Es uno de los varios temas heredados del anterior Ayuntamiento de Mexicali. Tiene que ver con la dudosa legalidad de un contrato que favorece a particulares –ligados familiarmente al ex alcalde– además de la falsificación de documentos, ya existe una demanda penal. Bajo la presunción de que el acta de la última sesión de Cabildo en XX Ayuntamiento –encabezado por el priista Francisco Pérez Tejada– fue alterada, viciada de nulidad, el XXI Ayuntamiento de Mexicali a través de la Oficial Mayor presentó el viernes 4 de abril una demanda penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. La administración municipal actual considera que “se llevó a cabo una alteración de manera fraudulenta” del acta de ese 25 de noviembre para favorecer a la empresa Hego Imagen. El documento en cuestión acreditaría las decisiones tomadas en la sesión extraordinaria realizada el lunes 25 de noviembre de 2013 –cinco días antes de que asumiera la siguiente administración– y donde se incluyeron puntos que no estaban agendados en el orden del día Entre éstos, la autorización al Alcalde para firmar un “convenio administrativo” de 20 años de vigencia con una empresa privada para instalar cerca de 70 carteleras publicitarias en los puntos más estratégicos de la ciudad capital. Lo extraño es que esa empresa, Hego Imagen S de RL de CV, quedó inscrita en el Registro público de la propiedad y de comercio en Tijuana desde el 2007, pero fue validada con un documento entregado el viernes 22 de noviembre del 2013, y el lunes 25 se efectuó la sesión de Cabildo donde autorizan al alcalde para firmar el convenio, el martes 26 se signó el documento y el viernes 29 se le anexan el listado de los espacios destinados. Al día siguiente, sábado 30 asumió el nuevo alcalde, el panista Jaime Díaz Ochoa. La presunción de la actual autoridad es que en esa empresa, “…participan familiares de la esposa del ahora ex alcalde Francisco Pérez Tejada”. Y es parte de lo que desean que la fiscalía, con mayores elementos y atribuciones, constate. En la misma sesión, se aprobaron fraccionamientos y adjudicación de predios, pero de constatarse la alteración del documento, legalmente deberán eliminarse los 32 acuerdos emanados de esa reunión. Por lo pronto Maribel Avilés, Oficial Mayor presentó –acreditada como apoderada legal– la demanda penal Contra Quien resulte Responsable, pero aporta una lista que va desde el ex alcalde y todos los regidores, de todos los partidos. Éste no ha sido el único señalamiento de irregularidades contra la anterior administración municipal, pero sí es la primera demanda de carácter penal. Antes afloraron irregularidades en la “basificación” de cerca de 92 empleados, la venta irregular de terrenos del ayuntamiento y la crisis administrativa y financiera que incluye la millonaria omisión del pago de cuotas –ya retenidas– a Issstecali. Contra todos Un poco antes de la una y media de la tarde del viernes 11 de abril de 2014, la Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mexicali acudió ante la Agencia del Ministerio Público de Delitos Patrimoniales de la PGJE para presentar la formal denuncia por la comisión de los posibles delitos de peculado, coalición de funcionarios públicos, negociaciones ilícitas, cohecho, distracción de recursos públicos, fraude y lo que resulte. La demanda va dirigida contra quien resulte responsable. El punto central de lo señalado, tiene que ver con la posible falsificación de actas de cabildo de dos reuniones no efectuadas, y donde presuntamente se aprobó la autorización para que el entonces alcalde Francisco Pérez Tejada firmara el “convenio administrativo” con la empresa Hego Imagen para la instalación de carteleras en varios puntos estratégicos de la ciudad. De acuerdo al documento la duración de ese convenio sería de 20 años con la posibilidad de revalidar hasta en dos ocasiones. De acuerdo a la denuncia presentada, no existen copias de audio ni video –lo que siempre se toma en las sesiones oficiales– de las sesiones presuntamente efectuadas el jueves 28 de noviembre y mucho menos del viernes 29. Lo único que obra en expedientes, son convocatorias, al menos para dos sesiones extraordinarias, pero no concuerdan en temas, ni número de asuntos tratados. A su vez estas actas no concuerdan con la fecha de la firma del contrato ni los anexos con Hego Imagen. De acuerdo a los datos sintetizados en la demanda se anota que: 1. Pérez Tejada convocó a sesión de Cabildo el lunes 25 de noviembre, con 30 puntos agendados. 2. Luego, el jueves 28 de noviembre se convocó nuevamente para efectuarse a partir de las 6 de la tarde de ese día, con 19 puntos agendados. El punto XIV tenía que ver con someter a consideración al Cabildo la autorización al Alcalde para que firmara el convenio con Hego Imagen. 3. De acuerdo a los documentos oficiales, la aprobación se efectuó el lunes 25, pero en el punto 31 de una sesión que solo agendó 30 puntos. De esa sesión no hay grabaciones ni de audio ni de video. 4. Según los documentos, la aprobación se realizó en la sesión del lunes 25, el contrato se firmó el martes 26 y los anexos el viernes 29. 5. En la demanda se considera que los puntos fueron “incorporados ilegalmente al acta”, aunque luego se equivocaron con las fechas de los anexos. 6.-Aparentemente las sesiones del 28 y 29 de noviembre no se efectuaron y la aprobación se realizó solo documentalmente, incluyéndose en el acta del lunes 25, pero con evidentes errores. Por ejemplo se menciona que la sesión inició a las 5:25 y el punto se aprobó a las 5:15. En la demanda presentada por la Oficial Mayor –y para efectos de deslindar responsabilidades– se desprende la presunta participación de todo el Cabildo, incluidos los 15 regidores tanto del PRI como del PAN, Panal, PEBC, PES así como el Alcalde Pérez Tejada, el Síndico Alfredo Ascolani y el Secretario del Ayuntamiento Paulo César Hernández. Eso implica que todos los integrantes del Cabildo del XX Ayuntamiento deberán comparecer ante la PGJE y de paso incluyen al ex titular de Administración Urbana, José Manuel Herrera de León por haber expedido un dictamen de factibilidad –fechado el 7 de noviembre– pese a que desde septiembre del 2012 el mismo Cabildo había acordado no otorgar ningún permiso para la instalación de publicidad en vallas, carteleras y espectaculares. Por lo pronto se atravesó la llamada Semana Mayor, pero regresando del periodo vacacional funcionarios y regidores del XX Ayuntamiento deberán comparecer ante la procuraduría estatal, en un hecho inédito para la historia inmediata de Baja California. El Convenio Uno de los puntos más cuestionados alusivos al Acta Número 62 de la Sesión extraordinaria realizada el lunes 26 de noviembre del 2013, tiene que ver con la autorización del Cabildo al Alcalde Francisco Pérez Tejada para firmar el Convenio Administrativo con la empresa Hego Imagen S de RL de CV con una vigencia de 20 años con la posibilidad de prorrogarlo. Se trata de la implementación y operación de lo que denominaron Proyecto de Modernización de la Imagen Urbana en el municipio de Mexicali, fundamentalmente basado en la instalación de cerca de 70 carteleras publicitarias, banderines y al menos una pantalla electrónica. De acuerdo al clausulado, la vigencia del “convenio administrativo” será de 20 años, con la posibilidad de prorrogarlo, pero con el “candado” de que “no se podrá exceder de dos veces la vigencia original”. Lo curioso es que en la parte que correspondería al Ayuntamiento –la llamada contraprestación– se incluye que la empresa cubra el costo total de la rehabilitación de las áreas y el pago anual de solo “60 mil pesos”, además, en especie, ni siquiera en efectivo, sería publicidad colocada en pequeñas carteleras, colocados en la parte inferior del poste de los espectaculares autorizados. El documento, signado el martes 26 de noviembre contiene la firma del alcalde Francisco Pérez Tejada, del Secretario del Ayuntamiento Paulo César Hernández, del Director de Administración Urbana José Manuel Herrera y por la empresa Claudia Maribel Delgadillo Vizcarra. De acuerdo al Registro público de la propiedad y comercio en Tijuana Hego Imagen S de RL de CV fue registrada el 7 de julio del 2007 con la participación de Luis Fernando Hernández Barroso, César Alejandro Rojo –cada uno con mil 500 pesos como parte social– y Jaime Israel Ponce Ruiz como gerente. En el objeto social incluyen actividades como la promoción, instalación, colocación y distribución de todo tipo de rótulos, anuncios o similares. También incluyeron la representación y promoción de productos y servicios en general al público vía rótulos, anuncios o sus similares en televisión, radio, periódicos, revistas y cualquier otra fuente de información pública en general. En otras áreas, como el Instituto Mexicano del Seguro Social Héctor Chaparro Pedrero aparece como proveedor de servicios de agua potable para consumo humano, y 2010 fue eliminado de una licitación. Estos tiempos “Esta denuncia la presenté porque hay un contrato que me parece demasiado lesivo para el Ayuntamiento, hay un contrato donde la empresa Hego Imagen está ganando mucho dinero, utilizando nuestros espacios y que nos cuesta a nosotros, y nosotros nomás la estamos viendo”, expuso la Oficial Mayor del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Maribel Avilés Osuna. La funcionaria municipal explica que al revisar el acto que dio origen a ese contrato se toparon con la sesión de cabildo efectuada el lunes 25 de noviembre. “Nos dimos cuenta de que no existe respaldo, de que aparentemente esta alterada la sesión”, refiere Avilés Osuna, quien considera que se trata de una situación muy grave y donde podrían haber participado regidores, funcionarios y el propio alcalde. “Lo que estamos haciendo es una denuncia de hechos que pueden constituir un delito”, dice la funcionaria recalcando en la parte donde la Sesión Extraordinaria fue convocada con 32 puntos a tratar en ese Orden del Día y finalmente se abordaron 30. “Platicamos con regidores –de la anterior administración– algunos dicen que ese punto nunca se trató. Alguien hizo algo muy malo y hay que denunciarlo”, refiere la oficial mayor, explicando que coadyuvan con Sindicatura Municipal en el seguimiento del caso, aclarando también que la denuncia penal la presenta como apoderada legal del Ayuntamiento. “Quien va a decidir si esto es un delito o no, es la Procuraduría”, considera Avilés Osuna, quien insiste en que “está haciendo lo que debo de hacer, es mi trabajo”.
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