Por considerar que al no asumir el cargo de Sindico Social en el XXI Ayuntamiento de Tijuana –donde resultó electo por representación- violando la Constitución Política y la Ley Electoral estatal, un grupo de priistas de la denominada Corriente Crítica y encabezados por Rubén Ulloa interpusieron este miércoles 9 de abril una demanda de juicio político contra el actual Secretario de Finanzas del Estado, Antonio Valladolid. El documento fue presentado ante la Oficialía de Partes de la XXI Legislatura y lo firman Rubén Ovando, Daniel Gómez, Sergio Ampelio Esquer, Pedro Ovando y Rosa María Orona. Esto en función de que Valladolid fue registrado por la colación encabezada por el PAN en la planilla municipal de Tijuana como Síndico Procurador, pero ante la derrota frente a la Coalición priista debería asumir –como segunda fuerza- la sindicatura social. Pero Valladolid no tomó protesta dejando el cargo a su suplente, Bernabé Esquer. “Es una clara trasgresión a los ordenamientos constitucionales y legales, una omisión de cumplimiento a las decisiones ciudadanas reflejadas en la emisión de su voto, siendo este un ataque a la libertad de sufragio”, incluyeron los demandantes en el documento interpuesto ante la legislatura local. Por otra parte, el priista tijuanense cuestionó lo que llamo “proceso de descrédito” que está pasando el gobierno estatal, dijo lamentar los hechos que derivaron en la renuncia del Secretario General de Gobierno Guillermo Trejo Dozal. “Ante el clima de ingobernabilidad, de la inseguridad pública que vive la entidad y de que la situación en el gabinete de Vega de Lamadrid es lamentable, todo apunta a la perdida de seis años más de progreso y oportunidades para Baja California”, dijo Ulloa considerando que “el colectivo en la entidad debería ir reflexionando sobre la exigencia de una solicitud de licencia como gobernador de la entidad”. De paso cuestionó la millonaria inversión que Kiko Vega pretende realizar en Baja California Sur, calculada en cerca de 703 millones de pesos en Los Cabos, con una concesión autorizada para la construcción de una marina artificial.
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