción.

Con esta acción y semejante reacción, podría darse por concluido cualquier tema. Pero no en Baja California. Acá empresarios, ciudadanos y funcionarios, seguirán fustigando al Militar para ofrecer más y mejores resultados, y al Procurador para hacer una urgente limpia al interior de la corporación que encabeza. No faltará el que le eche leña al fuego para sacar provecho.

Durante su trabajo en Sinaloa, Aponte Polito señaló a la sociedad por su complicidad con el narcotráfico. Al Gobernador por mantener colaboradores corruptos y a los policías por proteger delincuentes. Pocas veces se ha quedado con algo en su pecho. Menos cuando le piden que presente pruebas. Por eso reaccionó de manera pública en Baja California.

Por su parte, Rommel Moreno Manjarrez, el Procurador, también es una persona recia. Abogado con experiencia en temas de seguridad, su paso por la Procuraduría General de la República le acercó conocimientos sobre el delicado tema. No es un improvisado. De buenas intenciones está buscando acomodarse en la Procuraduría.

La reacción de Moreno Manjarrez de deslindarse de quienes han sido señalados de corrupción por el General, es prueba de su disposición. Ojalá el Presidente Calderón hubiese reaccionado así cuando empezaron a investigar a su Secretario de Gobernación acusado de negociaciones provechosas con PEMEX.

La disposición del Procurador y el compromiso del General, son dos conceptos que no deben estar distanciados. Evidentemente y ante el nivel de acción-reacción, a los dos los mueve una estricta pasión por lo que hacen. Procurador y General cargan con el compromiso que les proveyó el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán. A uno por designación, al otro por invitación.

En estas condiciones, ¿qué es lo que separa del camino de la colaboración a Aponte y Moreno? Por lo difícil de la pregunta se presume la simpleza de la respuesta: Comunicación. Bueno sería, para el Gobierno de Baja California, sentar en la mesa de la reconciliación al militar y al abogado. Unir los compromisos de dos personas que buscan la seguridad del estado y la tranquilidad de los ciudadanos, sería una buena razón. Cada uno en su ámbito, pero sin obstaculizarse, podrían contribuir a la paz de esta entidad.
La división entre los esfuerzos del General y los del Procurador, únicamente beneficia al crimen organizado. A nadie más. Que la premisa “divide y vencerás”, no sea la que impere en esta relación de una autoridad civil y una militar.
La verdad, no estamos para eso.