Ley SB 10-70

Rosario Mosso Castro

Primero se quejan y rechazan… por injustas, las alertas que emite el Gobierno de los Estados Unidos contra México para evitar que sus ciudadanos viajen a este país. Después lanzan un llamado para que los mexicanos no vayan a Arizona y boicoteen el comercio de esa ciudad, actividad de la que viven miles de connacionales.

En materia de seguridad anuncian y reclaman que no tolerarán ninguna intromisión del gobierno norteamericano, sin embargo se esfuerzan por hacer público que las autoridades mexicanas proporcionarán asesoría a migrantes ilegales que residen en Arizona, sin importar que esto signifique un entremetimiento en las políticas de un país extranjero.

Lo ha hecho el Presidente Felipe Calderón, una fila de secretarios, diputados, gobernadores de los estados colindantes con el país del norte y hasta los alcaldes fronterizos. Todos han abierto la boca, viendo la paja en el ojo ajeno pero ignorando desfachatadamente la viga en el propio.

Ciertamente, la Ley SB 10-70 firmada por Jan Brewer,  gobernadora de Arizona, que convierte en delito no tener documentos que acrediten la estadía legal en aquel estado, y permite a los policías la detención de cualquier persona que físicamente parezca ser mexicano, es violatoria de los derechos humanos.

Sin embargo, analistas han dicho que esta ley no pasará y no podrá ser aplicada: Primero porque tiene el rechazo de la Presidencia de Barack Obama, de varios estados en el mismo país, y en consecuencia podrá vetarse; segundo, porque los republicanos no la emitieron para que prosperara: lo hicieron como medida política, campaña para lograr más votos y escaños en el Senado y la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término el próximo 2 de noviembre.

Lo que promotores y defensores sí han logrado hasta el momento, es reavivar los sentimientos racistas que ponen en riesgo a los más de 400 mil mexicanos que residen en aquel territorio. En este contexto las declaraciones de las autoridades mexicanas se convierten en palabras superficiales que evidencian la existencia de un doble discurso y un enorme esfuerzo por responsabilizar, de sus incapacidades, al gobierno de un estado localizado en otro país.

Porque mientras se critica la Ley SB 10-70, en el sur mexicano se permiten maltratos, vejaciones y deportaciones de migrantes centroamericanos y sudamericanos que ingresan a México sin papeles. Simplemente se aplica la Ley General de Población que como la 10-70, obliga a los extranjeros a tener un permiso de internación y permanencia, también faculta a las fuerzas públicas a comprobar su legal estancia y detenerlos para su extradición en caso de incumplimiento. Además, antes de regresar a su país, deben pagar una multa de 20 a 100 salarios mínimos.

Incluso, de acuerdo al artículo 115, el mexicano que de ocupación auxilie, encubra o aconseje a extranjeros sin papeles se hace acreedor a una multa de 100 días de salario mínimo o un arresto de 36 horas. ¡¿Qué tal?!

Si de verdad los gobiernos mexicanos quieren que los mexicanos que emigran ilegalmente a Estados Unidos (535 mil sólo en el año 2009, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía) sean tratados con dignidad, deberían empezar en territorio nacional.

Para impedir que los humillen y arriesguen su vida, tendrían que generar fuentes de empleo  y salarios dignos para todos esos jóvenes y padres de familia que se ven obligados a abandonar su hogar ante la falta de oportunidades en México, generar espacios para el desarrollo de centenares de científicos que deben buscar su crecimiento en otros países y operar programas de desarrollo regional y rural que garanticen la alimentación y vida digna para los miles de campesinos que dejan sus entidades. Y claro, alzar la cabeza para negociar con Estado Unidos una verdadera reforma migratoria.

En México están conscientes que, como Gobierno, no tienen ninguna posibilidad de impugnar o suspender judicialmente esta legislación racista, así que sería mejor que dejaran de usar políticamente la vulnerabilidad de los inmigrantes, con retórica, y pongan manos a la obra, si de verdad les importa la vida y seguridad de estos connacionales.

La decisión es entre dos países. No de una nación a un estado.