El martes 20 de abril, se cumplirán 22 años del asesinato del codirector fundador de ZETA, Héctor Félix Miranda “El Gato”, de parte de esta casa editorial, el reclamo de justicia ante su muerte no ha cejado en el paso del tiempo.
Como respuesta permanente, sólo se ha tenido la actitud evasiva de los gobiernos, el estatal y el federal.
De forma abierta, las incapacidades y manipulación de intereses, han impedido que el o los autores materiales del crimen sean buscados, menos capturados. Esta impunidad continuada por décadas, ha transformado a la autoridad de perseguidor en cómplice de los criminales.
En 1988, la procuraduría del gobernador priísta, Xicoténcatl Leyva Mortera, aprehendió a Victoriano Medina. En 1990, la fiscalía estatal del panista Ernesto Ruffo Appel, capturó a Antonio Vera Palestina. Cuando asesinaron al columnista ambos homicidas eran encargados de la seguridad de Jorge Hank Rhon, dueño del Hipódromo Agua Caliente. Medina declaró que mató a Félix porque le “profesaba un odio acérrimo” debido a “…publicaciones ofensivas en su periódico contra de su actual patrón (Jorge Hank)”, sin embargo, el ministerio público del gobernador, Héctor Terán Terán, decidió no avanzar y cerrar el expediente sin buscar a quien ordenó el homicidio.
Durante 2007, el oportunismo político colocó nuevamente el caso en la agenda pública. Como candidato, el actual Gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, tenía como contrincante a Jorge Hank, ex patrón de los homicidas, así que habló de la factibilidad de reabrir el caso, pero llegó y olvidó el tema.
Hasta ahora, el esfuerzo del gobierno osunista se ha limitado a impedir que el beneficio de la libertad anticipada le sea concedido a Antonio Vera Palestina. A través de la Dirección General de Sentencias del Gobierno de Baja California, cuyos exámenes han determinado que el homicida no es apto para reintegrarse a la sociedad y debe cumplir los 25 años de cárcel que le fueron impuestos.
En 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se involucró solidariamente en la solicitud de avances judiciales en el caso Héctor Félix. Pero debieron enfrentarse al absurdo de una autoridad federal negligente, que les pidió hacer el trabajo del Ministerio Público. Que presentaran “nuevos elementos para continuar con la investigación”.
Francisco Javier Ortiz Franco, abogado y editor de ZETA, fue designado por el organismo internacional para revisar el expediente y elaborar el informe que se entregaría a la autoridad. Antes de concluirlo…también fue asesinado.
Hoy, ZETA reitera la petición de justicia que periódicamente se hace desde la página 2B, en cada edición del semanario.
A los funcionarios de las procuradurías y fiscalías especiales, quienes han declinado sus deberes en el caso de Héctor Félix, se les recuerda públicamente que están obligados a identificar, aprehender y consignar penalmente a todos los culpables del asesinato, sin importar, posición social o poder económico.
“Es preferible una justicia tardía que una injusticia eterna. La única explicación de la impunidad es que no se quiere hacer justicia", declaró públicamente el 14 de abril, Luis Alen, subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en Argentina. Y tiene razón.
