Ninguna autoridad en BCS investiga el documento publicado por ZETA.

Piden investigar desvío

El Gobernador no quiso hablar del caso. El secretario de finanzas primero dijo que le robaron hoja membretada, firma y sello para hacer el memorándum y después se desdijo. La presidenta del Instituto Estatal se negó a entrevista lo mismo que funcionarios de gobierno. Los otros partidos, PAN y PRI, así como empresarios y sociedad, exigen investigar el desvío de cinco millones de pesos. El precandidato Díaz, ataca al semanario, pero no ofrece pruebas a su favor

Gerardo Zúñiga Pacheco

Fuera de una comisión creada en el Partido de la Revolución Democrática nacional, ni la Contraloría, ni el Congreso del Estado, ni la Procuraduría de Justicia del Gobierno de Baja California Sur, ni el Instituto Estatal Electoral, están investigando el caso del documento que prueba el desvío de recursos en el gobierno de Narciso Agúndez a favor del precandidato del PRD al gobierno del estado, Luis Armando Díaz.

Ante la falta de argumentos para rebatir el memorándum sobre el desvío de cinco millones de pesos ordenado por el gobernador Narciso Agúndez Montaño hacia la precampaña de Luis Armando Díaz, en el gobierno de Baja California Sur recurrieron a la descalificación. Al ataque.

Mientras partidos de oposición, ciudadanos y empresarios demandaron al Instituto Estatal Electoral y la Contraloría investigar el tema del desvío de recursos, representantes del PRD y del gobierno de Narciso Agúndez pretendieron descalificar la autenticidad del documento publicado en ZETA y que salió de la oficina del Gobernador.

Pasaron de la descalificación a la mentira y de ahí a retractarse, hasta que los líderes del PRD y el DIA arribaron a La Paz para, entre otras cosas, solicitar una investigación.

Cuatro días después de la publicación de ZETA donde se muestra el documento que prueba el desvío, el gobierno emitió un comunicado sobre la postura del gobierno de Baja California Sur, pero lejos de ofrecer una explicación convincente, tuvo que recurrir a la descalificación que en su propio comunicado de prensa denostó y condenó al definirse como “víctima de una campaña de desprestigio”.

Alfredo Porras Domínguez, secretario general de gobierno, dijo al cierre de esta edición que la información publicada estaba basada en infundios al grado de haberse falsificado un documento sobre el supuesto desvío de dinero público hacia una campaña política, acusación lanzada ante la ausencia de pruebas de descargo, mientras los sudcalifornianos están al pendiente del desenlace de este caso, que es considerado como la punta de corrupción y desvío de dinero público al final del sexenio del gobernador Narciso Agúndez Montaño.

Y es que la postura oficial únicamente ofreció una “opinión más” de la avalancha de comentarios que desencadenó la publicación e hizo crisis en la administración agundista, que como estrategia trató de poner en duda la autenticidad del documento publicado y hasta visualizó que detrás de la publicación de ZETA estaba la oposición o grupos internos del PRD.

Sin embargo, es prudente mencionar, que quienes entregaron el documento como prueba del desvío, fueron personas que laboran en el propio gobierno de Agúndez. Lo hicieron, dijeron al semanario, hartos de la impunidad con la que en el gobierno utiliza el recurso público para otros fines, y cansados del abuso del poder y del enriquecimiento ilícitos de personajes como el secretario de desarrollo, Jorge Alberto Vale Sánchez; el secretario privado del gobernador, César Uzcanga González; el vocero del gobernador, Antonio Alcántar López y el propio gobernador junto con su familia y círculo de amistades más cercanas, dueños de prósperos negocios, como “Rivera Corp, S.A de C.V”, propiedad de su yerno Freddy Erubey Martínez Rivera y principal constructor de obra pública del gobierno agundista.    

Previo a la emisión del comunicado de prensa, el gobernador Narciso Agúndez, el secretario de finanzas, José Antonio Ramírez; el titular de la PGJE, Francisco Karim Martínez Lizárraga; el director de asuntos jurídicos y estudios legislativos, Ramón Alejo Parra Ojeda y el secretario privado del gobernador, César Uzcanga González, tuvieron una reunión el medio día del 14 de septiembre en palacio de gobierno. Por la tarde, se hizo oficial su postura.

Contradictoriamente, el boletín decía que no se respondería a los señalamientos de ZETA, pero en el propio comunicado se respondió, sin más elementos que descalificar y reprobar la información publicada.

Pero esa respuesta fue solamente una de cuando menos tres versiones que salieron a la defensiva del gobierno de Agúndez de manera “extraoficial”, ofreciendo contradictoriamente distintas versiones sobre el mismo tema.

Las contradicciones

A la defensa del gobierno de Agúndez, salieron tres funcionarios que por problemas de comunicación interna, cayeron en una serie de contradicciones que no abonaron a la credibilidad de sus versiones.

El secretario de finanzas, José Antonio Ramírez Gómez, dijo en una entrevista de banqueta que el documento publicado había sido producto de una falsificación por parte de sus propios empleados; comentó que intentaron chantajearlo para no hacer pública la información del desvío de Agúndez. “Enviaron a mi oficina la copia del documento que fue publicada y me dieron un número de cuenta donde depositar un monto de dinero, pero no acepté, destruí el sobre y les dije ‘no acepto sobornos, publíquenlo’”.

Aunque dijo tener plenamente identificados a los empleados del gobierno, no entregó nombres ni pruebas de su dicho, ni presentó denuncia penal por intento de extorsión, como en el caso debería de haber procedido.

Lo que sí hizo fue ofrecer en detalle su hipótesis de cómo se falsificó el documento: “La hoja membretada fue sustraída ilícitamente de la Secretaría de Finanzas y posteriormente fue llenada con los datos ya expuestos, utilizando facsímil (firma en sello) del gobernador y el sello con que regularmente se recibe documentación interna”. Hasta ahí. Ni proporcionó nombres, ni testigos, ni denuncia por el robo de papelería oficial o utilización de un sello del gobierno siendo que, de suceder los hechos como los plantea el secretario, esto aconteció en abril de 2010. Cinco meses tuvieron en el gobierno para presentar la denuncia por robo de documentación y sellos, pero no lo hicieron.

Pero todavía no terminaban de subir su declaración para hacerla circular en la red, cuando el 13 de septiembre Ramírez Gómez se desdijo. “Este tema me da ‘hueva’, estoy harto de estas chingaderas. Todo es un invento. Yo no denuncié (el robo de papeles) nada, esto es un invento”, dijo a reporteros del diario El Peninsular.

ZETA solicitó el pasado 14 de septiembre una entrevista con el secretario de finanzas, José Antonio Ramírez, pero al cierre de esta edición no había respuesta.

El segundo en hablar del tema fue el contralor general del estado, Román Pablo Rangel Pinedo, quien dicho sea de paso, no ha investigado ni el nepotismo en el gobierno de Agúndez, bajo la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ni el caso de la desaparición de 16 millones de pesos de la Oficina de Comunicación Social a cargo de Antonio Alcántar López.

Pero sobre la publicación en este semanario del documento que prueba un desvío de fondos, el contralor Rangel dijo que era “amarillista y tendenciosa, carente de verdad por la presentación de un documento apócrifo y evidentemente alterado”. Pero tampoco ofreció pruebas de ello. Sólo justificó con su opinión: que se debería de tener una “mentalidad fantasiosa” para suponer que en medio de una severa crisis económica se hayan destinado recursos públicos que nada tenían que ver con la administración pública.

Esta actitud del contralor, lo llevó a no abrir una investigación oficial –como lo faculta la Ley– para indagar no únicamente la autenticidad del documento publicado, sino revisar las partidas 210203 y 210401 y verificar la lista de pagos por supuestas contrataciones de servicios y de obras públicas que se hicieron para el gobierno del estado, cuyo dinero fue a parar a la organización Libre Asociación Democrática (LAD) y la campaña de Luis Armando Díaz.

Tampoco ha investigado el contralor Rangel, cómo “en medio de una severa crisis económica, el gobierno en turno, libró una orden de pago de 12 millones 210 mil 973.90 pesos, en diferentes fechas y en parcialidades, a favor del yerno del gobernador, Freddy Erubey Martínez Rivera y su compañía “Rivera Corp, S.A de C.V” por concepto del pago de obras públicas.

El tercero en emitir su opinión antes del comunicado del gobierno, fue el secretario general, Alfredo Porras Domínguez. Irritado y molesto llamo “pasquín” a ZETA. Entrevistado en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados local dijo que “la firma del gobernador había sido falsificada”, y contradictoriamente a la primera versión del titular de finanzas, negó que hayan sido los empleados del gobierno los responsables de la supuesta falsificación de la firma del gobernador. “No me atrevería a hacer una aseveración de este tipo, creo que la firma de un gobernador la pueden obtener de un oficio, pueden hacer un memorándum en hoja membretada, después pegar la firma y fotografiarla, evidentemente es una acción armada en aras de desprestigio”,

–El Secretario de Finanzas José Antonio Ramírez asegura que hubo una falsificación de documentos por parte de empleados de su propia oficina, le preguntaron.

“Bueno, eso dice él…Porras lo que dice es que es una acción armada, que se ignora de quién y de dónde viene, veo la intencionalidad de desprestigiar al gobierno del estado, pero a la fecha no conozco, en ningún partido político, a un político o funcionario que firme un memorándum para desviar dinero a una campaña”, respondió.

El único que guardó total silencio sobre el caso fue el principal implicado, el gobernador Narciso Agúndez Montaño. “No quiero tocar el tema”, dijo a reporteros que intentaron cuestionarlo sobre la publicación de ZETA. Pero ante le insistencia de los periodistas, se molestó y dijo que “no quería hablar del caso”.

Hasta el cierre de la edición, la PGJE no había levantado ninguna investigación al respecto del desvío de los cinco millones de pesos, ni para buscar a quienes –como aseguran los funcionarios– se robaron la hoja membretada, el sello y la firma del gobernador.

Las reacciones

En la mayoría de los partidos de oposición solicitaron públicamente que se inicie una investigación sobre el documento publicado en ZETA; que se indagara en el gobierno y en el Instituto Estatal Electoral, pero la presidenta de ese organismo, Ana Ruth García Grande, prácticamente desapareció del escenario público cuando fue requerida por este semanario.

Los líderes del PAN, PRI y hasta el PRD, opinaron sobre el documento:

“No solamente amerita una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral y ante la Contraloría del Estado, sino también debe ser motivo de una denuncia penal, porque se habla de desvíos de recursos públicos para favorecer candidatos del PRD”, dijo el presidente del CDE del PRI, Ricardo Barroso Agramont.  

Durante una entrevista con medios de comunicación, el líder priísta comentó que su partido ha venido denunciando puntualmente los actos de corrupción y el desvío de recursos –ahora con más descaro en las precampañas– que han caracterizado al actual gobierno perredista.

El 13 de septiembre dijo que era clara la intromisión del gobernador en el proceso electoral y recordó que existen muchas denuncias interpuestas en el Instituto Estatal Electoral por parte del PRI y otras fuerzas políticas, contra precandidatos del PRD por actos anticipados de campaña.

Por su parte, el líder del PAN, Alfredo Zamora Ruiz, dijo que “mucho antes de iniciar las precampañas, nosotros interpusimos varias denuncias de hechos ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur y denunciamos el ofensivo e indignante despilfarro de recursos económicos en la precampaña de Luis Armando Díaz, pero parece ser que al IEE le tiembla la mano para sancionar los hechos”.

En el PRD el líder estatal del sol azteca, Adrian Chávez Ruiz, se pronunció porque el gobierno del estado aclarara esta situación e incluso recomendó interponer una denuncia penal por este caso en particular. “No contra el medio de comunicación, sino contra quienes pudieran haber falsificado el documento y la firma del gobernador”. Además dijo que era necesario aclarar la situación para que los sudcalifornianos sigan creyendo en su partido.

Quienes también reaccionaron fueron algunos precandidatos del PRD a la gubernatura, como el caso de Rosa Delia Cota Montaño. “Es lamentable que un gobernador meta las manos a favor de su candidato. En el caso de la publicación de ZETA, es una prueba más de que hay dados cargados en la precampaña, hay inequidad en la consulta abierta a la ciudadanía. Lo que también es lamentable, es que la dirigencia estatal y nacional del PRD sean cómplices al guardar silencio”, dijo.

Pero en este caso no únicamente opinaron los partidos políticos. El sector empresarial se pronunció porque se abra una investigación y se castigue a quienes desviaron dinero del pueblo, en vez de destinar el recurso para hacer frente a compromisos como sueldos, bonos atrasados y pago de proveedores, entre otras cosas.

Se enoja

Luis Armando Díaz, el precandidato del gobernador para sucederlo, negó haber recibido el dinero para su campaña y atacó a esta publicación: solicitó públicamente a la Secretaría de Gobernación y a la PGR investigar a ZETA por hacer este tipo de publicaciones.

Al igual que los defensores oficiales del gobernador Agúndez, no ofreció prueba en su descargo.