Colegio en Playas de Tijuana corre peligro de derrumbe.

Escuelas particulares en riesgo

En Tijuana no existe autoridad alguna que vigile periódicamente la seguridad de los edificios de las escuelas privadas. Incluso, expertos en la materia aseguran que los colegios particulares “están a la mano de Dios”. Y mientras los padres de familia continúan pagando costosas inscripciones y colegiaturas, los directivos sólo se empeñan en ocultar el peligro al que los alumnos son expuestos a diario.

Luis Alonso Pérez

Es difícil pensar que un padre de familia inscribiría a sus hijos en un colegio con un edificio que pone su vida en peligro. Y encima de eso, pagar alrededor de 30 mil pesos al año en colegiaturas, inscripción y materiales.

Exactamente eso fue lo que hicieron los padres de familia con hijos que cursaron el pasado ciclo escolar en la primaria Highland Prince, de Playas de Tijuana. Alojada en un edificio, que de acuerdo a una inspección de diversas autoridades municipales, presenta daños estructurales con “un alto riesgo de colapso, y sobre todo aumentando la vulnerabilidad de riesgo a los niños y personal docente”.

El problema es que los padres no lo sabían o no tenían conocimiento del nivel de amenaza al que los niños han sido expuestos.

Peor aún, éste no tendría que ser el único caso considerando que tan sólo en Tijuana existen 485 primarias particulares, donde estudian más de 42 mil alumnos.

Para el Sistema Educativo Estatal es imposible determinar cuántas escuelas privadas podrían encontrarse en una situación similar. “Esperemos que no haya ninguna”, expresó el delegado de Tijuana, Luis Héctor Barajas Rodríguez, quien aclaró que la inspección de inmuebles no está contemplada dentro de sus facultades.

“Los permisos de uso de suelo y de operación los otorga el municipio, lo único que nosotros hacemos es darles la incorporación cuando cumplen con estos requisitos”.

La Dirección de Control Urbano de Tijuana, dependencia responsable de otorgar los permisos de operación y uso de suelo, tampoco está facultada ni cuenta con el personal para inspeccionar periódicamente los edificios de primera necesidad como lo son escuelas, hospitales o instalaciones de gobierno.

“Si nosotros vamos pasando por una colonia y vemos que hay un movimiento de tierra o una construcción sin el permiso visible, obviamente vamos a parar la obra y citar a los responsables”, aseguró el subdirector de Control Urbano, Francisco Cordero.

Lo más grave es que hasta el momento las autoridades no han puesto en marcha mecanismos de inspección para verificar periódicamente el estado de los edificios de las escuelas privadas.

Con más de una década de velar por la seguridad ciudadana, Antonio Rosquillas, director del departamento de Protección Civil de Tijuana, considera que “las escuelas particulares están a la mano de Dios”, ya que después de obtener su permiso de operación muchas de ellas “hacen lo que se les pega la gana.

“Es un problema muy serio en toda la región”, puntualiza Rosquillas, consciente de que muchas bodegas, hoteles o centros deportivos —como en el caso de la primaria “Highland Prince Academy”— fueron convertidos en planteles escolares.

“Afortunadamente hay un pleito legal con ese terreno y una de las partes usa como argumento la inseguridad de la escuela”, expone el titular de Protección Civil, al hacer referencia a un embrollo legal entre los actuales posesionarios y Randolfo Vignali, propietario del inmueble, que denunció el incumplimiento del contrato de venta por parte de los dueños de la escuela.

“Si bien este señor está buscando un interés propio, encontró este riesgo a los estudiantes”, agrega Rosquillas, considerando válida la denuncia, ya que de otra manera las autoridades no habrían notado las evidentes irregularidades.

Caso Highland Prince
La denuncia interpuesta por Randolfo Vignali a las autoridades municipales resultó en un dictamen técnico ocular realizado por el personal de Administración Urbana, con resultados contundentes.

Inicialmente se descubrió que a lo largo de los años se había realizado una serie de remodelaciones a la escuela para adecuarla a sus necesidades. En un principio, el inmueble era un centro deportivo. El problema es que no se contaba con licencia de construcción para llevar a cabo dichas alteraciones al edificio.

Durante la inspección ocular se pudo observar que se realizaron modificaciones estructurales al área posterior del edificio en planta baja. Se demolieron muros de carga, columnas y trabes, “propiciando claros mayores a los proyectados sin un debido cálculo estructural y una supervisión por un profesional en la materia”, según señala el punto número cuatro de las recomendaciones del mencionado dictamen técnico, con fecha de recibido por los responsables de la escuela, del 27 de mayo de 2008.

“Esto provoca mayor inestabilidad y posible fatiga y un alto riesgo de colapso, y sobre todo aumentando la vulnerabilidad de riesgo a los niños y personal docente”.

Por lo tanto se determinó que el primer y segundo nivel “no deberá ser utilizado hasta en tanto no se realice la revisión estructural y se lleven a cabo los trabajos de demolición de dicha losa, o bien, lo que indiquen los resultados de estudios de un ingeniero civil con especialidad en estructuras”.

El punto número cinco del dictamen técnico indica que la estructura a base de concreto armado que delimita el área de la alberca y el área del pasillo, donde se ubican unas mesitas para uso de los niños durante el recreo, “deberá ser demolida en virtud a los daños estructurales y al riesgo de colapso que representan los trabes, volviéndolo vulnerables de alto riesgo a los niños”.

Éstos fueron los principales motivos por los cuales Control Urbano determinó clausurar las áreas consideradas de alto riesgo, incluyendo cuatro salones de clases, hasta que los posesionarios del edificio, es decir los propietarios de la escuela, no acaten las disposiciones municipales y efectúen los estudios de seguridad pertinentes.

Highand Prince: su versión de los hechos
A pesar de que las irregularidades mencionadas provienen de un dictamen técnico ocular realizado por personal de la Dirección de Administración Urbana del XIX Ayuntamiento de Tijuana, el director de la escuela, León Hernández, sostiene que lo que sucede en su plantel educativo dista de lo establecido en el documento oficial.

Incluso acusó a las autoridades municipales de copiar textualmente un peritaje efectuado por el ingeniero Pedro Fernández, a quien llama “cómplice” de Vignali.

Mediante una entrevista efectuada por correo electrónico (dado a que el director no recibió personalmente a ZETA argumentando falta de tiempo) Hernández asegura que “la escuela cuenta con todos los permisos federales expedidos por las oficinas gubernamentales estatales y federales, en materia educativa, que son las competentes para otorgar los permisos de una escuela. No obstante lo anterior, se encuentra en trámite el requisito que ha solicitado el municipio”.

En relación con el punto número cuatro del dictamen técnico, el director de la primaria afirma que no se recomienda que sean demolidas las edificaciones aludidas. “Lo que se menciona en el mismo es que en dicha área (primer y segundo nivel) donde se realizaron modificaciones no debe ser utilizada en tanto no se realice una revisión estructural; o bien, que se lleven a cabo los trabajos de demolición; o bien, lo que indiquen las sugerencias de un ingeniero civil con especialidad en estructuras”.

Y agregó “el perito del municipio, si bien alude una demolición, lo plantea como una opción alterna y extrema, que se encuentra sujeta a que se haga una revisión estructural, o en su caso lo que indique un ingeniero civil con especialidad en estructuras”.

Por otro lado, Hernández menciona que “el perito o asesor externo de la Dirección de Administración Urbana, ingeniero Pedro Fernández Sotelo (quien ha trabajado coludido con Randolfo Vignali Avedaño en otro asunto) determinó sin haber hecho una revisión estructural y, además, sin contar con especialidad en estructuras”.

Por lo que respecta al punto cinco el directivo indica que “el perito alude a una obra cuya demolición se sugiere, ciertamente, y que se trata precisamente de unas trabes de liga que se encuentran en el pasillo de la alberca, las cuales ya han sido demolidas”.

Estos cambios al inmueble no pudieron ser verificados personalmente por ZETA, dado que León Hernández no permitió la entrada a la escuela a ningún reportero o fotógrafo de este medio.

Al cuestionársele si ya habían acatado en su totalidad las indicaciones estipuladas en el dictamen técnico hechas por Protección Civil, Hernández confirmó que “ya se cumplieron con todas ellas y estamos en espera del dictamen final”.

Escuelas inseguras no podrán operar
El Sistema Educativo Estatal (SEE) determinó que si la escuela Highland Prince no cumple con las disposiciones requeridas por las autoridades municipales no podrá operar a partir del siguiente ciclo escolar, informó el departamento de comunicación de SEE.

Debido a que no están facultados para realizar inspecciones estructurales a los edificios de las escuelas, los retiros de los permisos de operación para escuelas privadas, conocidas comúnmente como “incorporaciones”, son una de las pocas medidas con las que cuenta el SEE para obligar a los propietarios a mantener las instalaciones en buenas condiciones.

Sin embargo, el delegado del SEE en Tijuana, Luis Héctor Barajas Rodríguez, asegura que “si nosotros detectamos en alguna anomalía durante las visitas de inspección debemos reportarlo inmediatamente al departamento de Protección Civil para que lo revisen y si es necesario vuelvan a dictaminar sobre las condiciones del edificio”.

Esto resulta difícil de creer; los inspectores escolares realizan tres visitas a cada escuela cada ciclo, y como muestran las fotos tomadas durante la inspección ocular a la primaria Highland Prince, los daños al inmueble son tan evidentes que hasta un inspector sin conocimiento de arquitectura o ingeniería podría notarlos.

Ante esta situación, Barajas explica que esa labor no es exclusiva de las autoridades educativas o de protección civil; también los mismos directores, como responsables de una institución, tienen que estar al pendiente. “El director tiene que velar siempre por la seguridad de los alumnos y por el buen funcionamiento de su institución”.

El delegado del SEE en Tijuana aseguró que se busca un acercamiento con el departamento de Protección Civil municipal para que durante el próximo ciclo escolar los inspectores a su cargo puedan canalizar cualquier anomalía que detecten para así generar inspecciones de seguridad rigurosas.

Al mismo tiempo se busca crear conciencia entre los directores y propietarios de las escuelas, así como entre los padres de familia para que actúen con más prudencia a la hora de elegir una escuela privada y realmente pongan de su parte para velar por la seguridad de los jóvenes estudiantes.

Una cultura de la prevención
De acuerdo con el director de Protección Civil de Tijuana, Antonio Rosquillas, hace falta mucha vigilancia a las escuelas particulares.

“Por varios años tuvimos una comunicación muy estrecha con el sistema educativo, con lo que esta dependencia estatal recurría a Protección Civil para verificar el proceso de obtención del permiso a escuelas particulares y asegurarse de que llenaran los requisitos fundamentales de seguridad”.

Ahí fue cuando el departamento que ahora está a su cargo pudo darse cuenta de que la mayoría de las escuelas no llenan los requisitos básicos establecidos en la ley de edificaciones del gobierno del estado. “Estos edificios tienen que regirse bajo códigos de seguridad celosos, y no se está haciendo”.

Pese a ello subraya que también existen muchas otras escuelas particulares preocupadas por la seguridad de sus alumnos al grado de que son las propias autoridades escolares las que piden revisiones.

“Nosotros nos concretamos a hacer evaluaciones de seguridad no estructural, es decir, evitar que se caigan objetos encima, lesiones con vidrios de las ventanas, fugas de agua y gas, entre otras”.

Rosquillas estima que la seguridad estructural de un edificio tiene que caer sobre un perito especialista en estructuras con un alto conocimiento de los riesgos sísmicos de la región. Asimismo, los peritajes deben ser ordenados a través de Administración Urbana.

Más allá de deslindar responsabilidades a las diversas dependencias en materia de seguridad, el titular de Protección Civil plantea que es de vital importancia crear una cultura de la prevención.

“Nosotros no vamos a ir a dar pláticas a los alumnos sobre protección civil porque no contamos con el recurso humano para lograrlo”.

Por ese motivo su propuesta es capacitar a un profesor responsable de cada escuela para que sea el encargado de desarrollar un plan de contingencia específico a sus necesidades y condiciones geográficas.

Al mismo tiempo buscan integrar temas de protección civil y prevención de accidentes a los programas educativos de los estudiantes bajacalifornianos, desde preescolar hasta tercero de secundaria.

“Creo que debemos de concretar un poco más la educación para que nos ayude a tener un nivel de vida de mejor calidad, y a lo mejor se puede lograr enseñando ese tipo de cosas”.