Rosario Mosso Castro

Falta un plan

Cifras oficiales publicadas en el portal electrónico del Gobierno del estado revelan que entre enero y junio de 2008 se denunciaron 65 mil 673 delitos en Baja California, se cometieron 329 homicidios, 40 secuestros y 178 privaciones de la libertad.

Los tijuanenses atestiguaron 207 de esas muertes y padecieron 105 de las desapariciones.

Pero es evidente que ni estos números, ni las manifestaciones públicas, ni las cartas, ni los reclamos o peticiones de los representantes de la iniciativa privada han sido suficientes para que el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán presente las alternativas de solución prometidas.

“Baja California será un estado seguro en el que prevalezca la convivencia social en un ambiente de tranquilidad, respeto, confianza y paz social, sustentada en la participación eficiente y coordinada de todos los sectores intergubernamentales y en la participación activa y comprometida de la sociedad”, puntualizó respecto del tema en su Plan Estatal de Desarrollo el titular del ejecutivo.

Anunció además la elaboración fundamentada de  un “Programa Integral de Seguridad y Convivencia Social” cuyas líneas generales fueron expuestas el 17 de diciembre de 2007, cuando el presidente Felipe Calderón estuvo en Tijuana en la instalación del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Ofreció el Gobernador cambio total en la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad, programas sociales para alejar a la sociedad del crimen, y atacar con inteligencia el crimen organizado y común.

Las primeras acciones emprendidas fueron continuidad a programas del gobierno anterior,  hubo retenes intergubernamentales  que ya no existen, se inició un programa de depuración que no ha sido el más afortunado, y continuaron con la recuperación de espacios, algunos que después abandonaron.

Enmarcados en la agenda federal, han establecido módulos de atención a víctimas, se está tramitando el establecimiento de una sola escuela de policías y un Centro de Mando, inauguraron un Centro Estatal de Atención a la Narcodependencia, hay algunas propuestas de reformas en materia penal y de leyes orgánicas.

Pero sigue sin cumplir con los operativos contra narcomenudeo, la vigilancia e investigación profesional contra el crimen organizado y común, no ha creado el Instituto de Periciales, tampoco se conoce del modelo estratégico de readaptación social o de centros de inteligencia e información interinstitucionales.

Todo esto, mientras el comparativo de las estadísticas del Estado de 2007 a 2008, muestra que el índice delictivo se incrementó un 4.4 por ciento y los homicidios en un 29 por ciento. Esto sólo en el primer semestre del año.

Es más que evidente que los delincuentes y la realidad les están cobrando muy caro a los ciudadanos la factura de esa parsimonia gubernamental.

Cierto es que conforme a la Ley, el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán tiene hasta el mes de noviembre para que muestre su plan de acciones, no el federal. Pero también es verdad que  ha dejando pasar diez valiosos meses en los cuales la actividad criminal ha seguido al alza.  Está claro: las acciones emprendidas son limitadas, faltan estrategias y la fase de diagnóstico del problema se ha extendido demasiado.

El retiro del General Sergio Aponte Polito de la actividad contra el crimen en Baja California regresó los reflectores al responsable legal, el licenciado José Guadalupe Osuna, quien ahora está obligado a ofrecerle a los ciudadanos un plan de acciones medibles, evaluables, con resultados tangibles.

Los ciudadanos están hartos de una  Procuraduría que remite la mayoría de los asuntos al ámbito federal, expedientes ministeriales sin soporte jurídico, técnico y pericial y de un Poder Judicial que no aplica sanciones

El gobernador no puede posponer más su obligación de mostrar voluntad, capacidad y conocimientos que realmente sirvan para proteger y garantizar la libertad, la integridad física y el patrimonio de la población.