Rosario Mosso Castro

Secuestrados

Como si el repunte del secuestro fuese un problema nuevo, a casi dos años de haber asumido la Presidencia de México, el licenciado Felipe Calderón una vez más rasca las entrañas de una campaña política que quedó atrás y vuelVe a las promesas incumplidas cuando propone la cadena perpetua para los criminales que cometan tan artero delito.

El revuelo, por supuesto, se da a raíz del trágico desenlace del niño Fernando Martí en la ciudad de México. Claro está que, de inmediato, ante la opinión pública lógicamente ya nada tolerante, la solución calderonista fue recibida con una marejada de críticas.

En realidad lo que las víctimas potenciales de este país —o sea todos— desean, es que estos grupos criminales de secuestradores sean buscados por las procuradurías, investigados, capturados, que se les finquen cargos sólidos y terminen encarcelados. Es decir, no que se propongan leyes con castigos más severos, baste y sobre con que la ley vigente llegue a aplicarse.

El problema es que a través de los sexenios presidenciales, y considerando la capacidad de respuesta del gobierno federal ante otros delitos, ha quedado claro que incrementar la pena nunca es una solución de fondo. Y ahora más que nunca, frente al secuestro, delito en el que México ocupa el primer lugar a nivel mundial, el Presidente está obligado a no pernoctar en la superficie.

De hecho, el artículo dos de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada le otorga al Ejecutivo facultades para que tome decisiones. En concreto, la legislación obliga a su gobierno a actuar cuando tres o más personas acuerden cometer secuestro, operen con recursos obtenidos de manera ilícita y usen armas. En pocas palabras, el Presidente está obligado a impedir que los plagiarios sigan avanzando.

Sin embargo, el discurso de hoy sigue siendo eso. Prueba de ello es que hace cinco meses Calderón presentó su reforma judicial. En el documento el secuestro no fue un tema preponderante. Sus razones siguen siendo la gran interrogante.

El caso es que ante un problema que se incrementa y en el que con franco descaro se ven hasta jefes policíacos a la cabeza de las bandas delictivas dedicadas al plagio, el Presidente no puede seguir reaccionando con desconcertante ligereza a circunstancias coyunturales.  

En Baja California como en prácticamente todas las entidades del país, existen listas de personas que siguen privadas de su libertad. Y ahí si que nadie se escapa. Los textos que se han hecho públicos contienen nombres de abogados, empresarios, comerciantes, políticos, hasta emigrantes y ciudadanos con bajo poder adquisitivo.

Ante tan tenebroso escenario, lo que en verdad se requiere es una reestructuración de los ministerios públicos y de los grupos antisecuestros, una depuración policiaca efectiva que coloque a los agentes corruptos ante los jueces penales y, sobre todo, la auténtica detención de los secuestradores. Nada más.

Dicho de otro modo, lo que México necesita es un Presidente que haga cumplir la ley existente. Punto. Pues de nada servirán normatividades nuevas, por más severas que resulten, si los delincuentes siguen perpetuamente prófugos de la justicia en un país que se ha visto forzado a vivir con el horror del secuestro de cada día.