Rosario Mosso Castro

Cuatro años

Dolor e impotencia ante la nula justicia son sentimientos harto conocidos por los bajacalifornianos y compartidos de manera permanente por quienes trabajamos en ZETA.

El próximo domingo 22 de junio se cumplirán cuatro años de que un grupo de asesinos  cegó la vida de nuestro Editor de Información General, Licenciado Francisco Javier Ortiz Franco. El ataque al periodista y abogado fue llevado al extremo de la crueldad al ser cometido frente a sus dos hijos menores.

Las balas que le quitaron la vida a Francisco dejaron un gran pesar en su entorno familiar, un vacío en todos los que trabajamos y aprendimos bajo su guía y a la sociedad bajacaliforniana, sin una pluma valiente, crítica, razonada.

Por su formación personal y profesional, Ortiz Franco siempre representó esa justicia imparcial y serena, que fundamentado en la ley, acostumbraba orientar el combate a las injusticias e ilegalidades.

A cuatro años de su trágica muerte, no podemos dejar de exigir de manera constante y permanente a las autoridades, que cumplan con su obligación de investigar, detener y condenar a quienes le dispararon cobardemente.

Mil 458 días han pasado sin que los gobiernos priístas y panistas detengan a los asesinos del Editor de ZETA. Se consuman así cuatro años de impunidad que debería avergonzar a más de uno.

Investigadores policiacos argumentan que las 72 horas posteriores a los crímenes son determinantes para su resolución; sin embargo para la familia Ortiz Ramírez y la familia ZETA han pasado casi 35 mil horas sin resultados. A pesar que de manera prácticamente inmediata al asesinato, indagatorias de este semanario, basadas en averiguaciones policiacas, permitieron publicar los nombres de por lo menos cinco presuntos agresor.

Investigaciones revelaron que los principales sospechosos de ordenar el crimen del periodista fueron: Arturo Villarreal Heredia “El Nalgón”, Heriberto Lazcano “El Lazca”, José Briceño “El Cholo”; y los perpetradores, Eduardo Ronquillo Medina “El Niño”, Armando Gálvez Flores, Carlos Ignacio Acosta Ibarra alias “Big Boy” y dos agentes ministeriales no identificados.

Después del ataque, Acosta Ibarra y Ronquillo Medina fueron detenidos por indagaciones en 2004 y 2005, respectivamente, para luego dejarlos en libertad sin ser investigados sobre el homicidio del Editor. Más tarde fueron ejecutados por luchas internas del cártel de los hermanos Arellano Félix.

A Villarreal Heredia lo detuvieron el 14 de agosto de 2006, cuando acompañaba a Javier Arellano Félix  “El Tigrillo. Ambos juzgados en Estados Unidos, en la corte del Distrito Sur de San Diego. La Fiscal Laura Duffy sumó a una serie de cargos hacia Villarreal Heredia, la sospecha de ser el autor intelectual del asesinato del periodista y Editor de ZETA. Pero esta argumentación no fue suficiente para que las autoridades mexicanas contribuyeran al caso en la Unión Americana.

De Armando Gálvez Flores no se ha sabido nada, mientras Heriberto Lazcano “El Lazca”  es señalado aún por ser el jefe de “Los Zetas”, el grupo armado del Cártel del Golfo. A Jorge Briceño “El Cholo” lo está acabando una enfermedad mortal, según fuentes extraoficiales. 

Hace dos semanas, justo el 9 de junio de 2008, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa recibió en su oficina a integrantes del Comité para la Protección a los Periodistas, entre ellos a su Presidente, Paul Steiger; al Director Ejecutivo, Joel Simmons, y al encargado de las Américas, Carlos Lauria.

Los defensores de los periodistas le llevaron al mandatario tres casos impunes de periodistas asesinados en México. El expediente de Francisco Javier Ortiz Franco, el del periodista norteamericano asesinado en Oaxaca, Will Bradley, y el del reportero televisivo Amado Ramírez Dillanes. Exigieron al Presidente la solución de los crímenes, además de la federalización de los casos de agresiones a periodistas.

Desde Baja California hacemos en ZETA un llamado al Presidente Felipe Calderón Hinojosa para solucione lo que Vicente Fox Quesada no pudo y en la Procuraduría General de la República no han avanzado: El asesinato del periodista Francisco Javier Ortiz Franco, cometido el 22 de junio de 2004.

Después de todo, siendo un caso que la PGR atrajo, es responsabilidad del mandatario nacional llevarlo a buen fin y contribuir con ello al inicio del fin de la impunidad para los asesinos de periodistas.