Crisis en los juzgados de Baja California.

Justicia rezagada

Exceso de expedientes, falta de mobiliario, infraestructura y recursos económicos y humanos, más un déficit en la creación de juzgados son causas del tortuguismo en los procesos penales de un estado donde 19 jueces tienen la tarea de revisar más de 20 mil causas penales radicadas al año.

Enrique Mendoza Hernández           

La evidente lentitud y rezago en los procesos, el hecho de que 20 mil 579 consignaciones penales sean atendidas sólo por 19 jueces y el déficit en la creación de 17 juzgados penales hasta 2007 reflejan un sistema judicial penal en crisis a tres años para que entre en vigor el nuevo código penal en Tijuana, el 1 de junio de 2011.

En ese contexto anuncian un nuevo juzgado penal tanto en Tijuana como en Mexicali, mientras entra en vigor el Nuevo Código Penal.

“Es una aspirina” al sistema, califica el Presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa.

Justicia penal en cifras

En Tijuana, en 2003 el promedio de causas penales consignadas en un juzgado fue de 892; en 2004, la media fue de 902. Para 2005 el promedio ascendió a mil 023. Y ya para 2006 un juzgado penal recibía anualmente en promedio mil 117. En 2007 este número se disparó hasta  mil 326 consignaciones. Es decir, de 2003 a 2007 el promedio de causas penales recibidas por un juzgado creció de 892 a mil 326, lo cual representa un incremento del 48.6 por ciento en sólo cuatro años.

Tomando como referencia las causas penales en trámite de 2007, se observa el siguiente comportamiento en los ocho juzgados penales de Tijuana con sus respectivos casos en trámite hasta el 31 de marzo:

El Juzgado Primero recibió mil 346 causas radicadas, de las cuales 169 se encontraban en trámite; el Juzgado Segundo atendió mil 249 expedientes, de los cuales 79 se encontraban en trámite; el Juzgado Cuarto Penal, mil 277 con 123 en trámite; Juzgado Quinto Penal, mil 311 con 201 en proceso; el Juzgado Sexto Penal tenía mil 346 de las cuales 139 estaban en la misma situación; Juzgado Séptimo Penal, mil 357 con 165 en proceso; y el Juzgado Octavo Penal mil 374 con 155 en trámite.

En total serían mil 31 casos pendientes del último año hasta el cierre de marzo. El promedio por juzgado oscila en los 147 casos.

De acuerdo al promedio anual de consignaciones de un juzgado calculado en mil 326 anuales puede deducirse que, durante los primeros tres meses, recibieron alrededor de 330 causas penales, mismas que obviamente al concluir el trimestre apenas se encuentran en trámite. Estos asuntos son: pendientes por resolución de amparos promovidos, ventilándose el desahogo de pruebas, pendiente ejecución de laudo, o pendiente que se fije fecha para desahogo de pruebas, pendiente de que se ejecute orden de aprehensión, pendiente de audiencia de vista, etcétera.

Al hacer cuentas se obtiene que se recibieron 330 causas penales más 147 de consignaciones en promedio del último año. Asimismo, en promedio un juzgado tiene constantemente en trámite 477 causas penales.

“Es mucho expediente. Es obvio que un juzgado que tiene este número de expedientes (mil 326 en promedio anual) está saturado, independientemente de que lo saque y que el rezago no sea tan grave. Pero habría que analizar una cosa: La calidad de la resolución”, explica a ZETA el licenciado Eduardo Barragán, Presidente del Colegio de Abogados “Ignacio Burgoa Orihuela”.

Más de 20 mil causas penales para 19 jueces
Las causas penales en Tijuana a partir de 2003 también se han incrementado de manera significativa. En este sentido se registra el siguiente comportamiento: en el año mencionado los juzgados penales de Tijuana recibieron 7 mil 132 casos; al siguiente año, 2004, se registraron 7 mil 215. De 2003 a 2004 el aumento fue de 83 causas penales. El incremento brusco se registró en 2005 cuando se redactaron 8 mil 184. Es decir, el aumento fue de 969 consignaciones penales en promedio en un año.

Los siguientes dos años, 2006 y 2007, los aumentos fueron en miles. En Tijuana en el año 2006 se contabilizaron 8 mil 935 y para 2007 las consignaciones iniciadas se elevaron hasta 10 mil 610.

En lo que respecta a Mexicali, en 2003 las causas radicadas en la capital del estado promediaron 782 por juzgado; en 2004, 724; en 2005 se dispararon hasta mil 171 consignaciones. Asimismo, para 2006, un juzgado recibió en promedio mil 218, aunque para 2007 se registró un descenso al promediar mil 077.

A nivel estatal se cuenta con 19 juzgados penales distribuidos de la siguiente manera: Siete en Mexicali, ocho en Tijuana, tres en Ensenada y uno en Tecate. Las estadísticas indican que en 2003 Baja California recibió a través de sus 19 juzgados penales 15 mil 553 consignaciones; en 2004, 15 mil 042; 2005, 18 mil 930; 2006, 19 mil 995; y en 2007, 20 mil 579.

En esta maraña de cifras lo más significativo aún es que 19 jueces penales en el estado atienden en promedio aproximadamente 20 mil 579 asuntos radicados al año, sin tomar en cuenta los casos en trámite que se arrastran de años anteriores.

El personal de un juzgado consiste en un juez, tres secretarios de acuerdos, dos actuarios, nueve administrativos y un comisario.

“Si se analiza la plantilla de personal de los juzgados, es evidente que no tienen la capacidad instalada, ni los recursos tecnológicos, financieros ni de infraestructura para responder a la demanda”, expone el Presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, licenciado Rosendo Cervantes.

Y a propósito de la excesiva carga de trabajo, la capacidad humana no alcanza para un servicio de calidad, no únicamente en lo cuantitativo sino en lo cualitativo:

“En los juzgados penales, a las 10 de la mañana te reciben más o menos, pero a la 1:00 (pm) es el caos. El que no anda peleado con el juez anda peleado con el secretario de acuerdos, entre el mismo personal; no se diga el trato a los usuarios, el servicio. En muchas veces es la abulia institucional, prepotencia, falta de interés. Pero además, también se puede sacar en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) cuántos funcionarios del Poder Judicial, desde el actuario, o el comisario o hasta el juez, están en un tratamiento para problemas digestivos, de salud; es decir, el sistema tiene una serie de deficiencias: esto es una crisis”, complementa Cervantes.

La lentitud y rezago en los juzgados puede observarse en una simple cita para audiencia de vista ejemplificada por Cervantes:

“Para que te señalen la audiencia de vista es un ‘cuete’, para testigos, para peritos, para desahogar pruebas. Las audiencias son tres o cuatro meses después. Para la última audiencia de vista, que es previa a la sentencia, se tardan a veces dos o tres meses. Una vez que se dicta en la audiencia de vista, el juez tiene ocho días para dictar la sentencia. ¡No ’mbre, se tardan cuatro o cinco meses! Eso se puede observar en el juzgado que tú vayas. También acabo de presentar una apelación (en abril) y me señalaron fecha para agosto, cuando la ley señala que tendrán que resolver la apelación dentro de dos meses”, dice indignado el litigante cachanilla.

El déficit

Ya lo había advertido el Magistrado Óscar Valenzuela Ávila en marzo de 2006. La crisis anunciada en el Poder Judicial radicaba en que los juzgados y salas de primera instancia en Baja California iban a “tronar”.

No era para menos el aviso: hace dos años el análisis se resumía en que un juzgado penal en Tijuana recibía en promedio mil 117 consignaciones. Esa gran cantidad de expedientes se resumía en exceso de trabajo, falta de mobiliario e infraestructura. Y es que desde 1989 existe la misma cantidad de juzgados penales en Tijuana y Mexicali: 8 y 6, respectivamente.

En su diagnóstico de 2006, el Magistrado Valenzuela señaló la necesidad de, por lo menos, sumar cinco juzgados en Mexicali repartidos en dos penales, dos civiles y un familiar. En Tijuana siete: Es decir, tres penales, tres civiles y uno familiar. Y en Ensenada, por lo menos uno de cada uno, es decir tres.

En ese mismo año el entonces Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Víctor Manuel Vázquez, justificó que debido a que el Congreso del Estado sólo había autorizado 394 millones de pesos, en lugar de los 650 millones solicitados, no se crearían alrededor de 20 juzgados proyectados de primera instancia y tres salas en el Estado.

En junio de 2007, en el Plan de Desarrollo Judicial 2007-2013, el Poder Judicial del Estado documentó que tenía un déficit de 17 juzgados de primera instancia. Asimismo, a partir de 2008 tenía proyectados 4 juzgados por año hasta 2013.

Es decir, de los 55 juzgados de primera instancia existentes hace un año, en 2013 el Poder Judicial debería estar integrado por 96 juzgados. Sin embargo, los planes cambiaron debido a la reforma en materia judicial.

Mientras la evidente problemática judicial se reconoce de antaño, el TSJE anuncia que el Nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California cobrará vigencia en forma escalonada: En Mexicali entrará en vigor el 1 de junio de 2009, en Ensenada el 1 de junio de 2010 y en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito el 1 de junio de 2011. Es decir, para el inicio de junio de 2011, entre otras reformas, los juicios penales tendrán la modalidad de la oralidad en todo el estado.

Sin embargo, debido a que el nuevo sistema entrará en vigor en Tijuana en junio de 2011, de aquí a entonces el panorama no pinta nada alentador.

Una aspirina para el problema penal

El Presidente Sustituto del TSJE, Magistrado Félix Herrera Esquivel, dio a conocer  que “ya está autorizado por el Pleno del Consejo la creación de 5 juzgados, porque en el presupuesto para este año sí se nos autorizaron 20 millones para la creación de 5 juzgados: Dos penales, uno aquí en Mexicali y otro en Tijuana, en Rosarito uno civil y uno penal, y en San Quintín uno penal y uno civil. Tenemos pensado que para junio empiecen a funcionar. Esto es en este año nada más, no sabemos si el próximo año nos van a dar presupuesto para abrir otros tantos juzgados”.

“Eso va a auxiliar un poquito para este año y para principios del otro a los juzgados, esperando que se mantengan en esa tesitura de alrededor de mil 400 asuntos anuales”, justificó a ZETA.

Para ampliar el panorama se le solicitó su juicio al Presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, el licenciado Cirilo Corona.

— ¿La creación de un juzgado penal en Tijuana será la solución a la lentitud y rezagos en los juzgados penales de esta ciudad para los próximos tres años, aún sabiendo que el promedio de un juzgado es de mil 326 y que aumentará entre mil 500 y mil 600 los próximos tres años?
“No, no. Yo le comentaba a la Presidenta del Tribunal que es tan grande la necesidad… (Un nuevo juzgado penal en Tijuana) No llena las expectativas, no va a remediar el problema, como se dice vulgarmente, le van a dar una aspirina para que le calme el dolor. Pero en sí el problema no lo va a atacar”.

Colegios de abogados proponen
Debido a que la creación de un juzgado penal en Tijuana no remedia la penosa situación actual en material de justicia penal, los profesionales del derecho consultados por ZETA exigen que el TSJE adopte medidas más serias. 

“La solución a este problema es que se volvieran a instaurar los juzgados de paz penal, uno o dos, cuando menos, para que los juzgados de primera instancia conozcan asuntos de delitos más importantes y los de paz penal de asuntos menores. No únicamente estaríamos combatiendo indirectamente el rezago, sino que estaríamos dando a los asuntos menores la atención debida en la medida en que son asuntos menores”, sugiere el Presidente del Colegio de Abogados “Ignacio Burgoa Orihuela”, licenciado Eduardo Barragán.

Y subraya otra opción: “Necesitamos no duplicar sino un poco más el número de juzgados en Tijuana. Deberíamos tener por lo menos 20 en Tijuana”.

Otra propuesta seria y viable es la que apunta el Presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, licenciado Cirilo Corona: “Posiblemente, a lo mejor sí crean un juzgado más, pero yo le proponía (a la Presidenta del TSJE) que además hiciera una apertura de plazas para secretarios de acuerdos y proyectistas, que es lo que requiere cada juez. Si un juez está tratando un asunto de secuestro, violación, o de homicidios calificado, le quita tiempo estar sacando las sentencias de portación de armas de una navajita, ahí podríamos tener proyectistas que se dediquen exclusivamente a esos asuntos”.

“Si crean un juzgado penal, pero si además a cada juzgado le ponen un secretario más y un proyectista más, es decir, 9 secretarios de acuerdos y 9 proyectistas, se va a beneficiar bastante. Eso le quitaría un montón de rezago al juzgado para que saque los trámites mucho más rápido”.

“No entiendo cómo se ha hablando tanto de la reforma judicial cuando estamos en decadencia, es la verdad, vamos a crear los juicios orales pero no tenemos el personal para hacerlo”, expresa indignado el líder de los litigantes rabasistas.

“¡Imagínate ahorita cómo estamos! Faltan tres años (para que entre en vigor el Nuevo Código Penal). ¡Cuántos procesos vamos a tener para cuando entre la reforma!, los juzgados van a estar hasta el tope y cómo van a sacar los trámites, ¿por qué dejarlo aumentar?”

“El Consejo de la Judicatura, ¿qué es lo que hace? Yo no veo que haga nada. Ese presupuesto (de 13 millones de pesos anuales) se puede emplear con los secretarios de acuerdos y los proyectistas y va a dar un excelente resultado”, propone el abogado.

Una vez más, la lucha por el presupuesto
La justificación del Presidente Sustituto del TSJE, el Magistrado Félix Herrera ante la evidente problemática, tiene que ver obviamente con los recursos económicos asignados por el Congreso Local.

“Estamos sobrecargados definitivamente. Esto no se habría dado así si tuviésemos un presupuesto mayor que nos hubiese permitido ir creciendo año con año y no llegar a estos extremos de tener esas cantidades enormes de asuntos”,  justifica.

El presupuesto para el Poder Judicial a través de los años refleja el siguiente comportamiento: En 2003 el TSJE recibió 303 millones 364 mil pesos; en 2004, 338 millones 622 mil 631.82 pesos; en 2005, 366 millones 822 mil 393 pesos; 2006, 394 millones 975 mil 303.77 pesos; en 2007, 467 millones 208 mil 882.00 pesos; y para 2008 contará con 553 millones 232 mil 935.00 pesos.

“No es justo que el Poder Judicial carezca del presupuesto adecuado para la impartición de justicia. Por problemas internos en los poderes de nuestro estado se han estado pasando la bolita a esta gran responsabilidad. Hace algunos meses tuvimos algunos legisladores como invitados en nuestro colegio y ellos se quejaban de que el Poder Judicial no administraba correctamente los recursos, y que por esa razón no les querían autorizar mayor presupuesto, pero eso no es una justificación”, acusa Barragán.

Cabe mencionar que el presupuesto del TSJE de 2003 a 2008 ha oscilado entre el 1.91 por ciento y el 2.2 por ciento, en comparación con el presupuesto del Estado de Baja California.

“El presupuesto que le dan al Poder Judicial no da para crecer, da para sobrevivir”, acusa el Presidente Sustituto.

Y asegura: “Debe modificarse la Constitución para que constitucionalmente se establezca que el Poder Judicial debe tener un presupuesto que sea del tres por ciento mínimo del presupuesto del estado. Hay otros estados que sí tienen establecidos esos presupuestos y no es el tres por ciento, es más. Pero nosotros nos conformaríamos para poder crecer y estar en condiciones de atender adecuadamente a la población, tendríamos que tener mínimo un tres por ciento del estado. Tenemos tres veces la carga de trabajo que tienen otros juzgados en la república, lo estamos justificando”.

—El Poder Judicial asegura que es imposible trabajar con menos del dos por ciento del presupuesto del estado. ¿Será necesario reformar la Constitución local para que por ley sea ese porcentaje (tres) y no por la disposición o sensibilidad de los diputados?, se le cuestionó al Presidente del Congreso, Diputado José Alfredo Ferreiro.

“Tenemos que invertirle a la prioridad. Si lo prioritario es la seguridad pública el recurso tiene que irse para seguridad pública. En 2009 el presupuesto tiene que venir asignado en gran parte para seguridad pública. Yo creo que no debe quedar marcado en la Constitución, debe ser un compromiso de que hay que sacar esto adelante”.

— ¿Existe actualmente un plan de crecimiento por parte del Poder Judicial presentado al Congreso en cuanto a juzgados y salas, y que por lo tanto esté contemplado para el ejercicio fiscal de este año?
“No, actualmente no”.

— ¿En este año se ha asignado algún presupuesto especial para aumentar el número de juzgados penales en el estado para abastecer el exceso de procesos antes de que entre en vigor la reforma?

“Actualmente no. El Poder Judicial trae un proyecto, pero todavía no se le han asignado recursos extraordinarios, más que los que trae asignados, los 553 millones. Los recursos que vaya requiriendo el poder judicial se los tenemos que estar asignando para el nuevo sistema, no para lo que actualmente quieren hacer. El poder judicial trae sus recursos para lo que debe estar funcionando, pero los recursos extraordinarios se tienen que enfocar para el nuevo sistema”.

Juicios de primera instancia radicados en Baja California (Penal, civil, familiar, adolescentes y mixtos)

Total de causas penales radicadas en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Guadalupe Victoria