Aparte, dos ex policías municipales se suman a los capturados en Tijuana

Arraigan a militares

Dos mujeres, una subteniente y una soldado, así como un capitán retirado, fueron arraigados a solicitud de la autoridad federal, luego que fueron capturadas las mujeres cuando intentaron sobornar con 50 mil dólares a sus compañeros de la milicia en el retén de “El Centinela” en Mexicali, para que permitieran el paso de un cambión con ocho toneladas de droga.

Investigaciones ZETA

La subteniente asistente social María del Rosario Domínguez Hirales, llegó el 1 de agosto por la mañana al retén de “El Centinela” en Mexicali, que es custodiado y facultado de la II Zona Militar del Ejército Mexicano, para revisar vehículos en busca de cargamentos ilícitos de drogas, armas o dinero.

Pero el objetivo de la subteniente era todo lo contrario.

A las seis de la mañana, Domínguez Hirales llegó en su automóvil Hunday, la acompañaba la soldado auxiliar oficinista, Margarita Estefanía Villa Bojórquez. Justo en kilómetro 41.5 de la carretera Tijuana-Mexicali, al arribar al puesto de revisión, detuvieron la marcha del carro y preguntaron a un soldado si tenían sanitarios. A la respuesta afirmativa siguió el camino a los baños donde Domínguez se presentó con el soldado como subteniente y preguntó quién se encontraba a cargo del retén ese día y a esa hora. Le informaron nombre y cargo.

Las mujeres militares hablaron en secreto, y la soldado se encaminó hacia el supervisor, a quien invitó a acompañar a la subteniente. Solicitó Domínguez una vez más el nombre, el cargo y el número de celular del oficial encargado del retén del Centinela, y pidió al militar que la acompañase a su auto. Una vez ahí, le soltó:

“Que había 30 mil dólares para él si le dejaba pasar una carga”. El oficial a cargo le dijo que se había equivocado de persona, que le diría con quién hablar. Así el soldado informó de la oferta a su superior y éste a su vez al comandante. Los militares acudieron ante la mujer para seguirle el papel. Ella les hizo la misma oferta. 30 mil dólares por dejar pasar la droga. Ellos preguntaron dónde se encontraba, y entonces fueron informados: la carga está en Mexicali, en un tráiler y son ocho toneladas de mariguana.

Cuando le inquirieron a la subteniente sobre la procedencia de la droga y el propietario, sólo atinó a decir que le pertenecía a “Manolo Tapia, de Cuernavaca”. Ante esto, el comandante solicitó a las mujeres las credenciales que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional a sus miembros para identificarlos, y cuando las mujeres las entregaron, ordenó el superior la captura de las dos.

Las dos mujeres militares fueron puestas a disposición de la autoridad federal para ser juzgadas por cohecho, delitos contra la salud y lo que resulte. Una vez en la investigación del caso, otro hombre fue identificado. Juan Cruz Lagarda, capitán en el retiro.

En su declaración, la subteniente Domínguez dijo que ella fue contactada en Ensenada por un hombre al que apodaban “El Sobrino”, de nombre José de Jesús Domínguez, que empezaron a salir y que éste le hacía regalos, que después –según declaró la soldado Villa– incluyeron a la otra militar para departir juntos.

Que poco a poco, el hombre le dio confianza y le dijo a qué se dedicaba, que les comentó que necesitaban reclutar personal militar asignado a los retenes para poder pasar droga, y las convenció de ayudarlos. Que siempre “El sobrino” se comunicaba con el de apodo “El Tío”, a quien el capitán en el retiro Cruz Lagarda, identificaría como Israel Ramírez Larios.

Las mujeres entonces acudieron al retén de “El Centinela” para cumplir con la encomienda de “El sobrino”. Primero ofrecieron los 30 mil dólares, y cuando se vieron acorraladas subieron el soborno a 50 mil billetes verdes. La estrategia no les funcionó. Fueron delatadas por los soldados y superiores asignados a la II Zona Militar, y las mujeres detenidas.

En la investigación que lleva la autoridad federal, se solicitó el arraigo de las damas de la milicia y les fue concedido. Ellas no han declarado cuánto –si es que lo harían– les pagarían por sobornar a sus compañeros. Tampoco han aportado más información sobre la procedencia y propiedad de la droga, más allá de declarar que era de “Manolo Tapia de Cuernavaca”. La investigación continúa abierta.

Tres días después de la detención de las mujeres, un pick up Ford Ranger cabina y media, fue detenido en el puesto de control militar “El Chinero” en la carretera que conecta la capital del estado con San Felipe. Un militar le explicó al tripulante que le haría una revisión de rutina, que descendiera del auto. Una vez en tierra y repentinamente el hombre echó a correr. Fue detenido.

Al revisar el vehículo le encontraron crystal, 30 envoltorios de la misma droga y un kilo de mariguana. Se identificó el detenido como Mauro Santiago García, pero después fue identificado por el capitán en el retiro Juan Cruz, como Israel Ramírez Larios, de apodo “El Tío”. Entonces la investigación empezó a cuadrar para los federales.

Juan Cruz explicó que hace tiempo, por intermediación de un subteniente, entró en comunicación con “El Tío”, que éste le habló primero al celular para citarlo en un restaurante de la Plaza Río a desayunar. Ahí Ramírez Larios, le explicó que necesitaban reclutar militares que estuvieran asignados en los puestos de revisión de Baja California para darles dinero a cambio de que dejaran pasar cargamentos de droga. Le dijo a Cruz, que si le conseguía militares dispuestos a pactar, a él le pagaría diez mil dólares.

Pero Juan Cruz declaró que no encontró militares dispuestos a pactar con el crimen. Además que ante la falta de “resultados” para “El Tío”, éste lo citó en tres ocasiones en el mismo lugar para motivarlo a la corrupción de oficiales del Ejército.

Los cuatro personajes, la subteniente, la soldado, “El Tío” y el capitán retirado, están cautivos. La investigación para identificar al cártel que contrató a estas personas y buscar corromper militares, está en proceso.

Por lo pronto, dos soldados y un capitán en el retiro, ya fueron arraigados.

Policías detenidos de “La Presa”

La identificación del ex policía municipal Blas Enrique Leyva Esparza, como presunto miembro del crimen organizado en Tijuana, la hizo Marcos Assemat Hernández en agosto de 2008 en una ampliación de declaración. La confirmó Luis Ernesto Ramírez Vázquez “El Güero Camarón”, cuando lo aprehendieron el 25 de octubre del mismo año, pero no pasó nada. Ocho meses después, sicarios detenidos tras los homicidios de agentes municipales de Tijuana, cometidos entre el 6 y 7 de julio de 2009, lo señalaron también como uno de los ejecutores de estos homicidios ordenados por Teodoro García Simental.

De nuevo, quedó impune, la Procuraduría del Estado ni siquiera pidió orden de aprehensión.

Assemat y Ramírez coincidieron al declarar que Blas “…trabajaba para Raydel López Uriarte  El Muletas”, ZETA hizo públicos estos señalamientos oficiales el 27 febrero de 2009 en la edición 1822. Ramírez aseguró que en octubre de 2004, Blas y otros cinco jefes policiacos le empezaron a recibir personalmente dos mil dólares semanales y un teléfono celular para atender instrucciones, Blas “… siempre se quedaba con el teléfono aunque cambiaran de jefe, él lo presentaba a mí o al Muletas”.

Todavía era subjefe de la delegación La Presa cuando dejó de asistir a las instalaciones de la Policía Municipal de Tijuana en mayo de 2008, después del primer operativo de detenciones de policías hecho por elementos del Ejército y la campaña de bajas masivas de agentes, realizada por la Sindicatura Municipal del ayuntamiento de Tijuana.

Al final, la única sanción contra Leyva fue su baja definitiva de la corporación que se dio sólo “por faltas”.

El 9 de julio de 2009, su nombre resurgió. Presuntos cómplices lo delataron como líder de célula y mata-policías. ZETA lo reportó en su edición del 10 de agosto y 20 días después la Secretaría de Seguridad Pública Municipal emitió un boletín acusando a los ex agentes  Blas Leyva, Ezequiel Valle Rangel, Israel de la Cruz López y Luis Gilberto Sánchez Guerrero, como los responsables de la jornada de sangre emprendida contra los uniformados de Tijuana a partir de enero de 2008.

Un año después, el 23 de julio, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en delincuencia organizada promovió y un juez le otorgó, orden de aprehensión en su contra como parte de un expediente que incluye a otros 82 policías y ex agentes municipales acusados de crimen organizado y de tráfico de drogas en la modalidad de fomento.

Los operativos de captura se hicieron efectivos el 29 de julio pero a “El Blas” no lo encontraron, ni en sus casas, ni en sus negocios de Tijuana. Su aprehensión se hizo efectiva hasta el 7 de agosto en ciudad Hermosillo, Sonora, la ejecutaron elementos castrenses de la 4ta. Zona Militar.

No hubo informes de las razones por las cuales fue inicialmente detenido.

Pero durante el primer interrogatorio “El Blas” portaba identificaciones con un nombre diferente y con ese apelativo se presentó ante los soldados. Sin embargo la orden de aprehensión y su identidad real botaron cuando corrieron sus datos en la Plataforma Nacional. Como era reclamado por la SIEDO, agentes federales llegaron por él y lo trasladaron a la ciudad de México, donde los informes son que ha sido un testigo cooperador.

A diferencia de “Blas”, al ser detenido, Alfonso Chávez Biempica era agente activo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, tiene 35 años y en los registros oficiales estaba identificado como agente del distrito Zona Centro en la Sección Patrullas. Chávez fue asignado a la delegación La Mesa en enero de  2010, y el mismo mes lo mandaron a Los Pinos, la primera quincena de febrero llegó a la delegación La Presa, y antes de terminar la segunda quincena ya estaba de regreso en Los Pinos. En marzo lo reasignaron a La Presa.

Sus jefes no han justificado la excesiva movilidad del agente ni el interés evidente en La Presa, delegación más problemática y mayormente corrompida por el crimen organizado.

Tampoco pudieron explicar por qué siempre se le asignaba la misma unidad 5058, a pesar que esa delegación no está sectorizada. Este uniformado no tenía ningún procedimiento administrativo en su contra, ni denuncias en el ministerio público del fuero común. Empezó a faltar injustificadamente a sus obligaciones a partir del 4 de julio después que fue detenido por secuestro el ex policía José Antonio Ruiz Salmerón; dejó incompleto su curso del SUBSEMUN que terminaba el 7 de agosto, sin embargo las ausencias fueron notorias para sus jefes hasta el 14 de julio. Obviamente no se presentó el 29 de julio al curso organizado para concretar las aprehensiones promovidas por la SIEDO. Y los soldados no lo encontraron en su casa.

Fue hasta el pasado fin de semana, que elementos del Ejército que patrullaban en un recorrido de rutina pudieron ubicarlo en las inmediaciones de la Garita de San Ysidro. Continúan pendientes de capturar seis policías municipales activos y nueve dados de baja.