Suple General Sergio Magaña Mier al General Sergio Aponte Polito.
Las razones del cambio
* El Gobernador Osuna Millán dijo a ZETA que no solicitó el cambio del General Aponte, pero también aclaró que no pidió que se quedara.
* En medio de la salida del militar, la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha respondido cabalmente a las denuncias emitidas en las dos cartas del General. Ninguno de los señalados está en prisión.
* El incidente del disparo en un restaurante en Mexicali no fue la causa de la retirada de Aponte.
* Criticar al Gobierno y exhibir la corrupción en la Procuraduría, pesaron en el destino de Aponte Polito
Adela Navarro Bello
Rosario Mosso Castro
La salida del General Sergio Aponte Polito como Comandante de la II Región Militar en el País no se debe al incidente del disparo en el restaurante Pampas de Mexicali donde se vio involucrado.
Tampoco a la falta de resultados en el combate al crimen organizado, que de eso tiene mucho y estadísticas que lo avalen.
Aponte se va de Baja California por denunciar ante la población, la corrupción en la Procuraduría General de Justicia del Estado, encabezada por Rommel Moreno Manjarrez.
Además por romper el silencio que le fue ordenado por sus superiores en abril, luego de la primera carta.
Entrando el Gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, al General le fue entregada una carta donde el propio mandatario le solicitó formal y oficialmente que le ayudara en el combate al crimen organizado. La misiva firmada por el Secretario de Gobierno, José Francisco Blake Mora, le abrió al militar la puerta para la investigación y el combate del narcotráfico y el crimen organizado en el Estado.
Lo que evidentemente no esperaban en la administración estatal, fue que las indagaciones del General tocaran las fibras más sensibles de la Procuraduría: Los principales colaboradores de Rommel Moreno Manjarrez. Entre ellos, tres en particular: Jesús Nelson Rodríguez, José Heredia González y Sonia Navarro.
En la primera carta pública del General la última semana de abril de 2008, de hecho escrita a petición expresa del Procurador Moreno quien exigió ante medios de comunicación que el militar presentara pruebas, señaló a los tres colaboradores de Rommel de corrupción.
Lo mismo hizo con agentes de la Policía Ministerial y funcionarios de diferentes agencias del Ministerio Público.
En aquel entonces, la misiva del General puso en un predicamento al Gobierno de Osuna Millán. El tratamiento de la información tuvo alcances nacionales, y una vez más la entidad resaltó por la inseguridad, en este caso entre sus propios funcionarios.
Luego de dar a conocer su denuncia a pregunta expresa del Procurador, el General Aponte Polito fue llamado desde el cuartel principal de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México. Sin el aspaviento de su personalidad, el General acudió al llamado y regresó, días después, con un bajo perfil a Baja California.
En aquella reunión, al Comandante de la II Región Militar le llamaron la atención. Informantes de ZETA suponen que fue ante la queja del Procurador de Baja California, respaldado por el Gobernador, sobre las acusaciones públicas del General.
Finalmente en la misma fecha y en la Ciudad de México, en una reunión entre el General Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa; Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación; José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador; el General Sergio Aponte Polito y el Secretario de Gobierno, José Blake, habrían llegado a un acuerdo de coordinación para en un futuro obviar las acusaciones públicas.
A la llegada del General Aponte a Baja California su actitud fue otra. Dejó de ofrecer declaraciones a la prensa, de dar a conocer personalmente los golpes que el Ejército propinó al narcotráfico, especialmente en decomisos, e incluso no se le vio en reuniones oficiales. La verdad tras la ausencia de Aponte Polito fue que le prohibieron aparecer en público y cuanto más, hacer declaraciones a periodistas.
Pero el silencio del General no fue permanente. En junio reapareció para dar a conocer la detención de cerca de 60 personas en un bautizo; de entrada, todos fueron acusados de estar ligados al crimen organizado, cuando la realidad anotaba que en ese lugar y en ese día, se pretendía detener a dos peligrosos lugartenientes del cártel de los hermanos Arellano Félix: José Filiberto Parra Ramos “La Perra” y Raydel López “El Muletas”.
De ahí en adelante las apariciones del General fueron más frecuentes, hasta culminar con el caso del disparo de la discordia, hecho suscitado el domingo 20 de julio cuando trascendió que se había accionado un arma de fuego en la mesa donde el General degustaba alimentos con su esposa, su hija y, se supo días después, con el Mayor Justo Buenaventura Jaimes.
A pesar que las primeras declaraciones de testigos ubicaron al General como quien accionó el arma, el Mayor se auto inculpó tres días después, dejando al aire la veracidad de su dicho.
Luego vendría la segunda carta-acusación el 3 de agosto, justo tres días antes que formalmente le comunicaran a Aponte Polito su nueva comisión, el 6 de agosto, en otro lugar de la República Mexicana.
Los señalamientos del General en la segunda misiva fueron prácticamente los mismos que en la primera: La corrupción en la Procuraduría General de Justicia del Estado y la falta de conclusión en las pesquisas que se supone inició el Procurador Moreno a partir de conocerse la primera carta.
Hubo acaso tres novedades en la misiva del 3 de agosto: Mal uso de los recursos en la Secretaría de Seguridad Pública, la corrupción en un secuestro, y la no investigación sobre 52 elementos de la Policía Ministerial del Estado denunciados en ZETA en la edición 1785 del 13 al 19 de julio.
Esta segunda revelación del General y la crítica hacia las condiciones ilícitas en la Procuraduría General de Justicia del Estado, a pesar del acuerdo y la orden que Aponte tenía para no hacer declaraciones públicas y sobre todo, no iniciar críticas al Gobierno de Osuna Millán, fueron el principal motivo para su retirada del Estado.
La razón del cambio de General es sencilla: Le fue incómodo al gobierno local y contradijo la orden superior de no hablar o denunciar públicamente. De hecho, así lo dejó sentir en su carta del 3 de agosto:
“Hago del conocimiento de la sociedad de Baja California que durante el transcurso de mi carrera militar, he sido relevado del mando en cuatro ocasiones (Sonora, Chiapas, Quintana Roo y Sinaloa) por combatir frontalmente al narcotráfico y denunciar la corrupción en la que incurren algunas autoridades. Tengo la convicción de que en este caso, al hacer uso de los medios de comunicación para defenderme de las intrigas y calumnias que afectan mi dignidad y el prestigio del Ejército, no se presente el quinto relevo”.
Pero el relevo llegó.
Aún así, la respuesta que el Gobierno dio a la carta de Aponte es prácticamente la misma que otorgó en abril a la primera misiva: personal retirado, investigado, pero nadie en prisión.
Con la excusa de evitar la percepción de intromisiones, por orden del Gobernador del Estado, la Procuraduría remitió la mayoría de los asuntos mencionados a la Procuraduría General de la República por tratarse de asuntos presuntamente ligados al crimen organizado; institución, la federal, donde tampoco han hecho nada.
En los casos de los 55 millones supuestamente mal utilizados en seguridad, la participación de Sonia Navarro en un secuestro y la investigación de 52 policías ministeriales, se ordenaron investigación con fecha posterior al reclamo de Aponte.
Gobernador Osuna Millán: La fuerza está en las instituciones
En entrevista con ZETA, el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, aclaró que no fue él quien pidió el cambio del General, pero también que no promovieron la estadía del militar. A su vez, que no cambiará al Procurador de Justicia del Estado, pero que sí se investigarán, por instituciones fuera del ámbito estatal, los hechos que denunció Aponte Polito en su segunda carta.
A continuación la entrevista textual:
—El General Sergio Aponte era su principal soporte en el tema de la seguridad. ¿Cuáles serán las nuevas condiciones con el cambio?
“Las mismas, el acuerdo que sostuve con el Presidente de la República fueron dos temas: El apoyo del Ejército Mexicano en el combate al crimen organizado y la incorporación de militares en los mandos de las corporaciones civiles y en las estructuras de las corporaciones civiles, eso va a continuar con la fuerza que ha caracterizado y el prestigio de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
— ¿Van a seguir las mismas condiciones con el general Magaña?
“Sí, seguirán las mismas condiciones con quien designen, yo estoy esperando la confirmación oficial de quién será el relevo, esperamos el nombramiento respectivo”.
—Dada la popularidad, que es evidente, del General Aponte entre los bajacalifornianos, ¿no afectará esta salida a su administración?
“No creo que la popularidad de un personaje como el General Aponte, el cual reconocemos el esfuerzo que ha hecho al frente de las fuerzas de la II Región Militar, vaya a afectar la actividad institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los temas de las corporaciones del Estado, ha hecho un buen trabajo y hay que reconocérselo”.
—Una de las principales críticas del General fue hacia la corrupción dentro de la Procuraduría del Estado. ¿La salida del General significa que todo permanecerá tal cual en la Procuraduría?
“No, de ninguna manera, todos los señalamientos del General, incluso de la referencia de 52 elementos en su última carta, fueron separados de sus cargos, de los cuales aparece hoy que trece de ellos, un órgano jurisdiccional los reinstaló pero los vamos a volver a sacar, y de aquellos señalamientos que ha hecho del tema de los alimentos en la Secretaría de Seguridad, hemos pedido la intervención de una instancia distinta al Gobierno del Estado como es el órgano superior de fiscalización del congreso del estado y ya se está realizando esa auditoría, y en el tema de un secuestro que habla, he instruido al Procurador para que el caso se turne a la Procuraduría General de la República, que sea una entidad distinta y no exista ninguna sospecha de tolerancia por parte del Gobierno del Estado a los señalamientos que ha hecho el General Aponte”.
—Tenemos conocimiento de que están promoviendo en el Congreso del Estado que le regresen al Gobernador la facultad de nombrar al Procurador de Justicia. ¿Tiene intenciones de cambiar al titular antes del informe?
“No, es una promoción de nosotros, es de distintos análisis, y creo que el responsable de la seguridad pública es el titular del poder ejecutivo, sin embargo es una reforma Constitucional que los diputados tendrán mucho que ver y analizar esta parte”.
— ¿Habrá un cambio de titular en la Procuraduría?
“La Procuraduría es de desgaste, de relevo, pero creo que el actual Procurador ha hecho un buen trabajo con muchos de estos incidentes, por lo pronto Rommel sigue firme en la Procuraduría, no tengo ninguna intención de cambiarlo, por lo pronto tiene la función que se le encomendó, que es la reforma para iniciar con un nuevo modelo de procuración de justicia, la apuesta es por un sistema y no por las personas”.
— ¿Pidió que se quedara Aponte?
No es una solicitud personal, lo que yo platiqué con el Presidente fue el apoyo de las fuerzas federales, el apoyo del Ejército Mexicano ya es responsabilidad de la Secretaría de la Defensa nombrar libremente a sus representantes y yo solicité el apoyo de la institución”.
—En contraparte, ¿pidió que fuera retirado?
“No, de ninguna manera y le reconozco el esfuerzo y el liderazgo, que el General Aponte realizó durante su estancia, luego que él mismo ha informado el nuevo encargo que le han encomendado sus superiores”.
— ¿Qué le diría a quienes en Baja California consideran que usted solicitó el retiro de Aponte?
“No, de ninguna manera. Yo le diría a todos los bajacalifornianos que éste es un asunto de instituciones, que la fortaleza del combate a la delincuencia está en sus instituciones y que de ninguna manera vamos a bajar la guardia sino al contrario vamos a fortalecer las instituciones y las acciones en contra de la violencia, y de estos avances que hemos tenido, que se debe a la coordinación de las fuerzas federales, estatales y municipales. Debo reconocer el gran esfuerzo de la Secretaría de la Defensa Nacional, del General Aponte en esta tarea que lideró en estos 19 meses que duró el General al frente de la II Región Militar, y creo que los resultados más contundentes se dieron en nuestra administración”.
El general Magaña Mier
A ocupar la vacante del General Sergio Aponte Polito, llega el General que hasta hace unos días fue Comandante de la Novena Región Militar con sede en el estado de Guerrero.
Sergio Magaña Mier, es según quienes han convivido con él, un hombre serio, de trabajo al que no le gustan los reflectores.
Es reservado, no acostumbra establecer relaciones cercanas con la sociedad, ni con los medios de comunicación. Y en las responsabilidades que ha tenido como jefe militar su relación con los otros órdenes de gobierno ha sido institucional.
Bajo sus gestiones en Durango y Guerrero, combatió al narcotráfico en la esfera que le correspondió, básicamente en la sierra detectando plantíos quemando o fumigando amapola y marihuana. Sin espectacularidad pero no sin efectividad.
Conforme a declaraciones hechas a diferentes medios de comunicación de Durango y Guerrero es un militar:
* Abierto e interesado en el trabajo coordinado con los diferentes órdenes de gobierno porque considera que esto permite implementar estrategias y obliga a todos a mantenerlas.
* Asestar golpes al narcotráfico es una labor que ha señalado como cotidiana para el Ejército.
* En los lugares donde ha trabajado, ha elaborado: mapas de ubicación donde opera el narcotráfico con focos rojos, análisis y reportes del uso y vocación que los criminales dan a las zonas; establece estrategias de combate para la época de siembra de droga, y programas de destrucción.
* Además de mantener un monitoreo constante de las deserciones de sus elementos y el estricto control del personal.
En su relación con las comunidades resguardadas en su más reciente asignación le correspondió atender públicamente dos quejas ciudadanas contra el Ejército.
En marzo de 2007 las filas provocadas por los retenes establecidos en los diversos accesos en Guerreo; y el reclamo de la presencia de militares en zonas indígenas principalmente en Ayutla y costa chica. De ambas salió sin mayores problemas reiterando que si el Ejército estaba presente en esos lugares era porque había drogas circulando, o en apoyo a los operativos que realizan los policías que se encargan de las investigaciones sobre asaltos y asesinatos de policías.
A la fecha, la mayoría del trabajo de combate al crimen organizado hecho por el General Magaña Mier ha sido en las zonas suburbanas de los estados que ha titulado.
Como el Gobernador José Guadalupe Osuna no ha anunciado cambios, a su llegada, el General se encontrará con un modelo de trabajo que no ha ejercido, porque además de la detección y destrucción de plantíos, pistas de aterrizaje o puertos de amarre, la presencias de sus militares es exigida y fue ofrecida para las calles de las cinco ciudades bajacalifornianas
Así que habrá que esperar si el General Magaña va a sostener los programas de denuncia y combate al narcotráfico propuestos por el General Sergio Aponte Polito para conocer las estrategias urbanas que el militar proponga.
No me dejaron ejercer el mando: Justo Buenaventura
En singular rueda de prensa, a la que sólo convocó a cuatro medios, Justo Buenaventura, ex director de la Policía Estatal Preventiva, severamente cuestionó la situación al interior de la Secretaría de Seguridad Pública. En pocas palabras, expuso que durante sus funciones no se le permitió ejercer el mando y que recibió distintas presiones de Daniel de la Rosa a raíz de su cercanía con el General Aponte Polito.
También, que al propio Secretario de la Rosa le denunció haber descubierto anomalías en el manejo de 55 millones de pesos a proveedores de alimentos del sistema penitenciario y también detectó un irregular manejo de los recursos, problema que nunca fue corregido.
Recalcó que él fue el que disparó de manera accidental hace dos semanas en el restaurante Pampas y que inmediatamente fue recriminado por el General Aponte. Pero lo que enfatizó y más pareció dolerle fue la filtración a algunos medios de supuestas declaraciones ante la Procuraduría, sobre todo cuando en el documento se dice que Buenaventura Jaimes “no sabe leer ni escribir”. El señalamiento fue muy refutado por el Mayor de Infantería que mostró pruebas de su larga trayectoria académico-militar.
Un poco después de la una de la tarde del lunes 4, una llamada del propio Mayor citó al reportero en un restaurante de la Calle 11 y Lázaro Cárdenas, casi a salida de Tijuana. Sólo había tres periodistas más; una reportera televisiva y dos de medios impresos, a los que se sumó ZETA. Dos jóvenes acompañaban al Mayor ayudándole a cargar sus diplomas enmarcados. Ya con grabadoras y cámaras encendidas, Buenaventura avaló su preparación profesional en las filas castrenses, por lo que consideró incongruente que ahora se le quiera tachar de analfabeto. “En ningún momento declaré que no sabía leer ni escribir, es algo incongruente y aquí traigo documentos comprobatorios, un archivo personal donde estoy acreditando toda la preparación de militar y de cultura general”.
Además aclaró que fue él quien se presentó de manera voluntaria a declarar ante la Procuraduría Estatal. También cuestionó el hecho de que a raíz de toda esta controversia la visa de parte del Consulado norteamericano en Tijuana le fue negada. “Hay otras muchísimas autoridades que entran y salen a Estados Unidos, que se tiene información que han estado relacionado con ilícitos; mas, sin embargo, a esas autoridades no se les ha obstaculizado el obtener una visa para entrar a territorio de Estados Unidos.”
Buenaventura Jaimes repitió lo establecido ante la PGJE: que el domingo 20 de julio, en el restaurante Pampas de Mexicali, al estar sacando constantemente su radio y teléfono de una pequeña mochila, accionó su arma accidentalmente, lo que le valió una inmediata reprimenda de Aponte Polito ya que estaban en la misma mesa junto con la esposa del General y su pequeña hija. El Mayor negó que hayan estado bebiendo.
“Al principio yo no informé porque a mi idea no pensé que fuera a tener tanta trascendencia, ésa es la verdad. No hay otra. No creí que fuera a tener tanta trascendencia un disparo por accidente”, externó.
A su vez Buenaventura dejó en claro que al llegar a la dirección de la PEP se dio cuenta de varias anomalías, como el mal manejo de cerca de 55 millones en la adquisición de alimentos para el sistema penitenciario, situación que hizo saber al Secretario de la Rosa, quien le respondió que “eso lo iba a ver en su momento con las personas que tengan que investigar”
El ex titular de la PEP también afirmó: “Los primeros tres meses y medio, diciembre, enero, febrero y a mediados de marzo, yo tomé el mando directamente de las operaciones; personalmente acudía a la búsqueda de algún delincuente en específico. Después de esos tres meses y medio ya el Secretario me comunicó que el área operativa se manejaba por parte del subdirector y por la parte técnica.”
— ¿Pasó algo en específico?
“No se cumplía con la cadena de mando. Al principio el Secretario me ordenaba a mí y yo le ordenaba al de abajo. Después él ordenaba directamente. Él (de la Rosa) hizo un divisionismo, generó un divisionismo”.
Al igual, “cuando llegué ahí me di cuenta del mal uso del armamento, quise o traté al máximo de corregirlo, en cuestiones de deterioros, armamento, municiones, cargadores, el mal uso de vehículos, el dispendio indiscriminado de combustibles. Quise implementar procedimientos de tal forma que hubiera un buen control de vehículos, de armamento, un control de personal, corregir vicios arraigados.”
Sobre el helicóptero de la PEP que utilizó de manera personal Justo Buenaventura se sinceró, aclarando que de la Rosa le dio autorización para que así lo hiciera. Ahora Contraloría sancionó a Buenaventura con un pago de 9 mil 176 pesos.
El ex director de la PEP dijo haber percibido “molestias” ante su persona por el acercamiento que tenía con el General e incluso tuvo problemas por portar el uniforme militar, como en el caso del Desayuno del Día del Ejercito —el pasado 19 de febrero— por lo que recibió una recriminación desde la Secretaría de Seguridad Pública.
En cuanto al trabajo concreto afirmó que buscó hacer modificaciones y propuestas para estabilizar y hacer más rigurosos los horarios de trabajo, sin eco de sus superiores.
“Lo que sí es que en el momento en que mi General propuso que me removieran, se vinieron con todo en contra de mí, no valoraron todo el esfuerzo que se hizo, todos los riesgos que se corrieron en el tiempo que permanecí, desde el 6 de diciembre hasta el 23 de julio, se puso todo el interés todo el ímpetu, el desgaste físico para combatir la delincuencia”.
— ¿Quién sale ganando con todo este pleito?
“Dice una frase por ahí que a río revuelto ganancia de pescadores. Ahí los otros, a los que se supone que debemos de atacar, son los que toman ventaja, ahí se está formando una bifurcación”. (Sergio Haro Cordero/ZETA)
Las acusaciones del General
En su segunda carta, Aponte Polito realizó una serie de señalamientos graves, que aun en ausencia del General, debe investigar el Gobierno del Estado:
* “Buenaventura hizo señalamientos de la corrupción que existe en la Policía Municipal que presta sus servicios en la delegación de San Felipe, debido a la protección que brinda a narcomenudistas”.
* “Buenaventura conoció del mal manejo de 55 millones de pesos por la adjudicación directa de la compra de alimentos del sistema de centros penitenciarios del estado de Baja California, participando en estos hechos los C.C. Fernando del Rayo, Leonel Gallardo, Francisco Orduño y Adrián Flores, empresas Agrícola cachanilla y distribuidora Rubio”.
* “Avance de la indagatoria A.P./PGR/B.C./TIJ/03/08-M-III donde fue detenido Mario Montemayor Covarrubias (A) “El Abuelo”, que acusa a Nelson y a otros”.
* “Averiguación previa de la captura de Rosario Flores Rojas (A) “La Chayo”, integrante del comando negro, quien mencionó a un director de seguridad pública de Ensenada, Valeriano Aguilar, por implicaciones en actividades del narcotráfico, a quien también le quemaron dos de sus negocios en la mencionada ciudad”.
* “Intento de secuestro en que participó la licenciada Sonia Navarro y los ex funcionarios Jaime Niebla González, quien se desempeñó como comandante de la Policía Ministerial de Tijuana, B.C. y Honorio Bustamante Zúñiga. Denunciados por un abogado y un empresario de acuerdo a la denuncia número 3575/O8/311 de fecha 30 de junio de 2008, ante la subprocuradora, Lic. Lidya Gallegos, estas personas tienen relación con el narcotráfico y que actualmente laboran como escoltas de ex funcionarios, en el complejo de Punta Colonet.
* “Situación legal de los 52 elementos de la Policía Ministerial señalados en el Semanario ZETA por actos de corrupción y vinculación con las bandas de narcotraficantes, en su edición No. 1785, del 13 al 19 de junio del presente año”.
* “Acciones tomadas en relación al video en donde el ahora occiso, José Ramón Velásquez Molina, quien fuera agente de la Policía Ministerial del Estado, señaló a quien en ese entonces se desempeñaba como Procurador General de Justicia del Estado (Antonio Martínez Luna) junto con otros funcionarios, entre éstos: Martín Guzmán Montelongo (A) “El Caballo”, Macario Nacay Jiménez, Hernando Villegas Delgado, Valente Tizoc Núñez Soto, Alejandro Ruiz Chaparro, Adolfo Roa Lara, Jaime Arroyo Flores, y José Salas Espinoza entre otros, la mayoría pertenecientes a esa institución a su cargo, como responsables de dar protección a las organizaciones criminales; este caso se conoció desde el 3 de mayo de 2007 y aún no sabemos nada”.
* “Qué acciones legales se tomaron y cuál es la situación del: C. licenciado Jesús Nelson Rodríguez, José Heredia González, Marco Javier Luján Rosales, Arturo Quetzalcóatl Vargas Zermeño, Policía Municipal de Tijuana, B.C., Gustavo Adolfo Rodríguez Magaña, licenciada Sonia Navarro Navarro, uso de vehículo y escolta. Funcionarios de la Procuraduría denunciados por la “legalización” de autos robados”.
Ficha de Magaña Mier en Guerrero
Fue considerado para la SEDENA
General de División Diplomado de Estado Mayor Sergio Magaña Mier
Comandante en Jefe de la IX Región Militar, Cumbres de Llano Largo, Gro.
Con fecha 16 de enero del 2007, asumió el cargo como comandante de la Novena Región Militar en Acapulco, en sustitución del General de División, Diplomado de Estado Mayor, Salvador Cienfuegos Cepeda.
El noviembre de 2006, el entonces Presidente Vicente Fox Quesada, elevó a Magaña Mier al grado de General de División Diplomado de Estado Mayor cuando era comandante de la 35 Zona Militar en Guerrero.
En ese tiempo se mencionó como uno de los fuertes aspirantes a titular de la SEDENA, en caso de que se diera el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa, por considerársele muy cercano al entonces General Secretario Clemente Ricardo Vega García.
Del 1 de enero de 2003 al 16 de enero de 2006 fue comandante de la Décima Región Militar en Durango.
Es ampliamente reconocido en la doctrina y docencia castrenses, impartió clases en el Colegio de la Defensa, donde ocupó el cargo de Jefe de Doctrina Militar y trabajó en la Universidad del Ejército, lugares donde consolidó sus vínculos con Clemente Ricardo García Vega.
Por “delincuencia organizada, portación de armas de fuego reservadas y posesión de cartuchos”, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)ejerció acción penal en contra de 22 de los 58 arraigados el 21 de junio tras un bautizo en Tijuana.
Fueron internados en el Centro Federal de Readaptación Social de Occidente ubicado en Jalisco y consignados ante el juzgado Tercero de Distrito en la misma entidad. Sus nombres son:
Alejandro Altamirano Gómez
Christian Jesús Sotelo Mendoza
Jorge Abel Haro Jara
Adolfo de la Paz Ortega
Martín Ramón Torres Garibay
Juan Carlos Contreras Martínez
Carlos Lozanos Calzada
Daniel Ezequiel Cásares Rodríguez
Mario Alberto Rodríguez Meza
Ernesto Tiscareño Astorga
Miguel Ángel Rodríguez Méndez
Fernando Arturo Bolaños Ayala
Antonio Rodríguez
Luis Fernando Llanes Lozoya
Salomón Alcázar González
Rubén Tinoco Mendoza
Fabián Delgadillo Hernández
Francisco Javier César Moreno
Miguel Calderón Magaña
Adán Zermeño Domínguez
Enrique Silva Pérez
Gilberto Llanes Lozoya
Del mismo expediente, el 30 de julio fueron dejados en libertad:
Jesús Esteban Sánchez Robles
Marco Antonio Álvarez Castro
José Gilberto Cepeda Parra
Carlos Acosta Zatarain
Ramón Alberto Tirado Sánchez
Antonio Lizárraga Ruelas
Ernesto Llamas Llamas
Víctor Hugo León Quiroz
Cipriano Llanes González
Mario Sanabria Meza
Roberto Rojas Estrada
Christian Jesús Rojas Gutiérrez
Juan José Pacheco Morán
Miguel Ángel Alfaro Pulido
Javier Gurrola Cardozo
Francisco Javier Ayón Rodríguez
Rogelio Ruíz Colorado
Leopoldo David Echevarría Acosta
Miguel Alfonso Franco Pérez
Julio César Mancero Dozal
Leobardo Llanes Leyva
Rubén Guillermo Llanes Leyva
Ricardo Ramírez Valencia
Francisco Mendoza Reynaga
Manuel Armando Valerio Juárez
Raúl Antonio Jarquín Ramírez
Ramón Eduardo Gómez Quijano
José Ramón Ledesma Rodríguez
Ernesto Daniel Alfaro Pulido
Jesús Isabel Morales Gómez
Christian Alejandro Estrada Romero
Germán Tiscareño Astorga
Ramón Paz López García
Emeterio Tomás Rojas Mendoza
Juan Ruiz Hernández
Marcos Soriano Briseño |
