La Organización Internacional del Trabajo revela que existen 218 millones de niños en el mundo, que realizan alguna actividad laboral. De éstos, el 60 por ciento se encuentra dentro de las peores formas de trabajo infantil. Solo en Baja California, alrededor de 64 mil infantes, laboran para apoyar la economía de sus familias. De la cifra total, en América Latina unos 14 millones entre niños y niñas trabajan, y en México, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen alrededor de 3 millones 035 mil pequeños que laboran. Debido a las condiciones en las que algunos menores realizan ciertas actividades de trabajo, e inclusive sufren algún tipo de explotación laboral, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y sus diferentes programas, buscan erradicar el trabajo infantil y los abusos laborales, así como salvaguardar los derechos fundamentales de éstos, por medio de la coordinación de las dependencias de los tres órdenes de Gobierno, en la recién instalada “Comisión Estatal para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en edad permitida”. Proteger y velar los derechos de los niños, evitando laboren antes de la edad permitida, o inclusive que el trabajo realizado después de ésta, sean actividades que no presenten un riesgo para el desarrollo de las nuevas generaciones, es el objetivo fundamental de dicha Comisión, informó el Subsecretario de Inclusión Laboral de la STPS a nivel Federal, José Ignacio Rubí Salazar. La Secretaria de Trabajo en el Estado, Juanita Pérez, aseguró que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su decreto se comprometió a erradicar las peores formas del trabajo infantil para el 12 de junio de 2015, y el trabajo infantil en todas sus expresiones para 2020. “Hasta la fecha existen 20 Estados con éstas comisiones instaladas. El Gobierno Federal habrá de generar mayores acciones, para una vez instaladas todas las comisiones en todos los Estados, ponernos a trabajar, luego suscribir los convenios con el Ejecutivo Federal, y así poder generar acciones conjuntas, que seguramente traigan algún tipo de apoyo gubernamental adicional, por parte de la federación. Esa es la meta”, señaló. La Comisión quedo integrada por funcionarios de los tres niveles de Gobierno, como la Secretaría de Educación y Bienestar Social, María del Rosario Rodríguez Rubio, el Procurador de los Derechos Humanos en Baja California, Arnulfo de León Lavenant, la Delegada Federal de la STPS, Minerva Torres Villanueva, el Secretario de Desarrollo Social Municipal, Javier Camarena Salinas, entre otros.
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