Han transcurrido siete días del asesinato de cinco personas en un departamento de la colonia Narvarte en el Distrito Federal, donde fueron localizados los cuerpos del fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista social Nadia Vera, y la Procuraduría sigue sin investigar al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a quien tanto Espinosa como Vera, habían señalado por hostigamiento. Además, fueron asesinadas y vejadas, la maquillista mexicalense Yesenia Quiroz Alfaro, la empleada doméstica Olivia Alejandra Negrete Avilés, y una mujer de quien solo han proporcionado el nombre y la nacionalidad: Nicole, colombiana. Con la nacionalidad como símbolo de inseguridad, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha enfocado hasta la fecha, las investigaciones en torno a la sudamericana. Primero un robo y luego el crimen organizado en un múltiple homicidio donde hubo violación, tortura y tiro de gracia. Minimizando la actividad de Espinosa, quien de hecho estaba exiliado en el DF luego de trabajar en Veracruz y ser amenazado, perseguido y hostigado en aquella entidad. Tampoco la Procuraduría se ha centrado en la actividad de Nadia Vera, a pesar de los señalamientos y reclamos por parte de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y de los periodistas y activistas, tanto nacionales como extranjeros. De hecho, las hipótesis de los defeños se han ido cayendo ante la información pública que se genera en torno a Espinosa. A la línea de investigación que indicaba que las cinco víctimas habían departido con sus verdugos hasta ser asesinadas, los mensajes de texto enviados por Rubén Espinosa a un amigo, poco menos de 50 minutos antes de ser acribillado, echa por tierra la convivencia. A ello se sumaron declaraciones de testigos e investigadores que refirieron no haber escuchado una fiesta que durara toda la madrugada y hasta la tarde del viernes, cuando los cuerpos fueron localizados, ni haber encontrado estragos de una celebración en el departamento, escena del crimen. 
Sin certeza en la investigación, organismos como el Comité para la Protección de los Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa y Artículo 19, se han posicionado respecto el caso, haciendo un llamado al gobierno mexicano a solucionar el caso. De igual manera, han señalado el clima hostil que Rubén Espinosa padeció en Veracruz, el cual le hizo cambiar de residencia a la Ciudad de México. Ello sumado a los 14 asesinatos -15 con el de Espinosa- de periodistas en el Estado gobernado por Javier Duarte de Ochoa. Sin duda alguna, un precedente inédito y trágico para el ejercicio de la prensa libre. Las cinco personas fueron localizadas a las nueve de la noche en el departamento 401 de la calle Luz Saviñón 1909 en la colonia Narvarte. Los cuerpos los descubrió otra de las inquilinas del lugar. Espinosa y Vera habían responsabilizado al gobernador veracruzano de lo que les pudiera suceder, luego de enfrentar una persecución por el ejercicio periodístico de él, enfocado a las manifestaciones sociales, y el activismo social en favor de grupos desprotegidos por parte de ella. El fotoperiodista corresponsal de Proceso, Cuartoscuro y AVC Noticias, se autoexilió apenas el 9 de junio de 2015 de Veracruz, debido al temor y falta de condiciones para realizar su trabajo. El mismo Espinosa ya había vivido las agresiones en su contra. Según el portal Cuartoscuro en su posicionamiento por la muerte de su corresponsal, Espinosa había sido amenazado desde noviembre de 2012, cuando cubría la protesta por la muerte de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, en ese entonces personal de gobierno de Veracruz lo sujetó y le dijo: “Deja de tomar fotos, si no quieres terminar como Regina”. El 14 de septiembre de 2013, mientras documentaba un desalojo de maestros, Rubén fue agredido junto con otros compañeros por las fuerzas de seguridad estatal. Le decomisaron su equipo fotográfico y le borraron las imágenes; pese a presentar una denuncia penal, el hostigamiento subió de tono. Para varios de sus compañeros -que tuvieron que ser entrevistados vía correo electrónico al ser amenazados e intervenidos en sus vías de comunicación-, la muerte de Espinosa tiene que ver con la foto de portada para la revista Proceso en su edición 1946 (15 de febrero de 2014), en ella aparece un Javier Duarte de perfil, con sobrepeso, una gorra de policía y bajo el título “Veracruz, Estado sin Ley”. La activista Nadia Vera señaló en un video para Rompeviento.tv en 2014: “Responsabilizamos totalmente a Javier Duarte y a todo su gabinete sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados en todo este tipo de movimientos tanto estudiantes, académicos y sociedad civil en general”. La activista de Casa Magnolia y #YoSoy132 fue torturada y abusada sexualmente, y su cuerpo, abandonado en un recámara del departamento donde vivió. Desde el 1 de septiembre del 2012, Nadia se volvió incomoda al gobierno de Duarte, junto con varios de sus compañeros tomó el Palacio Municipal de Xalapa por los comicios electorales que calificaron de fraudulentos. El Comité Universitario de Lucha al que pertenecía, denunció que el 15 de septiembre de 2012, tres de sus compañeros fueron levantados y torturados por elementos de la Policía Estatal de Veracruz. El 2 de octubre del mismo año, sujetos desconocidos ingresaron a su casa y el 20 de noviembre fue golpeada y encarcelada por una manta con la leyenda “Javier Duarte, te tenemos en la mira. El pueblo no olvida ni perdona”.
Desde entonces, Nadia se sentía amenazada por las fuerzas del orden, su última manifestación fue el 5 de junio del presente año, cuando ocho de sus compañeros fueron atacados con machetes y palos por grupos paraestatales, según denunciaron. La segunda de las mujeres era Yesenia Quiroz Alfaro, originaria de Morelia, Michoacán, pero emigrada a Mexicali, Baja California junto a su familia desde los 90, según confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. A los 16 años la joven se fue a vivir a la Ciudad de México para continuar sus estudios en el Instituto de Diseño de Imagen Profesional. Las otras víctimas son Nicole, a quien las autoridades reconocen como colombiana, aunque hasta el miércoles 5 de agosto, el Consulado pudo informar sobre su identidad; según los testimonios de vecinos, se habría mudado un mes atrás al departamento donde la mataron. También en el domicilio fue localizado el cuerpo de quien dicen era la empleada doméstica, de nombre Olivia Alejandra Negrete Avilés, de 40 años de edad. La versión oficial Desde las primeras indagatorias, la PGJDF apuntó a la posibilidad que el quíntuple asesinato fuera producto de un robo, debido a que los agresores se habían llevado un vehículo Ford Mustang color rojo, modelo 2006, placas 486VRN; sin embargo, fue localizado días después, abandonado, en la delegación Coyoacán. Posteriormente, la fiscalía apuntó a la teoría de que derivado de una fiesta celebrada la noche del 30 de junio se pudo presentar una discusión que terminó en tragedia, pero el propio procurador capitalino, Rodolfo Fernando Ríos Garza, desmintió la versión debido a los testimoniales recabados. En un video dado a conocer el martes 4 de agosto, se identificó a tres presuntos agresores, el primero de ellos que se subió al Mustang rojo y dos más que habrían huido a pie. Finalmente, con 20 testimoniales y 80 peritajes, señalan que la noche del 30 de julio no hubo fiesta. Fue a las dos de la mañana del 31 de julio que llegó Rubén Espinosa junto con un amigo y Nadia Vera al departamento donde se encontraban Yesenia, otra joven de nombre Esbeidy y Nicole. Posteriormente Rubén y su amigo se retiraron del lugar, aunque el fotoperiodista regresó más tarde. Cerca de las nueve de la mañana llegó la empleada doméstica Olivia Alejandra y se retiró del lugar Esbeidy. Los hechos ocurrieron entre esa hora y las tres la tarde, ya que los presuntos agresores fueron captados en su huida, uno de ellos con una maleta. Otra hipótesis fue el feminicidio, por la muerte de cuatro mujeres y por lo menos una agredida sexualmente. Y una más se centra en Nicole, “La Colombiana”, presuntamente relacionada con el crimen organizado. El procurador Ríos Garza no descartó que los objetivos del ataque fueran Rubén o Nadia, sin embargo, no abundó en detalles de la investigación sobre el tema. El 5 de agosto, la PGJDF informó de la detención de uno de los presuntos implicados en el multihomicidio, el cual fue presentado ante el Ministerio Público, donde rindió su declaración. Según las primeras indagaciones, el sospechoso contaba con antecedentes penales por violación y lesiones, por lo que cumplió una sentencia de nueve años y seis meses. Fue por una huella dactilar encontrada en el departamento que pudo ser localizado. Según la versión de diferentes medios capitalinos, el ahora imputado habría confesado su participación en los hechos, confirmado al aparecer en el video que la Procuraduría capitalina difundió, aunque hasta el jueves 6 de agosto no se habían dado mayores detalles de su declaración ministerial. Por último, Ríos Garza aclararía que el homicidio se dio entre las dos y tres de la tarde, además de que existían indicios de crimen organizado; aunque no descartó ninguna de las otras líneas de investigación. La indignación </p> Luego del homicidio de Espinosa y las cuatro mujeres, diversos colectivos de periodistas en el país, exigieron justicia para esclarecer el multihomicidio, además, condenaron la falta de garantías que existe para el ejercicio libre del periodismo en el Estado de Veracruz. Entrevistado vía telefónica, Sergio Aldazaba, del periódico Órale Jarocho e Imagen, dijo que en Veracruz se siente un ambiente muy tenso, sobre todo para quienes cubren movimientos sociales y nota roja. “Es muy difícil ejercer la profesión, tener que salir a la calle, mirar por detrás de tu hombro por miedo a que alguien te venga siguiendo, no puedes estar ni a gusto en tu casa, salir en las noches a divertirse ya no es mucha opción, son muchas agresiones no solo del gobierno: de la Policía, crimen organizado y la misma sociedad” afirmó el periodista. 
En cuanto a las versiones de la PGJDF, indicó que periodistas amigos de Rubén Espinosa han manifestado su desconfianza, “nadie le cree al gobierno de Mancera ni a la Procuraduría de que fuera un asalto o una cuestión de drogas, no les creemos, sinceramente”. Agregó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz, cuyo titular es Luis Ángel Bravo Contreras, se lavó las manos pese a saber sobre las amenazas hacia Rubén y Nadia. Aldazaba comentó que el día del homicidio no lo habían podido contactar, por lo que le pidieron a Bravo Contreras localizarlo vía GPS, fue cuando el rastro daba a la colonia Narvarte. Luego sabrían que el periodista había sido asesinado. Afirmó que junto con otros compañeros, Rubén había denunciado penalmente al gobernador Duarte y al secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, por las agresiones que sufrieron en Plaza Lerdo, durante el desalojo de maestros que tuvo lugar la noche del 14 de septiembre de 2014. Adrián López, director general del periódico Noroeste y consejero de la organización Artículo 19, advirtió que el homicidio de Rubén Espinosa deja el precedente en primer lugar de que el gobierno de Veracruz es el más peligroso del país para ejercer el periodismo. También la manera en que se da el homicidio: “No importa que huyas del Estado, dónde te escondas o con quien estés, te vamos a alcanzar”. Criticó la primera versión de la Procuraduría capitalina sobre hipótesis del robo, “es querernos ver la cara”. Alejandra Nuño, consultora de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, expuso que el diagnóstico que tiene el alto Comisionado de las Naciones Unidas y la sociedad, es que ejercer la labor de periodista o de defensor de los Derechos Humanos pone en riesgo a las personas. “Ya sea por amenazas directas, allanamientos, asesinatos o desapariciones, siguen siendo profesiones en riesgo, lo que esperaríamos del Estado en su conjunto es que tenga mecanismos adecuados a la situación de tragedia que vivimos”, afirmó. La defensora consideró que en muchos de los casos, los gobiernos estatales son los principales agresores de los periodistas y defensores. Jorge Israel Hernández, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores, indicó que reportes de diferentes organizaciones sociales señalan a funcionarios estatales como los principales agresores a periodistas, pero afirmó que se tiene que ser cuidadoso, ya que, en tanto no se realicen las investigaciones pertinentes, es muy difícil conocer en términos reales quiénes son los focos de amenaza. “Hay otro elemento, detrás de esos funcionarios puede existir una serie de actores y condiciones que desconocemos todavía”, expresó el periodista. En un comunicado, Irina Bokova, titular de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), condenó enérgicamente el asesinato de Espinosa, por lo que pidió se investigue a fondo y no quede impune: “Tenemos que respaldar a los periodistas valientes que trabajan para mantener informados a los ciudadanos”. Por su parte, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, A.C., lamentó el asesinato del periodista, a la vez de emitir una exigencia a las autoridades del Distrito Federal, así como a la Fiscalía Especializada en atender delitos contra la libertad de expresión, para que agilicen la investigación a fin de encontrar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen. En un comunicado, el Foro exhortó al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a brindar las garantías de seguridad a todos los periodistas y comunicadores de esa entidad, en el entendido que Veracruz se ha convertido en la zona de mayor peligro para el ejercicio del periodismo. Mientras tanto, del Comité para la Protección a los Periodistas -con sede en Estados Unidos-, Carlos Lauría, director del organismo para las Américas, refirió en un posicionamiento: “Veracruz es uno de los estados más peligrosos para la prensa en México, según la investigación del CPJ. Cuatro periodistas han caído en represalia directa por su labor desde 2011. Otros siete periodistas fueron asesinados bajo circunstancias poco claras y al menos tres periodistas han desaparecido en el estado en el mismo período. “Rubén Espinosa huyó luego de haber sido amenazado en una de los estados más letales para periodistas en la región y fue asesinado seis semanas después en un lugar antes considerado como un refugio seguro en el país. “Ya es hora de que las autoridades federales y locales adopten las medidas necesarias para combatir la grave crisis de libertad de prensa que atraviesa México. Esto significa investigar en profundidad el asesinato de Espinosa y todos sus posibles motivos, como en particular que pudiera haber sido asesinado en represalia por su trabajo”. La lejanía de Duarte
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