Rosario Mosso Castro

Falta estrategia

El que los gobiernos de Baja California y de Tijuana pretendan vender la idea de que el nombramiento de militares como jefes de los diversos sectores y fuerzas policiacas es la vacuna o la poción mágica contra la corrupción que impera en las corporaciones locales, no es honesto, ni real. Es un principio, pero no debe considerarse la estrategia integral.

Si bien es necesario reconocer las ventajas de aprovechar la formación y experiencia que reciben los militares para el combate a la inseguridad en la Secretaria de Defensa, dichas contrataciones no deben considerarse a garantía para la honestidad en las corporaciones policiacas.

Existe la excepción que no debe olvidarse. Enero 2007 cuando el Poder Judicial Federal ratificó la condena emitida en el año 2000, contra el ex General de División Jesús Gutiérrez Rebollo, capturado por sus vínculos con el cártel de Juárez en 1997. 40 años de prisión, el decomiso de sus bienes y una multa por más de 24 millones de pesos.

El ex militar fue encontrado culpable de delincuencia organizada, contra la salud y cohecho; fue sentenciado por haber protegido al fallecido narcotraficante Amado Carrillo Fuentes cuando fue comandante de la Quinta Región Militar en Jalisco y cuando se desempeñó como funcionario de la Procuraduría General de la República en el INCD (Instituto Nacional para el Combate a las Drogas).

Se probó así que la eficiente y destacable formación militar en valores, no los hace inmunes. Como cualquier otro mortal, soldados rasos y Generales están expuestos y son tentados por las ofertas económicas, a veces miserables a veces millonarias, provenientes del crimen organizado. Tampoco están exentos de las amenazas, no todos están dispuestos a sacrificar la seguridad de sus familias.

En este contexto, los gobiernos bajacalifornianos deben tomar con más seriedad, compromiso y supervisión, el nombramiento de ex militares en cargos claves. Si bien es cierto y a pulso ganado, el Ejército Mexicano es la institución más confiable en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo en esta región del País, los militares en el retiro y ahora en puestos civiles, no deben ser la médula de la estrategia de lucha contra el crimen.

Están los casos de Rosarito, donde el Capitán Eduardo Montero, y el de Tijuana, donde el Capitán Gustavo Huerta, no han resuelto la situación de inseguridad a pesar del beneficio de la duda y el acercamiento de más herramientas jurídicas cada día.

Los militares en el retiro deben ser una parte de la solución, pero se requiere de más esfuerzos.

De estrategias estructuradas, fundamentadas, coordinadas y exitosas, de ésas que los bajacalifornianos no han visto, tácticas operativas novedosas que vayan un paso adelante de los criminales, que las detenciones sean producto del trabajo de inteligencia y no sólo de la denuncia ciudadana, de la casualidad o de los patrullajes.

Sobre todo es necesario que los gobiernos civiles dejen de intentar hacer parecer al Ejército como el responsable y la única solución contra la inseguridad.

En la medida que los ejecutivos retomen el papel que les corresponde, están obligados también a ver a los militares como los humanos falibles que son, a los que es menester supervisar y sujetar a las pruebas de confianza, por la importancia de sus cargos, mínimo cada tres meses como ordena la ley, después de todo se desempeñan en uno de los tres estados con mayores problemas de narcotráfico y en este esquema no hay inmunes.