Alejandro Caso Niebla destacó por sus oficios de comunicólogo en el Gobierno del Estado. Fue de lo poco meritorio que hubo durante el sexenio de Eugenio Elorduy Walther como Gobernador de Baja California. Tanto así que el actual mandatario le pidió se quedara a cargo de la Dirección de Comunicación. El mexicalense aceptó y mantuvo el nivel de la dependencia. Defendió a veces lo indefendible de la administración pública sin llegar a la confrontación con los reporteros o periodistas. Tampoco recurrió a la dádiva oficial y nunca al apoyo financiero o en especie para los compañeritos de la prensa. Alex Caso manejó por los caminos del profesionalismo su carrera, y ello le resultó en una invitación para encabezar la comunicación en una Secretaría de Estado. La de Desarrollo Social con Ernesto Cordero a la cabeza. Pero a este último el Presidente lo nombró hace unas semanas al frente de la especializada Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Caso se quedó en Desarrollo Social con Heriberto Félix Guerra. Pero la realidad es que el Secretario Cordero lo requiere en Hacienda. Como que hicieron buena mancuerna y les funcionó. Por eso analizan en las áreas de la comunicación de la Presidencia de la República, enviar al joven Caso a especializarse en temas fiscales, financieros, tributarios, inflacionarios y económicos, para que pueda dar la batalla como vocero de Hacienda. En las próximas semanas se verá si efectivamente Alejandro estudió o se quedó en Desarrollo Social. Lo cual, vaya, no es una mala opción para su carrera.
Empresario
Un empresario de Tijuana hizo lo que al Gobernador José Guadalupe Osuna Millán le corresponde e incumple: Envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una carta donde solicita vía el Poder Legislativo, un informe al Presidente Felipe Calderón Hinojosa sobre las acciones que realiza y que tiene proyectadas en materia de seguridad pública en esta ciudad. Este hecho y la terrible situación de violencia que se respira en Tijuana –aun en épocas de lluvia– movió a los legisladores a, de una vez, solicitar al Ejecutivo Federal incrementar la presencia de militares y federales en esta región del país. También el Senador Guillermo Tamborell tomó la palabra, durante la lectura de la carta del empresario, para aclarar que ese tipo de solicitudes le corresponde hacerlas al Gobernador de Baja California y no a un líder empresarial. Luego del informal extrañamiento hacia la actitud pasiva de Osuna en el tema de la seguridad, el legislador sugirió y así fue aprobado, guardar en el anonimato la identidad del empresario que tomó la iniciativa para contribuir a su seguridad. Entonces los legisladores cambiaron el documento. Eliminaron el nombre del peticionario y reencaminaron la solicitud a las Secretarías de la Defensa, de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de la República y a la Armada Mexicana, para que den respuesta a la inquietud de un empresario tijuanense dada la inactividad del Gobernador en el tema de la seguridad. Pena ajena sintieron legisladores bajacalifornianos cuando vieron que fue un particular y no el mandatario quien insta a conocer los planes federales de seguridad para Tijuana. Todo sucedió el martes 26 de enero en la Cámara de Los Vitrales del Poder Legislativo.
Juanita Amaya
Que en fechas recientes en las oficinas del Hipódromo Caliente se recibió una propuesta política que consideraron ridícula, pero aún así escucharon. Explicaron los informados que María Elvia Amaya y su esposo, Jorge Hank, atendieron a priístas enviados supuestamente por el Comité Ejecutivo Nacional. Les plantearon un esquema electoral que según ellos aseguraba ganancias para todos: La cara y el peso de la labor altruista de María Elvia como candidato a la alcaldía, “porque está probado que la gente escucha a las personas bonitas” (argumentaron) y que su marido invirtiera por lo menos10 millones de pesos a la campaña por la Presidencia Municipal de Tijuana. Pero eso no fue todo. También condicionaron los enviados de que Amaya sólo fuera la candidata ganadora del PRI y una vez en la Presidencia Municipal, solicitara licencia para que entrara a gobernar el suplente, que por supuesto ellos seleccionarían. La respuesta fue no, pero están abiertos a negociar. De hecho esperan más detalles de la estrategia. Ahora resulta que ni René Mendívil, ni Carlos Bustamante ni Mario Escobedo son la terna a elegir, sino que depende de si María Elvia se quiere convertir en Juanita de Tijuana. Y ni modo, si ninguno de los tres es electo candidato, será por feos… dado que uno de los argumentos para convencer a la señora Amaya (aparte de los diez millones de su marido) es que “a la gente bonita sí la escuchan”.
Los Esquivel
“En el municipio de Rosarito debes tener cuidado con lo que hablas y con quién porque todos son parientes”, recomiendan periodistas y políticos locales. Y así es. Resulta que para la próxima contienda electoral, dos de los suspirantes a la alcaldía son de apellido Esquivel y son familia. Más cercano o más lejanos, los dos son consanguíneos de uno de los personajes mencionados en la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/632 /09-M-VII, en la declaración que hizo el presunto homicida y ex policía municipal Ángel Jácome Gamboa “El Kaibil”, el 9 de marzo de 2009, el ex comandante operativo de la policía municipal de Rosarito Pánfilo Esquivel. Incluso el nombre de uno de ellos, también fue expresado por el criminal.
Son Enrique Esquivel Haroz del Partido Revolucionario Institucional y Juan Gabriel Esquivel Fierro, de Acción Nacional. De acuerdo al resumen de la averiguación en la Procuraduría, Jácome dijo que ingresó a la policía con el Síndico Juan Gabriel Esquivel y “que trabajó con Pánfilo Esquivel Fierro en la policía, y éste lo mandaba a recibir dinero. La cantidad de 10 mil dólares cada mes”. Agregaron en el texto: “Al cambio de administración le entregaron el teléfono a Marco Antonio Carrillo Peña. Con él siguió como intermediario”. Ex compañeros de los Esquivel agregaron que siendo Síndico, Gabriel realizó más de un viaje a Suiza. El comandante Pánfilo se fue a vivir a Estados Unidos desde que el nombre de “El Kaibil” se hizo público. Con esos candidatos… Ni cómo apostarle a la seguridad.
Consejo Electoral de la Fortuna
Apenas tomó el mando como Presiente del Consejo General Electoral, Enrique Blancas designó como Secretaria Fedataria a la abogada Graciela Amezola Canseco, quien había sido destituida por el organismo cuando asumió el cargo Víctor Alarcón Requejo en el 2007. De acuerdo a datos extraoficiales, en aquel tiempo se le indemnizó con cerca de 700 mil pesos –por doce años de antigüedad– ya que había estado en el cargo desde el 2001. Amezola ingresó al organismo electoral desde 1995 y laboró en la Dirección de Partidos Políticos y Prerrogativas, luego fue nombrada Secretaria Fedataria y en el 2007 Alarcón la reemplazó por Daniel García García, quien también ahora espera una indemnización que podría ser el doble, tomando en cuenta el incremento de los sueldos de funcionarios en esta última etapa. En el 2008 con la destitución de Alarcón, la Consejera Marina del Pilar fue designada Presidenta del Consejo pero al parecer el fedatario García García “no la reconocía” por lo que la académica jaló a Amezola para que la asesorara. Hoy está de nuevo en el cargo, mientras su antecesor espera la millonaria indemnización. Los indemnizados de ayer serán los contratados de hoy.
