Poder Judicial asegura no contar con recursos para equipo informático y gasto operativo Fue después de la presión de los colegios de abogados, de un exhorto que tuvo que dirigirle el Congreso del Estado, y de la intermediación del Ejecutivo Estatal, a través del gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, cuando la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, María Esther Rentería Ibarra, confirmó que este año podría echar a andar el segundo juzgado familiar en Ensenada. La primera respuesta de una larga lista de dudas que tienen los abogados de Ensenada respecto al inicio de operaciones de este nuevo juzgado, entre las que se incluye el saber cuándo y cómo ocurrirán las convocatorias para los jueces, secretarios de acuerdo y actuarios que se requerirán, además de la confirmación de que se activarán las 22 plazas que fueron aprobadas y presupuestadas meses atrás en el Congreso y de las cuales el Poder Judicial, a decir de abogados locales, simplemente no ha dicho nada. Para abonar a sus dudas, los abogados en la ciudad se dicen “desesperados” por un retraso sin explicación de más de 2 años en el inicio de operaciones del nuevo edificio para los juzgados civiles y familiares, que estuvo concluido desde el 2012 y permanece vacío desde entonces. Algunos de ellos, como el Colegio de Abogados Independientes y Opinión Libre, A.C., optaron por ejercer presión ante diferentes instancias de gobierno estatal, para conocer el motivo del retraso en el funcionamiento del juzgado segundo familiar, donde ni siquiera tienen certeza de que estará ubicado dentro del nuevo edificio. Piden pues, que se acelere el proceso y a la par solicitaron que el Poder Judicial les rinda cuentas de sus manejos financieros durante 2011, 2012 y 2013 para saber en qué se han estado gastando el dinero, pues la supuesta falta de recurso, ha sido el argumento esgrimido públicamente por la presidenta del tribunal, Rentería Ibarra para justificar los retrasos en la apertura del edificio y del nuevo juzgado. El diputado local del Partido Acción Nacional, Mario Osuna Jiménez, durante la sesión del Congreso del Estado que se realizó en Ensenada el pasado 27 de marzo, propuso un exhorto dirigido al Poder Judicial para que aclarara lo que estaba ocurriendo con los juzgados civiles y familiares. “Durante los últimos años, las solicitudes de acceso a la justicia familiar se han disparado exponencialmente en el municipio de Ensenada, colocando en riesgo de colapso la operación del único juzgado familiar de dicha ciudad. La solución a esta problemática ha sido una demanda recurrente de los colegios, barras y asociaciones de abogados”, dijo durante su comparecencia. Osuna explicó que con datos del mismo Poder Judicial, entre los años 2006 y 2011, el Partido Judicial de Ensenada reportó 2 mil 462 inicios de casos en materia familiar, que significaba un crecimiento del 45 por ciento. “En comparación con los juzgados familiares de los partidos judiciales de Mexicali y Tijuana, los cuales respectivamente reportan 4 mil 751 y 6 mil 662 inicios de caso, en el mismo periodo. Ello nos arroja un promedio superior de casos que debe atender el Juez de este Partido Judicial (en Ensenada), en la inteligencia que en Mexicali y Tijuana se divide entre 3 Jueces la carga de trabajo”, comentó Osuna. Entre los datos proporcionados ese día por el diputado, se encontraba precisamente la autorización de las 22 plazas para poner en operación el nuevo juzgado segundo familiar en Ensenada, que desde el 31 de diciembre del 2013 habían sido publicadas en el Periódico Oficial del Estado, tras la aprobación del dictamen número 20 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado. Tras “diversos ajustes presupuestales en el techo financiero del Poder Judicial”, explicó Osuna, y debido a que el 6 de febrero del 2014 en sesión extraordinaria del Congreso del Estado, derogaron lineamientos de la Comisión de Hacienda y Presupuesto hacia el Poder Judicial, afirmó que era necesaria la intervención del Congreso, para atender el proceso del juzgado, es decir, saber qué iba a pasar. Para ello, solicitó emitir un “exhorto a la Presidencia del Poder Judicial del Estado, a efecto de que remita un informe detallado sobre el estado que guarda la creación y operación del juzgado segundo familiar en el partido judicial del Ensenada. Con ello, los legisladores tendríamos la información necesaria para resolver una problemática tan sensible que mantiene preocupada y unida a toda la comunidad jurídica de Ensenada en su conjunto”, añadió el diputado, y su petición fue aprobada. El 1 de abril, los integrantes del Colegio de Abogados Independientes y Opinión Libre, encabezados por su presidente, Mario Alberto García Salaiza, acudieron a Mexicali a solicitar la intervención del gobernador Vega de Lamadrid, para que fungiera como intermediario entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, para que les aclararan dudas, en torno a si había o no el recurso para operar el juzgado, pues las versiones que conocían de cada uno de los poderes, eran distintas. Por un lado, a decir de García Salaiza, los diputados Osuna y Cuauhtémoc Cardona Benavides, les aseguraban que sí había dinero para personal y equipamiento, y por el otro habían escuchado justificaciones de Rentería Ibarra a través de medios de comunicación de que no habría juzgado este año. “Y te lo digo a través de los medios de comunicación, porque nosotros desde el año pasado, si mal no recuerdo en el mes de octubre (del 2013), le solicitamos una audiencia a la presidenta del Tribunal, y a la fecha no nos ha contestado si nos recibe, o no nos recibe…la información que nosotros tenemos es por declaraciones de ella misma, ante los medios de comunicación, donde ella argumenta que en el nuevo edificio que se está construyendo en la Pedro Loyola, en un futuro, y así lo maneja ella, en un futuro, se va a instalar un segundo juzgado de lo familiar…ella manifestó que en el caso de este juzgado no se abriría este año simple y sencillamente (porque) los legisladores de la anterior, y de la actual legislatura, no se ha aprobado el presupuesto para la apertura de este juzgado”, explicó García Salaiza. El abogado y ex secretario general del XIX Ayuntamiento de Ensenada, explicó que cualquier trámite en el ámbito familiar en esta ciudad tiene un tiempo de espera, tan solo para que le den inicio, entre 4 y 6 meses. “Un tiempo muy tardío para nosotros. Muchos de los abogados tenemos que estar llegando al amparo para que agilicen estos inicios”, explicó. Además de la petición que hicieron al gobernador, los integrantes de este colegio presentaron un documento que fue recibido por la diputada panista Rosalba López Regalado, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso, y que entregaron con copia para Manuel Montenegro Espinoza, del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), donde le piden información financiera relativa a la cuenta pública contenida en el Artículo 82 de la Ley del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, del Poder Judicial del Estado, de los ejercicios fiscales del 2011, 2012 y del 2013. Los abogados buscan con esto, saber si realmente están los recursos autorizados para que el juzgado segundo familiar entre en operaciones. El 24 de octubre del 2013, el Congreso del Estado, aprobó por unanimidad destinar 243 mil 705 pesos para el juzgado segundo familiar en Ensenada, exclusivamente para comprar mobiliario (también aprobaron 245 mil 750 pesos para el juzgado primero). Un recurso solicitado por la propia magistrada Rentería Ibarra. Este recurso venía dentro de un paquete de 2 millones 69 mil 912 pesos que le fueron autorizados a la magistrada, bajo la partida presupuestal 511001 muebles de oficina y estantería. Y que serían destinados al equipamiento de diversas áreas que serían reubicadas en el nuevo edificio del Poder Judicial, en Ensenada, que corresponden a los juzgados civiles primero, segundo y tercero, así como los juzgados familiares primero y segundo, el juzgado mixto de paz civil y la delegación administrativa. Adicionalmente, los abogados hacen referencia al dictamen número 20 aprobado por el Congreso del Estado el 24 de diciembre del 2013, donde se aprueba la contratación de 22 nuevas plazas de personal de confianza para el juzgado segundo familiar en Ensenada. “Yo creo que a lo mejor hay una mala interpretación en los dictámenes o a lo mejor hay una mala interpretación entre el judicial y el legislativo. Pero a la información que me dio a mí, copias los mismos integrantes del Congreso, es de que sí está autorizado para plazas al juzgado segundo de lo familiar”, remató García. Pese a la existencia de estos fondos meses atrás ya contemplados por el Poder Judicial, y aprobados por el Congreso, fue apenas el 5 de abril del 2014 cuando se conoció, a través de un comunicado del Ejecutivo Estatal, de supuestos avances en el tema. El Estado anunció que el gobernador Vega y la presidenta del Tribunal María Esther Rentería Ibarra, establecieron lo que denominaron “un acuerdo interinstitucional para la habilitación de un nuevo juzgado segundo de lo familiar para el municipio de Ensenada”. Lo que en resumidas cuentas significa, que el Juzgado “podría” iniciar operaciones en agosto de este mismo año, una vez se cumplan “los procesos y trámites correspondientes”. El único mensaje de Rentería que se reportó fue el siguiente: “de manera coordinada y en un ambiente de cordialidad y de respeto entre las instituciones, se busca establecer acuerdos que beneficien a los bajacalifornianos y dar esa certeza jurídica a quien lo necesite”. Tras el acercamiento entre el gobernador Kiko y Rentería Ibarra, el diputado Osuna Jiménez comentó a ZETA que buscará gestionar ante el Congreso del Estado nuevos apoyos para la magistrada, y otorgarle una ampliación presupuestal que también va destinada al juzgado segundo familiar. Esto mientras el Poder Judicial hace “pues todo el trámite que tiene que ver con la convocatoria para la elección del juez de lo familiar”, dijo Osuna. “Es poco, más o menos alrededor de 2 millones de pesos que se requieren, nada más para darle funcionamiento al juzgado. Ya se tiene el espacio, ya se tienen las plazas, ya se tiene el recurso del mobiliario, ya están listos para echar a andar ahí el juzgado, y afortunadamente es de gran apoyo para la ciudad de Ensenada”, dijo el diputado. “Ya con el informe de la magistrada, y la reunión que se tiene con el gobernador, se pacta pues que ya será en agosto cuando se esté inaugurando ya el segundo de lo familiar”, explicó. La ex diputada ensenadense, Lizbeth Mata Lozano, explicó que durante la pasada legislatura estatal, tras la aprobación de la construcción del nuevo edificio del Poder Judicial en Ensenada, no se tenía contemplado un juzgado segundo de lo familiar en él. Únicamente era el traslado de los juzgados que ya estaban en Ensenada hacia el edificio. “La exigencia de los abogados ha sido para la creación de un nuevo juzgado segundo de lo familiar”, explicó la también abogada. “Este tema es básicamente de disposición política y de orden en el presupuesto del poder judicial. ¿Por qué de orden? Primero no ha sido publicado el presupuesto del poder judicial a la fecha, no ha sido publicado todavía. Cuando exista esta publicación entonces nos vamos a dar cuenta que en este presupuesto hay una aprobación para 22 plazas que se refiere al juzgado segundo de lo familiar (las que ya publicó el Congreso). Ese presupuesto ya está destinado”, comentó Lizbeth Mata. Para la ex diputada, el debate actual, entre los mismos abogados, gira en torno a que la magistrada dice que el recurso no está destinado o etiquetado para ese tema. “Pero ella puede disponerlo en el momento que lo decida para el tema que se requiere, que en el caso es para lo que serían, como ella misma lo manifestó 22 plazas para el juzgado segundo familiar”, señaló. La ex diputada refiere que todos los colegios de abogados en Ensenada coinciden y han manifestado la urgencia de este juzgado. No obstante, asegura también estar preocupada por la falta de transparencia y claridad del tema, tanto en la definición de si hay o no juzgado familiar, incluyendo si será en ese edificio, como en la ruta que se va a definir en la elección de los jueces, actuarios y secretarios de acuerdo. Mata advierte que al programar los dineros de empleados y mobiliario se entiende que debe existir una convocatoria para ciertos cargos, sin embargo la convocatoria no se ha hecho pública y el Poder Judicial se ha mantenido hermético. “Lo que se debe de exigir es transparencia y claridad para conocer que el presupuesto ya existe…lo único es que la presidenta debe manifestar si sí se va a utilizar ese recurso para eso o no…El acuerdo que generó el poder legislativo y el poder judicial es para hacer todo lo posible de que se logre este juzgado familiar. Sin embargo no hay todavía una claridad en hechos o en documentos para poder hacerlo. Eso es yo creo lo que sigue esta etapa. Ya hay un acuerdo, pero tenemos que verlo reflejado en hechos”, apuntó Mata Lozano. — ¿Tiene ustedes idea de por qué no existe esta transparencia o esta claridad en el proceso?, se le preguntó. “La ruta de por qué no se ha logrado, yo creo que lamentablemente se ha politizado, los colegios se entienden que también tienen afinidad hacia algún partido, eso es lo que se percibe. Y yo creo que lo último que requeriríamos sería eso, que se politice porque finalmente es un objetivo en común”, respondió. Las versiones extraoficiales entre abogados, apuntan a que el edificio ubicado sobre la Avenida Pedro Loyola, que por 2 años ha sido un mero adorno en Ensenada, podría ser inaugurado parcialmente a finales de este mes, donde el Poder Judicial podría confirmar, que ahí mismo se instalará el nuevo juzgado familiar, previsto, si todo sale bien, para el mes de agosto, según las estimaciones del Ejecutivo. Sin embargo, al día de hoy persiste la incertidumbre respecto a las fechas, los procesos de selección, la fecha de apertura y si operará el nuevo edificio con toda su capacidad. Como ejemplo del rezago en el juzgado familiar de Ensenada, la señora Zita Suárez, comentó a ZETA que en su caso “se inició el juicio cuando el niño tenía 14 años, ¡ahorita tiene 19 años!…primero tiene que ser reconocido por el papá y llevamos 5 años para que sea reconocido el niño. Yo no veo ninguna solución, no veo ningún avance, y es lo desgastante de una familia que lucha todos los días y no se ve ninguna remuneración, no se ve ningún resultado de lo que uno pretende, que es la estabilización de un hijo para que estudie bien y salga adelante”. Un solo caso de cientos en condiciones y con retrasos similares. ZETA preguntó al Poder Judicial del Estado, a través de su área de comunicación, cuáles eran los motivos del retraso en el arranque de los juzgados en Ensenada. En su explicación, refieren, que desde el año 2006 lo han solicitado, pero destacan problemas en el manejo y el destino de los recursos <p>“Desde el 2006 se hizo formal solicitud de recursos al Poder Legislativo para la creación de 19 juzgados y 2 salas de Magistrados, incluido en esto el juzgado II de lo familiar. En esa Legislatura, siendo presidente de la Comisión de Justicia Gilberto Daniel González Solís, se desautorizó la inversión y también fue desaprobada una propuesta del entonces diputado Jaime Palafox, para que se re-direccionaran 56 mdp del gasto publicitario del Ejecutivo del Estado para la apertura de juzgados”. “En 2008, el Poder Judicial solicitó nuevamente presupuesto para la construcción de cinco juzgados. El Congreso aprobó solo 20 millones de pesos y fueron utilizados para juzgados en Tijuana, Rosarito y San Quintín” “En 2012 el Poder Judicial reiteró solicitud de presupuesto para crear el II juzgado de lo familiar y junto con otros nuevos proyectos fue desautorizado”. Desde ese año, diversas iniciativas en el Congreso del Estado comenzaron a dar forma a la conformación del juzgado segundo familiar, y hubo acercamientos entre la titular del Poder Judicial y el Congreso, para concretar su operación. El Poder Judicial aseguró que los diputados se comprometieron en apoyarlos para construir el edificio y poner en operación ese juzgado. Sin embargo, también advierten negativas del propio Congreso en la aprobación de recursos para ese fin. “El 30 de noviembre de 2012 el Poder Judicial envía oficio a la XX Legislatura relacionado con el presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado para el ejercicio fiscal 2012 el cual incluía recursos para la apertura del nuevo juzgado en Ensenada por la cantidad de 5 millones 469 mil 79 pesos, atendiendo la modificación al Artículo 56 de la Ley Orgánica, según decreto No. 306 del Congreso y publicado el 19 de octubre de 2012 en el Periódico Oficial. Sin embargo, dicho recurso no fue aprobado así como otros proyectos adicionales, como consta en el dictamen legislativo No.105”, explica el Poder Judicial. Luego de un exhorto el 19 de marzo del 2013 del Congreso hacia la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) para crear el juzgado segundo familiar en Ensenada. El Poder Judicial pidió ampliación presupuestal para el ejercicio 2013, por 5 millones 469 mil 79 pesos, sin embargo su petición fue rechazada por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Ejecutivo Estatal, bajo el argumento de que “no hay viabilidad”. Ya en 2014, el Poder Judicial incluyó en su presupuesto las 22 plazas, que le fueron aprobadas. Pero, asegura no contar con recursos para equipo informático y gasto operativo (materiales y servicios) que anualmente generaría el juzgado segundo familiar. Respecto al desconocimiento en el proceso de selección del personal, advierte: “Todavía no se realiza ningún trámite para elegir al personal jurisdiccional y de apoyo para lo que será el juzgado II de lo familiar en Ensenada. Esta tarea corresponde al Consejo de la Judicatura, específicamente a la Presidencia de la Comisión de Carrera Judicial y consiste básicamente en emitir Convocatoria para atender: etapa de elegibilidad (requisitos legales de aspirantes), etapa sicométrica (para ver si cumple el perfil), etapa de conocimientos (examen teórico y práctico), etapa de entrevista (la realizan dos consejeros y un magistrado), etapa de evaluación de méritos (Comisión de Carrera Judicial). Será la presidencia de la Comisión de Carrera Judicial la instancia que en los meses siguientes se encargará de consolidar los procedimientos de ley”. La inversión hasta el momento en Ensenada ha sido de aproximadamente 78.7 millones de pesos, dirigidos a la construcción y equipamiento del nuevo edificio para albergar tres juzgados civiles, el primero y segundo de lo familiar y el Centro Estatal de Justicia Alternativa en Ensenada. Para la construcción del edificio de los juzgados, la SIDUE invirtió aproximado 8.7 mdp. La presidencia del TSJE advierte que el recurso que estará buscando el diputado Osuna ante el Congreso (los poco más de 2 millones de pesos) será para adquirir equipo informático y solventar el gasto corriente que representa la operación del nuevo juzgado. “El Poder Judicial del Estado ha venido gestionando desde casi una década la apertura del segundo juzgado de lo familiar, ha habilitado espacios en el nuevo edificio y sufragado el acondicionamiento y mobiliario para el nuevo juzgado; además ya cuenta con las plazas necesarias, pero falta que los Poderes Ejecutivo y Legislativo, como hace años, complementen el gasto corriente, que se estima en uno y medio millones de pesos anualmente, aproximadamente, y en la inteligencia de que ya está resuelta la infraestructura y la creación de las plazas necesarias”.
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