“El Ronco”, secuestrador al servicio de Fernando Sánchez Arellano

Comerciantes en peligro

Taqueros, abarroteros, vendedores de frutas y pequeños contratistas no afiliados a grupos empresariales están siendo secuestrados por más de tres grupos criminales en Tijuana. Sin que la Procuraduría del Estado reconozca estos delitos y los combata, sin que el estado establezca estrategias preventivas, porque para ello no existen, mientras no estén en las estadísticas de denuncias oficiales. Los comerciantes que están siendo afectados representan el 99 por ciento de los empresarios en Tijuana y en Baja California.

Investigaciones ZETA

De acuerdo a la información de las áreas de inteligencia existen cinco grupos de secuestradores operando actualmente en Tijuana y cada uno se lleva un promedio de dos a cuatro comerciantes por mes.

Las víctimas potenciales son los más de 36 mil pequeños empresarios que tienen negocios en esta ciudad, representan el 99.4 por ciento de las empresas en la entidad, pero como no están afiliados a ninguna cámara, no tiene el contacto directo con el Procurador Rommel Moreno, y los delitos cometidos en su contra ni siquiera se suman en las estadísticas oficiales.

La versión oficial de la procuraduría, la que ofreció en su reunión esta semana con empresarios tijuanenses, es que el secuestro está controlado y a la baja. Esta postura de éxito la sostienen, aunque durante esta semana fueron capturadas dos células criminales que admitieron asesinatos y secuestros, una encabezada por el de apodo “El Güero”, primo de Raydel López Uriarte “El Muletas”. Y la segunda dirigida por “El Sam,” hermano de Héctor Guajardo Hernández “El Güicho”, ambos ligados a Teodoro García Simental “El Teo”, sicario y traficante del Cártel Arellano Félix.

El alegato oficial para restarle importancia a la incidencia delictiva fue de nuevo, que la mayoría de los casos se trata de levantones de personas ligadas al crimen organizado. Sin embargo en las confesiones de criminales capturados este mes, admitieron los secuestros de ferreteros, constructores, abarroteros, dueños de taquerías y marisquerías. ZETA tiene copia de las declaraciones.

Los cobros por la libertad de estas personas variaron, dependiendo qué grupo de plagiarios:

* “Los Teos” demandan entre 3 mil y 100 mil dólares por plagio.

* Los protegidos del prófugo Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, exigen entre 100 mil y 500 mil dólares. Aunque han pedido hasta un millón de billetes verdes por alguna liberación.

De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California hay tres hombres señalados como presuntos responsables de estos delitos:

1.- “El Ronco”, de quien no se conoce el nombre pero saben que “trabaja” con grupos de Sánchez Arellano. En este momento el estado tiene abiertas cinco averiguaciones previas en su contra. Conforme a las indagaciones ministeriales, se dedica a secuestrar a presuntos “lava-dólares” del mundo comercial de la región, como empresarios en pequeño pero que tienen acceso a importantes sumas de dinero. Sin embargo la PGJE no ha respaldado esta versión, desglosando a la Procuraduría General de la República (PGR) para que investiguen a las familias de las víctimas, supuestamente implicadas en actividades ilícitas de blanqueamiento de recursos provenientes del narcotráfico.

2.- Dariel García Ontiveros “El Abuelo”, sobrino de “El Teo” y que delinque en complicidad con Javier Uriarte “El Chapito” y Jorge Luis Velázquez García “El Pollo”. Éstos tienen más de 10 averiguaciones en su contra.

3.- “El Sam”, hermano de  Héctor Eduardo Guajardo Hernández “El Güicho”, también rescoldo de los García Simental. Tiene como colaboradores a “El Boxe”, “El Mangus”, a  Merardo Soberanes, Miguel Valle y Tomás Tirado. En este caso las acusaciones oficiales apenas se están integrando, pero ya tienen declaraciones, relacionadas mayormente con privaciones que terminaron en homicidios.

Los grupos de inteligencia del Consejo de Seguridad de Baja California sumaron dos criminales más a la lista de secuestradores:

4. Israel de la Cruz “El Tomate”, ex policía que delinquía para los García y actualmente presume está bajo las órdenes de Antonio Soto Gastélum “El Tigre” y apoyando a “El Abuelo”.

5.- “El Bolas”, quien delinque para los Arellano Félix desde los noventa y presuntamente, tuvo como último jefe criminal a Armando “El Gordo” Villarreal.

En la PGJE insistieron en señalar que no tienen indicios de que estos dos delincuentes estén secuestrando o “levantando” actualmente en el estado. Adicionalmente, estos mismos criminales, están privando de la libertad a decenas de emigrantes y presuntos vendedores de droga, también para intercambiarlos por dinero.

Víctimas potenciales

“…se están yendo contra comerciantes, con personas que reciben adelantos de dinero, pequeños constructores, gente que de alguna manera mueve lana y no pertenece a ningún organismo empresarial y la juegan a que no tiene gran impacto con la sociedad”, reconoció un representante empresarial que por seguridad pidió no ser identificado.

Saben que las cifras oficiales no corresponden a la realidad: “Todos sabemos qué está ocurriendo, pero es un tema que se está manejando bajo del agua, porque oficialmente, no hay denuncias y entre los miembros de la cámaras sí se terminaron los secuestros”, agregó y admitió que dejaron a los comerciantes no afiliados en el desamparo.

Por su parte, Mario Escobedo, presidente de la CANACO Tijuana, expuso: “He tenido una llamada este año, relacionada con secuestro y es un tema que entiendo se está atendiendo. Pero que yo tenga información en lo que va del año es un caso y es un hijo de un comerciante afiliado a cámara”.

Pero aceptó: “…el hecho de que no secuestren a un empresario conocido, o a algún integrante de alguna familia conocida, eso no quiere decir que no haya secuestros. Sin embargo, entiendo que muchos de esos delitos los quieren relacionar con el bajo mundo o el crimen organizado…pues ‘será el sereno’ pero es secuestro”; sin embargo admitió que la cámara no está llevando ningún seguimiento del tema ni está en sus planes.

Juan Manuel Hernández de la COPARMEX explicó que tampoco traen el tema: “Desafortunadamente no, porque las variables con las que estamos trabajando son por un lado las estadísticas que nos proporciona el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que si te fijas los secuestros andan bien abajo; y dos, no tenemos la retroalimentación de ningún organismo, ni miembro de la sociedad que nos esté dando la línea al respecto”.

Aunque en la Procuraduría insisten en manejar cifras bajas de secuestros y en ligar a las víctimas con el crimen organizado para reducir el impacto social, las privaciones resueltas recientemente por su grupo Antisecuestros, demuestran que hay muchas víctimas inocentes que no se están contabilizando.

Las cifras oficiales indican que de enero a julio de 2010 se cometieron en Tijuana 49 secuestros: 11 en enero, cuatro en febrero, ocho en marzo, tres en abril, nueve en mayo, siete en junio y siete en julio. Y el 50 por ciento de estos delitos son secuestros que fueron de acuerdo a la PGJE cometidos en contra de emigrantes.

Sin embargo, tras la captura el 11 de agosto de Abel Medina Huízar alias “El Tosquito”, “El Toro” o “El Patachín”, servidor de Dariel García, con sus confesiones, la autoridad pudo constatar que sólo este grupo tenía 10 secuestros de comerciantes inocentes, cometidos entre el 22 de abril y 4 de agosto, de los cuales, únicamente dos privaciones se tenía registradas oficialmente.

Se llevaron al hijo de un ferretero del Pedregal de Santa Julia que pagó el rescate; también secuestraron al que creían era el propietario de una tienda de pinturas en Los Pinos pero resultó sólo empleado, aún así, le pidieron al hijo 4 mil dólares, lo dejaron en libertad y les dieron “oportunidad” de pagar el rescate 11 días después.

Después plagiaron a una mujer que tenía una taquería en la Morita y su esposo pagó 300 mil pesos; les funcionó y se fueron por otra taquera de La Villa pero el hijo sólo pudo conseguir 300 mil pesos, la secuestrada dijo que podía conseguir más, así que la liberaron y se quedaron con su vástago hasta que la mujer les entregó otros 400 mil pesos.

Siguieron con la esposa del dueño de una tienda de abarrotes en el Pedregal de Santa Julia, el señor pagó 60 mil pesos por su mujer; continuaron con el dueño de un local de venta de jícamas, por él su hijo pago 19 mil dólares y 164 mil pesos.

La siguiente víctima fue otro taquero llamado Juan, negociaron con su hijo José, quien les dijo que no podía juntar dinero, así que lo cambiaron por el padre, quien pagó 20 mil pesos y un pick up Frontier por la libertad de su familiar.

Leobardo, dueño de un restaurante de mariscos y una pescadería, fue la privación subsecuente, pero el secuestrado pidió el intercambio con su esposa porque él era el único que podía sacar dinero de las cuentas bancarias, después pagó 175 mil pesos por su mujer.

El plagio de otra vendedora de tacos que tiene un negocio en el bulevar 2000 también fue realizado por esta célula. Por ella el cuñado pagó 350 mil pesos.

“A mí me tocó conocer del caso de un hombre no afiliado a cámara que fue secuestrado, supimos que uno de los líderes empresariales habló con el Procurador para que atendieran a su familia y lo resolvieron, pero jamás le pidieron que denunciara. Por eso traen cifras bajas”, relató un empresario.

Consultados funcionarios de la PGE explicaron que ese caso fue el secuestro de un constructor y que al final sí le pidieron declaración, porque se dieron cuenta que las personas que hicieron las llamadas pidiendo rescate estaban internos en el penal de El Hongo, y necesitaban la versión de la víctima para agregarles ese delito. Pero el delito no ingresó a la estadística.

En este esquema, más de 36 mil comerciantes de Tijuana y 72 mil en el estado, que representan casi el 100 por ciento de los negocios bajacalifornianos se encuentran a merced de los criminales.

Otros secuestradores ligados a la venta de droga, fueron detenidos esta semana.

Los parientes de “El muletas” y “El Güicho”

A las dos de la tarde del 24 de agosto, la Policía Estatal Preventiva detuvo a Carlos Ramón Diarte Quintero “El Primo”, Antonio Velázquez (chofer de taxi libre), Alberto Álvarez (ayudante de mecánico) e Iván Aguirre, en compañía de cuatro mujeres en el Hotel Paraíso de la colonia Baja Maq: El Águila.

Los hombres fueron entregados a la PGJE como presuntos responsables de la privación de las cuatro mujeres. Pero tras la investigación descubrieron que “sólo habían levantado” a una para hacerle unas preguntas y no tenían planeado matarlas.

Incluso, algunas de las mujeres “trabajaban” para el grupo vendiendo droga. Todos admitieron vender droga y asesinar para una célula encabezada por “El Güero”, primo de Raydel López Uriarte “El Muletas”.

En sus declaraciones fueron claros: “Nos dedicamos a levantar y matar gente que no quiere participar en la venta de droga de nuestro grupo”, según sus dichos está célula tenía formada menos de cinco meses.

Confesaron el secuestro y homicidio de un hombre apodado “El Califas” al que privaron de la libertad la tercera semana de agosto porque por 4 mil pesos que le pagó un sujeto apodado “El Botas” perteneciente a una banda rival, había “puesto” para que la asesinaran a una mujer llamada “Blanca o Lluvia”, novia de “El Primo” y una de las vendedoras más productivas de crystal que tenía el grupo según afirmaron, “vendía hasta 23 mil pesos por día, por eso se dio la orden de matar a quienes estuvieran involucrados en su muerte”.

Además, Diarte Quintero como jefe de los criminales, admitió la privación y asesinato de:

Javier “El Tuerto”, hijo de Guillermina Carrillo Aguilera, una de las mujeres presuntamente liberadas en el operativo de la PEP: y los de  Doña Mary y Don Luis.

“Don Luis se nos murió después de unos días tal vez por el frio y lo golpeado que estaba y Doña Mary a los dos días de un infarto, porque no la golpeamos”. Se justificaron asegurando que eran vendedores de droga. La procuraduría no ha especificado si los cuerpos de estas víctimas ya fueron localizados o si pudieron corroborar que efectivamente las víctimas eran empleados del crimen organizado.

Este grupo es al que públicamente se le identificó como los de la “narco-fosa”, lo que sucedió debido a que dos de sus miembros declararon que sus compañeros les advirtieron:

“Aguas, no vayan a pisar porque hay aquí hay enterrados” y a otro le dijeron “… aquí es panteón, aquí matamos y enterramos”, en referencia a un predio de la colonia 3 de Octubre.

Sin embargo, los peritos de la procuraduría localizaron en ese terreno exclusivamente dos cadáveres y ninguno estaba enterrado. Uno fue ubicado en el interior de un cuarto de madera y el segundo arrojado en un orificio natural en la tierra.

En condiciones similares fueron detenidos tres hombres que aseguraron realizar operativos criminales para “El Sam”, hermano de Héctor Guajardo Hernández “El Güicho”.

Esta detención fue resultado de un trabajo del Centro Estatal de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, un seguimiento que se concretó gracias a una denuncia anónima la noche del 23 de agosto en un domicilio en la colonia Solidaridad Xochimilco, en Mexicali
De acuerdo al parte oficial, cuando los policías arribaron al lugar, se aproximaron a un vehículo Jeep Grand Cherokee gris y fueron encañonados por César Enrique García Bolaños con una escopeta recortada calibre 12.

Procediendo con precaución los uniformados forcejearon y desarmaron a García, quien también cargaba una pistola calibre .9mm fajada en la cintura.

Posteriormente aseguraron a Luis Alberto Vásquez Ziranda, quien conducía el vehículo y portaba un revólver calibre 38 especial cargado en una bolsa del pantalón. Momentos después descendió de un vehículo tipo panel Ford Windstar Ulisses de Jesús Medina Rodríguez portando otra escopeta recortada calibre 12, pero al saberse en desventaja no opuso resistencia a su arresto.

Al verse acorralados García Bolaños ostentó a los elementos de la PEP ser gente de “El Güicho” e intentó negociar su liberación. “Déjenme hacer una llamada para que les acerquen dinero”, fue la propuesta del detenido, la cual fue rechazada.

En sus declaraciones iniciales los detenidos manifestaron que “en días pasados habían participado en ejecuciones y privaciones ilegales de la libertad en la ciudad de Tijuana. Y fueron remitidos a la PGR, también por los delitos de  homicidio y secuestro, sin embargo las autoridades no informaron quiénes fueron sus víctimas.