Justifican empresarios que con ello garantizarán abasto y sortearán precios del gas.

Otra gasificadora en Ensenada

El proyecto de más de 400 millones de dólares de Zeta Gas pretende convertir el consumo de Gas LP a Gas Nacional Licuado, siguiendo los pasos de transnacionales extranjeras como Sempra y Shell en la región. Por su parte, autoridades se negaron a reconocer la instalación de la planta cuyo primer paso fue dado el 18 de julio con un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para construir y operar una Terminal Marítima para Recepción y Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo en Ensenada. 

Javier Cruz Aguirre

La transnacional Grupo Zeta Gas, que en México retiene el 70 por ciento de la distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y opera un grupo de más de 100 empresas en el mundo, busca ampliar su imperio en la comercialización del producto en el noroeste del país utilizando a Baja California como plataforma.

Aunque para ello tendrá que pasar por encima de la política federal de suministro de energéticos que los dos últimos sexenios determinaron para la región: convertir paulatinamente el consumo de Gas LP a Gas Natural Licuado (GLI), por ser menos contaminante. Así, la firma repite los pasos de las transnacionales extranjeras Royal Dutch Shell y Sempra Energy.

El pasado 18 de julio el emporio gasero que desde Ciudad Juárez, Chihuahua, dirige la influyente familia Zaragoza, presentó ante la Dirección General de Impacto Ambiental (DGIA) de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para construir y operar una Terminal Marítima para Recepción y Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo en Ensenada.

Se trata de un proyecto de más de 400 millones de dólares que consiste en la instalación de 20 esferas semi refrigeradas con capacidad individual de 43 mil barriles de gas LP, o 270 mil 40 metros cúbicos del energético.

Pese a que la SEMARNAT no puso a disposición de los ciudadanos el resumen ejecutivo del proyecto que permite ubicar el lugar en donde Zeta Gas de Baja California, S.A. de C.V., pretende construir la planta, ZETA encontró que el consorcio podría instalarse en el paraje Costa Azul, justo a un lado de la terminal de regasificación de GNL de Shell y Sempra.

Esto porque Zeta Gas compró en enero de este año dos predios en la colonia Costa Azul –lotes 38, 39– y uno más en la delegación municipal El Sauzal de Rodríguez –fracción de terreno rústico sin número, fracción B–, que le permitieron tener una reserva territorial de 80 hectáreas con frente al océano Pacífico, 25 kilómetros al norte de Ensenada. 

Fusionados en mayo en una sola propiedad, los tres terrenos costaron a la gasera 11 millones 100 mil dólares y quedaron debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Ensenada el 6 de junio de 2008, bajo partida 5188472 de la sección civil. El gestor oficioso de la trasnacional mexicana, Víctor Manuel Moye Álvarez, fue el encargado de negociar la compra-venta de los terrenos, acción que fue notariada en el puerto el 22 de enero de este año.

El vendedor del predio 38 en la colonia Costa Azul fue la empresa Inmobiliaria Sol Azul, S.A. de C.V., representada en la operación por su consejo de administración que integran Crescencio Elfego Reyes Martínez, Juan Manuel Chávez García e Ida Raquel Gutiérrez Cohen. El lote 39 (ambos predios sin número de manzana) lo vendieron Reyes Martínez y José Jesús Espinoza Ruvalcaba, este último “con el consentimiento de su esposa Ida Raquel Gutiérrez”. Y el terreno de El Sauzal, con clave catastral ES-N72-229 y de 50 hectáreas de superficie, por ello el más grande de los tres, Zeta Gas lo adquirió de la Inmobiliaria Sol Azul.

Cabe recordar que Juan Manuel Chávez García es socio de Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California y ex comisionado fronterizo en el gobierno de Vicente Fox Quesada, en otra compañía inmobiliaria y en la empresa Integradora Baja Aeropuerto, S. de R.L. de C.V., que obtuvo del gobierno de Felipe Calderón la concesión para construir un aeropuerto internacional comercial en la Meseta El Tigre, muy cerca de la zona donde se ubican las regasificadoras de Shell y Sempra, y la posible terminal marítima de Zeta Gas.

Chávez y Elfego Reyes, junto con José Jesús Espinoza Ruvalcaba, ya habían sido identificados como vendedores de los lotes 38 y 39 a la compañía Energía Costa Azul, filial de la trasnacional Sempra Energy en Baja California. Esto a través de la empresa Inmobiliaria y Constructora Costa Azul (ICCA), S.A. de C.V. que los tres mencionados formaron con el arquitecto Jesús Mendoza y Serrano.

Energía Costa Azul es dueña de al menos 13 lotes en la colonia Costa Azul –no aparecen a su nombre los terrenos 38 y 39 en el Registro Público de la Propiedad–, en donde construyó una planta regasificadora de GNL, dos tanques de almacenamiento de hidrógeno y próximamente instalará una planta desaladora de agua de mar para vender el líquido, ya potable, a la ciudad y a los desarrollos turísticos inmobiliarios que se levantan a lo largo de la costa que va de La Misión a Ensenada.

Desde que en 2002 se habló por primera vez oficialmente del proyecto de las trasnacionales extranjeras, la Secretaría de Energía, la Presidencia de la República y los directivos de Shell (primero) y Sempra (después) manifestaron que la planta regasificadora de GNL abastecería las necesidades futuras de energéticos gaseosos en Baja California y el noroeste. Sin embargo esta visión energética de Estado puede cambiar radicalmente, en caso de que el gobierno de Calderón Hinojosa apruebe la construcción y operación de la terminal marítima de Zeta Gas en Ensenada.

Grupo Zeta justifica:

Para el Grupo Zeta, la construcción de la terminal marítima de almacenamiento y distribución de Gas Líquido de Petróleo (GLP) en Ensenada ayudará a sortear a México “los vaivenes de los precios en los mercados internacionales”.

Asimismo “garantizará el producto a los clientes que tienen contrato con el Grupo Zeta por un volumen determinado” en la región noroeste.

De acuerdo con voceros de la empresa, que en Baja California integran la Compañía de Gas de Tijuana, que abarca los municipios de Tecate, Rosarito y Tijuana; Gas Butano y Propano (presente en San Felipe y el valle de Mexicali), y Compañía de Gas de Ensenada (opera 18 expendios, una planta en El Sauzal y una oficina en Vicente Guerrero), la terminal tendrá contará con equipo e infraestructura de vanguardia.

“Esto nos permitirá contar con las herramientas más eficaces para satisfacer las necesidades que demandan nuestros clientes”, que en la región de la península de Baja California y Sonora alcanzan a ser más de 220 mil hogares.

Al igual, la terminal marítima gasera, “apoyará el crecimiento y desarrollo de la comunidad, participará en la conservación y mejoramiento del medio ambiente y generará un rendimiento económico superior, que garantizará el crecimiento continuo de la región y que compensará la inversión y confianza de nuestros accionistas”

Sin identificar el lugar en donde se pretende instalar la terminal marítima –la SEMARNAT tampoco reveló esa información en su portal de internet–, la fuente, que solicitó no ser identificada, manifestó que la empresa cuenta con el aval estatal, específicamente de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE), para su proyecto en Ensenada.

El regidor Ricardo Fletes, miembro de la Comisión de Desarrollo Urbano del XIX Ayuntamiento de Ensenada, dijo que hasta el jueves 7 de agosto la empresa no había presentado al gobierno municipal alguna petición o trámite relacionado con el proyecto.

Asimismo confirmó que corresponde al gobierno estatal autorizar o negar el uso de suelo a la empresa en la colonia Costa Azul, por tratarse de un territorio que se ubica fuera del entorno urbano de Ensenada.

En la delegación de la SIDUE en Ensenada, así como antes en la delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), funcionarios aseguraron desconocer el proyecto.

Incluso la oficina federal pidió a la Dirección General de Impacto Ambiental (DGIA) una copia del Manifiesto de Impacto Ambiental que el consorcio gasero presentó el pasado 18 de julio en el Distrito Federal y que el 29 de julio un evaluador de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT comenzó a revisar.

El proyecto

El 18 de julio Víctor Manuel Moye Álvarez, a nombre de Zeta Gas de Baja California, S.A. de C.V., presentó en las oficinas centrales de la SEMARNAT en el Distrito Federal, una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en su modalidad regional, particularidad “B”, por tratarse de una actividad altamente riesgosa.

El recurso fue para la aprobación del proyecto denominado “Terminal Marítima para Recepción y Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo en Ensenada, Baja California”, que consiste en la construcción de una terminal marítima para recepción y almacenamiento de Gas LP, con 20 esferas con capacidad de aproximadamente 43 mil barriles (6.28 metros cúbicos de gas por barril).

La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), oficina de la SEMARNAT que recibió el documento ambiental, asignó los siguientes números de referencia al trámite solicitado por Moye: 09/DL-2019/07/08 y 02BC2008G0004.

La fecha límite que la autoridad federal dio para resolver la petición del consorcio gasero es el 13 de octubre de 2008, y el plazo transcurrido al pasado martes 29 de julio era del 8.33 por ciento.

Hasta ese día por la noche los encargados en la ciudad de México de colocar en internet el resumen ejecutivo del proyecto en el portal de trámites de la DGIRA no lo habían hecho. Por ley tienen 10 días hábiles para realizar dicha tarea.

Ciudadanos de Ensenada que se dieron cuenta del trámite, que con todo sigilo realizaba la transnacional mexicana, estaban preparando el lunes 28 de julio llevar a la delegación Ensenada de la SEMARNAT solicitudes por escrito para una consulta pública en donde Zeta Gas tendría que informar a la comunidad los alcances de su proyecto. Este recurso fue llevado a cabo hacia mediados de la semana.

Las otras terminales

El Semanario encontró que Zeta Gas construyó y opera tres terminales marítimas de almacenamiento y distribución de gas LP en el continente americano, que en conjunto pueden almacenar más de 109 mil toneladas de Gas LP. En México opera la terminal de Manzanillo, Colima, que tiene características muy similares a la que pretende construir en Ensenada.

Esta instalación marítima inició operaciones en mayo del 2006. Consiste en 20 esferas semi refrigeradas con una capacidad total de almacenamiento de 36 millones 455 mil 740 galones de gas LP, que equivalen a 72 mil toneladas métricas del combustible (43 mil 400 barriles). La temperatura de operación de esta planta es de menos 18 grados Celsius a 65 grados como máximo.

Durante la revisión del estudio que Zeta Gas –a través de su filial Zeta Gas del Pacífico– presentó a la SEMARNAT para obtener el permiso ambiental de la federación, el entonces director de Riesgo e Impacto Ambiental, Ricardo Juárez Palacios, señaló fallas en la construcción de los gasoductos de la planta y posibles daños a los manglares que rodean el terreno en donde se construyó la terminal marítima.

Ambos riesgos finalmente fueron minimizados por las autoridades federales y la empresa, que trabaja el proyecto conjuntamente con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 18 de las 20 esferas instaladas en el parque gasero ya entraron en operación.

En Guatemala Zeta Gas tiene la terminal Quetzal, en operación desde 2001 con 18 esferas semi refrigeradas que almacenas 17 millones 964 mil galones de Gas LP, o 36 mil toneladas métricas (23 mil 761 barriles).

El conglomerado Zaragoza también cuenta con una terminal marítima de Gas LP en Perú y dice ser dueña de la empresa Texas Gas and Oil (TGO), Ltd, consorcio que trabaja en Bahamas desde el año 1978 proveyendo anualmente más de un millón de toneladas métricas de Gas LP en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Nicaragua, Perú y “próximamente” España.