Coludidos funcionarios con asesinos

La Alianza

Por cuestiones políticas el homicidio del ex director de Licencias en Tijuana, Rogelio Sánchez, se mantiene impune. Desde diciembre de 2009, declaraciones recibidas en la fiscalía estatal destaparon la mafia existente en la presunta relación de narcotraficantes con funcionarios de la Secretaría de Finanzas registrados también en el padrón del Partido Acción Nacional, sin embargo ni siquiera han sido llamados a declarar. Y el Gobernador Guadalupe Osuna y el secretario general Francisco Blake, evaden hablar del tema.

Investigaciones ZETA

La colusión del crimen organizado con el gobierno de Baja California va más allá de las corporaciones policiacas: Los narcotraficantes reciben apoyo en la Secretaría de Finanzas del Estado y los hechos están consignados en la investigación del asesinato de Rogelio Sánchez Jiménez, jefe de la Oficina de Licencias.

En la indagación están documentadas las presuntas participaciones de por lo menos cuatro funcionarios: Isaac Alcalá Pescador, coordinador de BC Mático; Norma Olga Angélica Alcalá Pescador, subrecaudadora de rentas en Tijuana; Israel Enrique Martínez, subrecaudador en la delegación Mariano Matamoros de la Secretaría de Finanzas, y la subrecaudadora auxiliar de la vía rápida, Claudia Engracia Loera.

Además, hubo por lo menos dos empleados de tercer nivel que incurrieron en faltas por omisión, porque se dieron cuenta que una persona no autorizada, utilizando la clave de otra, estaba tramitando documentación de forma irregular, pero que atendieron las instrucciones por tratarse de órdenes superiores.

Los tres empleados de más alto rango, sospechosos de corrupción y crimen organizado, continúan en la nómina estatal porque el principal, Isaac, está fuera del alcance de la Policía Ministerial.

Según las versiones recogidas en las oficinas de Finanzas, Isaac Alcalá Pescador fue quien personalmente realizó las diligencias para tramitar tres licencias a Teodoro García Simental, todas con el nombre falso de Jorge Valdez Chávez.

El movimiento quedó capturado en las computadoras como una “revisión express” expedida en las oficinas del Mariano Matamoros el 5 de marzo de 2008; y los documentos oficiales vencen el 9 de julio del año 2011. Según estos papales su Registro Federal de Causante es VACJ740709-5K3.

Además, tramitó la licencia de automovilista número 220042485 y en la imagen “El Teo” tiene puesta una camisa blanca con cuello negro, el fondo de la imagen es azul. Luce con la cara más redonda, lampiño y por lo menos 10 años más joven. Como dirección escribieron calle Ruta Ignacio López Rayón 9350, Mariano Matamoros.   

El mismo día, Isaac entregó otra licencia a García Simental, pero ésta como si fuera “chofer C”; es la número 220105408. Según este papel, vivía en la calle Infonavit Patrimonio 22499, Mariano Matamoros. La imagen corresponde a su edad actual pero con la cara más larga, con barba de chivo corta y una sudadera café, aparentemente con gorro; el fondo de la foto es verde.

En la tercera identificación parecen haber usado la misma imagen que en la anterior, pero que modificaron con medios electrónicos la sudadera por una camisa amarilla y el fondo lo pusieron azul. De acuerdo a este documento “El Tres” pidió licencia ahora de “motociclista” y le dieron la número 220105664. Según los datos vive en la dirección de Infonavit Patrimonio en el fraccionamiento Mariano Matamoros.

Si hubiera tenido algún accidente, el registro indica que debían buscar a su hermano Gerardo Valdez Chávez con residencia en la calle Marsella 23026 del fraccionamiento Villafontana en Tijuana, Baja California.

No conforme con procurarle las licencias, Isaac Alcalá ayudó al capo a formalizar la propiedad de 14 vehículos –11 de precedencia extrajera– cuyos años de ensamblaje iban desde 1974 hasta 1998 y tres camionetas naciones compradas en los años 2002 y 2003. 

Para legalizar esos autos “El Teo” proporcionó siete direcciones distintas: Una en la Zona Centro de Ensenada, otra en la colonia 18 de Marzo de Mexicali, cuatro en el fraccionamiento Mariano Matamoros de Tijuana y en el mismo municipio, otra en la colonia Chapultepec, una más en La Escondida y la última en la Zona Norte.

Ese mismo 5 de marzo el joven Alcalá Pescador tramitó la documentación de tres personas más. También fuera de la Ley.

Irregularmente, empleados de las oficinas centrales se dieron cuenta que Isaac, que no tenía nada que hacer en el área de Licencias, usaba las computadoras para sacar documentos, obligando al resto de los empleados a recibir pagos y entregar documentos incluso sin firma de los beneficiarios, porque recibían llamadas o instrucciones directas de las también subrecaudadoras Olga Alcalá y Claudia Engracia Loera.

Para los testigos de los hechos, la situación se confirmó corrupta cuando se dieron cuenta que para alimentar el sistema y crear las licencias, el entonces encargado del BC Mático estaba usando la clave de Israel Enrique Martínez, subrecaudador en la delegación Mariano Matamoros de la Secretaría de Finanzas, clave que funciona, pero que no es empleada para este tipo de trámites, porque no es función de Martínez entregar licencias.

El asesinato de Rogelio Sánchez Jiménez se cometió el 9 de octubre de 2009 y para diciembre del mismo año, la Procuraduría General de Justicia del Estado ya había recopilado esta información que por no tener personalidad ministerial, a ZETA le llevó más tiempo reunir con detalle.

En aquel tiempo se pudo conocer que en reunión de gabinete el Gobernador pidió conocer de la indagatoria dado que implicaba a funcionarios en su nómina y con filiación al Partido Acción Nacional.

La orden fue que el responsable de la indagatoria, en este caso el subprocurador Contra la Delincuencia Organizada, Fermín Gómez Gómez, le informara de manera constante y permanente al Secretario General de Gobierno, Francisco Blake Mora, y que ambos llevaran el asunto de la mano.

De manera no oficial se pudo saber que desde diciembre, la Procuraduría del Estado solicitó a la Secretaría de Finanzas que aprovechara la auditoría que se ordenó en aquel momento y le entregara un informe con todos los trámites que se habían hecho ese día y otro con todas las gestiones que se hicieron con la clave del subrecaudador Martínez. Sin embargo, la auditoría se concluyó y la fiscalía no ha reportado mayores avances.

Pareciera que los primeros dos meses del año el tema ha sido congelado, al ser cuestionado Gómez, la respuesta es que su investigación tiene los mismos datos que ya se publicaron el año pasado en este semanario.

La indagatoria

Conforme a los datos de la indagatoria que las autoridades de la Procuraduría y la Secretaría General se han negado a revelar, Isaac Alcalá realizó los trámites de “El Teo” el 5 de marzo de 2008, sin embargo no tuvo problemas con Rogelio Sánchez hasta abril de 2009, mes en el que Sánchez presentó quejas porque el muchacho se negaba a apoyar las labores de su dirección.

Cuatro meses después, el mismo joven que se negaba a recibir órdenes de Sánchez fue sorprendido en dos ocasiones utilizando las computadoras de Licencias. Las que se usan para capturar información, recabar datos personales, tomar fotografías, la firma digital y las que ordenan la impresión del folio para pagar en cajas.

La terminal en mención está ubicada en la oficina de Vía Rápida Poniente en la colonia 20 de Noviembre, es el cubículo que se encuentra “por donde están los médicos”.

El 13 de agosto, la primera vez que sorprendieron a Isaac, lo corrieron y se fue, pero ya había hecho dos licencias para dos hombres distintos, las cuales se presentó a pagar por la tarde; se las cobraron porque su hermana y Loera lo ordenaron.

La segunda vez que usó los aparatos en ausencia de Sánchez, fue el sábado 15 de agosto, y se lo permitieron porque su hermana Olga Alcalá en persona, llegó y le ordenó que se sentara frente al monitor a capturar información y a elaborar la licencia de otro hombre.

Cuando regresó de vacaciones Rogelio Sánchez se dio cuenta que el coordinador del BC Mático le estaba metiendo gol, y lo comentó con uno de sus amigos “le está sacando licencias a mafiosos”.

Molesto lo enfrentó y en lugar de denunciarlo, por ser hermano de la subrecaudadora y miembro de una familia panista, decidió sólo pedirle su renuncia, la cual entregó el último día de agosto.

De acuerdo a la versión de las personas cercanas a él, en aquel momento Sánchez no investigó ni se enteró de la participación de Olga y Engracia en los trámites de Isaac, sin embargo, según el reporte oficial, las mencionadas habían usado sus firmas para algunas de las gestiones en mención.

ZETA jamás tuvo contacto con Rogelio Sánchez, pero a través de otros empleados menores, se tenían datos de esta complicidad de funcionarios en finanzas con los narcotraficantes para la obtención de documentos oficiales.
Sin embargo se tuvieron las primeras pruebas materiales hasta la última semana de septiembre de 2009, a partir de los reportajes de asesinatos a policías municipales  inocentes en Tijuana, en que por vías no oficiales se hizo llegar a ZETA una copia de la licencia falsa de García Simental que presuntamente le había tramitado Isaac Alcalá.

La imagen actualizada del capo se hizo pública el 2 de octubre.

El siguiente fin de semana, al Procuraduría recibió una denuncia por la privación de la libertad de Isaac Alcalá, su familia la puso, y en el reporte oficial aseguró que habían recibido llamada de rescate y solicitud de dinero, razón por la cual el delito se tipificó como secuestro.

De acuerdo a los datos recabados, la hipótesis de los investigadores fue que a Alcalá lo “levantaron” porque sus socios criminales consideraban que él había hecho pública la foto que le habían entregado en el 2008 para hacer la licencia.

Como tenía miedo que lo mataran culpó a Sánchez, debido a que éste fue quien lo descubrió y le pidió la renuncia por estar sirviéndole a los mafiosos. Así que mandó a los asesinos tras el funcionario que lo había dejado fuera de la nómina.

El 5 de octubre fueron por Sánchez quien desconocía la razón del ataque en su contra, y dijo que no había denunciado el delito cometido por Alcalá y que tampoco había compartido la información con ninguna otra autoridad. La omisión le costó la vida. “Pero no creemos que haya estado involucrado”, comentó uno de los indagadores.

Su cuerpo, torturado y mutilado, apareció el 9 de octubre colgado del puente del distribuidor Morelos en Tijuana.

A finales de octubre en un enfrentamiento entre delincuentes y policías municipales de Tijuana en la zona conocida como La Cuesta, saliendo de Rosarito, fueron detenidos cuatro sujetos que confesaron haber participado en el crimen de Sánchez.

Pero dijeron haber sido “punteros” o “banderas”, encargados de vigilar que no hubiera policías en las calles por donde el comando asesino transportó vivo y después mató al Director de Licencias de Tijuana.

Entre octubre y diciembre más de 10 hombres fueron detenidos en distintos operativos y confesaron haber participado, pero todos negaron haberlo torturado, mutilado o ejecutado. Dos dijeron que el crimen lo había ordenado Manuel García Simental “El Chiquilín”, y sólo uno mencionó que le dijeron que lo iban a matar porque “El Teo se había encabronado cuando vio su foto publicada”.
De acuerdo a las confesiones mencionadas, el homicidio lo ejecutaron entre tres células: Una de Raydel López Uriarte “El Muletas”, otra de Paúl Salomón Sauceda –que ahora se hace llamar “El 100”– y a la cabeza Héctor Eduardo Guajardo Hernández “El Güicho”, quien un mes atrás había sido capturado por la Procuraduría del Estado en Ensenada y liberado por un juez.
La más reciente captura de uno de los miembros de este grupo de homicidas, la realizó a mediados de febrero la Policía Estatal Preventiva, cuando detuvo a José Flores López Valente “La Gata”, quien también admitió su participación y señaló a “El Güicho” como uno de los autores materiales.
ZETA pudo conocer que toda esta información está documentada en el expediente, sin embargo por razones más políticas que judiciales, no ha sido consignada en la indagatoria.
No obstante la autoridad está esperando encontrar a Isaac Alcalá para llevarlo a declarar. Aunque debieron entrevistarlo el 9 de octubre cuando apareció, los agentes ministeriales lo dejaron ir con la supuesta promesa de que regresaría, pero el día 11 del mismo mes, cuando fueron por él, se les escapó.
Como originalmente era víctima y no presunto responsable, lo único que hizo su familia fue decirles a los agentes que se había ido a Texas a vivir con su abuelita. Ya pidieron apoyo de la autoridad norteamericana para que lo deporten porque si de verdad está en Estados Unidos es de manera ilegal, pero no lo han encontrado. Tampoco ha sido localizado en México.

Congelada
Respecto a las razones por las cuales esta investigación no ha avanzado a pesar que los presuntos asesinos intelectuales, Teodoro y Manuel García Simental, y varios de los materiales ya han sido capturados, los funcionarios implicados niegan dar explicaciones.

ZETA solicitó una entrevista con el Gobernador. Primero dijeron que el ejecutivo estaría en Tijuana el jueves 4 de marzo muy temprano en el cambio de la mesa directiva de la COPARMEX.

Se informó a dos funcionarios de comunicación que sería tres o cuatro preguntas referentes a los avances en la investigación de las licencias y los resultados de la auditoría de la Secretaría de Finanzas. Dijeron que sería muy difícil porque traía el tiempo contado y después eliminaron de la agenda pública del Gobernador su presencia en Tijuana.

El mismo jueves, pasado el medio día, uno de los corresponsales de ZETA en Mexicali lo buscó en la Agro Baja; se le explicó nuevamente al Director de Comunicación Jorge Sánchez cuál era el tema y sólo respondió “a ver qué onda”.

Al final de la rueda de prensa, cuando el reportero se acercó al Licenciado Osuna Millán, se presentó como personal de ZETA y le refirió el tema de las licencias, el mandatario finalizó la interacción diciendo: “Ya se terminó la rueda de prensa”. Acto seguido llegaron Jorge Sánchez, el encargado de medios Alejandro Contreras y se llevaron al mandatario.

Ante la evasiva del Gobernador Osuna, se estableció comunicación con el Secretario General de Gobierno, Francisco Blake, solicitando su versión dado que ZETA sabía que ese asunto era tema del gabinete y afectada al gobierno y al partido; que se requería conocer qué estaba haciendo el Estado respecto a la investigación y el establecimiento de mecanismos de control para que estos actos de delincuencia organizada no continuaran.

Inicialmente accedió y pidió tiempo para hacerse de información, pero se llegó el cierre de edición sin que respondiera las llamadas que se le hacían desde el Semanario.