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miércoles, febrero 21, 2024
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Seriedad en el gobierno

El Gobierno de Baja California, como todos, es muy costoso. El presupuesto para el ejercicio fiscal 2014 llega a los 39 mil 623 millones de pesos. La mayor parte de esos dineros, es para soportar la plantilla laboral, tanto de personal de confianza, los invitados por el gobernador, como de la burocracia estatal. Con esta condición, con la no reducción de la nómina, la ligerísima disminución de los gastos personales para funcionarios, y el abuso que hay en ciertas áreas con la utilización del presupuesto para carísimos estudios y obras y entregas de dinero con fines electoreros, queda muy poco para la realización de obra. De hecho, por ello el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, tuvo la ocurrencia de planear 120 proyectos con inversión privada y pública, a elaborar en los siguientes seis años. No hay pues, por más que sea, dinero que alcance para que la administración de Francisco Vega de Lamadrid arranque las necesarias obras que Baja California necesita. Y si a eso sumamos que ni siquiera han concluido el Plan Estatal de Desarrollo, poco o nada se sabe de la intención del mandatario -más allá de sus electoreros compromisos de campaña-, qué es lo que hará con el presupuesto que los bajacalifornianos proveen, vía ingresos propios y vía la Federación. En estas circunstancias, optimizar el recurso en proyectos efectivos y seguros debería ser una prioridad. No se puede, ni se debe, dar el lujo el gobernador Vega de administrar el estado en base a caprichos o personales intereses. En estos momentos Baja California está perdiendo dinero, esfuerzo y proyectos, al no tener un secretario de Gobierno. Prófugo primero y amparado después, el doctor Guillermo Trejo Dozal fue retirado de esa posición precisamente por su desaseo legal. Una orden de aprehensión girada en su contra por vender seguros pirata, fue emitida por un Juez de Distrito que consideró, al análisis de las evidencias y la denuncia interpuesta desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que había elementos suficientes para presumir la comisión de un delito y encarcelar a quienes colaboraron en ello. En una actitud deshonesta, el ex secretario Trejo ocultó esta información a quien le dio la confianza, al nombrarlo el número dos de su administración, en este caso a Francisco Vega de Lamadrid. No le dijo cuando a finales de enero de este año, fue liberada la orden de aprehensión en su contra; engañó al mandatario al ocultar la verdad de su situación jurídica, y permitió que se le siguieran encargando proyectos que, sabía, tarde o temprano interrumpiría para arreglar su situación jurídica. Al ocultamiento de la verdad por parte de una persona prófuga de la justicia, el gobernador reacciona en el extremo: le da su confianza y le guarda el lugar en la Secretaría General, al tiempo que le concede una licencia y no le solicita la renuncia al cargo. Con ello Vega de Lamadrid abandona la seriedad que su cargo exige, y traiciona la confianza de los bajacalifornianos, al mantener detenida una importante área de la administración, en tanto que una persona presumiblemente culpable -al menos para un Juez- y que debería estar en la cárcel, no quede libre de sospecha. Es evidente, ante esta reacción, declarar públicamente que esperará a Trejo y no nombrará a un secretario de Gobierno formal, comprometido y que trabaje por la causa de Baja California, que Francisco Vega no está actuando con la seriedad y el compromiso de un Ejecutivo del Estado, sino con la confianza de un compadre que no se siente burlado ni engañado, y que decidirá mantener trunca una importante área de su administración, hasta que el sujeto de sus afectos limpie el cochinero legal en el que presumiblemente se metió. Dicha actitud lleva a exigirle a otras personas realizar labores más allá de las que en inicio se les encomendó. Por ejemplo, en lo que a Guillermo Trejo le conceden un amparo definitivo contra la orden de aprehensión, se le pidió, porque así corresponde por Ley, que la oficial mayor se encargue de atender lo que el prófugo no puede. De esta manera, la licenciada Loreto Quintero debe dividir en cuatro su vida para responder a todas las encomiendas que tiene. Por un lado, es titular de la Oficialía Mayor, por otro, es integrante de la planilla de Gustavo Madero que contiende por la dirigencia nacional del PAN, y a su tiempo de vida privada, ahora debe sumar la responsabilidad de la Secretaría de Gobierno. No se ve correcto el hecho que el ex secretario de Gobierno, quien no ha dado la cara a la sociedad que eligió a Francisco Vega, que a su vez confió en él, se diga aún secretario general, utilice los recursos y el personal de la Secretaría para concertar reuniones o acuerdos, mientras con su equipo de abogados intenta dar la vuelta a la orden de aprehensión y quedar libre de la culpa que se le señala en el Juzgado Sexto de Distrito. El Gobierno del Estado de Baja California no tiene por qué esperar a que una persona arregle sus problemas jurídicos para avanzar. Y si de suyo no es necesaria la figura del secretario de Gobierno, tan es así que el Ejecutivo decide no suplirlo, pues se debería eliminar y otorgar esas facultades a quien pueda con ellas, total, ese ha sido el sueño del coordinador de gabinete que hasta una iniciativa redactó -aunque no presentó- para restarle responsabilidades a la general y sumarlas a las propias. En estos momentos de investigación a quien fue secretario de Gobierno, es increíble, pues, que no exista otro bajacaliforniano con la capacidad para hacerle frente a esa área y darle al gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, el empuje necesario para arrancar. Están por cumplirse los seis meses que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, para el beneficio de Baja California y sus habitantes, y ya su equipo está descabezado, mientras ni una sola obra ha iniciado. Seriedad, es lo único que se pide.


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