Adela Navarro Bello

Testimonio

Los Gobiernos en México son muy dados a culpar a otros de sus males, o de su carencia de resultados positivos ante la ineficacia de sus programas sociales. Es el caso que recientemente ha ocupado a la sociedad bajacaliforniana. Primero fue un empresario comparsa de la administración de José Guadalupe Osuna Millán, quien sugirió a periodistas no magnificar las notas sobre la violencia generalizada en el estado. De hecho los conminó, a los comunicadores, a dejar esa información en interiores y no en las primeras planas.

Y ahora de manera un poco más velada pero en el fondo con el mismo mensaje, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, refirió a propósito de las muertes de mandos de las policías federales en la Ciudad de México, que los medios deberían ayudar publicando las acciones “buenas” contra la inseguridad… y claro, no magnificar la propia violencia.

A reserva de la consabida llamada de la Presidencia de la República para aclarar que el Presidente no dijo lo que dijo sino que está la interpretación fuera de contexto (sí, en este gobierno también lo hacen) es justo mencionarle a Calderón, los casos que en Baja California han dejado a padres sin hijos, a hermanas sin hermanos; a huérfanos, a familias destruidas, desintegradas y dolidas debido al incremento de la violencia en la inseguridad que se vive, se respira y se transpira en el estado.

A la distancia, quizá el Presidente no esté al tanto de lo que acá ocurre. Es probable que sus colaboradores o incluso el Gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, no le informen lo que realmente sucede en esta comunidad consumida cada vez más por la inseguridad. A lo mejor ni enterado está que sus palabras hieren a las cientos de víctimas bajacalifornianas.

La solución no es pedir a los periodistas que digan tal o cual cosa, que le den preponderancia editorial a determinada noticia, tampoco solicitarle a la ciudadanía no salir de su casa como se le ocurrió a un funcionario municipal. Mucho menos, ignorar lo que es una realidad: La sociedad como tal, en Baja California, está caminando hacia la desintegración.

Baste el testimonio de varios miembros de la familia Enríquez Nishikawa, que en estos días recorre la Internet dando cuenta de las atrocidades que vivieron en sus últimos días como residentes de Tijuana. Cuando su tortura comenzó en julio de 2007 con el secuestro del hijo de 35 años. Sufrir las llamadas telefónicas, las amenazas, los daños físicos, las afrentas y el maltrato psicológico.

Ver consumirse la familia, y el producto de toda una vida de trabajo honesto. De esfuerzo colectivo para dar a los hijos lo mejor que se puede ofrecer, educación académica, moral, principios sólidos y respeto por su circunstancia. Vender lo que se tiene, empeñar algo más, solicitar la caridad familiar para pagar un rescate que nunca será suficiente. Imaginar la tortura del ser querido, perdido, arrebatado del seno familiar.

Pasar por esta terrible condición una y otra vez. La solicitud de otro rescate, la nueva amenaza, una mutilación, más ofensas. La familia Enríquez Nishikawa se vio extinguirse en cámara lenta, con asientos de primera fila y con los representantes del gobierno prometiendo una y otra vez seguridad, combate, ataques, refuerzos policíacos, mientras ellos, callados, amedrentados no podían gritar que nada de eso era suficiente.

Así transcurrieron los meses, las cuentas se vaciaron, se quedaron sin nada. Sin hijo, sin hermano, sin padre, sin amigo. El secuestrado no volvió. Los atacaron a balazos y la Policía Ministerial tuvo la “decencia” de acompañarlos a la línea internacional para cruzar a los Estados Unidos huyendo de la inseguridad, fraccionados.

Después otra víctima de la inseguridad: Los hechos violentos llevaron al padre a sufrir un infarto. Murió fuera del país por lo que acá ocurre.

Como ésta, muchas historias, pero pocos que se atrevan a contarlas.

En este contexto, el testimonio de esta familia destrozada por la inseguridad en Tijuana, nulifica cualquier “valiente” declaración del Presidente de la República, o del Gobernador del Estado, o el Presidente Municipal. La realidad, más allá de discursos políticos es otra:
La sociedad bajacaliforniana se está desintegrando.
¿Hasta cuándo?