Soberbia

El aumento de criminalidad es la mayor muestra que pueden dar los gobiernos de debilidad, incapacidad y maquillaje o manejo de cifras sesgadas en los resultados de su combate al crimen. Es también  la principal prueba de soberbia.

Ahora, con simplicidad, las autoridades estatales y municipales pretenden que a fuerza de discursos y comerciales televisivos, los ciudadanos crean que los crímenes de alto impacto están disminuyendo y que los delitos ejecutados por delincuentes del orden común no deben preocuparlos.

Como si las palabras tuviesen más valor que los secuestros, los robos a comercios y a casas. Ni qué decir del comerciante acribillado o el cadáver abandonado al lado de una escuela primaria. Todos, hechos atestiguados por los tijuanenses en esta semana que termina.

Adicionalmente, Rosarito y Mexicali también tuvieron su cota de muertes y plagios. 10 personas asesinadas en 24 horas a principio de semana en el estado, y desde entonces otras cuatro muertes.

Para defender su imagen y postura, desde la estructura del Gobierno del Estado comandada por el gobernador José Guadalupe Osuna o el Secretario General Francisco Blake, emitieron discursos en dos extraños sentidos. Los voceros fueron el Secretario de Seguridad, Daniel de la Rosa y el Procurador de Justicia, Rommel Moreno.

Aseguraron el par de funcionarios, que la baja de delitos de alto impacto era resultado de la coordinación policíaca y que los asesinatos no estaban relacionados, que no correspondían al crimen organizado, como si esto les restara gravedad.

Es, a estas alturas, una irresponsabilidad presumir una coordinación, cuando las autoridades no han realizado operativos importantes desde abril y menos de manera conjunta. Ese vocablo no cabe cuando la PGR no ha cumplido con detener a los lugartenientes o sicarios del cártel del los Arellano a pesar de la existencia de señalamientos y denuncias.

Dolorosamente, los ciudadanos perciben que la única coordinación que ha mermado algunos de los delitos de alto impacto ha sido la de una tregua entre los miembros del crimen organizado que tienen a la sociedad a su merced al continuar en libertad.

Para la comunidad también es imposible sentirse aliviada al saber que “teóricamente” los asaltos a bancos, de auto y asesinatos padecidos en junio, no fueron ejecutados por criminales del cártel, porque esto significa que “cualquiera” cree que puede, sin consecuencias, robar una institución financiera, matar a una mujer para quitarle el vehículo, o utilizar a dos mujeres de la vida galante como tiros al blanco.

Situación que en los recientes crímenes ha mostrado ser realidad porque ni en Tijuana ni en Rosarito, fueron detenidos los responsables de los asesinatos en el lapso crítico de las primeras 72 horas. De hecho sólo en dos de los casos tienen identificados a presuntos responsables: el que mató al policía municipal que fue señalado por más de 20 personas y que sigue libre.

Lo más grave es que esto significaría que el número de posibles ladrones y asesinos crecería exponencialmente, lo cual no es razón para alegrarse y resulta irresponsable que un funcionario de primer nivel lo diga en público, sea por orden de su máximo jefe o por mutuo propio.

Realmente la añeja necesidad de los bajacalifornianos son resultados reales, palpables.

Además, claro, que se evitara el uso de discursos desafortunados que sólo le sirve al Gobierno del Estado como una mala defensa.