Empresario y ejidatario, se suman a los 23 asesinatos violentos ocurridos en lo que va de 2014 en Rosarito, la cifra más alta de homicidios cometidos en el municipio desde 2006 cuando iniciaron los conteos. El motivo principal, pugnas entre el Cártel de Sinaloa y grupos desbalagados del CAF “Lo que tenemos es un excelente tirador, que sabía que la víctima iba manejando”, comentó un investigador presente en la escena donde el 8 de abril asesinaron al empresario Jaime René García Arteaga mientras manejaba su auto, acompañado por su socio Carlos Mijes. “Las víctimas circulaban aproximadamente a 110-120 kilómetros por hora, y les dispararon en movimiento”, detalló un policía municipal, según lo comentado por el sobreviviente. De acuerdo a la revisión pericial, todos los tiros, cuatro en total, entraron por la ventana de atrás y la trasera de un costado, tres de los balazos dieron entre la cabeza y la nuca de la víctima, no hubo rebotes y el acompañante salió ileso. Quien le disparó al inversionista de bienes raíces, lo hizo con una precisión poco usual en los crímenes recientes. Desde el lugar del copiloto, el tamaulipeco Juan Carlos Mijes, amigo de García desde 1977, su socio desde los años noventa, aseguró que no vio ni carro, ni luces, previo al ataque. De repente a la altura del kilómetro 56 + 400 de la carretera escénica de Ensenada a Rosarito, unos metros al norte de Los Arenales, escuchó como si les estuvieran lanzando piedras, y el auto se descontroló, Mijes volteó a ver a su compañero y se dio cuenta que en segundos estaba inconsciente ladeándose y cubierto de sangre en el cuello y cabeza. Reaccionó intentando controlar el volate del carro para que no saliera de la carretera y logró estacionarlo en el carril de acotamiento. Por celular llamó a “Sotomayor”, el administrador de Marena y le explicó lo ocurrido, y el hombre reportó los hechos a la Cruz Roja, la alerta se dio a las 19:50 horas del martes 8 de abril. Las balas usadas en el ataque fueron calibre 223 /AR15, Periciales solo recuperó un casquillo sobre la carretera, pero no podrá determinar si el arma fue empleada en algún otro crimen porque el elemento balístico fue aplastado por otro auto. Los peritos barrerán un kilómetro más de carretera para buscar más casquillos. Tras la entrega del cuerpo al hijo del empresario la tarde del 9 de abril, el expediente fue atraído por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de Baja California, bajo el argumento del tipo de arma utilizado. Aunque en las primeras indagatorias no han localizado nada que lo ligue a los grupos delictivos con presencia en el Estado; en los negocios tampoco detectaron en los primeros dos días, algo irregular; y en su vida personal, tenía un divorcio de tiempo y una relación afectiva estable. Considerando los primeros dichos del socio, de familiares y conocidos, la Procuraduría del Estado se inclina más por el tema de sus “inversiones”, “…enemigos por pleitos o juicios”, pero la indagatoria apenas está empezando. Según los datos del Registro Público de la Propiedad de Baja California en los apartados de Rosarito, Ensenada y Tijuana, García Arteaga y Mijes Partida eran socios en la Inmobiliaria y Arrendadora Capricornio, la empresa Campestre Baja S.A. de C.V. y Marena de Ensenada S.A. de C.V., con los que administraban Club Marena en Rosarito y Baja Country Club en Ensenada. En los mismos proyectos se asoció, con menor cantidad de acciones, con los miembros de la empresa Cartera Ensenada y otros inversionistas. Legalmente en una primera revisión solo se pudieron localizar dos expedientes en juzgados civiles el 0570/2013 radicado en el juzgado primero civil de Ensenada y el 0234/2013 en el mismo juzgado. Se trata de un lote o finca, en el que la víctima voluntariamente está demandando que se le considere dueño del inmueble por la llamada “prescripción positiva”, ya que tenía la posesión “de buena fe” por 10 años o más “de buena fe” pagando impuestos y servicios a su nombre. Llanamente, él, la o los autores intelectuales y materiales consideraron que Baja California en general, y Rosarito en particular, son entidades donde pueden asesinar impunemente a un inversionista del estado; y que la carretera escénica –que debería ser vigilada por la Policía Federal– a la altura de los Arenales era el sitio ideal, por contar con salidas de terracería hacia Tijuana, Ensenada y las colonias de Rosarito. Tampoco les preocupó el retén militar o las tres patrullas que vigilan la delegación de Primo Tapia. Tras la balacera ocurrida el 16 de marzo en Los Arenales, donde hubo tres muertos y siete lesionados, las autoridades crecieron de 1 a 3 las unidades encargadas de la vigilancia en es amplia zona. Pero eso no importó, García fue acribillado en la carretera de cuota, unos cientos de metros antes de las oficinas de la policía en la zona que está ubicada en la carretera libre. Consultados, viejos empresarios de la localidad comentaron que Jaime García tenía más de 20 años invirtiendo en Rosarito, le tocó la época del boom inmobiliario cuando los edificios de condominios de lujo se vendían en un mes, porque los precios eran bajos comparados con los precios en Estados Unidos Sus cercanos, indicaron que era un hombre de rutinas, llevaba mucho tiempo yendo con su socio todas las semanas a Ensenada, usualmente en martes. Pero nunca manifestó a sus conocidos del sector empresarial ni a su socio tener alguna amenaza, extorsión o cobro de piso. Asimismo los representantes de los hombres de negocios en Rosarito manifestaron no sentirse amenazados, porque no hubo intento de secuestrarlo o robarle, pero: “… pedimos el esclarecimiento del caso, para no entrar en especulaciones, y tomar decisiones con base en información, porque dada la situación, que se dio algo muy dirigido, iban directamente contra Jaime, que es un empresario muy reconocido aquí, no solamente local, sino en el estado”, explicó Rafael Crosthwaite del Consejo Coordinador Empresarial. Seguridad Municipal peor que 2008 El reclamó generalizado del sector empresarial es que no quieren regresar a las condiciones de inseguridad de 2008, “…nos costó mucho la inseguridad para perderla”, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito, Rafael Crosthwaite. Pero conforme a las estadísticas presentadas en la página de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ya están peor que hace cuatro años…por lo menos en homicidios. Conforme a las estadísticas del 1 de enero al 30 de abril de 2008 hubo 10 asesinatos, en el mismo periodo del año pasado 2013, fueron 14 las muertes violentas, mientras del 1 de enero al 10 de abril de 2014 van 23 homicidios contabilizados. En cuanto a extorsiones, solo hay cifras del primer bimestre, hubo una en 2008, cinco en 2013 y cinco en 2014. En cuanto a secuestros aseguran que este año no se ha dado ninguno, esto a pesar de que en la prensa se ha reportado públicamente seis privaciones de la libertad entre el 1 de enero y el 9 de abril. Adicionalmente, el último reporte indica que la incidencia delictiva en Rosarito creció en un 9 por ciento. Si nos vamos a cantidad por 10 mil habitantes ya estamos peor que Tijuana”, comentó Eduardo Castro, presidente del Consejo Ciudadanos de Seguridad del municipio. El director de seguridad pública municipal de Rosarito reconoce la problemática y asegura que están trabajando en ella, pero en el caso específico del homicidio de Jaime García Arteaga excusó: “Lo del empresario es una situación que se pudo haber dado aquí o en Tijuana, él venía de Ensenada a Tijuana, no a Rosarito sobre la carretera federal que no es responsabilidad de nosotros. Que si bien ellos tienen propiedades en Rosarito, pero su área laboral desde hace varios años es en Tijuana y Ensenada. “Aclaro que eso no nos exime de responsabilidad, pero no es algo que podamos evitar.” El alcalde Silvano Abarca declaró ante la prensa que pedirá más vigilancia de la Policía Federal que actualmente está concentrada en la zona de La Misión, donde se derrumbó la carretera el 28 de diciembre de 2013. Quince días atrás, en reunión de coordinación, el consejo ciudadano solicitó a la Policía Federal más patrullaje porque se había denunciado movimiento de vehículos extraños por la carretera de Tijuana a Rosarito. — ¿Y por qué le disparan en Rosarito no en Tijuana?, se le pregunta a Montero. “La situación que se vive en Tijuana y Ensenada donde hay presencia precisamente de la autoridad responsable (federales), la vigilancia de las autopistas, nosotros no entramos para nada, ésa es un área de jurisdicción netamente de la Policía Federal, de ninguna otra instancia”. — ¿Hay vigilancia de la policía federal? “Me imagino que debe haber”. — ¿Pero no huyen por la caseta de cobro, sino por vías paralelas que sí son municipales? “Por supuesto, pero no es de evadir la responsabilidad, pero no fue una falta de patrullaje nuestro, porque ahí nosotros nunca lo hacemos”. —La comandancia y las patrullas estaban cerca del incidente, ¿por qué no reaccionaron? “Efectivamente, de hecho los de la Cruz Roja son también una parte que reportaron el incidente, lo que pasa es que para entrar a la autopista no está en corto, está bastante lejos la de sur a norte. Además en el reporte del incidente no hubo precisión, simplemente dijeron hay disparos de arma de fuego en el tramo carretero tal, no dijeron a qué altura, dijeron por aquí se escucharon, no había certeza del lugar”. Al respecto el alcalde de Rosarito Silvano Abarca dijo públicamente ante empresarios y medios de comunicación, que para contribuir a la seguridad, después de más de 4 meses de violencia, determinará una sola línea de mando. No especificó si dejará al director de la Policía Capitán Eduardo Montero, o a su Comandante Operativo Raúl Paredes Esquer, quien sigue sin hacer los exámenes de confianza, sin embargo el edil afirmó según los reportes periodísticos, que en el corto plazo se daría la designación y que prefería a un policía de carrera a un militar. Por lo pronto, el consejo ciudadano y sector empresarial ya le exigieron al alcalde que más allá de los movimientos, Paredes Esquer sea el primer evaluado entre los 40 agentes municipales de Rosarito que serán sometidos a los exámenes de confianza en fecha próxima. Inicia coordinación incipiente Horas después del asesinato de García Arteaga, el 9 de abril de 2014, representantes del sector empresarial enviaron una carta a la Procuradora Perla Ibarra y tuvieron una reunión con los representantes de la seguridad en los tres órdenes de gobierno. Le solicitaron a Ibarra tomar cartas en el asunto, y le pedían una pronta solución del expediente. Rafael Crosthwaite, presidente del CCE, explicó que durante el tiempo que llevan trabajando junto a las autoridades, éstas han manifestado voluntad y disponibilidad. “Sí hay coordinación, estamos blindando la coordinación, hemos tenido reuniones limando poco a poco las asperezas, intervenido directamente, casi cada 15 días”. — ¿Está blindado? “Sería muy aventurado decir que está totalmente blindado, pero se ve la disponibilidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, el Ejército y vamos incorporar a la armada en el patrullaje de la playa por época de verano “El homicidio como delito no es nuevo, es por eso que hemos tomado cartas en el asunto, cuando hay cambio de gobierno hay muchas inestabilidades, hay falta de coordinación y hemos tratado de intervenir, empezamos con estas reuniones hace como mes y medio a raíz del asesinato del ejidatario (Pablo Arce, 25 de febrero), que el sector empresarial hemos tratado de ver cómo facilitar las cosas”. — ¿Están coordinados? “Te puedo decir que se está trabajando en ello, tenemos problemas por resolver, deficiencia de patrullas, afortunadamente recibieron apoyo y van a duplicar, ya los tienen, todos autos nuevos, les están poniendo sus calcomanías, se recibió apoyo de gobierno del Estado, porque si se hubieran esperado al Subsemun estaríamos en junio 2014, tratando de hacer las licitaciones. Cuando es un apoyo directo las restricciones son menores en compra directa, dada la situación particular, lo que se está viviendo en Rosarito. “El parque vehicular se va a duplicar, tenían 11 patrullas y ahora tendrán 14 más, algunas de las cuales ya se están pintando”. Otra condición que influye en la inseguridad, acorde a la visión de los empresarios es que ninguno de los 187 policías tiene actualizada la acreditación de sus exámenes de confianza. “Tijuana ya los acreditó a todos y aquí no los mandaban”, explicó el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Eduardo Castro. “…ya se solicitó la evaluación de los primeros 40, estamos esperando la agenda de Mexicali, nos pidió un mes, se van a mandar de 5 en 5, entre los primeros va Paredes Esquer”. Otro punto es el pendiente de la cámaras de vídeo-vigilancia, se suponía recibirían los recursos para 52, al momento han acreditado 12. “Que las pongan en las salidas a Rosarito, en Misión del Mar, hay como 5 salidas al 2000 en terracería pareja, ahí se necesitan”, puntualizó Castro. También está el problema de tener 40 elementos que causaron alta en la nómina de la Policía Municipal de Rosarito entre 2011, 2012 y 2013, sin reunir los requisitos de preparatoria terminada, haber hecho el servicio militar, y que además no cursaron la academia. Los empresarios señalaron estar conscientes que las autoridades necesitarían tener “una varita mágica” para adivinar cuándo van a matar a alguien en Rosarito, también reconocieron la disposición del Ejército, quienes aseguran patrullan el municipio por las noches, pero advirtieron que la coordinación se debe acelerar y al Procuraduría está obligada a dar resultados para que temas como el homicidio del señor Jaime García, no afecten el desarrollo de Rosarito. “El cónsul de Estados Unidos, Andrew S.E. Erickson nos está pidiendo que le echemos ganas a la seguridad porque él está obligado a prevenir a sus connacionales si se dan las condiciones. En los 2 últimos años hemos tenido más turistas, pero se da esto…lo poquito que se ganó y toda la lana que se le metió se va a ir para abajo”, advirtió Castro. “Nos reunimos cada tres semanas, todos le estamos entrando, esta semana la Policía Federal se comprometió a más patrullajes en el bulevar Benito Juárez, en la zona de Los Arenales, ya hay 4 elementos de vigilancia, se adquirieron 4 motos para que policías patrullen la playa donde viven deportados, estamos trabajando, pero necesitamos resultados”, concluyó el consejero ciudadano de seguridad. Liberan de nuevo a “El Javi” El sábado 5 de abril de 2014, alrededor de las cinco de la tarde, en la intersección de la calle 11 y Madero en Tijuana, se suscitó un enfrentamiento a balazos con rifles R15, hechos que las áreas de inteligencia del Consejo de Seguridad Pública del Estado, ligan a la serie de homicidios cometidos en Rosarito. Se enfrentaron en un lado Francisco Javier Flores Hernández “El Javi” y desde el otro vehículo, presuntamente René César Sánchez García, Ismael Michel y Luis Vargas, todos fueron detenidos junto a un taxista a quien “El Javi” había detenido para huir del lugar. Tras una estruendosa balacera que fue denunciada por los negociantes de la calle ocho. Los cinco fueron detenidos por el Grupo de Operaciones Estratégicas de la policía municipal y presentado junto a dos R15 localizadas, una en el auto otra en la calle. Pero fueron liberados posteriormente “por falta de elementos”, el taxista primero porque no tenía nada que ver, y los otros cuatro porque salieron negativos a la prueba de radizonato de sodio, y ninguno reconoció ante el ministerio público conocer o haber portado las armas presentadas. Además “El Javi” que fue presentado en calidad de víctima tampoco pudo reconocer a ninguno de los otros tres presentados como sus agresores, porque no los pudo ver. Cuando la PGJE remitió a la PGR a los detenidos con las armas, el ministerio público federal se negó a recibir a los presuntos responsables porque en el expediente no los ubicaban dentro de los autos presuntamente implicados en la balacera y tampoco acreditaban la flagrancia porque los municipales los detuvieron unas cuadras adelante a pie. Recordó haber sido capturado por los municipales el 26 de septiembre de 2013 como presunto responsable por el homicidio violento en grado de coautoría, contra Luis Calderón Salazar el 23 de septiembre de 2013. Pero a averiguación previa 337/13/201/AP de la PGJE también terminó en libertad por falta de elementos. Salió en 15 días y le pagó a su abogado 15 mil pesos. La pugna desde San Antonio-Tijuana hasta Rosarito Previa a su declaración ministerial, “El Javi” aceptó hablar con las autoridades siempre y cuando no se consignará en expediente ministerial, reconoció que vendió droga bajo las órdenes de Pedro Quintero Velázquez “El 5-8”, todos parte de los remanentes del Cártel Arellano Félix encabezados por Melvin Gutiérrez Quiroz (detenido en marzo de 2013) que siguen intentando retomar zonas controladas por Sinaloa y por otras células del CAF. De inicio, Javier Flores Hernández detalló que operó criminalmente 3 años abriendo tienditas de droga y “checando chapulines”, personas que entraran a su zona de venta de enervantes. Se trata de “los cholos” o “los pochos”, incluyen deportados con antecedentes criminales. Una de esas zonas es Rosarito, donde las autoridades coordinadas, consideran que “El Javi” está operando sin pagar la plaza correspondiente desde hace más de 18 meses. Lo contemplan como presunto responsable de homicidios y levantones. Relató que matones de Sinaloa y el CAF han tratado de asesinarlo por lo menos en tres ocasiones en el último año y medio, previo a la balacera de Tijuana, a principios de 2014 lo balearon en el table dance Doll House, en Rosarito, pero se evadió. Explicó que en 2012 quien le avisó que Pedro Quintero había ofrecido dinero para matarlo, fue Felizardo Arturo Campos Benavides “El Seven”, asesinado el 5 de agosto de 2013. Detenido, admitió haber pertenecido al crimen organizado pero aseguró que desde octubre de 2013 tiene una forma honesta de vivir, que reside entre Tecate (se movió ocho meses atrás porque tenía por su vida) y Santa Fe en Tijuana, su familia política vive en Rosarito, que vende saldos, tiene un negocio de tele mercadeo llamado Baja Tap donde refinancia a gente que está perdiendo sus casas, y hacían películas. De su ex jefe Pedro Quintero, manifestó que está viviendo del lado americano, pero controla la venta de droga en el malecón de playas y en el fraccionamiento Soler. Explicó que de acuerdo a la información que manejaba hace 18 meses, Rosarito está controlado por “Los Güichos” a través de “El Tribi y sus hermanos, Ciro y Nacho”, pero que todos sirven a Alfonso Lira “El Atlante”, que un hombre de apodo “El Negro” está matando “cholos” del “El Pit” en Popotla. Sin embargo al realizar su declaración ministerial negó lo antes dicho y logro su libertad. Oficialmente en Tijuana han sido asesinados 151 personas en 2014 con cierre a la mañana del 10 de abril. En la última semana del 3 al 10 de abril los reportes de la prensa indican que dos personas fueron privadas de la libertad en Tijuana, otros 3 hombres fueron asesinados a balazos y seis víctimas más, han sobrevivido a ataques armados en Tijuana. Le repiten la dosis a “El Melvin” En cumplimiento a un amparo que le fue concedido al sicario Melvin Gutiérrez Quiroz “El Melvin” o “El Marino”, el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en Guadalajara, repuso el procedimiento y volvió a dictar formal prisión en contra del pandillero del Barrio Logan de San Diego, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. La protección de la justicia federal otorgada a Gutiérrez Quiroz, de nacionalidad norteamericana, se debió a que cuando fue capturado en marzo de 2013, las autoridades ministeriales y judiciales fueron omisas en dar aviso al Consulado o Embajada de los Estados Unidos para que brindaran al detenido la asistencia consular que establece la Convención de Viena. Aunque el presunto criminal del Cártel Arellano Félix pretendía que el amparo lo liberara del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 en Puente Grande, Jalisco, la resolución solo fue para efecto de que se subsanara la pifia y se dictara un nuevo fallo dentro del término constitucional. El Juez Cuarto especializado de Jalisco acató lo ordenado en el amparo y dictó nuevamente auto de formal prisión a “El Melvin” por la portación de un rifle AR-15 cuando fue aprehendido en Tijuana por elementos del Ejército Mexicano. Inconforme con el veredicto, la defensa de Gutiérrez Quiroz interpuso primero el recurso de apelación; sin embargo, días después y tal vez por ignorancia o descuido del equipo legal del delincuente, una demanda de amparo en contra de la formal prisión. El juez que conoció del intento de juicio de garantías declaró improcedente la acción, debido a que la apelación no ha sido resuelta. Justicia americana contra capos mexicanos Durante la semana, dos acontecimientos del proceso de justicia en Estados Unidos sobre capos mexicanos se dieron a conocer. Uno sobre Rafael Caro Quintero, sus colaboradores y las empresas que utiliza para el lavado de dinero; la otra fue la noticia donde Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, se declaró culpable y se sumará al programa de testigos protegidos. Respecto al primer acontecimiento, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció mediante un comunicado nuevas empresas y personas aliadas al recién liberado Caro Quintero. El documento de la dependencia norteamericana detalla que 20 empresas, la mayoría instaladas en Guadalajara, Jalisco, son parte de la estructura criminal. Adam Szubin, funcionario estadounidense, anunció que “la designación de hoy demuestra el enorme grado con que Caro Quintero y miembros de su familia han infiltrado la economía”. Asimismo, señaló que la búsqueda del capo seguirá por medio de la DEA y las autoridades mexicanas, de igual manera, con sus colaboradores. En el otro caso, “El Vicentillo”, hijo del presunto líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable en Estados Unidos de los “delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero”, con el objetivo de una reducción de condena. Además, quedó confirmado que el detenido en 2009, será testigo protegido, por lo tanto, considerado colaborador del gobierno de Estados Unidos. Los abogados de “El Vicentillo” negociaron el acuerdo con las autoridades norteamericanas, de declararse solo en un papel secundario en los delitos del Cártel de Sinaloa como mensajero y subordinado de su padre. El acusado aceptó haber participado en el pago de sobornos a funcionarios del gobierno de México para fortalecer la organización criminal. Una vez declarado culpable, el juicio se suspenderá y Zambada Niebla será parte de los informantes de las autoridades estadounidenses para así obtener una condena inferior, sobre todo si se compara con la cadena perpetua que se había solicitado por los delitos que se le imputaron. Lo anterior se firmó el 3 de abril de 2013, entre la defensa de Zambada y el Fiscal de Distrito Norte de Illinois, Gary Shapiro, y se dio a conocer el jueves 10 de abril en la Corte Federal de Distrito Norte de Chicago, en el expediente e1:09-CR-00383, abierto el 23 de abril de 2009 contra “El Vicentillo”; su padre, Ismael Zambada García, alias “El Mayo”; Archivaldo “Joaquín El Chapo” Guzmán Loera; Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Guzmán Loera, entre otros. Detenidos por narcotúneles en SD, en Tijuana solo encuentran cartuchos Mientras en California procesan a dos detenidos acusados de uno de los dos narcotúneles encontrados el 2 de abril de 2014, en Tijuana, autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) catearon uno de los domicilios, donde encontraron cargadores y cartuchos. En el inmueble que alojaba “Mini Bodegas de la Frontera”, localizado en la esquina de la avenida Sor Juana Inés de la Cruz y calle José López Portillo Oriente de la colonia Nueva Tijuana –a unos metros de la garita internacional de Otay–, agentes federales localizaron, la noche del 9 de abril, dos cargadores para armas largas y diversos cartuchos útiles. Y aunque testigos refirieron la presencia de personas que custodiaban el negocio que alojaba el túnel, autoridades mexicanas no refieren la detención de algún involucrado. En contraste, la Corte Federal de San Diego presentó esta semana a Glennys “Gladys” Rodríguez, una mujer de 73 años residente de Chula Vista, California y al tijuanense Gilberto Quezada Madrid.</p> La primera enfrenta cargos por financiar la construcción del narcotúnel de lado norteamericano, así como conspiración por ayudar en la logística y mantenimiento de la bodega descubierta en el área de Otay Mesa. Por su lado, el tijuanense de 26 años, también fue acusado ante la Corte Federal de diversos cargos relacionados con el uso del pasadizo subterráneo para cruzar la frontera y conspiración por el mantenimiento de instalaciones relacionadas con narcotráfico. Por cada delito, podría recibir hasta 20 años de prisión. De acuerdo a la Fiscalía, agentes vigilaban al mexicano desde 2013, pero fue hasta el 31 de marzo de 2014, cuando los agentes observaron al joven ingresar a una bodega localizada en la calle vía de la Amistad, en San Diego. Al día siguiente, fue localizado un corredor construido bajo tierra desde el interior de la bodega y encontraron el punto de salida en “Mini Bodegas de la Frontera”, en Tijuana, a unos 250 metros de la garita internacional. El segundo narcotúnel fue localizado el 3 de abril por agentes estadounidenses, quienes informaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en Tijuana, la cual encontró el otro punto del pasadizo transfronterizo, dentro de una bodega en Tijuana. La investigación federal que resultó en el descubrimiento del primer túnel, con una longitud aproximada de 600 metros, tomó cinco meses. Los pasadizos estaban equipados con iluminación y un sistema de rieles, mientras que la entrada estaba cubierta con una tapa de cemento. Mediante poleas, se introducían los paquetes de contrabando desde la bodega hasta el narcotúnel. Con una extensión de 640 metros, el segundo pasadizo subterráneo, contaba además con un sofisticado sistema de ventilación y estaba equipado con un sistema ferroviario eléctrico. En los últimos cuatro años, siete túneles han sido encontrados en la frontera entre Tijuana y San Diego. Sumando sus longitudes, alcanzarían casi tres kilómetros.
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