Utiliza la fuerza pública para sofocar manifestaciones ciudadanas.

GOBIERNO REPRESOR

La Policía Estatal Preventiva, la Municipal y hasta la Federal, siguen las órdenes del Gobernador del Estado para reprimir manifestaciones, sofocar marchas, minimizar plantones y controlar a los maestros. Como nunca, la administración panista de Osuna Millán está cerrada al diálogo, preponderando la violencia contra los movimientos sociales.

Adela Navarro Bello

Maestros, médicos, políticos, colonos, estudiantes, no hay sector que se salve de la represión en el Gobierno de José Guadalupe Osuna Millán.

Con el mismo rasero son tratadas organizaciones como la erigida en pro de la búsqueda de los desaparecidos en Baja California.

En la cuarta administración panista en el gobierno del Estado, la represión se ha recrudecido. No hay diálogo, mucho menos respuesta o solución a los problemas que aquejan a la ciudadanía y que son el detonador de las muchas manifestaciones que en las últimas semanas se han observado en los distintos municipios.

La utilización de la fuerza pública para sofocar la inconformidad social ante la injusticia, la inseguridad o la incertidumbre jurídica ha prevalecido aun frente a las ideas para llegar a acuerdos. Este escenario de confrontación, donde es evidente que el Estado tiene superioridad, parece ser la constante en la administración osunista.

El último hecho de represión hacia la inconformidad ciudadana lo efectuó el Gobierno del Estado mientras el mandatario se encontraba de gira por España acompañando al Presidente Felipe Calderón.

La presentación de Montoya
El miércoles 11 de junio, casi llegando a la Laguna Salada luego de iniciar una marcha en Tijuana con destino al Centro Cívico en Mexicali, Ricardo Montoya Obeso fue detenido. De ello fueron testigos los ochenta seguidores que acompañaron al líder social.

Para aprehenderlo, la Procuraduría General de Justicia del Estado envió, vía fax desde Tijuana y a las oficinas de la Policía Ministerial en Mexicali, una orden de presentación.

Para truncar la marcha de colonos, llegaron 35 ministeriales a las inmediaciones de la Laguna Salada. Sin que opusiera resistencia, los agentes se llevaron a Montoya Obeso. Lo trasladaron a las oficinas de la Policía Ministerial en Tecate, y de ahí, los agentes estatales de ese municipio lo llevaron a las oficinas de la ministerial en Tijuana.

La Procuraduría del Estado movilizó, para presentar al activista social a un Juzgado, a policías ministeriales de tres municipios.
Ricardo Montoya explicó:

“Hicieron una marranada al estilo de la Procuraduría, yo ya había sido citado en otra denuncia de los mismos hechos, y aporté pruebas de que había un fraude procesal, y ahora dicen: ‘como esta averiguación no está desahogada porque faltan unas pruebas’, hacen otra denuncia, y sin ser citado a declarar nadie, piden la restitución del inmueble supuestamente despojado, incluso antes de iniciar el desahogo de las pruebas, sin estar integrada la averiguación ni estar iniciada. Por eso me hacen comparecer, que dizque porque no me encontraron, pero fue con ánimos de destruir la marcha”.

El problema es que seguidores de Montoya Obeso se instalaron en unos terrenos adyacentes a la colonia Tres de Octubre, producto de hecho de una invasión que en 1991, llevó al líder social a prisión durante la administración panista de Ernesto Ruffo Appel. Como en aquella ocasión, Osuna Millán aplicó toda la fuerza del estado para presentar a un líder social.

Los terrenos de los cuales se posesionaron seguidores de Montoya Obeso, son presuntamente propiedad de Enrique Armando Vargas García, aun cuando los colonos alegan que tales predios le pertenecen a la nación y ellos están en trámites, desde hace siete meses, para adquirirlos ante la Reforma Agraria.

En este contexto, Montoya Obeso refirió: “Es indudable que está de por medio la mordida por la siguiente razón: ¿Por qué tanto interés de la Procuraduría en integrar una averiguación? Porque hay interés de parte y eso se llama billete. Resulta que nunca me habían citado, y me citan el día once pero con orden de presentación.

“La orden de presentación la mandan por fax a la policía ministerial de Mexicali, y la resellan con los sellos de aquí, o sea sobre el sello de la fotocopia del fax, ponen el sello de aquí, y así ejecutan la orden”.

Reflexionó el activista: “Me puse a observar y qué cochinos son: Como ya había sido citado yo, y encontraron que no podían hacer la restitución, hacen una nueva denuncia penal, no declara nadie, piden la restitución del bien, no declara nadie y dicen que restituyeron el día cuatro”. Aun así la orden de presentación a Montoya se liberó el 11 de junio, o sea, siete días después de la supuesta restitución del predio.

El exceso en la utilización de la fuerza pública del gobierno osunista en este caso, se da desde el momento en que se movilizan agentes policíacos de tres municipios para cumplimentar una orden de presentación que fue emitida el mismo día. Esa es la justicia expedita, determinada a discreción por el Gobernador y el Procurador del Estado.

Sin embargo, la utilización de la fuerza pública para presentar a Montoya y reprimir la marcha ciudadana, no dio frutos. Luego que se presentó a declarar y lo dejaron en libertad, Ricardo Montoya se regresó al desierto de Mexicali para continuar con su peregrinación.

La mañana del jueves 12 de junio arribó a la capital del Estado donde fue atendido primero por dos diputados del PANAL, Alfredo Ferreiro y Carlos Angulo Rentería, mismos que les organizaron una reunión en el centro de Gobierno, pero no con el Gobernador, que estaba de gira, ni con el Secretario de Gobierno, que debería atender esos casos, sino con el director de gobierno, Arturo Durazo Islas.

Pero el conflicto no ha sido concluido, dado que el proceso legal sigue su marcha, y los colonos se reunirán la próxima semana con representantes de la Reforma Agraria y del Gobierno del Estado.

Maestras golpeadas
El 4 de junio en Mexicali, el Gobernador Osuna Millán utilizó toda la fuerza pública, Policía Municipal, Estatal Preventiva y Federal, para detener una manifestación de maestros en las inmediaciones de la garita internacional.

En lugar de un mediador o facilitador por parte del gobierno de Baja California, los maestros recibieron macanazos, fueron lanzados al aire, los detuvieron, los enfrentaron a los escudos de los agentes, los golpearon física y verbalmente.

Es evidente, con lo ocurrido en Mexicali, que Osuna Millán no tiene oídos para el pueblo que lo eligió. También es un hecho, que el Secretario General de Gobierno, José Francisco Blake Mora, no está cumpliendo con su labor de controlar la política interna en el estado.

Los maestros manifestantes en la capital del estado se alzaron contra lo que consideran les afecta en su economía y trabajo: La nueva Ley del ISSSTE, que ciertamente fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero sobre la cual el Gobernador no ha mostrado apoyo a su ciudadanía, aún cuando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación suman más de 200 mil los amparos contra la regulación federal.

Hasta el cierre de esta edición el jueves 12 de junio, mientras el Gobernador se encontraba de gira por España acompañado al Presidente Felipe Calderón Hinojosa, los maestros continuaban sin tener una respuesta favorable al diálogo y la representación por parte de la administración panista en el estado. Anunciaron así, nuevas manifestaciones, una para el lunes 16 de junio.

Felipe Salazar, abogado de los maestros, dijo que lo sucedido a sus representados el cuatro de junio, fue “un exceso del uso de la fuerza pública”. Explicó:

“Los maestros no bloquearon nada, se pusieron en el camellón, fue la autoridad aduanal la que cerró las puertas, los policías del estado llegaron con los escudos golpeando a las señoras, porque en su mayoría eran maestras y mujeres de la tercera edad ya jubiladas.

“A las señoras las esposaron, las arrastraron, a una mujer de 65 años la dejaron tirada y la pisotearon”.

Sin embargo y a pesar de las pruebas gráficas de la represión y la violencia por parte de Policías Estatales Preventivos hacia los maestros, el Ministerio Público del orden Común no puede castigar a nadie por los heridos y demás víctimas, “el MP se escuda en las capuchas que llevaban puestas los policías, para decir que no puede actuar contra alguien porque no se reconoce a las personas”. O sea, hay delito, pero no hay responsable.

El abogado complementó:

“Quedaron en la intención de investigar pero no van a ir contra una persona; identifican a una corporación pero no a una persona. Existe delito pero no hay responsables, aunque para nosotros el responsable es quien dio la orden, en este caso el Secretario de Seguridad y hasta el Gobernador”.

Salazar se desahogó: “Es reprobable la actitud del gobierno, deben poner orden público, sí, pero sin a dañar a otros por salvaguardar a terceros. Sin lastimar a las personas con el exceso de violencia”.

Organismo ignorado
La Asociación Esperanza Contra las Desapariciones Forzadas, es un organismo que nace a partir de los muchos casos de jóvenes y adultos que fueron desaparecidos por grupos del crimen organizado, policías, ex agentes y secuestradores. La falta de solución por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado a estos casos, llevó a los familiares dolientes a unirse en un organismo que exigiera a las autoridades, la investigación de las desapariciones.

Durante años, en el Gobierno de Eugenio Elorduy Walther y la Procuraduría en manos de Antonio Martínez Luna, la Asociación Esperanza fue ninguneada, engañada e ignorada. En su campaña, José Guadalupe Osuna Millán prometió escucharlos. Lo mismo que a los maestros.

Sin embargo, una vez en el Gobierno, el mandatario no atendió el llamado de auxilio de los familiares de más de mil 300 desaparecidos en el estado. Aun cuando tomó posesión en noviembre de 2007, Osuna Millán recibió a la Asociación Esperanza hasta el 23 de abril de 2008. Ahí acordaron crear la Fiscalía para los Desaparecidos, y además, reunirse en quince días para presentarles a los interesados, una terna para seleccionar Fiscal y detallar los pormenores de la fiscalía.

Los quince días fenecieron el 8 de mayo, y hasta el jueves 12 de junio, el Gobierno del Estado no había programado otra reunión con los integrantes de la Asociación Esperanza. Alma Díaz, la actual coordinadora del organismo, comentó que ve cierta voluntad en Osuna Millán, pero que sus principales colaboradores no le dan importancia al asunto de las desapariciones, “al gobernador le faltan asesores”, dijo Díaz, para después informar que el segundo plazo que el Gobierno les dio para reunirse con ellos fue el 15 de junio, que si la cita no se concreta, a partir del lunes 16 del mismo mes, iniciarán más manifestaciones.

La misma represión de la que han sido objeto Ricardo Montoya, los maestros en Mexicali o la Asociación Esperanza, ha sido el tenor con que se ha tratado a otros sectores de la sociedad como los médicos, que cuando se manifestaron a finales de mayo en la ciudad de Tijuana, la Policía Municipal cerró los accesos a la manifestación de tal forma que la ciudadanía no percibió el alzamiento de los galenos ante el clima de inseguridad.

Los médicos, por el altavoz e instalados en la Glorieta Cuauhtémoc del bulevar del mismo nombre, pidieron la presencia del Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, pero su voz no se escuchó hasta Mexicali, donde mayormente se encuentra el mandatario sin considerar que la política social, es un fracaso en su administración.