De repente sucede lo que no debería ocurrir. Que luego de una detención “importante”, las autoridades civiles se relajan a gozar su cuota de participación en el combate al crimen organizado. Al menos esa es la percepción de lo que acontece hoy día con la Policía Federal.
Con importantísima ayuda de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos lograron finalmente capturar al mafioso sinaloense que aterrorizaba a Tijuana, Teodoro García Simental, el 12 de enero de este 2010, y nada más se ha sabido de su investigación y esperados decomisos y detenciones en esta ciudad, como lo que sería un efecto dominó luego de la caída del capo.
En contraparte, y aprovechando esta ausencia de investigación y determinación de actos contra los integrantes de la célula delictiva de este sujeto, los criminales aprovechan para esconderse primero y reorganizarse después. En este intermezzo, aquellos delincuentes, que se encuentran en los últimos eslabones de la cadena criminal, descabezados o acaso libres para dar rienda suelta a su naturaleza delictiva, arrecian contra una sociedad a la que se le va olvidando la captura y vive en carne propia la afrenta de los facinerosos.
Es así que en las últimas dos semanas muchos tijuanenses de bien, modestos, exitosos, prósperos y decentes, han visto amenazada su tranquilidad familiar, profesional y social. Han recibido llamadas amenazadoras que desde diferentes teléfonos, la mayoría desechables de uso móvil, pretenden extorsionarlos para sacar diez, quien mil dólares que tendrán como destino el mantenimiento de una estructura vandálica, criminal, de las muchas que afloran luego que de una detención “importante”, justo cuando la autoridad federal no ataca las bases de esa célula criminal.
Prácticamente les dan carta abierta para hacerse de recursos ilícitos de la manera que mejor les convenga. Son amenazas de pánico, extorsiones que aún cuando el delito es del fuero común, tienen su origen en el fuero federal donde está inscrita la persecución del narcotráfico y el crimen organizado.
Ahí está el caso de un joven trabajador que recibió la maldita llamada sólo para escuchar que por alguna razón él, con su vida de trabajo y decencia, había afectado los intereses de la banda del detenido en La Paz, Baja California Sur. Así con todas sus letras, el joven pensó de inmediato que ni encarcelado el tipo dejaría en tranquilidad a la ciudadanía que vulneró entre balaceras, trasiego de estupefacientes y vendettas. Colgó el teléfono una vez, pero le volvieron a llamar. Le alertaron: Estaban fuera de su domicilio y no se irían hasta negociar su paz y vida. Querían dinero, y no consiguieron nada. El indefenso hizo oídos sordos a las cobardes amenazas de una cara sin rostro. Los delincuentes fueron tras otra presa.
Una mujer. Una buena mujer tijuanense que como muchas y muchos, ha sido testigo de retenes, corretizas y enfrentamientos. En la quietud de su hogar la despertó el timbre de un teléfono que contestó confiada en escuchar al amigo, al pariente. Lo que encontró fue una voz que tras la impunidad le dijo que ya la tienen “fichada”. Que saben de sus comunicaciones y acciones. Que trabajan para el detenido en La Paz, y la tienen en la mira. Ella colgó el aparato telefónico y recibió otra comunicación: Le ofrecerán protección a cambio de una suma en dólares. Desde entonces, el terror en esa casa ha sido permanente.
Finalmente, esto es lo que también le ocurre a los comerciantes, hombres y mujeres que a base de lucha y trabajo, mucho trabajo, han ido construyendo un sustento económico para la familia, el estudio, para salir adelante dentro dela azarosa vida económica de México. Y que cuando lo han logrado, despiertan la ambición del crimen. Reciben llamadas y mensajes en comercios, tiendas y hogares que los amenazan con secuestrarlos, y luego les ofrecen no hacerlo. Piden cinco, diez, quince mil dólares al mes para garantizar que nadie les hará daño, que les permitirán continuar su negocio en santa armonía.
Este es el escenario en el que han quedado sumidos muchos tijuanenses, luego que la autoridad federal detuvo a un mafioso, pero no vino por el resto de sus compinches. Sólo que la sociedad de Tijuana denuncia, enfrenta, como que ha aprendido a falta de resultados profundos en la lucha contra el crimen por parte de la autoridad federal –a la que corresponde investigar- a auto-defenderse en este incesante ambiente de inseguridad. Ojalá la Policía Federal y el Gobierno de México estuvieran a la altura de sus ciudadanos.
