Presentarán a más policías para investigarlos por recibir sobornos y participar en el crimen

Los acusan de repartir dinero del narco

Ex policías y agentes ministeriales detenidos confesaron sus crímenes. Trabajaban para el Ayuntamiento de Tijuana y colaboraban con miembros de las células del Cártel Arellano Félix. También entregaron los nombres de otros policías que fueron sus cómplices o que, por su parte servían a narcotraficantes. Aun sin acusaciones probadas, la autoridad federal giró órdenes de presentación contra los elementos policíacos. En careos e interrogatorios muchos confiesan, otros acusan y la escalada de detenciones aún no termina.

Investigaciones ZETA

La Procuraduría General de la República (PGR) está actuando contra la Policía Municipal de Tijuana. Ni siquiera están esperando tener las pruebas de la corrupción. Con un dicho en actas, se liberaron órdenes de presentación para 18 agentes municipales, aunque en los días siguientes los requerimientos oficiales podrían aumentar a 40.

La red de señalamientos comenzó a tejerse con la captura de un ex policía municipal, y se ha convertido en un efecto multiplicador. Uno delató a otros, éstos, a su vez, a sus cómplices, y muchos a otros tantos. Pocos se han salvado de la sospecha de la deshonestidad y corrupción en su ejercicio policíaco dentro de la corporación tijuanense.

A pesar de los sentimientos siempre leales del Teniente Coronel Julián Leyzaola, Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, el dedo acusador y la sospecha de corrupción ha alcanzado sus círculos cercanos. Un escolta y el Jefe de Inteligencia. Le seguirán jefes de Distrito y subjefes. La estructura de la Policía Municipal comienza a derrumbarse desde las esferas superiores hacia abajo.

Lo delicado de la situación va en dos vertientes:

1.- Lo cercana que está la corrupción de la esfera principal de poder en la Secretaría de Seguridad Pública, y la Dirección de Policía y Tránsito Municipal.

2.- La reinserción de los presentados y liberados por la PGR en labores de protección, inteligencia y vigilancia, aun con la sospecha de sus acciones asentada en actas oficiales.

Los que siguen, serán días de movimiento en la Municipal de Tijuana, y de toma urgente de decisiones del Alcalde de la ciudad, Jorge Ramos Hernández, sobre qué hacer y cómo para deshacerse de elementos de dudosa actuación y resarcir, si es que se puede, la confianza sobre la corporación que Leyzaola encabeza.

La madeja de delaciones sobre la corrupción en la Policía Municipal de Tijuana, inició cuando Jaime Berumen Borrayo, Salvador Bolaños Sánchez, Antonio Ureña Baro y Luis Enrique Carillo Osorio, ex policías y policías municipales en Tijuana, confesaron ser integrantes del crimen organizado. Inmediatamente señalaron a aquellos que los ayudaron a contribuir con las células del Cártel Arellano Félix. Otorgaron a la PGR el nombre de quince oficiales, a quienes señalaron como presuntos cómplices.

La mayoría fueron presentados por la PGR y recluidos en las instalaciones de la II Zona Militar con sede en Tijuana, para investigarlos por presuntamente recibir un promedio de 500 a 700 dólares mensuales de manos del crimen organizado. Aun cuando ninguno está acusado, sino que fueron presentados para declaración e investigación, algunos ya están confesando. Y la lista de sospechosos se engrosa por decenas.

Esta semana se giraron y cumplimentaron un total 18 órdenes de presentación emitidas por la autoridad federal, a nombre de los agentes Héctor Eligio Alcántar, Luis Alberto Toledo Cuello, Víctor Manuel Méndez González, Manuel Guerrero Flores, Ismael Nava, Pedro Chimal, Miguel Chimal, Jorge Ernesto Pérez Avendaño, Maximino García Luna, Blanca Berenice Huiser, Arturo Estrada y dos agentes sólo identificados por sus apellidos: Coss y Guante.

Quienes también fueron presentados con el mismo propósito el sábado 21 de marzo, pero liberados por la autoridad federal, fueron Pedro Rosales, escolta del Secretario de Seguridad Pública, Juan Meza Salazar, jefe de inteligencia y su subalterno Manuel Méndez, así como el segundo al mando de Ureña, Rubén Dorador, quien resultó que desconocía las actividades delictivas de su jefe.

Con la sospecha fundada, pero aun sin elementos suficientes para ejercitar órdenes de aprehensión, la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra Delincuencia Organizada (SIEDO) está solicitando y jueces están concediendo, órdenes de presentación. El objetivo es que los señalados sean llevados frente a un Ministerio Pública para carearlos con los policías confesos de corrupción y otros miembros del crimen organizado que, al ser detenidos, los han acusado de complicidad. Además está la intención de comparar versiones y dichos de aprehendidos y presentados. Y de paso, indagar acusaciones anteriores realizadas por policías ya encarcelados en el Penal de Máxima Seguridad de Nayarit.

El efecto pirámide

La hebra de esta madeja la entregó Enrique Carrillo Osorio.

Detenido el martes 17 de marzo en la colonia Sánchez Taboada, a bordo de un auto con reporte de robo, llevaba consigo varias dosis de cristal y portaba un arma 9 milímetros sin permiso. Los primeros reportes indicaron que Carrillo estaba acompañado de Raymundo Sotelo, otro miembro del crimen organizado. Ambos confesaron en el primer interrogatorio.

Carrillo detalló que al ser liberado en enero 2009, sus cómplices lo habían llevado a una casa de seguridad donde permaneció encerrado casi tres meses. El día de su detención, según él, fue una de sus primeras salidas.

El policía declaró verdades con mentiras. Incluso delató su plan: Lo hizo para tener posibilidades de quedar libre cuando le iniciaran proceso en la Ciudad de México. Aun así, concedió verdades de acuerdo a los investigadores y ofreció los nombres de los primeros seis agentes presentados, de los que, luego del interrogatorio, fueron detenidos Bolaños y Ureña.

Según la averiguación previa PGR/BC/TIJ/3420/2008-M-V, Enrique Carillo había sido detenido el 30 de diciembre de 2008 como presunto responsable del homicidio de Policarpio Zepeda, ejecutado en el Bulevar Agua Caliente. Al ser capturado en el interior de un restaurante, amenazó a Eligio Alcántar, jefe del grupo de policías municipales que lo detuvo, le recordó que era parte del crimen organizado y le advirtió “tú sabes quién soy”.

Alcántar lo había dejado ir, pero su pronta liberación fue denunciada ante la Secretaría de Seguridad. Lo reaprehendieron.

Al concluir el operativo la Policía Federal Preventiva (PFP), entregaron al detenido y el arma que le encontraron en posesión. Sin embargo, al llevarlo a la PGR los federales declararon que el arma estaba en posesión de otra persona y Carillo fue liberado. Tres días después, Eligio Alcántar y su escolta, Carlos Aguilar Flores, fueron baleados en la Zona del Río. El jefe salió ileso.

Por la frecuencia policiaca, presuntos delincuentes confirmaron que el ataque había sido por la detención de Carrillo. Alcántar, subjefe de la Zona Centro , permanece detenido tras ser señalado primero por Jaime Berumen Borrayo y después por otros detenidos, de actos ilícitos.

Arraigado por la autoridad federal para su investigación y probable consignación, Carrillo desató el efecto pirámide: Delató a otros policías de corruptos, quienes a su vez señalaron a otros que también acusaron a compañeros de desleales.

Las citaciones federales no han terminado para la Policía Municipal de Tijuana.

Por miedo…

Extraoficialmente ZETA fue informado: En esta jornada de aprehensiones, los primeros oficiales en activo que confesaron colaborar con el crimen organizado, fueron Salvador Bolaños Sánchez, subjefe operativo en la delegación Cerro Colorado, y Antonio Ureña Baro, quien tenía tres meses en la tropa después de su fallido paso por la jefatura de la sección Patrullas.

Bolaños y Ureña admitieron que recibían dinero y órdenes de miembros del crimen organizado. Aceptaban entre 500 y 700 dólares mensuales “pero a veces, no siempre”, a cambio atendían las instrucciones de los sicarios que les hacían saber cuándo debían “limpiar” las calles, sacar las patrullas de determinadas zonas para facilitarles llegada y salida de sitios donde secuestraban, asesinaban o trasladaban droga.

Por separado, el argumento de justificación de los tres agentes confesos fue el mismo: “No me preguntaron, no era si quería”. Completaron diciendo que entraron al crimen porque temían por sus vidas, “me decían que me iban a bañar”, y explicaron, “eso significa que te van a rociar de balas”. Pero a pesar del miedo que aseguraban tener, ninguno notificó de las intimidaciones a sus superiores, ni intentaron renunciar.

Salvador Bolaños Sánchez era subjefe en Cerro Colorado desde el inicio de la administración de Jorge Ramos, el “jefe más viejo de la delegación” por esa razón fue designado como “encargado” desde noviembre de 2008, cuando René Miranda Chávez, el jefe operativo de la zona, renunció, tras un ciclo de homicidios de policías, informó a sus superiores que dejaría el puesto porque lo habían amenazado de muerte.

Sin embargo declaraciones e información obtenida con posterioridad permitió a las autoridades conocer que en medio de la pugna interna del CAF, siendo uno de sus operadores, Miranda había recibido un ultimátum, tenía que definir con cuál de las células se iba a quedar, como cualquiera de las opciones significaba su muerte, prefirió dejar el cargo.

Cuando Miranda se retiró, Bolaños fue el encargado pero sin nombramiento. Ya tenían planeada la llegada de militares a las delegaciones. Lo dejaron como administrador de la seguridad de esta conflictiva zona.

Antonio Ureña Baro es de los agentes que había sido sometido a los exámenes de confianza a principios de 2008 y los aprobó. La primera semana de noviembre de 2008, fue nombrado subjefe operativo de patrullas en la zona Centro, en sustitución de Carlos Torres, quien fue herido a balazos el 4 de noviembre.

Pero Ureña no estuvo al frente ni dos meses. Pero ese tiempo bastó, declararon los investigadores, para que se incorporara al servicio del CAF. También informaron que “fue obligado”. Y al igual que sus ex compañeros, tampoco dio parte a sus superiores de las amenazas.

Contrario a sus declaraciones, los agentes que confesaron aceptar el soborno y participar con el crimen, declararon que Jaime Berumen era el encargado de repartirles el dinero del narcotráfico.

Criminales entregaban dinero y órdenes a policías

Una vez presentado por la Procuraduría General de la República , y declarado en las instalaciones del Ejército Mexicano, Jaime Berumen admitió tener relación directa con un miembro del crimen organizado al que apodan “El Secre”, un hombre al que dijo temer.

Se explayó en detalle: Que “El Secre” le hacía llegar el dinero y las órdenes que él a su vez, repartía entre los jefes y subjefes de delegación. Eligio Alcántar le mereció mención especial.

Berumen proporcionó los nombres de los agentes a los que pagó dinero del crimen organizado. A algunos los refirió sólo de apellido. Como a “Guante”, un oficial al que ya investigaban por marcar el alto a vehículos para que falsos agentes federales secuestraran a sus ocupantes. También se refirió a otro elemento de apellido Coss, a quien ligan a los criminales de la zona oriente de Tijuana. Además, entregó con su confesional al policía Máximo García Luna entre otros.

Las relaciones delictivas de este agente arraigado en la ciudad de México, habían sido reveladas al interior de la corporación desde febrero 2008, cuando siendo parte de la tropa de la delegación Sánchez Taboada, se hizo público que fue “víctima de un ataque” mientras lavaba una ostentosa camioneta de su propiedad, evidentemente fuera de sus alcances económicos.

De aquel hecho, oficialmente se reportó que unos hombres lo atacaron a batazos en su casa ubicada en el fraccionamiento Real de San Antonio en Tijuana, para robarle la camioneta. Extraoficialmente: Que le habían dado una “lección” por incumplir un encargo del crimen.

Aquel día, policías municipales aprehendieron a seis sospechosos con droga, pero llegaron unos Policías Federales a cargo de “el comandante Rojas”, se los quitaron y los desaparecieron, horas después les entregaron a dos sujetos que nada tuvieron que ver.

Posteriormente en agosto de 2008, tras conocer los resultados de los exámenes de confianza y las respuestas en el polígrafo, las autoridades municipales pudieron conocer que “por órdenes superiores” o a cambio de beneficios económicos”: “Jaime Berumen Borrayo había ordenado en varias ocasiones, retirar las patrullas de las calles para facilitar privaciones ilegales de la libertad”.

Jaime es hermano de Gregorio Berumen Borrayo, ex subjefe operativo en la delegación Primo Tapia en el municipio de Rosarito, hoy desaparecido.

El último que supo de él fue el Secretario de Seguridad Pública de ese municipio, Capitán Eduardo Montero, quien lo entrevistó al día siguiente del asesinato del comandante Samuel Martínez Espinoza, el 26 de septiembre de 2008.

Berumen le dijo a Montero que los responsables del asesinato eran Ángel Jácome y César Beltrán, ex policías dedicados al crimen organizado. “Le confirmó que el hoy occiso sí estaba metido” y admitió que por órdenes de Martínez había tenido que movilizar patrullas”. A pesar de esto nadie lo detuvo, el agente dejó de presentarse y no pudo ser localizado por los investigadores para corroborar la declaración.

Agentes liberados por la autoridad Federal

Versiones oficiales indican que los cuatro primeros agentes detenidos el sábado 21 de marzo y liberados posteriormente, habían sido presentados ante la SIEDO porque sus nombres fueron mencionados en otras declaraciones acusatorias, y por su parentesco con otros agentes vinculados al crimen organizado. Por ejemplo:

En una de las casas donde las fuerzas castrenses acudieron a cumplimentar una orden de presentación, encontraron la foto del escolta del secretario de seguridad de Tijuana, Pedro Rosales, estaba uniformado, del brazo de una mujer, su esposa, que es hermana del hombre al que iban a capturar.

El caso de Manuel Méndez fue más complicado: Él fue esposo de Mónica Radilla, ex policía capturada por la SIEDO presumiendo vínculos con el cártel de los Arellano quien murió mientras se encontraba su proceso judicial.

Rubén Dorador había sido denunciado como protector de Luis Ramírez Vázquez el “Güero Camarón”. Del jefe de inteligencia Juan Meza Salazar se había mencionado que había participado en la balacera del Cañaveral en abril del año pasado, sin embargo la liberación de ambos fue informada desde el 26 de marzo. La sospecha por lo pronto, les fue retirada.

Fuentes policiacas revelaron a ZETA que en medio de esta lluvia de nombres, la tarde del jueves 26 de marzo, sin haber sido requeridos, el jefe de la delegación Sánchez Taboada, Héctor Zúñiga y el jefe de la Sección Turística , Antonio Cabrera habían manifestado sus intenciones de renunciar, y el escrito se haría llegar por terceras personas a la Secretaría de Seguridad antes del fin de semana.

La madeja de la corrupción en la Policía Municipal de Tijuana, no se ha terminado.

Acaban de noche con lugares de culto a la Santa Muerte

Denuncian irrespeto a libertad de culto

Elementos del Ejército Mexicano derrumbaron capillas en honor a la Santa Muerte , que se encontraban instaladas en Tijuana y Playas de Rosarito. Fue la madrugada del sábado 21 de marzo, pero no ha habido responsabilidad oficial, aun cuando extraoficialmente ZETA fue informado que la venia para destruir los centros de culto que consideran ilícitos, salió del Ayuntamiento de Tijuana, autoridad que tiene entre sus facultades el uso de suelo. Lorena Mendoza, devota de la Santa Muerte , calificó como “indignante” que las autoridades destruyeran los altares, pues en México existe “libertad de culto y no se está respetando”. Criticó la intolerancia de las autoridades emanadas del Partido Acción Nacional (PAN), quienes, aseguró, “fueron las que ordenaron la destrucción masiva de todas las capillas de La Niña. Si quieren que el culto se acabe, entonces tienen que juntar a todos los devotos del país, que son miles, para destripar sus corazones y sacarles el culto, pero eso no va a suceder porque eso es algo (que) tenemos muy arraigado”. Mendoza aclaró estar consciente que muchas capillas estaban construidas en predios privados, pero que no les dieron oportunidad de sacar las imágenes, los limosneros y los artículos de oro que había dentro. Exigió la devota que el Alcalde de Tijuana, Jorge Ramos Hernández, dé la cara para hablar sobre el tema. Raúl Navarro, otro seguidor de la popular figura, criticó que las autoridades hayan derrumbado las capillas en la oscuridad de la noche, a escondidas y sin dar la cara de sus acciones. Sostuvo que aun con la medida, la fe que se le profesa a la “Santísima” seguirá “más latente que nunca” y adelantó que se reorganizaran para construir un templo en El Florido. “Los devotos de la Santa Muerte siempre hemos respetado todo clero y toda religión, lo único que nosotros pedimos es que la autoridad también respete nuestras creencias”. Sentenció.

La lucha del Ejército

Decomisos

Lunes 23 de marzo.- Por medio de un patrullaje de reconocimiento aéreo fue ubicado en el municipio de Ensenada un plantío de marihuana con una dimensión aproximada de una hectárea. Un día después, personal militar ubicó el predio, destruyó el sembradío y aseguró a tres civiles; dos rifles calibre .22; una escopeta calibre 12, y 136 cartuchos de diferentes calibres.

Martes 24 de marzo.- Más de una tonelada de marihuana fue decomisada en el punto de inspección militar “El Centinela”, ubicado en el kilómetro 41 de la carretera Tijuana- Mexicali. La droga viajaba escondida en un doble fondo de un camión de carga proveniente de Tlajomulco, Jalisco, con placas 271DR1, que transportaba cajas de jugo de tomate. El vehículo de carga y los 246 paquetes, que en total pesaron mil 69 kilogramos, serán puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Autoridades militares no informaron sobre la situación legal del chofer del tractocamión.

* Dos presuntos narcomenudistas fueron detenidos en la colonia Baja California de la ciudad de Mexicali a partir de una denuncia ciudadana. Al arribar al lugar, el personal militar encontró a los dos sujetos vendiendo droga y en posesión de 19 paquetes de marihuana con un peso aproximado de 13.9 kilos; 13 paquetes de semilla de marihuana con un peso aproximado de 15.7 kilos, y 281 pastillas, al parecer psicotrópicas.

Asimismo se aseguraron cinco vehículos, siete celulares y siete cartuchos de diferentes calibres.

* En Ensenada, dos terrenos preparados para el cultivo de marihuana fueron ubicados por personal militar, durante un recorrido de reconocimiento terrestre en las inmediaciones del ejido “El Zorrillo”. Los predios, que contaban con un área de 3 mil 600 y mil 200 metros cuadrados, respectivamente, fueron inhabilitados por el personal militar un día después de su hallazgo.

Hillary Clinton, tomó el toro por los cuernos y calló a los mexicanos

LA SECRETARIA

Contrario a los funcionarios y políticos mexicanos, la Secretaria de Estado de la Unión Americana , Hillary Clinton, en cuanto pisó el suelo de México tomó el toro por los cuernos. No esperó reclamos, ni banales acusaciones entre dirigentes de partidos políticos. Aceptó por primera vez la culpa: “Nuestra insaciable demanda de drogas ilegales impulsa el narcotráfico. Nuestra incapacidad de evitar el contrabando de armas a través de la frontera para dotar a esos criminales causa la muerte de policías, soldados y civiles. Siento que tenemos corresponsabilidad”, dijo, y los servidores mexicanos callaron. Aprovechó la ex primera dama para aclarar que no hay zonas ingobernables por la violencia de los cárteles en México, y de una vez se paseó por terrenos que muchos considerarían peligrosos. Hasta a la Policía Estatal Preventiva entró a observar un simulacro. Y después de una reunión de dos horas con el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, Clinton salió a anunciar la creación de la Oficina de Implementación Bilateral en México, donde ambos países “trabajarán para combatir a los narcotraficantes y la violencia que tratan de diseminar”. Como que de vez en cuando hace falta que una autoridad en México, tome el problema de frente y más allá del discurso. Lástima que haya sido una funcionara del gobierno de los Estados Unidos.

Regresarán a sus funciones policías liberados

A pesar de los señalamientos

Los policías que sean liberados por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR , serán devueltos a sus funciones, informó Julián Leyzaola Pérez, secretario de Seguridad Pública de Tijuana. Lo anterior lo declaró al anunciar que 18 policías municipales de la corporación fueron llamados a declarar, en calidad de “presentados”, para ser evaluados y esclarecer si tienen vínculos con células de la delincuencia organizada. Los agentes fueron remitidos a las instalaciones del Ejército Mexicano. Y hasta el momento, de 18 presentados, cuatro han sido liberados por la autoridad federal y reinstalados en sus posiciones dentro de la Policía Municipal de Tijuana, entre ellos, el escolta del Teniente Leyzaola, y el Jefe de Inteligencia de la misma dependencia. Aun cuando se trata de agentes que han sido señalados de servir, cobrar o colaborar con las células del narcotráfico en la ciudad, especialmente con las del cártel Arellano Félix, el Teniente Leyzaola se reservó los nombres de los presentados. “Yo no puedo dar en estos momentos nombres y cargos porque de alguna manera si los oficiales salen sin ninguna responsabilidad, como los que ya han salido, no quiero que su fama pública tenga alguna consecuencia negativa, yo quisiera que ellos, al no resultar con responsabilidades, sean reintegrados con el pleno goce de sus derechos laborales”. Explicó que en caso de que a los agentes se les inicie un proceso penal serán dados de baja de la corporación por “pérdida de confianza, pero si se les deja en libertad y nos dicen que no tienen responsabilidad en estos hechos, para mí es como si jamás hubieran entrado en esa situación”. El Jefe Policiaco no descartó que en los próximos días sean llamados a declarar más policías municipales, no obstante, señaló que ésa será una decisión que tome la Procuraduría General de la República (PGR), instancia que citó a declarar a los agentes.

Acuden a sofocar incendio

Encuentran laboratorio de crystal

Un incendio permitió que elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) descubrieran un laboratorio de drogas sintéticas. El inmueble fue localizado sobre la carretera libre Tecate-Tijuana, a un costado del vivero “El Trébol”, en la zona de El Refugio. Martín Rubio Millán, delegado de la PGR en Baja California, informó que el miércoles 25 de marzo se recibió un reporte en donde indicaban que el cuarto de una vivienda se estaba incendiando, por lo que personal de bomberos se percató que se trataba de un laboratorio de crystal . El Ministerio Público de la Federación encontró precursores y químicos esenciales para el procesamiento de la droga. En suma se contabilizaron 48 tambos de 100 litros de metanfetamina, ocho cubetas de 20 litros y equipo necesario para el procesamiento de la sustancia. “Consideramos que con todos los químicos y precursores que hay ahorita, yo creo se ubicó más de una tonelada de metanfetamina y obviamente son millones de dosis que se evitó llegaran al consumo”, reveló el Delegado. Los cuartos que no fueron alcanzados por el fuego tenían rudimentarios equipos de ventilación, construidos con filtros de arena para procesar los olores químicos. La PGR solicitará la presencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para que evalúe los posibles riesgos ambientales que se podrían generar en la zona.