Sin cambios

Rosario Mosso

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presentó la Estrategia Nacional de Control de Drogas, con programas y metas a las que les asignó millones de dólares. Pero el mandatario mexicano Felipe Calderón, llegó con las manos vacías a la reunión de cooperación bilateral en el combate a la delincuencia organizada e inmigración, realizada el 19 y 20 de mayo en Washington.  

Ocho días antes de este encuentro, Obama anunció un cambio en la estrategia de combate al crimen organizado. Dijo que económicamente, el tráfico en ese país seguirá atacándose como un conflicto de seguridad, pero ahora también será combatido como un problema de salud, con programas a los que dedicará el 36 por ciento del presupuesto en cuestión.

Si bien estas modificaciones y las políticas de salud mencionadas, pueden ser consideradas pobres e insuficientes por algunos críticos, dentro y fuera de ese país, el hecho fue que el líder del pueblo anglosajón estableció metas y tiempos para reducir el consumo de drogas, su principal participación en el problema del narcotráfico, y con ese esquema bajo el brazo llegó a la entrevista con su símil mexicano.

De acuerdo al discurso, los estadounidenses consideran que ha sido un error enfrentar el tráfico de drogas como si fuera una guerra y por eso iniciaron un cambio. Y resulta que el presidente Calderón Hinojosa, se presentó ante los líderes de los tres poderes del país vecino con la misma política de 2008, basada precisamente, sólo en una ofensiva militar.

Además, llegó sin plan nacional o estrategia, ni vieja ni nueva. Nada de acciones o cambios de operatividad que respondan al análisis de los errores y la problemática que se ha detectado a partir de la implementación de su decisión “reactiva” de combate a la inseguridad.

Esa de sacar al Ejército a las calles sin adiestrarlos en lo civil, sin acuerparlos con una Ley que los proteja y defina sus actuaciones, sin equipo, ni jurisdicción de investigación, otorgándoles toda la responsabilidad y ninguna facultad que les permita perseguir a los criminales más allá de la flagrancia.

Sin hacer nada para proteger los derechos de los civiles y de los militares, sin combatir el tráfico en el tema de salud, en lo financiero, en lo hacendario, en lo agrario, ni en lo social como un problema de pobreza, porque esos programas de oportunidades se siguen manipulando como botín político.

Tampoco presentó Calderón cambio de rumbo relacionado con la matanza de jóvenes preparatorianos en Ciudad Juárez en enero, los dos universitarios acribillados en marzo en Monterrey, el asesinato de candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Valle Hermoso, Tamaulipas, o la desaparición de abogado panista Diego Fernández de Cevallos,  este mes.

El Presidente de México evidentemente decidió no establecer una postura, ante la nula captura de capos en territorio sajón, ni reclamar que para ocultar el problema de estadounidenses dedicados al narcotráfico, los funcionarios americanos se dediquen a estigmatizar al país que él gobierna, asegurando que son mexicanos (y colombianos) quienes se dedican a distribuir y vender la droga en aquel país.

En ese contexto y con desenfado, sólo llegó a pedir cooperación, coordinación y el dinero de la Iniciativa Mérida, ofreciendo a cambio compartir información que obtengan los soldados y extraditar a los criminales que detengan las fuerzas castrenses. Más de lo mismo que ha manejado los últimos dos años, la única diferencia fue que ahora solicitó directamente a los congresistas de Estados Unidos consideren la restitución de la ley que prohibía la venta de armas de alto poder.

Al dar más de lo mismo, lo único que se obtuvo fue que se oficializara la coordinación interinstitucional que ya existía, con la orden de establecer un Comité Ejecutivo Bilateral para la Frontera del Siglo XXI (CEB) que operará a partir del 19 de agosto y su función será coordinar y facilitar las iniciativas para mejorar la seguridad y eficiencia de la frontera común.

Ahora habrá que esperar si, presionado por la obligación de presentar propuestas en este comité bilateral, el Presidente y su gabinete deciden finalmente hacer los cambios que requieren las políticas del estado pera responder a la realidad actual de la inseguridad mexicana.