En la Granja : Menores y mayores de edad, infractores y secuestradores, comparten espacios.

Jóvenes sin readaptación

Chamacos infractores de 14 años de edad que se encuentran recluidos en el Centro para Menores, conviven con secuestradores, homicidas y acusados de robo que tienen hasta 25 años; esta mescolanza hace improbable la readaptación de los menores. Ejemplo de ello fue el motín iniciado por 30 internos del CEMA en el que sometieron y golpearon a un custodio. Aun así, ante los hechos, en la Secretaría de Seguridad Pública aseguran que los delincuentes están separados por pasillos, pero en un mismo espacio.

Cristian Torres Cruz

De manera tardía, luego de suscitar un motín, nueve hombres que se encontraban recluidos en el Centro de Ejecución de Sentencias y Medidas para Menores (CEMA), fueron trasladados al Centro de Readaptación Social en Mexicali (CERESO).

Aun cuando habían alcanzado la mayoría de edad, estaban internados con adolescentes de hasta 14 años. Revueltos aquellos que participaron en un secuestro, con los que auxiliaron o cometieron homicidio. Tampoco se distingue entre quienes tienen 16, 18 ó 25 años.

La readaptación social, en estas condiciones, se antoja improbable.

En efecto, el común denominador en los tres motines que han brotado al interior del CERESO y del CEMA en Mexicali, es que los responsables iniciaron su vida en las cárceles precisamente en el centro para menores.

Son prueba fehaciente del fracaso en la readaptación social de menores infractores o delincuentes procesados, los llamados “habituales”, a quienes identifican por ser personas que la mayor parte de su vida la han transcurrido en penales sea de menor o mediana seguridad.

Los nueve que iniciaron el motín en el CEMA, o también llamado la granja, y que fueron trasladados a la penitenciaría, son:

° José Alberto Epinoza González, sentenciado por homicidio.

° Érick Fernando Bueno Araujo, sentenciado por homicidio.

° Francisco Alonso García Alcaraz, sentenciado por homicidio.

° Adrián Denniss Guzmán Sánchez, sentenciado por homicidio.

° Pedro Ernesto Fuentes Rivera, sentenciado por homicidio.

° Ricardo Ramsés Castro Cantú, sentenciado por homicidio.

° Ramón Rogelio Gómez del Val, procesado por robo con violencia.

° Michel Ivak Zamora Carranza, procesado por robo con violencia.

° Israel Gutiérrez Balcázar, procesado por robo con violencia.

Este grupo, junto a otras 21 personas, sometieron a un guardia el miércoles 17 de junio cuando se acercaban las dos de la tarde en el reloj. Al custodio lo metieron en una celda para golpearlo. Los jóvenes, entre menores de edad y ya superando los 18, incluso montaron una guardia en el pasillo para evitar que otros celadores acudieran en auxilio de su compañero.

El escolta herido, fue rescatado de sus agresores con la ayuda de otras corporaciones policíacas. Sangraba profusamente. Los golpes le habían sido conectados mayormente en la cabeza.

En el colmo de la incongruencia, Jesús Héctor Grijalva Tapia, Subsecretario del Sistema Penitenciario en Baja California, aceptó la condición mixta en el Centro de Menores, cuando refirió sobre el motín: “En el incidente participaron 30 internos, algunos de ellos mayores de edad de diferentes municipios del estado, hay que recordar que los internos se encuentran por delitos graves, secuestro, homicidio, robo con violencia, internos con un perfil de conducta agresiva que se tienen concentrados aquí, la infraestructura del centro lo permite”.´

Grijalva refirió en descargo del sistema, que los mayores de edad que se encuentran en el mismo centro, están separados de los menores. Seccionados por pasillos y celdas. Además que este incidente, como otros cometidos durante la reclusión, son considerados para retirar beneficios como la libertad anticipada.

También el Secretario de Seguridad, Daniel de la Rosa Anaya , explicó la mescolanza de edades y peligrosidad en el centro para menores: Los jóvenes mayores de edad que se encuentran en el CEMA son caracterizados como “peligrosos”, por lo que el centro no se encuentra exento de este tipo de incidentes ya que según sus palabras “son internos que están en contra de la autoridad, el orden, de la disciplina”.

Justificó el Secretario: La sección que se rebeló fue la de secuestradores y homicidas, de ahí 9 de estos jóvenes fueron trasladados al CERESO de Mexicali donde seguirán un proceso judicial por los delitos que resulten derivados de estos acontecimientos.

Evidentemente la rehabilitación no es el resultado de haber purgado una sentencia en el CEMA o Granja. De hecho ni la permanencia en el Centro de Readaptación Social (CERESO), asegura una vida libre de reincidencia.

En estos momentos, con sentencias hasta de siete años, se encuentran internados en el CEMA 57 jóvenes infractores; otros 57, pero menores de edad, están recluidos en el Centro de Diagnóstico para menores. Ambos centros se encuentran localizados en el mismo perímetro.

Esta cercanía entre las dos instancias de readaptación se ha tornado peligrosa, pues en el mismo espacio confluyen infractores de 14 años, que aquellos que ya cumplieron 25; pero el grueso de la población de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se encuentra entre los 16 y los 18 años de edad.

De acuerdo a la Ley los menores que cometieron una infracción antes de cumplir 18 años deben estar separados de quienes delinquieron entre los 18 y los 25 años. De hecho, al cumplir 25 deben ser puestos en libertad. A menos que como es el caso del 17 de junio, hayan cometido otro delito durante el cautiverio, con lo que únicamente cambiarán de prisión, para transitar a la Penitenciaría.

Pero la realidad en Mexicali es que adolescentes y jóvenes de entre 14 y 25 años de edad, están recluidos en un espacio, situación que abona más a la profesionalización de la delincuencia, que a la readaptación social.

PDH: Instalaciones, Leyes y personal calificado   

Para Heriberto García, Procurador de Derechos Humanos, el principal problema del Centro de Ejecución de Sentencias y Medidas para Menores, es la disparidad en la edad de sus ocupantes. Jóvenes de hasta 25 años que pueden contaminar a los menores de 14. Ante ello, dijo García, el Sistema Estatal Penitenciario cuenta con tres retos para su debido funcionamiento:

* Instalaciones adecuadas.

* Leyes idóneas.

* Personal calificado.

Sobre las instalaciones adecuadas dijo que se deben separar los jóvenes en cuatro segmentos: Los de 14 años, otro de 14 a 16, uno más de 16 a 18 años y por ultimo de 18 años en adelante, de esta manera se evitaría que los adultos se conviertan en factores contaminantes de los menores. Además, se deben categorizar por el grado de peligrosidad en cada uno de los segmentos.

Pero en las condiciones contrarias a aquellas en las que actualmente se encuentra el Centro para Menores, García  no descarta la posibilidad de abuso entre internos ya que entre éstos existen diferentes códigos que se tienen que respetar y que en ocasiones ni la autoridad tiene conocimiento o no actúa en consecuencia.

“Existen reglas no escritas dentro del penal, hay códigos internos que únicamente los internos conocen y que tiene que ver a veces con la ubicación, con el comportamiento con las amistades.

“Tenemos que ajustarnos a una realidad que es lastimosa como es el incremento de la violencia, de la espiral de violencia, hay menores que cometen un delito en situaciones graves con mayor violencia”.

El Procurador de los Derechos Humanos indicó que el día en que ocurrieron los hechos en el CEMA, personal de la PDH acudió al lugar con el fin de conocer lo que ocurría dentro del centro y avisar a los familiares de la situación jurídica y de salud de los menores implicados, pero además dijo que se encuentran dándole seguimiento a las sanciones que van a recibir los menores ya que éstas deben ser apegadas a la ley.

Luego de analizar la situación, Heriberto García, consideró dos propuestas para el Sistema Estatal Penitenciario:

1.- Traslado interestatal de sentenciados, con lo cual se busca que los internos puedan ser reubicados a sus estados de origen. Esto debido a que en Baja California el 55 por ciento de los reos no se encuentra domiciliado en el estado. Esta situación aísla a los prisioneros aún más. En el Penal de El Hongo por ejemplo, de los 850 internos, únicamente 250 reciben visitas de familiares.

2.- Protocolo de revisión a familiares a la hora de la visita, los cuales batallan cotidianamente para ingresar a los centros de reclusión, mencionó que se buscan mecanismos para tener una revisión seria y responsable pero a la vez que se cumpla con las normas de derechos humanos.

José Carlos Vizcarra Lomelí, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado (CCSP), coincide con el Procurador de los Derechos Humanos, es necesario analizar la presencia de adultos en el centro para menores:

“Nosotros hemos insistido en los últimos días que se haga un análisis muy concreto de todos los casos sobre todo de los adultos que están en ese tipo de reclusorios porque cuando cometieron el delito eran menores de edad, ya que algunos de ellos fingieron o mintieron al momento de ser detenidos”, pero además al ser adultos los responsables de los acontecimientos dentro del CEMA se tiene que revisar la infraestructura ya que no están diseñadas para este tipo de jóvenes, aseguró.

“Afortunadamente ya se tomaron las medidas, ya se trasladaron a esos reos y, bueno, ahora en donde están, estamos seguros que van a poder ser atendidos mejor como individuos que se pueden reintegrar a la sociedad con un buen plan de atención psicológica y terapia ocupacional”.

También coincidió con Heriberto García al presumir que la situación de violencia al interior de la Granja es porque menores son acosados por pandillas internas.

Para Juan Manuel Molina García, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública dentro del Congreso del Estado, “se tiene que crear una infraestructura específica dentro de la Secretaría de Seguridad Pública para que exista una separación, protegerlos entre ellos mismos (a los adultos de los menores)”.

Mencionó que el tema del incidente de violencia presentado en el CEMA dejó al descubierto algunos puntos, entre ellos el de los mayores de edad, indicó que el nuevo proyecto de Ley Integral de Justicia Para Adolescentes buscará separar a los jóvenes por su peligrosidad, pero además retomó la cuestión de los menores de 12 años, los cuales tendrán que ser atendidos por la Ley de Asistencia Social del Estado.

Del proyecto para justicia para menores explicó que se encuentra en su fase final ya que hacen falta pequeñas adecuaciones y en breve podría ser presentado ante el Congreso del Estado para su aprobación, “ la Justicia para Adolescentes ya es oral pero va a necesitar la existencia de un Juez de Garantía, de un Juez de Justicia Oral y una serie de situaciones que la ley actual no previene, además de las modificaciones al sistema DIF, ya que no está preparado ni jurídica ni presupuestal para recibir menores que hayan recibido conductas antisociales”.

Dijo Molina que se tiene que hacer una revisión de estos temas y existe una gran preocupación en la ley por estos temas, por lo cual se tiene que evaluar el desempeño de estos centros periódicamente, para alcanzar el fin que no están obteniendo por el momento: Rehabilitar y readaptar socialmente a los menores infractores.