Rosario Mosso Castro

Investigadores

Aún sin los resultados deseados, la comunidad bajacaliforniana ha podido apreciar los primeros intentos de coordinación entre autoridades policíacas estatales y federales. Incluso con los militares.

En más de un operativo se han visto trabajar de manera conjunta a la Policía Estatal Preventiva, la Policía Federal Preventiva y el Ejército. Cuyos representantes en Baja California, de forma precaria y limitada por el momento, empiezan a compartir  información y responsabilidades.

Conforme a los especialistas del tema, será precisamente este trabajo de investigación e inteligencia entre las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, lo que los guíe a concretar resultados en el combate al crimen organizado

Sin embargo, hace falta un elemento en esta nueva coordinación policíaca: Los investigadores oficiales, precisamente aquellos que por mandato deben procurar justicia en el estado y mantener el orden. Los Policías Ministeriales del Estado bajo las órdenes del procurador General de Justicia del Estado. Y los Agentes Federales de Investigación, pertenecientes a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Porque en honor a la institucionalidad, ni la PEP, ni la PFP ni el Ejército, son corporaciones que estén facultadas o equipadas para investigar, sin embargo ante la denuncia ciudadana, el reclamo social y la ausencia de resultados en las procuraduría y subprocuradurías, se han visto presionadas a participar en operativos e investigaciones con miras a la detención de miembros del crimen organizado y secuestradores.

La cerrazón de las corporaciones “investigadoras” como la Ministerial y la Federal de Investigaciones, ha llegado al punto de negar información a los grupos operativos que después de recibir denuncias, los han buscado para obtener datos que les permitan tener mayores elementos para concretar detenciones.

La opacidad en la que se desarrollan las instituciones de investigación policíaca en el País y en Baja California, es el principal elemento para la sospecha de limpieza al interior de las mismas.

Los investigadores, pues, ni están colaborando en la lucha contra el crimen organizado, ni están proporcionando información que por otras circunstancias les ha llegado y que puede ser materia de investigación en manos de la corporación adecuada.

Total que los ministeriales y los federales de investigación ni hacen ni dejan hacer.

Uno de los argumentos dados para limitar la participación de estas agencias, específicamente de los agentes ministeriales, ha sido precisamente el alto grado de infiltración criminal en la filas de la PGE. Pero aún con este argumento oficial, no se ha visto la anunciada reingeniería en la Procuraduría por parte del Fiscal del Estado, Rommel Moreno o incluso del propio Gobernador, José Guadalupe Osuna Millán.

La participación de los Policías Ministeriales es tan necesaria como importante en la lucha del crimen organizado, mas para ello es necesario que el Gobernador cumpla su palabra de construir una corporación honesta, eficaz y con sentido de servicio social. Alejada del crimen organizado y muy cercana a la ciudadanía.

Ya es hora que los investigadores locales empiecen a realizar su labor de manera pública y eficaz, incluso coordinándose con el resto de las corporaciones para alimentarlos de información que ayude a detenciones. Que el Gobernador cumpla su palabra. Empezando por la limpia real en la Procuraduría General de Justicia del Estado.